¿ SERÁ JUSTICIA ?

Emerenciano Sena se negó a ser atendido en un hospital del Chaco
Rechazó ir a un centro de salud en el que lo habían insultado
Emerenciano Sena, el dirigente piquetero chaqueño detenido acusado de homicidio premeditado en el caso Cecilia Strzyzowski, se negó ayer a recibir atención médica en el Hospital Perrando, de Resistencia, un centro asistencial al que ya había concurrido el 6 de julio, ocasión en la que debió retirarse entre insultos y abucheos. Debían realizarle una videocolonoscopía.
Sena, detenido en la Comisaría 3a de la capital de Chaco, había sido autorizado por el Equipo Fiscal Especial (EFE) para ser atendido. No trascendieron los motivos por los que se negó a ser atendido en el Hospital Perrando, al que había concurrido hace casi 20 días y donde fue repudiado con abucheos por pacientes y transeúntes. Padece diabetes y pólipos sangrantes, por lo que su defensa busca que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria.
El viernes, Sena fue atendido en el Sanatorio Galeno, a pedido de su defensa, que solicitó que un médico “lo vea con relación a su problema de salud de colon sangrante ya que, desde su detención a la fecha, no ha recibido la atención médica correspondiente ni tampoco se le han realizado los análisis y estudios correspondientes a determinar su dolencia”.
A principios de julio, una junta médica del Instituto Médico Forense de Chaco evaluó la salud de Sena y concluyó que el excandidato a diputado provincial en una lista de Capitanich (fue excluido al estallar el escándalo por el caso Cecilia) se encontraba en buen estado y que su tratamiento no se veía comprometido en la dependencia policial en la que se encuentra detenido.
Carta de Marcela Acuña
En tanto, Marcela Acuña, esposa de Sena y también detenida (bajo la misma acusación que el líder piquetero y aliado del gobernador Jorge Capitanich), reclamó que se le permita ver a su marido. Lo hizo en una nueva carta que trascendió ayer, pero fue escrita el viernes pasado, jornada en la que redactó dos misivas.
En la carta, dirigida “al comisario a cargo de la Comisaría 6a”, Acuña solicita: “Hablar diez minutos con familiares, considerando que Emerenciano Sena, mi marido y compañero, ha sido internado para un estudio complejo de cáncer de colon”. Y pide, “en caso de que sea necesario, poder acceder a verlo”.
En el punto tres de la carta, Acuña reclama: “Hacer llegar la nota que adjunto al fiscal a cargo para que se pueda tener en cuenta mi situación de pedido de ver a mi marido, teniendo en cuenta que dicha negación la considero un hostigamiento llevado adelante hacia mi persona, donde se me priva del derecho básico de ver a mi marido enfermo, y también se me niega el derecho a ser madre privándome de ver a mi hijo”.
En el cierre de la misiva, Acuña pide que su pedido tenga respuesta a la brevedad. “Estoy privada de la libertad, pero no del derecho a ser mujer, esposa, madre; en definitiva, a ser un ser humano”, concluye la dirigente, que ya escribió diez cartas desde que está detenida

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Audiencia clave por las apelaciones de la sentencia del crimen de Báez Sosa
El Tribunal de Casación Penal bonaerense fijó el 15 de agosto próximo para que las partes presenten sus argumentos
El Tribunal de Casación Penal bonaerense fijó para el 15 de agosto próximo una audiencia oral para que las partes del proceso por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell, acompañen las articulaciones recursivas que cada una presentó tras la sentencia de febrero pasado que condenó a cinco jóvenes a prisión perpetua y a otros tres acusados a penas de 15 años de cárcel.
La Sala II de dicho tribunal, integrada por los jueces Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencio Budiño, dispuso que la audiencia se lleve a cabo a partir de las 11 de ese día en el primer piso de la sede judicial de calle 43 al 874 de La Plata.
En la misma resolución, según informó en su momento la agencia de noticias Télam, los jueces rechazaron el planteo de ofrecimiento de prueba testimonial por parte de la defensa, al tiempo que notificó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para que articule los medios necesarios para el traslado de los imputados al recinto al momento de la audiencia.
A fines de febrero pasado, los abogados que representan a Silvino Báez y a Graciela Sosa, los padres de la víctima apelaron ante el Tribunal de Casación y pidieron que los tres jóvenes condenados a 15 años de cárcel como partícipes secundarios de homicidio doblemente agravado reciban una pena de prisión perpetua como los otros cinco muchachos.
El recurso de apelación, al que tuvo acceso fue presentado por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio en representación de los padres de Báez Sosa, que en el expediente son particulares damnificados.
Días antes habían apelado los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, quienes llevaron adelante la acusación ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, quienes también solicitaron la prisión perpetua para los ocho imputados.
La apelación de las partes acusadoras fue contra la decisión de los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia de condenar el 6 de febrero último a Blas Cinalli, de 22 años; Ayrton Viollaz, de 24, y Lucas Pertossi, de 24, a 15 años de cárcel como partícipes secundarios del homicidio de Báez Sosa, a diferencia de Máximo Thomsen, de 23; Enzo Comelli, de 23; Matías Benicelli, de 23; Luciano, de 21, y Ciro Pertossi, de 23, quienes recibieron la pena de prisión perpetua por la coautoría del asesinato cometido el 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell.
Al enumerar los motivos que fundamentan la apelación, los letrados del particular damnificado consideraron un “absurdo” o una “arbitrariedad” la sentencia “por carencia de logicidad en la fundamentación y falsa motivación en la determinación del momento en el que se verifica el dolo homicida”, al igual que en la “selección y valoración de la prueba para entender como secundaria la participación de los condenados” Cinalli, Lucas Pertossi y Viollaz.
“Errónea aplicación”
Además, motivaron el recurso en la “errónea aplicación de un precepto legal: concretamente al entender como secundaria la participación de los condenados”.
En base a ello, los representantes de los particulares damnificados pidieron a Casación que revoque la sentencia dictada en esos tres casos.
“El método de la sana crítica racional y la lógica que debió imperar para arribar a dicho convencimiento, ha transpuesto los límites de la recta razón. Y en esto yace la arbitrariedad que se denuncia: en que no se ha fundado la conclusión y su decisión final en elementos de prueba concretos valorados de conformidad con los dictados de la lógica y de la experiencia común”, indica un tramo de la apelación.
Los letrados calificaron como “incoherente” la conclusión del tribunal sobre que esos tres jóvenes fueron partícipes secundarios y no autores del crimen.
“En ningún momento explica el Tribunal cómo es que llega a concluir que el plan inicial incluía solamente atacar a golpes a Fernando Báez Sosa y no, como entendemos desde la acusación, causarle la muerte”, añadieron los abogados.
Por su parte, el defensor de los ocho condenados, Hugo Tomei, insistió en su apelación con distintos planteos de nulidad, pidió que se aplique la figura del “homicidio en riña” para los cinco sentenciados a prisión perpetua y la absolución para los tres que recibieron una pena de 15 años de cárcel

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Detuvieron a tres patovicas por un brutal ataque a golpes
Las víctimas fueron un padre y su hijo, que habían salido a festejar el Día del Amigo.
Darío PalavecinoCaptura de video.Uno de los momentos de la golpiza

MAR DEL PLATA.– A un joven le dieron una trompada tras otra entre dos, mientras lo tenían acorralado contra el auto. Al otro, algo mayor, lo agarró uno alto y fornido, también vestido de negro, que le pegó a puño cerrado fuerte, de modo repetido y hasta con estilo de cross profesional. Cuando tuvo a su víctima en el piso, le sumó una patada. Un déjà vu inevitable del crimen de Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell. Y hay más: al que quedó en el piso lo atacó un tercero, que le pegó por la espalda. Y al otro, que intentaba correr, más piñas hasta dejarlo inconsciente sobre el pavimento.
Salvaje, demencial, extremo de violencia el ataque de tres empleados de seguridad del boliche Tom Jones, de Necochea, que quisieron hacer justicia con mano propia contra dos de tantos que esperaban en la puerta del local que estaba colmado y ya no se permitían más ingresos.
Los tres protagonistas de estos hechos que generan escalofríos por el nivel de agresividad fueron detenidos anoche por la policía bonaerene por orden del juez de Garantías de Necochea Guillermo Lludgar, magistrado que hizo lugar al pedido del fiscal Guillermo Sabatini.
Los sospechosos, cuyas identidades no fueron suministradas, fueron imputados de lesiones calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas.
Los dos agredidos son padre e hijo. Habían salido a festejar el Día del Amigo. Fueron objetivo de los patovicas, como se suele denominar a los custodios de este tipo de comercios nocturnos, y sufrieron lesiones en torso y rostro. Se espera por estudios de mayor complejidad para determinar si, producto de los fuertes y directos golpes en la cabeza, les quedó alguna secuela más importante. En principio no presentan fracturas.
Esos detalles, que llegarán desde resonancias magnéticas y tomografías computadas, se suman a otras pruebas que espera el fiscal Sabatini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Necochea, para definir calificación de los delitos y grado de responsabilidad de cada uno de los por ahora sospechados. Sin trabajo desde hace unas horas, pero todavía en libertad.
“Fue un hecho lamentable de una violencia inusitada que pudo haber tenido un desenlace mucho más trágico”, dijo el fiscal, en declaraciones al medio local 2262.
El funcionario judicial empezó la investigación de oficio, apenas el video que registra esa descomunal golpiza se volvió viral.
Luego circularía otro, derivado de cámaras de seguridad de la puerta del boliche de calle 87, donde se advierte que había casi un centenar de jóvenes agolpados sobre la puerta y al menos uno de ellos se mostró revoltoso, quejoso por demás. Primero con ademanes. Y luego con una reacción que avivó la violencia: lanzó sobre gente y custodios un pie metálico que se usa para sostener las correas que delimitan el pasillo de acceso al local.
La reacción del personal de seguridad fue inmediata, como una jauría embravecida. Apuntaron contra dos hombres, que terminarían tendidos en la calle producto de una catarata de golpes. Incluidas patadas en el piso y piñas por la espalda.
“Pudieron haberlos matado”
“Hoy vemos las imágenes y nos damos cuenta de que pudieron haberlos matado”, dijo Zulma Beatriz Olivera, esposa de Hugo Aguilar –que es el que recibe las patadas en el piso– y madre de José, de 32 años, que también terminó con golpes e inconsciente.
Hugo Aguilar fue quien se presentó en la seccional policial y radicó una denuncia por la agresión sufrida. Esa exposición se sumó al expediente que ya había abierto el fiscal y en el que, para entonces, ya tenía varias pruebas acumuladas.
De los atacantes se sabe, en principio, que uno es un experimentado boxeador y el otro practica kickboxing. Serían los dos que hacen punta en el ataque. Después se sumó el tercer sospechoso.

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