SENADO Y AVISO

La oposición denuncia un intento de Cristina Kirchner de colonizar la Justicia
Juntos por el Cambio sospecha que el kirchnerismo quiere nombrar jueces para ganar las elecciones de magistrados
Gustavo YbarraCristina volverá a la carga con otro intento de sesionar
“La juez Ana María Figueroa es el menor de los problemas”. La definición corresponde a un senador de Juntos por el Cambio, fuerza en la que sostienen que el apuro de Cristina Kirchner para que el Senado apruebe el pliego que le extendería por cinco años la permanencia de la magistrada en la Cámara de Casación Penal –el 9 de agosto cumple 75 años y sin esa aprobación debería jubilarse– opera como un caballo de Troya para ocultar esas maniobras.
Esa “agenda oculta”, según coincidieron en los despachos de dos senadores de la oposición, tendría una doble función. La más importante apunta a sumar jueces alineados con la Lista Celeste, para que este sector, de estrechos vínculos con el kirchnerismo, se convierta en mayoría en las próximas elecciones de la Asociación de Magistrados y, así, ganar un escaño más en el Consejo de la Magistratura.
Pero también es una apuesta a colonizar el fuero nacional porteño de cara a un eventual traspaso de la Justicia al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, alertó una legisladora de la principal fuerza de oposición en el Senado.
Como informó tras el fracaso de hace dos semanas el kirchnerismo volverá a la carga en los próximos días en la Cámara alta para tratar de conseguir el quorum que le permita sesionar y aprobar un paquete de 75 pliegos judiciales –hay jueces, fiscales y defensores oficiales–, entre los que se destaca con nombre propio el caso de Figueroa.
La jueza, actual presidenta de la Cámara de Casación Penal, tiene en sus manos al menos dos causas que involucran de manera directa a Cristina Kirchner. Uno es el caso Hotesur-Los Sauces, en el que la vicepresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, podrían enfrentar un juicio oral y público por supuestas maniobras de lavado de dinero en el alquiler de habitaciones de los hoteles de la familia. El otro es el memorándum con Irán, por el cual se investigan las razones que llevaron a que Cristina Kirchner sellara con la autocracia asiática un acuerdo que habría favorecido a algunos de los acusados por el atentado contra la AMIA.
Al borde de los 75 años, edad a la que, según la Constitución nacional, deben jubilarse los jueces si no consiguen un nuevo acuerdo del Senado, Figueroa espera que el oficialismo apruebe el pliego que envió el Poder Ejecutivo en marzo último para poder continuar en el cargo hasta los 80 años.
Para lograrlo, debe asegurarse la presencia de 37 senadores en el recinto. Con 31 legisladores propios y tres de fuerzas aliadas asegurados, el kirchnerismo necesita que al menos tres de los cinco integrantes del bloque Unidad Federal (peronistas díscolos) se sienten en sus bancas. Con la puntana María Eugenia Catalfamo convencida, todavía le resta asegurarse el apoyo de Guillermo Snopek (Jujuy) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), que hace dos semanas frustraron los planes oficialistas al negarse a dar quorum, molestos por diversas razones.
“Oleada celeste”
Pero desde hace varias semanas en ámbitos judiciales circula la idea de que, además de Figueroa, el kirchnerismo tiene otra agenda detrás de su apuro por nombrar jueces antes del final del mandato del actual gobierno.
“Quiere nombrar una oleada de jueces que apoyan a la Lista Celeste, para volcar el padrón de la Asociación de Magistrados y ganar un escaño más del estamento de jueces en el Consejo de la Magistratura”, contó a un senador  Juntos por el Cambio, esgrimiendo la nómina de candidatos que formarían parte de la maniobra.
La Lista Celeste es la expresión kirchnerista en la interna de los magistrados y nuclea a miembros de Justicia Legítima. Es el caso, por ejemplo, de Maximiliano Alberto Callizo, quien está propuesto para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 17 y es protesorero de la agrupación, en la que también milita Leonardo César Fillia, a quien el Poder Ejecutivo nominó para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Otro integrante de la Lista Celeste es Adrián Martín, postulado para la Cámara Nacional de Casación Penal, que fue candidato por la agrupación en las elecciones de 2021. Por su parte, Constanza Borghini, que está propuesta para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, apoyó la segunda solicitada de Justicia Legítima.
En la lista en poder de la oposición también aparecen los nombres de Fernando Poviña, que fue candidato de la Lista Celeste y apoyó una de las solicitadas de Justicia Legítima, y de Gerardo Pettigiani, que se postuló por la Celeste en las elecciones del año 2016.
También hay candidatos a fiscales y defensores alineados con el kirchnerismo, incluso una fue testigo en el juicio político contra la Corte.

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La DAIA pide al Gobierno que condene el acuerdo Bolivia-Irán
La entidad judía recordó las acusaciones sobre Teherán

Jaime Rosemberg

Cinco días después de un nuevo aniversario, el número 29, del atentado contra la sede de la AMIA-DAIA, en el que murieron 85 personas, la DAIA alertó sobre el acuerdo en materia de defensa suscripto entre Bolivia e Irán, sindicado por la Justicia argentina como autor intelectual del ataque de julio de 1994, perpetrado por la organización Hezbollah.
“La DAIA, entidad representativa de la comunidad judía argentina, alerta sobre los riesgos para la seguridad de la Argentina y de la región tras haberse conocido el convenio de defensa firmado por Bolivia con Irán, país vinculado a la agrupación terrorista Hezbollah y responsable del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA-DAIA que causó 85 muertos y más de 300 heridos”, reza el comunicado, firmado por el presidente de la entidad, Jorge Knoblovitz, y su secretario general, Alejandro Zuchowicki.
“La DAIA exhorta al gobierno argentino a condenar este acuerdo y exigir al de Bolivia que reconsidere su decisión tras haberse producido dos feroces ataques terroristas en el país, en 1992 y 1994”, culmina el escueto comunicado de la entidad política de la comunidad judía en el país.
En diálogo con este diario, Knoblovits alertó sobre el acuerdo, a través del cual, evaluó, “les han dado legalidad al espionaje y marco diplomático a los actos preparatorios de terrorismo. Es como tener el enemigo al lado de casa”, afirmó el titular de la entidad. Para el dirigente comunitario, el acuerdo al que arribaron Irán y Bolivia, presidida por Luis Arce –aliado del Gobierno– ”cambia el escenario”, más allá de que “América Latina necesita otras alianzas”.
En el acto conmemorativo del ataque a la sede comunitaria, la dirigencia comunitaria volvió a apuntar a Irán y Hezbollah como autores del ataque, dos años después del primer atentado, contra la sede diplomática israelí en Buenos Aires, también atribuido a grupos terroristas pro-iraníes.
“Los países democráticos del mundo deben maximizar sus esfuerzos en el combate contra el terrorismo, contra sus aliados y financiadores. Debe profundizarse la colaboración internacional para minimizar la capacidad de acción de estas organizaciones”, dijo el presidente de la AMIA, Amós Linetzky, durante el acto en la calle Pasteur.
Irán y Bolivia firmaron el jueves países un memorándum de entendimiento para ampliar la “cooperación bilateral en el campo de seguridad y de defensa”, según informó la agencia estatal iraní IRNA.
El acuerdo fue firmado en Teherán por el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo Aguilar, y su par iraní, Mohammad Reza Ashtiani. “A la luz de las necesidades críticas de Bolivia en materia de defensa de fronteras y de lucha contra el narcotráfico, estableceremos activamente colaboraciones en equipos y conocimientos especializados con ese país”, declaró Ashtiani, citado por la BBC. Para la DAIA, el acuerdo merecería el repudio del Gobierno.

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