AL MARGEN DE LA SEMANA , RIESGO Y LICITACIÓN

“Plan platita” 2023, otro engendro de “Berretalandia”
Néstor O. Scibona nestorscibona@gmail.com

Si Javier Milei acertó con el sentimiento social al acusar a la “casta política” de parasitaria del Estado y culpable de todos los males, Carlos Melconian fue precursor años atrás con otra definición que mantiene plena vigencia; bautizó a la Argentina como “Berretalandia” por el deterioro de sus instituciones y el fracaso de las políticas macroeconómicas pendulares ensayadas en las últimas décadas.
El economista, designado de antemano como ministro del área por Patricia Bullrich si en diciembre llega a la Casa Rosada, no solo cuenta con la ventaja de venir trabajando desde hace meses –bajo el ala de la Fundación Mediterránea– en un plan integral que desestima de plano las soluciones mágicas. También es uno de los principales comunicadores que lograron que las cuestiones económicas más complejas fueran entendibles para todo público sin perder seriedad, siguiendo el estilo llano e independiente creado por Juan Carlos de Pablo hace más de 50 años. Muchos economistas de los equipos de Juntos por el Cambio comparten esta cualidad (Enrique Szewach, Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Martín Tetaz, Eduardo Levy Yeyati, Martín Redrado, más Marina Dal Poggetto y Martín Rapetti que colaboraron con Facundo Manes, entre otros). Y hasta la afirmación de Milei de debatir sobre economía solo con candidatos presidenciales puede interpretarse como un implícito reconocimiento profesional más allá de la competencia electoral.
Cuando faltan 50 días para las elecciones del 22 de octubre, que Sergio Massa haya lanzado como ministro la edición 2023 del populista “plan platita” encaja perfectamente en la caracterización de “Berretalandia”.
Su única intención es poner más pesos devaluados en los bolsillos de la gente, en especial de ingresos bajos y medios, para “comprar” votos que mejoren sus chances como candidato presidencial, también devaluadas con el tercer puesto en las PASO.
Paralelamente, el profuso despliegue del aparato de propaganda oficial busca mostrar –al más puro estilo kirchnerista– que, a base de más “maquinita”, gastos en subsidios, bonos de suma fija para asalariados y jubilados, congelamiento de precios de combustibles y tarifas de transporte en el AMBA hasta fin de octubre, es posible sostener artificial mente el consumo y la actividad económica. Es como prender fuego con papel de diarios para preparar un asado, que requiere usar cada vez más papeles, sin lograrlo.
El impacto de estas medidas sobre el poder adquisitivo será efímero con la inflación de dos dígitos mensuales en agosto (11/12%, gatillada por la devaluación de 20% sin un plan económico por detrás) y algo más alta en septiembre, que ya apunta a 150% interanual. Y puede tener como efecto búmeran una mayor inflación y desaceleración económica en los meses subsiguientes, ante la escasez de dólares en el BCRA y una brecha cambiaria superior a 100%.
Esta táctica ya fracasó después de las PASO de 2021. El FDT perdió en las elecciones legislativas de octubre pese al “plan platita I”, que entonces tuvo un costo fiscal de casi 0,3% del PBI. Incluyó, entre otras medidas, la suba del salario mínimo vital (a $32.000 mensuales); del piso no imponible de Ganancias (a $150.000) retroactivo a enero; refuerzos de planes sociales; duplicación de asignaciones familiares por hijo a asalariados de bajos ingresos y una ley de alivio fiscal que condonó deudas de IVA y Ganancias a un millón de micropymes. Moraleja: mucha gente aprendió a quedarse con la plata y votar a quien prefería en el cuarto oscuro.
La remake para las elecciones de este año, con un costo fiscal de casi 0,5% del PBI ($730.000 millones) se presenta recargada y floja de papeles, que ya generaron conflictos y resistencias políticas.
Los bonos de suma fija por $60.000 para los trabajadores del sector público nacional y el privado con salarios de hasta $400.000 mensuales –impulsados por La Cámpora y dispuestos por DNU– se abonarán en dos mitades de $30.000 en septiembre y octubre y pasaron a ser el eje de la discordia.
En el sector público, los gobernadores oficialistas y opositores de 14 provincias anunciaron su negativa a adherir. Varios que ya se aseguraron un nuevo mandato en las elecciones anticipadas a la nacional, prefieren negociar en paritarias y no atarse a la suerte electoral de Massa. Otros pagaron refuerzos salariales con fondos propios antes de las PASO. Una incógnita está en la provincia de Buenos Aires y las intendencias del conurbano, que reclaman fondos extras al Tesoro. O sea, más emisión. Y un caso excepcional es el gobernador santiagueño Gerardo Zamora, reelecto en 2021, que dispuso un bono de $400.000 para los empleados públicos, pese a que los recursos propios de la provincia representan solo 20% del presupuesto (el resto son transferencias nacionales).
En el sector privado, la mayoría de las cámaras empresarias resisten el bono porque después de las elecciones deberán incorporarlo a los sueldos en paritarias, con el argumento de que el Estado se entromete en la negociación al subir el piso salarial por DNU y distorsionar las escalas. El abogado laboralista Carlos F. Echezarreta sostiene que la medida es proselitista e inconstitucional, porque rige la ley de convenios colectivos de trabajo y la Constitución establece, en su artículo 99°, que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo.
Al fustigar la negativa empresaria, en una de sus escasas apariciones públicas, el presidente Alberto Fernández hizo su aporte a “Berretalandia”, cuando afirmó que no hay un “plan platita”, sino un “plan justicia” (sic). No solo omitió que la mitad de los trabajadores no están registrados y quedan fuera del alcance del bono, También que los asalariados en blanco que perciben $400.000 tendrán una mejora nominal de ingresos de 7,5% en agosto y 7,5% en septiembre, casi 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada para ambos meses (de 25%).
Y si bien para quienes cobran $200.000 será de 30%, quedarán por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo. Otro tanto ocurre con los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo de $87.500 mensuales, que con el refuerzo por un máximo de $37.000 a abonarse en septiembre, octubre y noviembre lo llevará a $124.500. Una cifra que no alcanza para vivir razonablemente y mucho menos si alquilan vivienda.
Más extraño es el esquema de dos bonos de $12.500 por mes para el personal de casas particulares que ganen menos de $387.500, ya que el Estado reintegrará 50% al empleador si tiene ingresos inferiores a $1.500.000 mensuales. Un subsidio a la clase media para arriba similar al del Plan Previaje 5.
Entretanto, el congelamiento de los precios de combustibles y de las tarifas de colectivos y trenes son resortes apretados que después de las elecciones se van a soltar.
Sin comicios de por medio, Sergio Massa ensayó su propio “plan platita II” en octubre de 2022, con refuerzos de ingresos, congelamientos y Precios Justos, que solo sirvió para que la inflación del año último se ubicara en 98% y el Gobierno celebrara que no llegó a los tres dígitos como ahora. En “Berretalandia” todo es posible.

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Un artículo en el Financial Times advierte sobre el potencial peligro de la dolarización en la Argentina
Un economista argentino opinó en la publicación británica que la medida implicaría recaer en nuevos préstamos y en posibles shocks externos
Luego del triunfo de Javier Milei, candidato presidencial por La Libertad Avanza, en las PASO de agosto, la dolarización se volvió un tema recurrente y polémico. Con Ecuador y El Salvador como precursores de la medida económica, según un artículo de Eduardo Levy Yeyati, con colaboración de Marina Dal Poggetto, para el Financial Times, es probable que estos dos casos generen esperanzas de poner fin a años de caos en la Argentina. “Pero no es una panacea para el país –opina el economista–, y existen obstáculos muy grandes para su adopción”.
Levy Yeyati es uno de los referentes económicos de la UCR en Juntos por el Cambio. Explica que la dolarización requiere crear un “colchón de liquidez” con el fin de contrarrestar una posible corrida en el sistema bancario. “Esto sustituye el papel de un banco central como prestamista de último resultado, que, bajo la dolarización, queda prácticamente eliminado”, sostiene con relación a la también polémica postura del libertario de terminar con la intermediación del BCRA.
En sintonía con este problema del “colchón”, Yeyati agrega que, como las reservas netas en el Central son negativas, dolarizar implicaría caer en un préstamo nuevamente, con todos los problemas que eso acarrea: “Sin dudas, esto sería una tarea difícil para el país, dada su mala posición en los mercados internacionales, ilustrada por el diferencial de los rendimientos de su deuda soberana sobre los bonos del Tesoro estadounidense de más de 20 puntos porcentuales”.
Dolarizar la economía argentina se volvería un paso irreversible: “Pasar de una moneda fuerte como el dólar a una más débil es prácticamente imposible”, advierte. Además, agrega que El Salvador y Ecuador están expuestos constantemente a shocks externos, como el precio del petróleo, los ciclos financieros globales, las pandemias y las guerras. El problema: no cuentan con la opción de amortiguar el impacto “suavizando” el tipo de cambio.
Aun así, Yeyati no niega que existan algunas ventajas. “La dolarización unilateral promete a la Argentina los mismos beneficios que su versión blanda, la caja de conversión, prometió a principios de los noventa. Podría resolver el problema de la inercia a la hora de abordar la inflación mediante la política monetaria. Y también ayudaría a controlar los desequilibrios fiscales crónicos del país al recortar el financiamiento monetario del déficit”, enfatiza.
El economista recalca, a su vez, que la junta monetaria funcionó porque antes se habían reestructurado la deuda y aliviado las presiones del déficit fiscal. Sin embargo, el Gobierno recayó en indisciplina fiscal, y “la fortaleza mundial del dólar” desencadenó una serie de crisis que atentaron contra la fe del dólar en la Argentina. A todo esto se sumó 2001 y la impresión de dinero fiduciario: “Se adoptó así la discreción monetaria que se suponía que la junta monetaria eliminaría. La junta monetaria fue eliminada en 2002”, explica.
Yeyati hace hincapié en el caso de Ecuador como un ejemplo que muestra los efectos contrarios de la dolarización: “Después de adoptar la dolarización, Ecuador continuó aumentando el gasto público e incumplió dos veces el pago de sus deudas, a pesar de un inesperado auge petrolero. Y la economía del país se ha estancado en términos reales per cápita durante los últimos 10 años”.
Su opinión es tajante: la dolarización es “impracticable y opaca”. Una especie de “mantra” que otorga poderes mágicos de recuperación al “hada de la dolarización”. “Esperemos que la desesperación de la Argentina ante su propia historia no genere un fiasco nuevo y más permanente”, concluye el especialista.

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El Gobierno suma más pesos para cerrar el rojo
Se adjudicó $464.014 millones, con lo que cubre casi 70% de los vencimientos estimados
El Ministerio de Economía cerró ayer con éxito su primera licitación del mes, que no estaba en el cronograma habitual, en la que logró adjudicar $464.014 millones. Con este resultado puede cubrir aproximadamente un 70% de los vencimientos estimados para la próxima licitación.
Desde el Palacio de Hacienda, destacaron mediante un comunicado que con este resultado, el financiamiento neto de lo que va del año alcanzó los $3,4 billones, con una tasa de refinanciamiento del 148%. “A diferencia de las licitaciones habituales, no se ofrecieron instrumentos de corto plazo, con vencimiento en 2023, sino que las opciones de inversión apuntaban a extender la curva con una distribución equilibrada de vencimientos”, se agregó oficialmente.
Asimismo, se indicó que casi la totalidad de las ofertas adjudicadas correspondieron al sector privado, con una amplia base de inversores por sector, destacando a gestoras de fondos comunes de inversión, sector corporativo, compañías de seguro, bancos.
En esta licitación se ofrecieron los siguientes cuatro títulos (reaperturas), todos con vencimiento en 2024: dos bonos ajustados por CER: T6X4 y T4X4, con vencimientos el 20 de mayo y el 14 de octubre, respectivamente; un bono DUAL, cuyo vencimiento es el 30 de agosto (TDG24), y un bono vinculado al dólar estadounidense con vencimiento el 30 de septiembre (T2V4).
Disposición a financiar
El analista financiero Salvador Vitelli comentó en su cuenta de Twitter: “Atentos: el Mecon [Ministerio de Economía] levantó 464.000 millones en la licitación. Muy demandado el DUAL TDG24, representando el 60% de lo efectivamente adjudicado.esto significa que ‘financiaron’ un 64% del costo fiscal de las medidas [anunciadas por Massa el domingo] con la licitación de hoy [por ayer]”.
Unas horas antes de que se conociera el resultado, Vitelli había tuiteado: “Me parece importante ver lo que suceda con la licitación de hoy. Allí veremos en parte qué tan dispuestos están a financiar el plan anunciado (costo 0,5% del PBI) y a qué precios (versus mercado)”
Según informó Economía, ayer se recibieron 725 ofertas, que representan un VNO ofertado total de $451.215 millones, de los cuales se adjudicó un VNO de $401.973 millones, que representa un valor efectivo de $464.014 millones.
En la próxima licitación, que sí seguirá el cronograma habitual y que se realizará el jueves 14 de este mes, se deberán afrontar vencimientos estimados aproximadamente por $660.000 millones.

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