Intento de magnicidio. La incertidumbre de un juicio sin fecha y un preso solitario
Todavía no se definieron los jueces que intervendrán en el proceso oral; nadie visita a Sabag Montiel en la cárcel
Texto Paz Rodríguez Niell y Hugo Alconada Mon
Fernando Sabag Montiel está solo. Nadie lo visita. Nadie pide por él. Nadie quiere conversar con él. Ningún otro preso. Ningún familiar. Ni siquiera quien fue su novia, Brenda Uliarte, también detenida. El hombre acusado de haber querido matar hace un año a Cristina Fernández de Kirchner pasa solo sus días, mientras espera que en algún momento comience el juicio oral que lo tendrá como protagonista.
Ese juicio oral aún no tiene fecha. En los tribunales de Comodoro Py apuntan que podría darse durante 2024, pero es una especulación. El Tribunal Oral Federal que salió sorteado, el número 6, no tiene jueces titulares. Hace dos años y medio que funciona con subrogantes que permanecen por un año en sus cargos, renovable solo por uno más. Por estos días, los subrogantes son Sabrina Namer (presidenta para este caso), Daniel Obligado e Ignacio Fornari, aunque es posible que no sean ellos quienes juzguen el atentado contra la vicepresidenta. Obligado debe dejar este tribunal el 30 de noviembre. Los otros, durante 2024.
Los integrantes del tribunal quedarán definidos en el momento en que se fije fecha de inicio del juicio oral. La investigación, en cambio, sí tiene una fiscal de juicio que todo indica que no va a cambiar. Es Gabriela Baigún, quien cumplió el mes pasado todos los requisitos para jubilarse, pero continuará en el cargo para afrontar este caso. En Comodoro Py dan por hecho que tanto ella como la defensora oficial de Sabag Montiel, Fernanda López Puleio, y la querella de la vicepresidenta pedirán medidas de prueba adicionales a las ya desarrolladas en primera instancia, por lo que habrá una instrucción suplementaria en la instancia oral.
De acuerdo con el Código Procesal, el próximo paso del proceso será que todas las partes sean convocadas a ofrecer la prueba que consideren pertinente para el juicio. Y las medidas de instrucción adicionales que puedan solicitar deberán acotarse a ahondar en los ejes trazados en lo que fue elevado a juicio por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Es decir, limitarse a ahondar en los roles de Sabag Montiel (36), Brenda Uliarte (24) y el “copito” Nicolás Carrizo (28) en el frustrado atentado. Baigún, no obstante, que ya empezó a estudiar el nacion caso y que “no descarta” que haya otros posibles autores intelectuales. Sin embargo, todo lo que excede a los tres acusados del atentado continúa en trámite en primera instancia, en manos de la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo –sobre el atentado en sí–, y del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan la posible comisión de delitos por parte de integrantes del grupo Revolución Federal, un caso que la querella de la vicepresidenta sostiene que está indudablemente ligado al del atentado.
Hasta ahora, sin embargo, los responsables de la investigación no encontraron evidencias que de algún modo relacionaran a Revolución Federal con el ataque a Fernández de Kirchner. El fiscal Rívolo así lo expuso en su requerimiento de elevación a juicio del caso.
“Toda la prueba reunida hasta aquí –afirmó– revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos”, y destacó que el atentado, tal como se cometió, no requirió de ningún financiamiento adicional. Rívolo, a quien Capuchetti le delegó la instrucción de la causa meses atrás, mantiene sendas de investigación abiertas. Entre ellas, el desarrollo de un peritaje caligráfico sobre un manuscrito para determinar si lo escribió Uliarte. En ese texto se alude a la llamada “regla de Tueller”, que determina la distancia mínima necesaria que permite defenderse con un arma de fuego de un ataque con arma blanca.
Otra línea abierta en la pesquisa se centra en el ex número dos del Ministerio de Seguridad durante el macrismo y actual diputado nacional Gerardo Milman. La Cámara Federal ordenó avanzar sobre sus teléfonos y extraer solo lo que pudiera vincularse con la investigación, lo que convalidó el Congreso, por lo que el legislador entregó un aparato en los tribunales.
El peritaje, sin embargo, quedó supeditado a un recurso que presentó Milman para acudir a la Casación Penal, mientras que Rívolo busca verificar si Milman se movía por entonces con otras líneas telefónicas. Los abogados de la vicepresidenta reclaman, sin embargo, que la pesquisa se amplíe, convencidos de que hubo financiamiento y respaldo político al intento fallido de los “copitos”. En su último escrito, pidió investigar a la vecina de Fernández de Kirchner Ximena de Tezanos Pinto, quien reside en el edificio que habitaba la vicepresidenta cuando fue el atentado –en el último piso–, y a Delfina Wagner, panelista de Crónica TV que se alojaría en ese departamento. Quieren determinar si tienen vínculos con el atentado.
De acuerdo con los abogados de Fernández de Kirchner, Wagner podría ser un punto clave de conexión entre Revolución Federal y Brenda Uliarte y Sabag Montiel, como también podría vincular a esos dos detenidos con Milman. “Wagner es la única persona que parece conocer a todos los actores sospechados en esta causa. Las coincidencias son demasiadas, y es necesario investigarla inmediatamente”, reclamaron.
En esa línea, una opción sería ordenar el peritaje del teléfono de Wagner, quien no figura entre los contactos en el teléfono de Uliarte. La jueza Capuchetti deberá evaluar si ordena abrir el teléfono de la comunicadora y, en ese caso, cómo, para no vulnerar la garantía constitucional del secreto de sus fuentes periodísticas.
En paralelo a la investigación judicial, en tanto, la Policía Federal tramita tres sumarios administrativos para determinar cómo actuaron sus agentes y evaluar eventuales responsabilidades, detallaron a fuentes al tanto de esas actuaciones. Tanto durante la noche misma del atentado como en los días que siguieron.
El primer sumario de la Superintendencia de Asuntos Internos se centra en la actuación de la custodia de la vicepresidenta de acuerdo con el Protocolo de Actuación Nº 7, que fija desde hace más de una década las pautas con que debe actuar la custodia de funcionarios y dignatarios. Los otros dos sumarios, en tanto, apuntan a evaluar la actuación de los expertos de la fuerza durante el peritaje del teléfono de Sabag Montiel cuyo contenido se perdió –caso que en Comodoro Py investiga el fiscal Ramiro González–, como también los roles de sus agentes durante el seguimiento y detención de Uliarte, y durante el período en que se ordenó escuchar sus teléfonos en tiempo real, orden que se incumplió durante horas. Todavía abiertos, el instructor sumariante de Asuntos Internos debería presentar su “informe conclusivo” en el corto plazo. Consignaría irregularidades, fruto de desidia o negligencia.
Es decir, en línea con las conclusiones de los tribunales de Comodoro Py, donde no se detectaron vínculos con Sabag Montiel,
Uliarte o Carrizo, pero sí podrían avanzar contra algunos custodios por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. “El Protocolo 7 fija las pautas, sí, pero también queda supeditado a las decisiones y la voluntad de la persona custodiada, por lo que su análisis debe encararse caso por caso”, aclaró una fuente.
En el requerimiento de elevación a juicio que firmó el fiscal Rívolo está citada la declaración de Guillermo Federico Gallo, uno de los custodios que actuaron la noche del atentado, que dijo: “A solicitud de los secretarios de Cristina y de la mandataria, no se nos permite realizar el diagrama de cobertura de 360 grados debido a que ella solicita el contacto con la militancia constantemente”.
De todos modos, una fuente oficial al tanto del sumario dijo que avizora que la instrucción terminará en posibles sanciones –acaso suspensiones–, que no llegarían al punto de la exoneración, pero podrían complicar los ascensos –y, por tanto, la carrera– de algunos custodios.
¿Declara Uriarte?
En los tribunales de Comodoro Py están más atentos, sin embargo, a lo que pueda ocurrir con Uliarte durante los próximos días, tras designar su abogado defensor a Carlos Telleldín, protagonista insoslayable del “caso AMIA” (Telleldín cobró US$400.000 de la SIDE para declarar sobre el atentado y terminó condenado a tres años y tres meses de prisión –condena que no está firme– por el delito de encubrimiento junto al exjuez Juan José Galeano y otros acusados).
Esta semana, Telleldín declaró en una radio que su clienta pediría ampliar su declaración y aportaría “los nombres de quienes pagaban y quienes recibían el pago” para manifestarse y protestar frente al domicilio de Fernández de Kirchner en Recoleta. Quienes pagaban, afirmó Telleldín, serían “funcionarios de la ciudad de Buenos Aires” vinculados a Milman, aunque aclaró que esos manifestantes “no fueron pagados para hacer un magnicidio, sino una convulsión social”.
Luego, en declaraciones a Página 12, Telleldín ya no aludió a “funcionarios” porteños, sino a “una persona allegada” a Milman, con el fin de “concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner”, e insistió en que “no era para matar a nadie, sino para que vayan a provocar”. intentó contactar la nacion a Telleldín, pero no respondió los llamados. Uliarte y Sabag Montiel, mientras tanto, ya arrastran una primera condena tras el atentado. En junio los condenaron a un año de prisión en suspenso por la tenencia ilegítima de un documento de identidad ajeno. No se veían desde hacía nueve meses. Ella lo trató de “ex”; él, de “Uliarte” y, como en la pesquisa por el atentado, trató de desvincularla. No lo logró.
Sometido a un estricto régimen de vigilancia, Sabag Montiel pasa sus días solo en el penal de Ezeiza sin interactuar con otros detenidos o presos.
Durante meses rechazó reunirse con Juan Hermida, su defensor oficial, hasta que su pesquisa se elevó al tribunal oral, y también se negó a ver a los psicólogos.
Ahora, según informaron fuentes de la causa, solo recibe la visita, una vez al mes, de la defensora López Puleio o alguien de su defensoría, pero mostró un atisbo inesperado de interés. Quiere reconectar con su padre, de nacionalidad chilena, convicto en Brasil y ausente desde hace años. Los últimos datos lo ubican en Colombia.
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La Argentina entró en modo supervivencia
Florencia Donovan
La Argentina, como sucede en un barco que está al borde del naufragio, entró en los últimos días en modo supervivencia, a la espera de un nuevo gobierno. La economía implosiona lentamente –el dólar oficial a enero ya cotiza a $722–, a medida que empiezan a agrietarse los parches que desde hace meses mantienen la actividad a flote. Son días de incertidumbre extrema, en los que algunas empresas experimentan algunos de los escenarios más temidos (con paradas de planta, derrumbes en las ventas o conflictos salariales), mientras que otras compañías (o sus dueños) aprovechan para acercarse a aquellas figuras que les garantiza n la salvación. Son tiempos del“sálvese quien pueda ”.
La demora en la aprobación de permisos de importación, SIRA, y la reprogramación de pagos al exterior están re sintiendo las cadenas de producción. A diferencia de otros momentos, con un gobierno débil y un candidato del oficialismo que después de las PASO perdió gran parte de su capital político, muchas industrias ya ni se preocupan por ocultarlo. Prácticamente, no hay sector que no tenga problemas: automotrices y fabricantes de calzado deben parar plantas por falta de insumos, mientras que las farmacéuticas y las alimentariasalertan públicamente por la escasez de materias primas. Hay ejemplos en todos los rubros, y no hay quien vislumbre soluciones en el corto plazo. Más allá de las intenciones del Gobierno por sostener la actividad, no hay dólares en el Banco Central (BCRA) para ofrecer. Por eso, muchas empresas que participan del programa de Precios Justos del Gobierno no se están apresurando para firmar nada: no creen que el Gobierno vaya a cumplir les la promesa de facilitarles el acceso a las importaciones si no suben precios. (Otras, como algunas petroleras, directamente cumplen el pacto a medias: no más basta irse a poco más de 100 kilómetros de la Capital Federal para encontrarse con varias estaciones de bandera amarilla y roja que venden nafta en cuotas, no más de 20 litros por auto.)
Y tienen buen olfato. Quienes conocen en detalle las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconocen que, como parte del acuerdo con el organismo de crédito, se decidió reperfilar gran parte de los pagos previstos para estas semanas, para así poder acumular algo de dólares en las reservas de cara a la elección de octubre. La otra opción en la mesa de negociación era devaluar todavía más el peso, algo inaceptable para la política. Así, en agosto, el BCRA sumó US$1270 millones a sus arcas, una millonada para una entidad que tiene números en rojo. Ya no habrá hasta noviembre quién nos auxilie: el Fondo no tiene previsto nuevos desembolsos y China probó no ser tan generosa con sus yuanes. La Argentina deberá navegar los próximos meses sin esperar ningún tipo de asistencia.
En algunos casos, el Gobierno ni siquiera contacta a las multinacionales. Pese a haber anunciado hace más de 10 días un acuerdo con los laboratorios nacionales para contener los aumentos de precios en un 5% mensual, a las compañías de capital extranjero nunca siquiera se las convocó para avanzar en una negociación. La realidad es que ya antes de anunciar el acuerdo de precios, todos los laboratorios ya habían retocado al alza sus precios. Pero hay quienes ven en la discriminación de los laboratorios extranjeros otro mensaje.
Nada en la industria farmacéutica ocurre por azar. Quienes conocen de cerca el negocio se sorprendieron esta semana con el anuncio de la inauguración por parte del Gobierno de una planta pública para la producción de principios activos, en el marco del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Los laboratorios nacionales hoy importan de India y de China gran parte de los ingredientes farmacéuticos que usan para la fabricación de medicamentos que después venden en el mercado local.
Hay, en varias áreas del Gobierno, apuro por avanzar en temas que hace tiempo están en gateras. Nunca es tan eficiente el Estado como cuando se anticipa un cambio de signo político. Un ejemplo es el de la licitación del espectro 5G, que presentó esta semana el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Es un proceso que ya se anticipaba polémico, sobre todo por la fuerte participación que se le daba en los pliegos a la estatal Arsat. Los tres principales operadores advirtieron que impugnarán la licitación. Las miradas no están tanto en la empresa estatal, sino en los privados que podrían llegar a incorporarse para colaborar en la gestión del espectro que se le otorgaría a Arsat. Siempre hay amigos del poder dispuestos a auxiliar empresas estatales excedidas en sus funciones.
Pero no es el único ejemplo, los hay en prácticamente todas las áreas. Las empresas distribuidoras de gas se sorprendieron esta semana cuando empezaron a recibir convocatorias del Ente Regulador del Gas (Enargas) para presentar antes del 15 de septiembre su plan de inversiones para los próximos cinco años, y así proceder a la revisión de sus tarifas. El marco regulatorio de la industria prevé revisiones tarifarias quinquenales, mediante las cuales se establecen planes de inversión obligatorios. Desde las privatizaciones, la Argentina tuvo un solo proceso de revisión quinquenal; el segundo, en 2001, quedó trunco tras la salida de la convertibilidad. Recién de la mano del gobierno macrista se realizó una nueva revisión por cinco años, pero en 2019, en plena campaña presidencial, se incumplió cuando se congelaron las tarifas. El gobierno de Alberto Fernández, con la excusa del apande mi a, sostuvo el congelamiento, pero porDNU fijó diciembre de 2023 como fecha límite para tener terminada una revisión integral de las tarifas. “Acá hay funcionarios que no quieren tener problemas judiciales si cambia de gobierno, por no haber cumplido con las normas. Una revisión tarifaria bien hecha, lleva dos años”, resumió un hombre del sector. “Hay que planificar la demanda, hablar con los gobernadores, saber cuáles serán sus planes de obra, para entender cómo va a hacer la demanda de red; evaluar innovaciones ,¿ a qué precio de dólar cotizamosel gas para hacer proyecciones ?, etcétera. No es un proceso de 15 días, es imposible. Lo que sur jade acá será una paparruchada”, adelantó.
A medida que se reconfigura el mapa político, también se acentúan las internas en el oficialismo. El presidente Alberto Fernández no tendrá peso en la campaña, pero todavía hace mella en la gestión, y no necesariamente en favor de sus socios en la coalición. Quienes conocen de cerca el mercado financiero vieron la mano de Fernández en la decisión del BCRA, la semana pasada, de eliminar el beneficio que tenían las casas de cambio de operar por fuera del sistema electrónico, Siopel, para hacerse de dólares oficiales en aquellas operaciones que no superaran los US$800.000. Hace meses que un puñado de casas de cambio estaba aprovechando el hueco para, de la mano de un banco nacional, hacerse de divisas que luego ofertaban en el blue. Algún que otro malicioso desliza que la operación no se hacía sin la venia de Economía. De ser así, sería un negocio menos para algún experto en mercados regulados.
Entre los empresarios, sin embargo, el fenómeno Milei no deja de provocar desconcierto. Lo ven ganador, pero la realidad es que pocos logran llegar a él, a diferencia de lo que sucede con Patricia Bullrich o su nuevo vocero económico, Carlos Melconian, de cuya presentación en Córdoba participaron referentes de la talla de Sebastián Bagó o Marcos Brito.
Son contados los nombres que confiaron en Milei desde un comienzo: Sebastián Braun, Cristiano Rattazzi, Eduardo Elzstain (que hasta se acercó al búnker de Milei en el Sheraton el día de las PASO) o Eduardo Eurnekian, entre unos pocos. Si bien el entorno del economista se muestra receptivo con el empresariado, el candidato presidencial se da el lujo de ignorar hasta las billeteras más grandes. El dueño de una de las principales empresas del país puede dar fe. Quien acuñó la palabra “empresaurios” para referirse a los hombres de negocios que avanzan de la mano del Estado tiene una relación distante con el círculo rojo. “Le incomoda el círculo rojo”, reconoce uno de sus economistas de confianza.
El problema es que quienes tienen que tomar decisiones de inversión que afectan a miles de familias no encuentran muchas veces en el entorno del candidato las respuestas a las preguntas que formulan. “¡Ah!, eso no sé. Está en la cabeza de Javier”, responden habitualmente. Las dudas con respecto a la ejecución del plan Milei siguen intactas, pese a que hay un peronismo noventista que poco a poco parece acercársele para ofrecer su ayuda, y hay quienes se ilusionan con un desembarco futuro de Mauricio Macri. La Argentina es un barco que naufraga, sin botes salvavidas señalizados.
El país deberá navegar los próximos meses sin esperar ninguna asistencia
Prácticamente, no hay sector productivo donde no haya problemas
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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