Intendentes de Juntos por el Cambio alertaron que no tienen recursos para pagar la suma fija
Los jefes comunales bonaerenses exigieron que se cree un fondo extraordinario para financiar el bono
La “invitación” que hizo el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, para que las provincias y municipios otorguen la suma fija de $60.000 que anunció para los empleados públicos nacionales continúa cosechando detractores. Mientras que 14 gobernadores rechazan de plano o resisten la medida, ayer se sumaron los intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio (JxC), quienes aseguraron que no pueden pagar el bono y pidieron fondos extras para afrontar estos desembolsos.
La réplica de los jefes comunales llegó a través de un comunicado que compartieron en sus redes sociales. Asimismo, los intendente radicales que se habían reunido con el gobernador Axel Kicillof el lunes ya le habían anticipado que no tenían la plata para cumplir con esta decisión que se tomó en la Casa Rosada y en medio de la campaña electoral.
Quienes tomaron la posta ayer fueron los intendentes Néstor Grindetti (Lanús), candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, y Julio Garro (La Plata).
En el primer tramo de la nota de prensa dijeron estar “preocupados” por la medida anunciada por Massa el domingo y luego desglosada por la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos. “Existe una imposibilidad de la gran mayoría de los gobiernos locales de dar cumplimiento a una medida de este tipo sin afectar seriamente sus finanzas en muchos casos; o directamente por carecer de dichos fondos, en otros”, señalaron.
Asimismo, indicaron que la actual coyuntura económica está caracterizada por un “incremento constante de las demandas” que deben atender los municipios. Y además reclamaron por un “incesante” aumento en el costo de los bienes y servicios necesarios para garantizar las prestaciones que dan en cada uno de sus distritos y para sostener sus planes de obras que –según dijeron– “en muchos casos” no contemplan la redeterminación de precios en los recursos asignados.
“Nos encuentra en una situación de suma restricción financiera y falta de disponibilidad de recursos para llevar adelante una medida como la mencionada”, sintetizaron.
Pese a eso, dijeron entender que con el bono desdoblado se busca un “paliativo” para que se atenúe el deterioro en los ingresos de las familias, dado como efecto de la devaluación oficial decidida por Massa del 22% posterior a las PASO. Fue ahí que pidieron ayuda: “Solicitamos que se disponga de un fondo extraordinario que permita implementar la medida en cada uno de nuestros territorios sin desfinanciar a los municipios o alterar su funcionamiento, en un momento cuando es esencial que los mismos puedan mantener su capacidad de respuesta”.
Anteayer, desde el entorno de Kicillof advirtieron a que no la nacion cuentan con fondos para auxiliar a los municipios que tengan dificultades para abonar la suma fija a sus empleados.
Hasta el momento, las administraciones de Santa Fe, Córdoba, Misiones, San Juan, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Chaco, Salta y la ciudad de Buenos Aires anticiparon que no abonarán el refuerzo.
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La Corte llamó a una audiencia por el cepo a las provincias
Convocó al mendocino Suárez y al titular del Banco Central por la limitación a comprar dólares
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para la semana próxima a una audiencia de conciliación al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, a raíz del reclamo de la provincia contra el cepo impuesto para la compra de dólares.
Mendoza sostiene que las medidas de la administración central le impiden cumplir con el pago de sus bonos en dólares, que vencen el 19 de septiembre próximo.
La audiencia, a la que fueron convocados Suárez y Pesce está prevista para el próximo 6 de setiembre.
La resolución del conflicto puede tener impacto nacional, ya que las limitaciones impuestas por el Banco Central afectan a todas las provincias con deudas en dólares.
En junio pasado, la Justicia Federal de Córdoba hizo lugar a la medida cautelar presentada por el gobierno de Córdoba en la acción de amparo iniciada contra el Banco Central por la misma resolución.
La medida fue apelada por el Banco Central y, también, terminó por llegar a la Corte Suprema de la Nación.
En aquel fallo, el juez Alejandro Sánchez Freites ordenó la inaplicabilidad de la medida, por lo que el Banco Central deberá proveer “sin restricción alguna la venta de los dólares” necesarios para cubrir la cuota que vence el próximo 10 de junio del corriente.
El juzgado se declaró incompetente para seguir en la causa y remitió las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los reclamos apuntan contra una resolución del Banco Central que insta a las provincias a presentar una “propuesta” que contemple comprar “hasta el 40% de los dólares que necesitan para cancelar vencimientos de capital” y que el resto lo obtengan con recursos propios o con nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años.
Esa limitación determinó los reclamos de las diferentes provincias.
A diferencia de Córdoba, Mendoza eligió ir directamente a la Corte Suprema.
En su presentación, la provincia alegó urgencia para resolver la cuestión por el inminente vencimiento de sus obligaciones. Puntualmente, la provincia de Mendoza inició una acción declarativa contra el Estado Nacional y el Banco Central de la República Argentina.
En su presentación solicitó que se declare con certeza si la comunicación A 7.782 emitida por el BCRA hace aplicable lo dispuesto en el punto 3.17 de las normas de “Exterior y cambios” al próximo vencimiento de obligaciones de la provincia de Mendoza correspondientes a la operatoria PMM29, o si por el contrario la provincia se encuentra excluida.
El reclamo
Según la presentación de Mendoza, las normas del Banco Central “implican serias restricciones (prácticamente la imposibilidad) para que la provincia acceda al Mercado Único Libre de Cambios (MULC) y pueda adquirir los dólares para cancelar en tiempo y forma el próximo vencimiento del Bono PMM29, lo cual evidencia –en su criterio– que un órgano nacional ejerce competencias delegadas de manera abusiva, inmiscuyéndose en la autonomía administrativa y financiera de la Provincia de Mendoza, atentando directamente contra la buena fe y lealtad federal que es pilar fundacional de nuestra Constitución Nacional, y lo hace por intermedio de un instrumento que adolece de vicios groseros en todos sus elementos constitutivos”.
Desde 2016, Mendoza contaba con una deuda original en dólares con títulos bajo denominación PMY2024, que fue refinanciada en el 2020, operación que fue autorizada por la Nación.
A raíz de ello se emitieron nuevos títulos –también en dólares– bajo denominación PMM29, los cuales tienen un próximo vencimiento de capital y servicios programado para el 19 de septiembre de 2023.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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