EDITORIALES

El desafío de privatizar medios públicos
Urge achicar el obsceno gasto destinado a empresas periodísticas estatales cuya misión no ha sido informar ni entretener, sino militar políticamente
En los países desarrollados –Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Japón, por nombrar solo unos pocos– se da una feliz convivencia entre medios de comunicación públicos y privados.
Ocurre que en esas y otras naciones, está bien clara la diferencia entre lo estatal y lo gubernamental, y entonces hasta se diría que aquellos en poder del Estado tienen una valiosa razón de ser. En efecto, hay infinidad de temas que pueden no ser de interés para desarrollar por empresas de comunicación privadas, ya sea por motivos editoriales, porque resulten poco rentables o porque no garanticen una alta audiencia.
Asuntos institucionales, educativos y científicos; elevados debates filosóficos o literarios; programas de apoyo escolar; repertorio de obras clásicas de la dramaturgia nacional y universal; miniseries y documentales históricos; conciertos u óperas desde el Teatro Colón, y largas transmisiones de sesiones legislativas no son contenidos que suelan transitar con frecuencia por los medios en manos particulares. Es ahí donde los públicos pueden marcar la diferencia, complementarse, sin superponerse, con los medios privados para hacer un verdadero aporte a la cultura y a la imprescindible instrucción cívica y plural de la sociedad. Algo que ciertamente no siempre ocurre con señales de televisión abierta operadas por Contenidos Públicos SE, como Paka Paka o Encuentro.
Lamentablemente, eso no sucede en la Argentina, donde, según las épocas, la performance de las empresas de comunicación estatales ha fluctuado entre resultados regulares y pésimos. En gobiernos como los de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri asistimos a diversos intentos de, al menos, apostar a algunos contenidos culturales de calidad y a un esfuerzo por apartarse de lo panfletario en materia política, como ha sucedido invariablemente durante las administraciones justicialistas de diversas coloraturas, desde las llamadas neoliberales (los diez años y medio que duró el menemismo) hasta las populistas (los más de 16 años que suman los cuatro gobiernos kirchneristas, el último por finalizar el próximo 10 de diciembre).
Durante las campañas electorales para los tres últimos comicios –las PASO, la primera vuelta y el balotaje–, los principales medios estatales (TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam) tomaron partido descarada y abiertamente por el candidato oficialista y aún ministro de Economía, Sergio Massa, con coberturas amplias y generosas acompañadas de presentaciones y análisis por demás favorables y militantes. Por el contrario, el ahora presidente electo Javier Milei tuvo ostensible menor presencia en esos medios y cuando contó con ella la abrumadora mayoría de las veces fue para mostrarlo de manera peyorativa o destacar sus aspectos más negativos. Por cierto, estos medios se convirtieron en verdaderas usinas de la campaña del miedo contra el líder libertario y, al mismo tiempo, en vehementes promotores del dispendioso “plan platita” y reflejo de los más mínimos movimientos del candidato Massa en actos y giras. Hasta se llegó a utilizar la transmisión de los partidos de la selección nacional de fútbol, que aseguraban un altísimo rating, para colar sin disimulo a continuación entrevistas al dirigente más poderoso del Gobierno, al menos hasta que se abrieron las urnas el domingo 19 a la noche.
Consultado antes y después de los comicios, Milei ha demostrado siempre una misma y coherente línea de conducta en la materia: que esos medios deben pasar de la órbita del Estado al ámbito privado, ya que generan un millonario gasto sin cumplir siquiera con las metas que se esperan de este tipo de empresas públicas, al menos en países desarrollados.
“La TV Pública –dijo el mandatario electo– se convirtió en un mecanismo de propaganda. No adhiero a las prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Debe ser privatizada, igual que Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado lo va a estar. Télam, también”.
Habrá que ver si esto es tan fácil y concretable rápidamente con un Congreso claramente dividido. Son empresas con mucho personal (3455 empleados) fuertemente sindicalizado, con gremios no pocas veces enfrentados entre sí y bastante desfasados desde el punto de vista tecnológico, lo que no las hace demasiado apetecibles, en principio, para atraer a capitales privados. Su déficit operativo, solo en el primer semestre de este año, ascendió a 12.571.000.000 de pesos.
En el caso de Radio y TV Argentina, cuenta con 2400 empleados. Otro despropósito solventado con dineros de todos los ciudadanos es Radio Nacional. Tiene 1600 empleados para una radio AM y tres FM, con sueldos que arrancan en 500.000 pesos por una hora o dos diarias de trasmisión, mientras que se pagan montos extras inexplicables, según reveló una investigación de LN+.
Nada impide ir ordenando en el menor tiempo posible esas empresas tan costosas para el erario, achicar sus staffs con planes de retiro y no rellenar las vacantes que se vayan generando por jubilaciones o por empleados que emigran hacia otros trabajos. Lo que sí se podrá hacer desde el minuto cero del 10 de diciembre es limpiar los contenidos panfletarios para presentar las noticias y los debates con mayor equilibrio, pluralidad y amplitud, archivando las banderas ideológicas del actual oficialismo sin reemplazarlas, desde ya, por las del nuevo gobierno.

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Alquileres: otro tema pendiente
Las afirmaciones del presidente electo, Javier Milei, en cuanto a que aspira a que el Congreso nacional derogue la actual ley de alquileres, restablezca las normas del Código Civil y Comercial y asegure la libertad monetaria, han causado alarma entre quienes supuestamente explotan a los inquilinos convirtiéndolos en víctimas de un régimen que declaran injusto.
Según el Indec, hay 7.925.280 personas que alquilan y 31.412.314 que viven en viviendas de su propiedad. El sueño de la casa propia ha sido una aspiración sostenida a lo largo del tiempo que se tornó prácticamente imposible sin créditos hipotecarios a largo plazo ni a tasas razonables como las que rigen en muchas partes del mundo.
Difícil saber cuál será la norma que definitivamente se sancione o si simplemente remitirá a las del Código Civil y Comercial, pero hay algo que sí se sabe y es que la ley anterior a la vigente, y la propia ley actualmente en vigor no han contribuido en lo más mínimo a paliar el problema habitacional, sino que más bien lo han complicado. En opinión del mandatario electo, “lo único que ha hecho la ley de alquileres es generar daño, perjudicando a aquellos que pretendía proteger”.
Uno de los aspectos por tener muy en cuenta es que el de locación es un contrato bilateral firmado por dos partes con el acuerdo de ambas formalizado en un contrato que las rige.
Si el Estado interviene demagógicamente para beneficiar al inquilino en busca de su voto, naturalmente la balanza se desequilibra y el propietario se perjudica. Como ha quedado reiteradamente demostrado, la consecuencia es obvia: se retiran propiedades del mercado de alquileres, con la consiguiente suba de precios, se frena la construcción de viviendas para locación y vuelve a achicarse el mercado dejando finalmente al propietario sin otra opción que intentar vender su propiedad.
O el país respeta el derecho de propiedad que garantiza la Constitución nacional o lo sigue violando de forma recurrente fijando precios demagógicos, impidiendo ajustes razonables y alargando unilateralmente plazos contractuales mínimos obligatorios, más allá de lo razonable.

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