CÁMARA Y PARITARIAS

Para la Justicia las causas contra el DNU deben tratarse por separado
La Cámara rechazó la apelación del Gobierno para unificar las demandas.
Candela IniRodolfo Barra está a cargo de la defensa del polémico decreto
El gobierno de Javier Milei sufrió otro revés judicial. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso de apelación del Poder Ejecutivo y confirmó el fallo del juez Enrique Lavié Pico que dispuso que todas las demandas contra el megadecreto de necesidad y urgencia fueran tramitadas por separado. La decisión la tomaron los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco en el marco del expediente iniciado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que presentó la primera acción de amparo contra el DNU del gobierno libertario que busca desregular la economía con drásticas derogaciones de leyes.
El juez de primera instancia Enrique Lavié Pico, al frente del juzgado de Esteban Furnari y como autoridad de feria a cargo de todos los juzgados de primera instancia del fuero, habilitó la feria judicial para que tramitaran todas las demandas contra el DNU y desactivó el proceso colectivo que acumulaba la totalidad de los casos.
El Gobierno apeló el fallo y, como la apelación le fue concedida, el tema fue analizado por la Cámara, que ayer se pronunció. Con el aval de la Cámara al fallo de Lavié Pico, ahora podrán seguir avanzando las demandas contra el DNU en los respectivos tribunales donde fueron presentadas.
En la apelación presentada por los abogados del Estado se sostenía que la decisión de Lavié Pico de desarticular el proceso colectivo vulneraba el derecho de defensa del Estado. Pero el fallo firmado ayer por los jueces sostiene que el Estado puede defenderse ante cada juez en el ámbito natural de cada una de las demandas sin que esto afecte el derecho de defenderse. “Esta Sala no encuentra elemento de convicción suficiente que permita comprobar de qué modo esa decisión –que además desvincula y devuelve las actuaciones que habían resultado atraídas de las jurisdicciones naturales– conculcaría el derecho de defensa del Estado Nacional”, dijeron los jueces.
Y fundamentaron: “Es que, en el ámbito de cada proceso judicial y ante el juez con competencia para entender en la materia específica de la pretensión procesal en particular, el demandado podrá ejercer tales garantías constitucionales, mediante la actuación de los respectivos magistrados que las atiendan”.
Consideraron además que el Poder Ejecutivo no especificó por qué ni cómo se vería concretamente afectado su derecho a defenderse. “Por regla, todo recurso de apelación reconoce como fundamento jurídico la existencia de un perjuicio o menoscabo en el derecho que se reclama y que configura un requisito subjetivo de admisibilidad de aquél, la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione a quien lo interpone –o a su representado– un agravio o perjuicio personal”.
Y agregaron: “Así, el ejercicio del derecho recursivo exige entre sus requisitos que medie agravio o perjuicio personal, es decir la necesidad de que la resolución que se impugna, cause al recurrente un gravamen cierto y concreto, recaudo que encuentra fundamento en el principio general según el cual sin interés no hay acción con derecho“.
Distintos abogados procesalistas advertían que la decisión de Lavié Pico no era apelable, dado que la ley de acción de amparo (16.986) reglamenta qué tipo de decisiones son apelables, y que la inscripción o retiro de un caso en el Registro de Procesos Colectivos no está incluida en ese artículo, el número 15 del texto. En ese artículo fundaron su decisión los jueces de la Cámara para responder a la demanda del Gobierno.
Cuando hizo lugar a la apelación, Lavié Pico reconoció ese marco de la ley pero dijo que el recurso debía ser analizado, justamente, para no vulnerar el derecho a la defensa del Estado. Ese mismo elemento fue retomado por los camaristas ayer, cuando resolvieron la apelación.
Un planteo pendiente
Hay otra definición pendiente. Ayer al mediodía el fiscal federal ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Fabián Canda, emitió un dictamen en contra de lo pretendido por el Gobierno y dijo, en relación al planteo de inhibitoria formulado por los abogados del Estado, que la justicia laboral debe resolver sobre la demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el capítulo laboral del decreto. En el dictamen, al que accedió la nacion, el fiscal consideró que la demanda de la CGT contra el capítulo laboral del DNU no tiene por qué tramitarse en el fuero contencioso administrativo, como pretendía el Poder Ejecutivo. Ahora que el fiscal dio su punto de vista, sin ser este vinculante, los jueces de la Cámara Sergio Fernández y Carlos Grecco pueden decidir sobre la cuestión de la competencia también.
La CGT recibe a gobernadores
La CGT convocó esta tarde a los gobernadores peronistas a una reunión en la que se buscará consensuar una estrategia común para los diputados que responden a los mandatarios en el plenario de comisiones de la Cámara baja, frente al proyecto de ley ómnibus del Gobierno. El encuentro tendrá como anfitrión al bonaerense Axel Kicillof. La CGT denunció ayer supuestas reuniones a “oscuras” y fuera del Congreso entre el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con bloques dialoguistas.

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Se tensa la puja salarial en Santa Fe por la caída de ingresos
El gobierno de Pullaro apuntó a medidas de Massa y Milei

Germán de los Santos
ROSARIO.– “Desequilibrio y feroz presión”, fueron los términos que usó el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, para describir el estado de las cuentas provinciales. El complicado diagnóstico de la herencia que dejó el peronista Omar Perotti y la brusca caída de la recaudación en diciembre sirven también para tratar de amortiguar las demandas salariales que comenzarán a desgranar los gremios del sector público. El gobierno de Maximiliano Pullaro será “realista” a la hora de negociar salarios, esgrimen en la administración provincial. Ese realismo, probablemente, generará un clima conflictivo sobre todo con el sector estatal docente, algo que prevén.
El número que aportó Olivares para describir la situación de las arcas es que los ingresos fueron un 92% menores en 2023 frente a la inflación anual del 215,4%.
Desde el gobierno de Santa Fe advirtieron también sobre el impacto de dos medidas de Javier Milei, que provocaron una merma en la recaudación provincial. Olivares señaló que, sumadas son equivalentes a dos masas salariales mensuales. Esas medidas son la reforma del impuesto a las ganancias y la reducción de las transferencias no automáticas desde el Estado Nacional.
El dato de inflación de diciembre fue lo que encendió la disputa salarial, que comenzará a cristalizarse con la reunión paritaria con los docentes estatales la semana que viene. Los gremios que nuclean a los docentes exigieron el cumplimiento de la paritaria vigente, la cual contempla una actualización salarial en el último mes del año. Los maestros reclaman una diferencia del 84% entre la inflación acumulada en 2023 y el aumento salarial obtenido que no fue abonada. Consideran que esta situación debe resolverse este mes, antes de comenzar a discutir la paritaria para 2024.
Ante ese clima de presión, Olivares advirtió que “las finanzas de la provincia se encuentran desequilibradas y sometidas a una feroz presión”. Detalló que Santa Fe atravesó un 2023 con una inflación del 215,4%, contrastando con un 123% de incremento en los ingresos corrientes respecto de 2022, es decir un 92% menos. “Todo esto lleva a tener cuentas presupuestarias con déficit: es decir, se gasta más de lo que ingresa”, resumió. Dijo que el gasto salarial aumentó un 155%.
Más allá del déficit que acarreaba la provincia, según Olivares, en diciembre se produjo un derrumbe mucho mayor por una fuerte caída de la recaudación.
Con relación a las negociaciones salariales vigentes y por afrontar en el año, Olivares advirtió por dos impactos: “La inflación y una gestión saliente que acordó cargar las cuentas provinciales con un pase masivo de personal”. En ese sentido, el funcionario apuntó que con Perotti “se agrandó la planta del Estado en un 10%” y se establecieron “condiciones salariales que en los tres años y medio anteriores no se habían aceptado, disponiéndolas en el tramo final de gestión a sabiendas de que ya no iba a ser su responsabilidad”.

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