Gobernadores aliados redoblan la presión sobre Milei por el capítulo fiscal del proyecto oficial
Exigen que el Presidente abra una mesa formal de diálogo y designe a un interlocutor “válido” para revisar los cambios en jubilaciones y retenciones
Matías Moreno
Los gobernadores de Juntos por el Cambio cierran filas y redoblan la presión sobre el presidente Javier Milei para que convoque “de urgencia” a una mesa de diálogo con la oposición y acepte revisar el capítulo fiscal de la ley ómnibus, sobre todo lo referido a la actualización de las jubilaciones y el esquema de retenciones. El objetivo de lograr un entendimiento y acelerar la aprobación del megaproyecto en la Cámara de Diputados antes de fin de mes.
En caso de que Milei no designe interlocutores “relevantes” en las próximas horas y habilite cambios, advierten en la tropa de JxC, mandatarios provinciales avanzarán con la elaboración de un dictamen propio, junto a los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Resta saber cómo se posicionaría Pro ante la chance de que la Casa Rosada se resista a introducir modificaciones en el artículo vinculado al sistema previsional y los derechos a la exportación, y pretenda que lo acompañen a libro cerrado. “La intención es que el Gobierno reflexione y acceda a un plan fiscal alternativo al ajuste de jubilados, asalariados y exportadores”, apuntan en la bancada de Miguel Ángel Pichetto, que pide al oficialismo que se aboque al paquete económico de la ley, las reformas urgentes para abordar la crisis. “No hay ida y vuelta, no hay devolución”, se quejan.
Las bancadas aliadas esperan una respuesta a sus planteos en las próximas horas, después de dos jornadas consecutivas de intercambios sobre los ejes centrales de la ley. Un grupo de gobernadores de JxC planea viajar hoy a Buenos Aires para reunirse con autoridades parlamentarias y tomar una definición ante la posibilidad de que La Libertad Avanza (LLA) apure la firma del dictamen. Deslizan que los libertarios deben replantear el escenario si no quieren que el debate de la ley ómnibus comience a descarrilar o ingrese en un estado de agonía parlamentaria.
Fuera de micrófono, integrantes de la liga de gobernadores del extinto Cambiemos despotrican por la falta de un interlocutor “válido” con el oficialismo o una figura que centralice las decisiones frente a los reclamos. Reconocen la voluntad del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de Guillermo Francos, ministro del Interior, pero creen que ellos no toman la decisión final y no tienen potestad para cerrar la negociación. Aseguran que no volvieron a tener contacto con el Poder Ejecutivo después del encuentro por Zoom del viernes. “Martín es un correo. Transmite, pero no define. Y Luis Caputo nos dice: ‘yo estoy para bajar el déficit fiscal, no me vengan con la política’”, grafican en una fuerza opositora dialoguista.
A los mandatarios les inquieta el impacto que tendría la suba de retenciones a las economías regionales en sus distritos y les irritan las idas y venidas de la Casa Rosada en torno a la reversión del impuesto a las ganancias, que impacta en su nivel de recaudación. Por lo pronto, Francos, que intenta contener el coro de reclamos y rebajar la tensión ante la ausencia de Nicolás Posse, jefe de Gabinete, retoma los contactos con Cristian Ritondo, titular del bloque de Pro. Intentará tender puentes y reconstruir el vínculo en la antesala de la batalla parlamentaria.
Tensión por los reclamos
Las tratativas con el Gobierno por la ley ómnibus reavivaron las disputas internas de la galaxia de JxC. El sector de Pro que conduce Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, sospecha de una supuesta maniobra de referentes de la excoalición para “frenar” la conversación con el oficialismo o “desguazar” el megaproyecto: “¿Quieren ayudar a Milei o esperan que le vaya mal al Gobierno para que haya una reedición de JxC? Hubo avances y esperemos a ver cómo evoluciona”, lanza una figura leal a Bullrich en el Congreso. En el entorno de la titular de Pro apelan a la ironía a la hora de referirse al variopinto bloque de Pichetto: lo denominan “la consultora”.
Por el contrario, otros diputados fieles a Bullrich, que los “empuja” en reuniones privadas para que voten a favor de las reformas, admiten que detectan falencias e “impericia” en la articulación del Gobierno con el Congreso: “Algo tienen que ceder si quieren que se apruebe la ley, ¿o quieren que fracase?”, señala un alfil de Pro. Alertas por la chance de que haya tres dictámenes –y que el kirchnerismo se quede con el mayoritario–, le sugieren a los libertarios que reaccionen.
Después de que se estancaran las negociaciones entre el Gobierno y los emisarios de los bloques de la oposición que están dispuestos a acompañar al oficialismo para darle media sanción a la “ley de bases”, pero imponen condiciones para convalidar el amplio paquete de reformas de Milei, mandatarios de Pro y de la UCR se reunieron antenoche, vía Zoom, con diputados que están llevando adelante las tratativas con LLA. A la cumbre asistieron Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). Del lado de los legisladores se sentaron Rodrigo de Loredo (UCR), Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Nicolás Massot (HCF), Alejandro Cacace (UCR), Lisandro Nieri (UCR) y Damián Arabia (Pro), entre otros. A lo largo de la conversación, los gobernadores se interiorizaron sobre el estado de la negociación con LLA, que se empantanó el martes después de que se discutiera el artículo 106 de la ley ómnibus, que propone suspender la fórmula actual y que el Poder Ejecutivo pueda realizar ajustes discrecionales hasta que se determine un nuevo cálculo, y el esquema de retenciones.
“Si el gobierno no habilita una discusión en serio con interlocutores relevantes, la reunión de mañana será para unificar un dictamen propio y diferente al del gobierno entre Hacemos Coalición Federal, UCR, Innovación y eventualmente Pro”, advierte una de las espadas legislativas de los gobernadores.
Molesto por la actitud “irresponsable” del Gobierno, Pichetto es uno de los promotores de la idea de firmar un dictamen propio y consensuado entre los bloques aliados para garantizar que forzarán los cambios en el recinto. Es decir, plantean acompañar en general la ley ómnibus, pero introducir modificaciones en la votación en particular (jubilaciones, retenciones, privatizaciones o delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo), en caso de que el Gobierno se cierre y no acepte negociar.
Ayer a la tarde, los aliados le advirtieron a Menem que no hay acuerdo para sesionar el sábado, como pretendía el Gobierno. En el espacio de Pichetto y Emilio Monzó creen que si no surge un dictamen ordenado de la comisión, la votación en el recinto podría ser dantesca y riesgosa para el oficialismo.
El tema central es el artículo del sistema previsional, cuya reforma es crucial para la meta de Caputo de lograr el déficit cero. Pero el efecto social que tendría esa propuesta es difícil de digerir para los aliados de LLA, incluso para Pro. “Los jubilados perdieron el 50% de poder adquisitivo con la fórmula del gobierno anterior. Hay que cuidar la eficiencia del gasto, pero garantizar, al menos, que no van a perder con la inflación”, dice uno de los encargados de la UCR de llevar adelante las negociaciones.
Durante la cumbre virtual, Frigerio, Torres, Cornejo y Pullaro ratificaron su preocupación por la decisión del Gobierno de avanzar con subas a las retenciones que impactan en las economías regionales. Se quejan de que afectan las actividades productivas o distorsionan la capacidad de esos sectores, y “atentan” contra las exportaciones. Respaldan la necesidad de desregular la economía o alcanzar el equilibrio fiscal y el objetivo de Milei de cumplir la meta de superávit fiscal primario que acordó con el FMI. Pero rechazan que el “ajuste” recaiga sobre los jubilados o los exportadores.
“Estamos para votar la ley, pero tienen que entender que nuestros legisladores del interior no pueden votar las retenciones a las zonas productivas”, avisan los “halcones” de Bullrich.
El martes, los diputados de los bloques aliados le plantearon a Menem y la comitiva de funcionarios que envió el Poder Ejecutivo una opción alternativa: revisar el sistema impositivo y gastos tributarios donde la Nación pierde recaudación.
“Nos desacreditaron, dijeron que estaba mal calculado. Tienen una mirada cerrada. Esperamos una respuesta”, señalan en el radicalismo. En la UCR advierten que, en caso de que el Gobierno mantenga su posición y no se abra a debatir la chance de indexar los haberes jubilatorios por inflación o revisar los derechos a la exportación, debatirán hoy con los gobernadores un “dictamen común”. Ese sector impulsa, además, cambios en el blanqueo –piden incorporar beneficios a los contribuyentes que cumplen– y en el plan para privatizar empresas públicas.
Es una incógnita cómo se moverá Pro ante la posibilidad de que LLA no revea su rechazo a la indexación de las jubilaciones o a revisar la propuesta sobre las retenciones. “Es nuestro semáforo, hay más verde que rojo, pero lo de jubilaciones es importante”, dicen en Pro.
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La irrupción del “gran centro” criollo
Carlos Pagni
De loredo, Pichetto, Monzó y el presidente Milei
Desde hace poco más de un mes se ha instalado un gobierno con peculiaridades muy marcadas. Liderazgo personalista, aspiración fundacional, programa conflictivo, debilidad parlamentaria. Sobre la plataforma de esas características, en medio de una tormenta económica, Javier Milei encara la administración del país. Esa práctica está abriendo curso a una nueva circulación del poder. Para advertirlo conviene observar el experimento inaugural: el intento de convalidar dos enormes proyectos normativos.
El decreto de necesidad y urgencia y, sobre todo, el inventario de reformas enviadas al Congreso en una ley gigantesca. Al amparo del afán por imponer estas iniciativas están emergiendo actores relevantes, se tejen nuevas asociaciones, se insinúa una fórmula que podría ser la clave política de este tramo inaugural del gobierno de Milei.
El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una propuesta que ya desde el título alberdiano anticipa una megalomanía legislativa: “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. La aspiración que se manifiesta en esos 664 artículos contrasta con la indigencia partidaria de un bloque de 38 legisladores. La aprobación de esa norma demanda el auxilio de otras fuerzas. En ese ejercicio va surgiendo un protagonista destinado a ser el contrapunto de la gestión Milei. Para leer este proceso puede ayudar una comparación, con las deficiencias propias de las comparaciones. En 2019, Jair Bolsonaro se propuso conducir el giro de Brasil hacia la ultraderecha con 52 diputados sobre un total de 513. Esa aritmética fijó el límite de una agitación discursiva que imputaba a la clase política todas las miserias del país. Bolsonaro no tardó en advertir que su aventura solo se salvaría del naufragio aferrándose a la tabla que le proporcionaba un grupo de legisladores moderados, si se quiere grises, pero muy conscientes de la oportunidad que les ofrecía la fragilidad estructural del nuevo líder. A ese núcleo la tradición brasileña ya le había asignado un nombre: eran el “Centrão”. El Gran Centro. Son parlamentarios atados a intereses específicos, territoriales o personales, que renuncian a un gran sueño nacional, pero suministran a quienes tienen ese sueño un andador que habilita y limita al mismo tiempo. A Bolsonaro le sacaron un presupuesto alternativo al oficial, que repartían a su antojo.
En el Congreso argentino asoma un animal de esa misma especie. Es un conjunto de legisladores que descubrió la oportunidad que ofrece la vulnerabilidad parlamentaria del Presidente. En ese “centrão” están el Pro, los radicales y, sobre todo, Hacemos Coalición Federal. Esas tres bancadas, a pesar de las contradicciones internas que cobija cada una, suman 94 diputados. Son la llave para que La Libertad Avanza, con sus 38 integrantes, a las que se agregan las de 4 aliados dispersos, se estire hasta 136 bancas. Suficiente mayoría.
Todos estos diputados están presionados por un factor: las encuestas siguen consignando que el sector de la opinión pública al que están vinculados apoya a Milei. Aun cuando hay mediciones muy recientes,como una de Poliarquía, que registran una caída del 67 al 58%, esa alianza con la base electoral que conformó el 56% en el balotaje es la palanca con la que el Presidente mueve la política. Nada que no esté a la vista: todos los días Milei se está sirviendo, para arrinconar al parlamento, del poder de su palabra, muchas veces insultante. Debería recordar aquel consejo que figuraba, clavado con chinches, hace añares, en una escalera de la Cámara baja: “No pise a nadie al subir. Se lo puede encontrar al bajar”.
El enjambre muy diverso de legisladores que se está constituyendo es consciente de su capacidad. No disfruta de un gran caudal de votos. Pero tiene el número de bancas que el Gobierno necesita. Coordinarse para consolidar ese número significa una posibilidad muy productiva de poder. El argumento: garantizar a la sociedad que el país resulte gobernable.
Eljuegoquepermiteestaanatomía del Congreso se está desplegando en la sesión permanente que se celebra en la presidencia de Diputados. Allí, bajo la mirada de Martín Menem, se está redactando el dictamen que el oficialismo, acaso con demasiado optimismo, busca aprobar mañana. Los borradores van y vuelven desde el parlamento a la Casa Rosada, con las correcciones y vetos de los diputados del “centrão”. Reciben el recado el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, “el tecnócrata invisible”; su segundo, José Rolandi; el ministro del Interior, Guillermo Francos: y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Posse y Luis Caputo viajaron a Davos con el Presidente y se olvidaron de que el Congreso esperaba una definición sobre los borradores que se negociaron. El trámite parlamentario quedó detenido. Anoche la discusión ingresó en una crisis que demandó la presencia del Mago del Kremlin: el experto en imagen Santiago Caputo se trasladó hasta el Congreso para analizar con Menem el camino a seguir.
En una síntesis salvaje, la ley seguiría estos lineamientos: el Ejecutivo obtendría una declaración de emergencia por un año, que el Legislativo podría renovar por uno más; la actualización jubilatoria podría ser definida por el Ejecutivo, pero ateniéndose al índice de precios de los alimentos; la retenciones, que tuvieron una censura drástica expuesta por Fernando Landa, del Centro de Exportadores, no se aplicarían a los productos regionales; las privatizaciones deberían realizarse con un seguimiento previo y posterior del parlamento y no incluirían a YPF, el Banco Nación ni Arsat; del blanqueo quedarían excluidos los funcionarios del gobierno anterior; y la moratoria tendría que contemplar un premio para el que ha venido pagando.
Esas definiciones son las más relevantes porque corresponden al capítulo fiscal, del que depende la supervivencia del Gobierno. El resto tendría alteraciones más dramáticas. No habrá número para una reforma electoral. Tampoco se establecerá el juicio por jurados. Esta última limitación es muy desafiante para Mariano Cúneo Libarona: el ministro de Justicia justificó el mantenimiento del aberrante y muy opaco sistema de registros del automotor en los recursos que le demanda la implementación del nuevo procedimiento penal. Hay que recordar que una de las primeras medidas de Cúneo al ocupar su cargo fue aumentar, no reducir, el arancel de las registraciones. Pasable inconsistencia de un libertario. ¿Deberá soportar también que se preserve la posibilidad de ser parte querellante en los procesos para la Oficina Anticorrupción? Está en discusión. En el campo judicial hay otra novedad: la reforma del Código Civil y Comercial, objetada en una brillante exposición por Aída Kemelmajer, quedará para otra oportunidad. Alivio para Ricardo Lorenzetti, padre del código vigente.
La potencia de los bloques legislativos que sostienen y restringen al Gobierno está atenuada por las discusiones internas. El Pro está muy próximo a Milei. El mismo Presidente se encargó de recordarlo: la fórmula presidencial Patricia Bullrich-Luis Petri integra el gabinete. Los diputados ligados a Bullrich son, por lógica, los más oficialistas. Pero en esa bancada hay que temer otra disputa: Macri piensa reclamar la jefatura del partido. Y Bullrich evalúa desafiarlo. Es una discusión que, por reflejo, afectaría a Milei.
El radicalismo también tiene una fisura, sobre la que hace equilibrio Rodrigo De Loredo, presidente del bloque. Un ala responde a la presión del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aliado del de Corrientes, Gustavo Valdés. Son los más cercanos a Milei. En la otra vereda está Facundo Manes, con una militancia crítica similar a la de Emiliano Yacobitti, alter ego de Martín Lousteau en la Capital. Yacobitti y Lousteau tienen serias reservas frente a la gestión de La Libertad Avanza. Salvo en lo relativo a una repartición: el PAMI. Allí Milei designó como subinterventor a Carlos Zamparolo, quien viene de ser director de la obra social de la UBA, el reino de Yacobitti. Antes del balotaje, Zamparolo se ufanaba de ser el candidato de Sergio Massa a la conducción de la mutual de los abuelos. ¿Este leal a Yacobitti habrá llegado a la subintervención por influencia de Massa? “Acá el que no corre, vuela”, habrá pensado el nuevo jefe del PAMI, Esteban Leguizamo, denunciado y elogiado al mismo tiempo por su antecesora, Graciela Ocaña. La denuncia se debió a un presunto desvío de fondos que Ocaña imputó a la gestión de Luana Volnovich, de La Cámpora, en la que Leguizamo tuvo también protagonismo. La continuidad avanza.
La gravitación de Massa en el nuevo gabinete sigue siendo misteriosa. Guillermo Michel proyecta su sombra sobre la AFIP a través de Juan Conte, el subdirector financiero, que está a cargo de las contrataciones. Pero Michel no pudo aun garantizarse una colina decisiva: la subdirección de Auditoría Interna, para la que impulsó a Cecilia Jorge, quien fue la auditora de la Aduana durante su gestión. La nueva interventora, Florencia Misrahi, le habría puesto un límite. ¿Querrá revisar el oscuro sistema de importaciones que no se animó a investigar el fiscal Eduardo Taiano? Massa se garantizó una continuidad amigable en AySA, el feudo de su esposa, Malena Galmarini. Y ahora quiere controlar la embajada en el Vaticano, a través de su amigo Jorge O’Reilly. Este piadoso desarrollador inmobipal: liario tiene una confianza ilimitada en la clemencia del papa Francisco. Sencillo: O’Reilly formó parte de la conjura maquinada por Massa, en combinación con Esteban Caselli, el obispo Oscar Sarlinga, y el exejecutivo de Aeropuertos Argentina 2000, Emilio Noseda, para defenestrar a Jorge Bergoglio cuando se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires. Néstor Kirchner quería ver rodar esa mitra. Pero rodó la de Sarlinga. O’Reilly se jacta de que el Santo Padre lo perdonó, cargando todas las responsabilidades sobre Massa, que le hizo morder la manzana de la rebelión. ¿Será verdad?
Sobre la influencia del exministro de Economía en el gobierno de quien lo derrotó circulan muchas fantasías. Algunas escabrosas. Carlos Maslatón ya se encargó de atestiguar, en el programa “La Mirada”, de Roberto García, que Massa financió a Milei para dañar a Juntos por el Cambio. Ahora aparece este interrogante: ¿alguien filmó a los que recibían el dinero? Responde un íntimo de Massa: “Sergio sería incapaz de ordenar eso”. Es una aclaración importantísima. Porque nunca una campaña presidencial estuvo tan contaminada por el espionaje clandestino como la que tuvo al caudillo de Tigre como competidor. Basta releer las notas que Hugo Alconada Mon publicó sobre esos vicios.
Los pactos con Massa no son los únicos compromisos difíciles de entender en el nuevo oficialismo. En la Procuración del Tesoro fue designado, como subprocurador, el abogado Andrés de la Cruz. Se especula con que estará a cargo de los litigios internacionales. ¿Por qué es escandaloso? Porque De la Cruz fue abogado de la familia Eskenazi, que está asociada a la demanda de 16.000 millones de dólares del fondo Burford por la estatización de YPF, que es el principal caso internacional que enfrenta la Argentina. Todas las versiones sostienen que De la Cruz llegó allí por recomendación del ministro Luis Caputo. Movimientos subterráneos que deberían ser aclarados por una facción política que se identifica con las “fuerzas del Cielo”.
Paracomprenderlaconfiguración que se va desplegando a propósito del plan legislativo de Milei hay que prestar atención a una figura princiMauricio Miguel Pichetto, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, una escuadra transversal que va de la Coalición Cívica de Juan Manuel López al dúo Emilio Monzó/Nicolás Massot, pasando por Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer. Las razones son varias. En principio, Pichetto es, en esencia, un menemista, algo que lo acerca al presidente de la Cámara. Además, ya llevó adelante, en una escala menos ambiciosa, la tarea de sostener a un gobierno en minoría administrando la discordia y el acuerdo. Fue durante la gestión de Macri, de quien se convirtió en compañero de fórmula. Pero el principal capital de Pichetto es su cercanía con el peronismo. Pasa por ahí un proceso en ciernes, con el que se combina el trabajo del ministro Francos: producir una secesión en la bancada de Unión por la Patria.
La primera fisura ocurrió antes de que Milei asumiera la Presidencia. Fue con el nacimiento del bloque Innovación Federal, integrado por diputados que responden a los oficialismos de Misiones, Río Negro, Neuquén y Salta. Es un mosaico que, estimulado por Massa, se desprendió de Unión por la Patria. Los salteños, encabezados por el gobernador Gustavo Sáenz, recibieron una dependencia que los compromete: la secretaría de Minería para la exsecretaria de Energía de Massa, Flavia Royón, ligada a los Brito, padre e hijo, desde que tiene uso de razón. Royón administra una palabra cuyo poder hipnótico alcanza también a algunos diputados kirchneristas: litio.
En una incursión más audaz sobre las filas de Cristina Kirchner, Martín Menem y Francos abrieron una negociación con los gobernadores. Cuentan con la colaboración del catamarqueño Raúl Jalil y del santiagueño Gerardo Zamora. Para entender hay que seguir uniendo puntos: fueron los padrinos de la candidatura de Massa para voltear la de Eduardo “Wado” De Pedro. Dicho de otro modo: encabezan un equipo federal que desde hace tiempo pretende emanciparse de la tutela de la expresidenta. Y, sobre todo, del padrinazgo que su hijo Máximo sigue ejerciendo sobre la conducción del bloque peronista a través de Germán Martínez. Con Jalil y con Zamora se alinea el tucumano Osvaldo Jaldo.
El club de gobernadores se motiva en una agenda precisa al tope de la cual está la pretensión de recuperar los ingresos del impuesto a las Ganancias, recortados por Massa. Milei quiere que se lo pidan en público, que paguen el costo. Esta esgrima está en el fondo de las dificultades para sacar la “megaley”. Además, hay otros reclamos. Las provincias petroleras y mineras se niegan a admitir el avance del Poder Ejecutivo sobre concesiones que son de su competencia. Sobre este problema conversaron la semana pasada en El Messidor los gobernadores de la Patagonia, que también se organizan para negociar con Milei. Errores imperdonables de tres grandes estudios jurídicos que prestaron históricos servicios a Eduardo Eurnekian y que asesoraron a la Jefatura de Gabinete en la redacción de esos escritos. Una curiosidad que recorre tribunales: ¿esos estudios patrocinarán a empresas que litiguen contra estas mismas normas? A propósito de este problema, ayer Vilma Ibarra preguntó si el Gobierno se hace asesorar por abogados privados. La inquietud obedece a que una funcionaria de la Secretaría Legal y Técnica confesó, por escrito, llena de candor, que el DNU de Federico Sturzenegger fue dictado sin revisión técnica oficial. Ibarra señaló que es una irregularidad administrativa. Ahora hay que esperar que el planteo llegue a Tribunales.
En el club patagónico hizo escuchar su enojo por las reformas pesqueras el chubutense Ignacio Torres, que tiene una conexión con ese negocio desde mucho antes de ser gobernador. Torres milita en el Pro, pero es ecuménico. Sin ir más lejos, acaba de designar como vicepresidente segundo del Banco de Chubut a quien, hasta el 10 de diciembre, fue secretario privado de Alberto Fernández: Nicolás Ritacco. Este vecino de Comodoro Rivadavia comparte padrinos con el expresidente: Cristóbal López y Fabián de Sousa.
La ocurrencia de enviar al Congreso un mamotreto de 664 artículos en los que se amenaza con remover prebendas o derechos a infinidad de sectores, ha dado lugar a innumerables negociaciones paralelas. Una que amenaza con convertirse en un escándalo es la que se desarrolla alrededor del impuesto a los cigarrillos. Ese gravamen ha enfrentado a las grandes multinacionales, como Phillip Morris o British American Tobacco, con Tabacalera Sarandí, del empresario local Pablo Otero. Sarandí, afirman en el mercado, habría recurrido para esa disputa a grandes celebridades del submundo: desde Antonio Stiuso a Adrián Kochen.
La guerra llegó al Congreso de manera paradójica. Un grupo de diputados estaría proponiendo que se dé de baja el artículo del Ejecutivo, para mantener un statu quo judicial que beneficiaría a Sarandí, que evita pagar el impuesto a los cigarrillos escudándose en una medida cautelar. “Que termine de decidir la Justicia, para eso hay un proceso”, alegan los legisladores. Las multinacionales identifican a tres de ellos detrás de esa gestión: Diego Santilli, quien anteayer se mantuvo callado durante toda la reunión con el equipo económico, salvo cuando apareció el tema tacacalero; el candidato de Macri a presidir la Cámara, Cristian Ritondo, a quien sus viejos amigos de Mataderos comenzaron a llamar, con todo cariño, “Pucho”; y el kirchnerista salteño Carlos Zapata. Habladurías que podrían confirmarse por algunos movimientos registrados la semana pasada en el plenario de comisiones.
Enfrente de este mosaico opositor al que está atado el destino de Milei, aparece un kirchnerismo enigmático. Cristina Kirchner controla un bloque que, sin desprendimientos, cuenta con 102 diputados. Su poder depende de que los otros no converjan. En el Senado tuvo una mala experiencia: Victoria Villarruel logró consagrar al presidente provisional, Bartolomé Abdala, por 39 votos contra 33 del peronismo.
Más allá de las matemáticas, la relación de Milei con la señora de Kirchner se maneja por túneles inesperados. Un ejemplo: su celoso guardián, el comisario Diego Carbone, fue ascendido y ahora tiene a cargo un cuerpo de custodios de expresidentes y exvicepresidentes. 108 efectivos, 30 autos, casi un ejército. La Policía Federal es, como la AFI, parte del planeta Posse. Por lo tanto, lleva la marca de Aeropuertos: armó la cúpula el nuevo jefe, Luis Rollé, que era el superintendente de Aviación Federal, responsable, por lo tanto, del hangar que donó Eurnekian en el Aeroparque. Lo habría asesorado un oficial retirado, encargado de la seguridad de los free shops. Apresurados, hicieron tabla rasa con el trabajo de la Junta de Calificaciones de la gestión anterior, convirtiendo en santos a algunos pecadores. Como dijo Leguizamo, el que no corre vuela.
Los gobernadores de Juntos por el Cambio cierran filas y redoblan la presión sobre el presidente Javier Milei para que convoque “de urgencia” a una mesa de diálogo con la oposición y acepte revisar el capítulo fiscal de la ley ómnibus, sobre todo lo referido a la actualización de las jubilaciones y el esquema de retenciones. El objetivo de lograr un entendimiento y acelerar la aprobación del megaproyecto en la Cámara de Diputados antes de fin de mes.
En caso de que Milei no designe interlocutores “relevantes” en las próximas horas y habilite cambios, advierten en la tropa de JxC, mandatarios provinciales avanzarán con la elaboración de un dictamen propio, junto a los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Resta saber cómo se posicionaría Pro ante la chance de que la Casa Rosada se resista a introducir modificaciones en el artículo vinculado al sistema previsional y los derechos a la exportación, y pretenda que lo acompañen a libro cerrado. “La intención es que el Gobierno reflexione y acceda a un plan fiscal alternativo al ajuste de jubilados, asalariados y exportadores”, apuntan en la bancada de Miguel Ángel Pichetto, que pide al oficialismo que se aboque al paquete económico de la ley, las reformas urgentes para abordar la crisis. “No hay ida y vuelta, no hay devolución”, se quejan.
Las bancadas aliadas esperan una respuesta a sus planteos en las próximas horas, después de dos jornadas consecutivas de intercambios sobre los ejes centrales de la ley. Un grupo de gobernadores de JxC planea viajar hoy a Buenos Aires para reunirse con autoridades parlamentarias y tomar una definición ante la posibilidad de que La Libertad Avanza (LLA) apure la firma del dictamen. Deslizan que los libertarios deben replantear el escenario si no quieren que el debate de la ley ómnibus comience a descarrilar o ingrese en un estado de agonía parlamentaria.
Fuera de micrófono, integrantes de la liga de gobernadores del extinto Cambiemos despotrican por la falta de un interlocutor “válido” con el oficialismo o una figura que centralice las decisiones frente a los reclamos. Reconocen la voluntad del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de Guillermo Francos, ministro del Interior, pero creen que ellos no toman la decisión final y no tienen potestad para cerrar la negociación. Aseguran que no volvieron a tener contacto con el Poder Ejecutivo después del encuentro por Zoom del viernes. “Martín es un correo. Transmite, pero no define. Y Luis Caputo nos dice: ‘yo estoy para bajar el déficit fiscal, no me vengan con la política’”, grafican en una fuerza opositora dialoguista.
A los mandatarios les inquieta el impacto que tendría la suba de retenciones a las economías regionales en sus distritos y les irritan las idas y venidas de la Casa Rosada en torno a la reversión del impuesto a las ganancias, que impacta en su nivel de recaudación. Por lo pronto, Francos, que intenta contener el coro de reclamos y rebajar la tensión ante la ausencia de Nicolás Posse, jefe de Gabinete, retoma los contactos con Cristian Ritondo, titular del bloque de Pro. Intentará tender puentes y reconstruir el vínculo en la antesala de la batalla parlamentaria.
Tensión por los reclamos
Las tratativas con el Gobierno por la ley ómnibus reavivaron las disputas internas de la galaxia de JxC. El sector de Pro que conduce Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, sospecha de una supuesta maniobra de referentes de la excoalición para “frenar” la conversación con el oficialismo o “desguazar” el megaproyecto: “¿Quieren ayudar a Milei o esperan que le vaya mal al Gobierno para que haya una reedición de JxC? Hubo avances y esperemos a ver cómo evoluciona”, lanza una figura leal a Bullrich en el Congreso. En el entorno de la titular de Pro apelan a la ironía a la hora de referirse al variopinto bloque de Pichetto: lo denominan “la consultora”.
Por el contrario, otros diputados fieles a Bullrich, que los “empuja” en reuniones privadas para que voten a favor de las reformas, admiten que detectan falencias e “impericia” en la articulación del Gobierno con el Congreso: “Algo tienen que ceder si quieren que se apruebe la ley, ¿o quieren que fracase?”, señala un alfil de Pro. Alertas por la chance de que haya tres dictámenes –y que el kirchnerismo se quede con el mayoritario–, le sugieren a los libertarios que reaccionen.
Después de que se estancaran las negociaciones entre el Gobierno y los emisarios de los bloques de la oposición que están dispuestos a acompañar al oficialismo para darle media sanción a la “ley de bases”, pero imponen condiciones para convalidar el amplio paquete de reformas de Milei, mandatarios de Pro y de la UCR se reunieron antenoche, vía Zoom, con diputados que están llevando adelante las tratativas con LLA. A la cumbre asistieron Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). Del lado de los legisladores se sentaron Rodrigo de Loredo (UCR), Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Nicolás Massot (HCF), Alejandro Cacace (UCR), Lisandro Nieri (UCR) y Damián Arabia (Pro), entre otros. A lo largo de la conversación, los gobernadores se interiorizaron sobre el estado de la negociación con LLA, que se empantanó el martes después de que se discutiera el artículo 106 de la ley ómnibus, que propone suspender la fórmula actual y que el Poder Ejecutivo pueda realizar ajustes discrecionales hasta que se determine un nuevo cálculo, y el esquema de retenciones.
“Si el gobierno no habilita una discusión en serio con interlocutores relevantes, la reunión de mañana será para unificar un dictamen propio y diferente al del gobierno entre Hacemos Coalición Federal, UCR, Innovación y eventualmente Pro”, advierte una de las espadas legislativas de los gobernadores.
Molesto por la actitud “irresponsable” del Gobierno, Pichetto es uno de los promotores de la idea de firmar un dictamen propio y consensuado entre los bloques aliados para garantizar que forzarán los cambios en el recinto. Es decir, plantean acompañar en general la ley ómnibus, pero introducir modificaciones en la votación en particular (jubilaciones, retenciones, privatizaciones o delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo), en caso de que el Gobierno se cierre y no acepte negociar.
Ayer a la tarde, los aliados le advirtieron a Menem que no hay acuerdo para sesionar el sábado, como pretendía el Gobierno. En el espacio de Pichetto y Emilio Monzó creen que si no surge un dictamen ordenado de la comisión, la votación en el recinto podría ser dantesca y riesgosa para el oficialismo.
El tema central es el artículo del sistema previsional, cuya reforma es crucial para la meta de Caputo de lograr el déficit cero. Pero el efecto social que tendría esa propuesta es difícil de digerir para los aliados de LLA, incluso para Pro. “Los jubilados perdieron el 50% de poder adquisitivo con la fórmula del gobierno anterior. Hay que cuidar la eficiencia del gasto, pero garantizar, al menos, que no van a perder con la inflación”, dice uno de los encargados de la UCR de llevar adelante las negociaciones.
Durante la cumbre virtual, Frigerio, Torres, Cornejo y Pullaro ratificaron su preocupación por la decisión del Gobierno de avanzar con subas a las retenciones que impactan en las economías regionales. Se quejan de que afectan las actividades productivas o distorsionan la capacidad de esos sectores, y “atentan” contra las exportaciones. Respaldan la necesidad de desregular la economía o alcanzar el equilibrio fiscal y el objetivo de Milei de cumplir la meta de superávit fiscal primario que acordó con el FMI. Pero rechazan que el “ajuste” recaiga sobre los jubilados o los exportadores.
“Estamos para votar la ley, pero tienen que entender que nuestros legisladores del interior no pueden votar las retenciones a las zonas productivas”, avisan los “halcones” de Bullrich.
El martes, los diputados de los bloques aliados le plantearon a Menem y la comitiva de funcionarios que envió el Poder Ejecutivo una opción alternativa: revisar el sistema impositivo y gastos tributarios donde la Nación pierde recaudación.
“Nos desacreditaron, dijeron que estaba mal calculado. Tienen una mirada cerrada. Esperamos una respuesta”, señalan en el radicalismo. En la UCR advierten que, en caso de que el Gobierno mantenga su posición y no se abra a debatir la chance de indexar los haberes jubilatorios por inflación o revisar los derechos a la exportación, debatirán hoy con los gobernadores un “dictamen común”. Ese sector impulsa, además, cambios en el blanqueo –piden incorporar beneficios a los contribuyentes que cumplen– y en el plan para privatizar empresas públicas.
Es una incógnita cómo se moverá Pro ante la posibilidad de que LLA no revea su rechazo a la indexación de las jubilaciones o a revisar la propuesta sobre las retenciones. “Es nuestro semáforo, hay más verde que rojo, pero lo de jubilaciones es importante”, dicen en Pro.
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La irrupción del “gran centro” criollo
Carlos Pagni
Desde hace poco más de un mes se ha instalado un gobierno con peculiaridades muy marcadas. Liderazgo personalista, aspiración fundacional, programa conflictivo, debilidad parlamentaria. Sobre la plataforma de esas características, en medio de una tormenta económica, Javier Milei encara la administración del país. Esa práctica está abriendo curso a una nueva circulación del poder. Para advertirlo conviene observar el experimento inaugural: el intento de convalidar dos enormes proyectos normativos.
El decreto de necesidad y urgencia y, sobre todo, el inventario de reformas enviadas al Congreso en una ley gigantesca. Al amparo del afán por imponer estas iniciativas están emergiendo actores relevantes, se tejen nuevas asociaciones, se insinúa una fórmula que podría ser la clave política de este tramo inaugural del gobierno de Milei.
El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una propuesta que ya desde el título alberdiano anticipa una megalomanía legislativa: “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. La aspiración que se manifiesta en esos 664 artículos contrasta con la indigencia partidaria de un bloque de 38 legisladores. La aprobación de esa norma demanda el auxilio de otras fuerzas. En ese ejercicio va surgiendo un protagonista destinado a ser el contrapunto de la gestión Milei. Para leer este proceso puede ayudar una comparación, con las deficiencias propias de las comparaciones. En 2019, Jair Bolsonaro se propuso conducir el giro de Brasil hacia la ultraderecha con 52 diputados sobre un total de 513. Esa aritmética fijó el límite de una agitación discursiva que imputaba a la clase política todas las miserias del país. Bolsonaro no tardó en advertir que su aventura solo se salvaría del naufragio aferrándose a la tabla que le proporcionaba un grupo de legisladores moderados, si se quiere grises, pero muy conscientes de la oportunidad que les ofrecía la fragilidad estructural del nuevo líder. A ese núcleo la tradición brasileña ya le había asignado un nombre: eran el “Centrão”. El Gran Centro. Son parlamentarios atados a intereses específicos, territoriales o personales, que renuncian a un gran sueño nacional, pero suministran a quienes tienen ese sueño un andador que habilita y limita al mismo tiempo. A Bolsonaro le sacaron un presupuesto alternativo al oficial, que repartían a su antojo.
En el Congreso argentino asoma un animal de esa misma especie. Es un conjunto de legisladores que descubrió la oportunidad que ofrece la vulnerabilidad parlamentaria del Presidente. En ese “centrão” están el Pro, los radicales y, sobre todo, Hacemos Coalición Federal. Esas tres bancadas, a pesar de las contradicciones internas que cobija cada una, suman 94 diputados. Son la llave para que La Libertad Avanza, con sus 38 integrantes, a las que se agregan las de 4 aliados dispersos, se estire hasta 136 bancas. Suficiente mayoría.
Todos estos diputados están presionados por un factor: las encuestas siguen consignando que el sector de la opinión pública al que están vinculados apoya a Milei. Aun cuando hay mediciones muy recientes,como una de Poliarquía, que registran una caída del 67 al 58%, esa alianza con la base electoral que conformó el 56% en el balotaje es la palanca con la que el Presidente mueve la política. Nada que no esté a la vista: todos los días Milei se está sirviendo, para arrinconar al parlamento, del poder de su palabra, muchas veces insultante. Debería recordar aquel consejo que figuraba, clavado con chinches, hace añares, en una escalera de la Cámara baja: “No pise a nadie al subir. Se lo puede encontrar al bajar”.
El enjambre muy diverso de legisladores que se está constituyendo es consciente de su capacidad. No disfruta de un gran caudal de votos. Pero tiene el número de bancas que el Gobierno necesita. Coordinarse para consolidar ese número significa una posibilidad muy productiva de poder. El argumento: garantizar a la sociedad que el país resulte gobernable.
Eljuegoquepermiteestaanatomía del Congreso se está desplegando en la sesión permanente que se celebra en la presidencia de Diputados. Allí, bajo la mirada de Martín Menem, se está redactando el dictamen que el oficialismo, acaso con demasiado optimismo, busca aprobar mañana. Los borradores van y vuelven desde el parlamento a la Casa Rosada, con las correcciones y vetos de los diputados del “centrão”. Reciben el recado el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, “el tecnócrata invisible”; su segundo, José Rolandi; el ministro del Interior, Guillermo Francos: y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Posse y Luis Caputo viajaron a Davos con el Presidente y se olvidaron de que el Congreso esperaba una definición sobre los borradores que se negociaron. El trámite parlamentario quedó detenido. Anoche la discusión ingresó en una crisis que demandó la presencia del Mago del Kremlin: el experto en imagen Santiago Caputo se trasladó hasta el Congreso para analizar con Menem el camino a seguir.
En una síntesis salvaje, la ley seguiría estos lineamientos: el Ejecutivo obtendría una declaración de emergencia por un año, que el Legislativo podría renovar por uno más; la actualización jubilatoria podría ser definida por el Ejecutivo, pero ateniéndose al índice de precios de los alimentos; la retenciones, que tuvieron una censura drástica expuesta por Fernando Landa, del Centro de Exportadores, no se aplicarían a los productos regionales; las privatizaciones deberían realizarse con un seguimiento previo y posterior del parlamento y no incluirían a YPF, el Banco Nación ni Arsat; del blanqueo quedarían excluidos los funcionarios del gobierno anterior; y la moratoria tendría que contemplar un premio para el que ha venido pagando.
Esas definiciones son las más relevantes porque corresponden al capítulo fiscal, del que depende la supervivencia del Gobierno. El resto tendría alteraciones más dramáticas. No habrá número para una reforma electoral. Tampoco se establecerá el juicio por jurados. Esta última limitación es muy desafiante para Mariano Cúneo Libarona: el ministro de Justicia justificó el mantenimiento del aberrante y muy opaco sistema de registros del automotor en los recursos que le demanda la implementación del nuevo procedimiento penal. Hay que recordar que una de las primeras medidas de Cúneo al ocupar su cargo fue aumentar, no reducir, el arancel de las registraciones. Pasable inconsistencia de un libertario. ¿Deberá soportar también que se preserve la posibilidad de ser parte querellante en los procesos para la Oficina Anticorrupción? Está en discusión. En el campo judicial hay otra novedad: la reforma del Código Civil y Comercial, objetada en una brillante exposición por Aída Kemelmajer, quedará para otra oportunidad. Alivio para Ricardo Lorenzetti, padre del código vigente.
La potencia de los bloques legislativos que sostienen y restringen al Gobierno está atenuada por las discusiones internas. El Pro está muy próximo a Milei. El mismo Presidente se encargó de recordarlo: la fórmula presidencial Patricia Bullrich-Luis Petri integra el gabinete. Los diputados ligados a Bullrich son, por lógica, los más oficialistas. Pero en esa bancada hay que temer otra disputa: Macri piensa reclamar la jefatura del partido. Y Bullrich evalúa desafiarlo. Es una discusión que, por reflejo, afectaría a Milei.
El radicalismo también tiene una fisura, sobre la que hace equilibrio Rodrigo De Loredo, presidente del bloque. Un ala responde a la presión del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aliado del de Corrientes, Gustavo Valdés. Son los más cercanos a Milei. En la otra vereda está Facundo Manes, con una militancia crítica similar a la de Emiliano Yacobitti, alter ego de Martín Lousteau en la Capital. Yacobitti y Lousteau tienen serias reservas frente a la gestión de La Libertad Avanza. Salvo en lo relativo a una repartición: el PAMI. Allí Milei designó como subinterventor a Carlos Zamparolo, quien viene de ser director de la obra social de la UBA, el reino de Yacobitti. Antes del balotaje, Zamparolo se ufanaba de ser el candidato de Sergio Massa a la conducción de la mutual de los abuelos. ¿Este leal a Yacobitti habrá llegado a la subintervención por influencia de Massa? “Acá el que no corre, vuela”, habrá pensado el nuevo jefe del PAMI, Esteban Leguizamo, denunciado y elogiado al mismo tiempo por su antecesora, Graciela Ocaña. La denuncia se debió a un presunto desvío de fondos que Ocaña imputó a la gestión de Luana Volnovich, de La Cámpora, en la que Leguizamo tuvo también protagonismo. La continuidad avanza.
La gravitación de Massa en el nuevo gabinete sigue siendo misteriosa. Guillermo Michel proyecta su sombra sobre la AFIP a través de Juan Conte, el subdirector financiero, que está a cargo de las contrataciones. Pero Michel no pudo aun garantizarse una colina decisiva: la subdirección de Auditoría Interna, para la que impulsó a Cecilia Jorge, quien fue la auditora de la Aduana durante su gestión. La nueva interventora, Florencia Misrahi, le habría puesto un límite. ¿Querrá revisar el oscuro sistema de importaciones que no se animó a investigar el fiscal Eduardo Taiano? Massa se garantizó una continuidad amigable en AySA, el feudo de su esposa, Malena Galmarini. Y ahora quiere controlar la embajada en el Vaticano, a través de su amigo Jorge O’Reilly. Este piadoso desarrollador inmobipal: liario tiene una confianza ilimitada en la clemencia del papa Francisco. Sencillo: O’Reilly formó parte de la conjura maquinada por Massa, en combinación con Esteban Caselli, el obispo Oscar Sarlinga, y el exejecutivo de Aeropuertos Argentina 2000, Emilio Noseda, para defenestrar a Jorge Bergoglio cuando se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires. Néstor Kirchner quería ver rodar esa mitra. Pero rodó la de Sarlinga. O’Reilly se jacta de que el Santo Padre lo perdonó, cargando todas las responsabilidades sobre Massa, que le hizo morder la manzana de la rebelión. ¿Será verdad?
Sobre la influencia del exministro de Economía en el gobierno de quien lo derrotó circulan muchas fantasías. Algunas escabrosas. Carlos Maslatón ya se encargó de atestiguar, en el programa “La Mirada”, de Roberto García, que Massa financió a Milei para dañar a Juntos por el Cambio. Ahora aparece este interrogante: ¿alguien filmó a los que recibían el dinero? Responde un íntimo de Massa: “Sergio sería incapaz de ordenar eso”. Es una aclaración importantísima. Porque nunca una campaña presidencial estuvo tan contaminada por el espionaje clandestino como la que tuvo al caudillo de Tigre como competidor. Basta releer las notas que Hugo Alconada Mon publicó sobre esos vicios.
Los pactos con Massa no son los únicos compromisos difíciles de entender en el nuevo oficialismo. En la Procuración del Tesoro fue designado, como subprocurador, el abogado Andrés de la Cruz. Se especula con que estará a cargo de los litigios internacionales. ¿Por qué es escandaloso? Porque De la Cruz fue abogado de la familia Eskenazi, que está asociada a la demanda de 16.000 millones de dólares del fondo Burford por la estatización de YPF, que es el principal caso internacional que enfrenta la Argentina. Todas las versiones sostienen que De la Cruz llegó allí por recomendación del ministro Luis Caputo. Movimientos subterráneos que deberían ser aclarados por una facción política que se identifica con las “fuerzas del Cielo”.
Paracomprenderlaconfiguración que se va desplegando a propósito del plan legislativo de Milei hay que prestar atención a una figura princiMauricio Miguel Pichetto, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, una escuadra transversal que va de la Coalición Cívica de Juan Manuel López al dúo Emilio Monzó/Nicolás Massot, pasando por Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer. Las razones son varias. En principio, Pichetto es, en esencia, un menemista, algo que lo acerca al presidente de la Cámara. Además, ya llevó adelante, en una escala menos ambiciosa, la tarea de sostener a un gobierno en minoría administrando la discordia y el acuerdo. Fue durante la gestión de Macri, de quien se convirtió en compañero de fórmula. Pero el principal capital de Pichetto es su cercanía con el peronismo. Pasa por ahí un proceso en ciernes, con el que se combina el trabajo del ministro Francos: producir una secesión en la bancada de Unión por la Patria.
La primera fisura ocurrió antes de que Milei asumiera la Presidencia. Fue con el nacimiento del bloque Innovación Federal, integrado por diputados que responden a los oficialismos de Misiones, Río Negro, Neuquén y Salta. Es un mosaico que, estimulado por Massa, se desprendió de Unión por la Patria. Los salteños, encabezados por el gobernador Gustavo Sáenz, recibieron una dependencia que los compromete: la secretaría de Minería para la exsecretaria de Energía de Massa, Flavia Royón, ligada a los Brito, padre e hijo, desde que tiene uso de razón. Royón administra una palabra cuyo poder hipnótico alcanza también a algunos diputados kirchneristas: litio.
En una incursión más audaz sobre las filas de Cristina Kirchner, Martín Menem y Francos abrieron una negociación con los gobernadores. Cuentan con la colaboración del catamarqueño Raúl Jalil y del santiagueño Gerardo Zamora. Para entender hay que seguir uniendo puntos: fueron los padrinos de la candidatura de Massa para voltear la de Eduardo “Wado” De Pedro. Dicho de otro modo: encabezan un equipo federal que desde hace tiempo pretende emanciparse de la tutela de la expresidenta. Y, sobre todo, del padrinazgo que su hijo Máximo sigue ejerciendo sobre la conducción del bloque peronista a través de Germán Martínez. Con Jalil y con Zamora se alinea el tucumano Osvaldo Jaldo.
El club de gobernadores se motiva en una agenda precisa al tope de la cual está la pretensión de recuperar los ingresos del impuesto a las Ganancias, recortados por Massa. Milei quiere que se lo pidan en público, que paguen el costo. Esta esgrima está en el fondo de las dificultades para sacar la “megaley”. Además, hay otros reclamos. Las provincias petroleras y mineras se niegan a admitir el avance del Poder Ejecutivo sobre concesiones que son de su competencia. Sobre este problema conversaron la semana pasada en El Messidor los gobernadores de la Patagonia, que también se organizan para negociar con Milei. Errores imperdonables de tres grandes estudios jurídicos que prestaron históricos servicios a Eduardo Eurnekian y que asesoraron a la Jefatura de Gabinete en la redacción de esos escritos. Una curiosidad que recorre tribunales: ¿esos estudios patrocinarán a empresas que litiguen contra estas mismas normas? A propósito de este problema, ayer Vilma Ibarra preguntó si el Gobierno se hace asesorar por abogados privados. La inquietud obedece a que una funcionaria de la Secretaría Legal y Técnica confesó, por escrito, llena de candor, que el DNU de Federico Sturzenegger fue dictado sin revisión técnica oficial. Ibarra señaló que es una irregularidad administrativa. Ahora hay que esperar que el planteo llegue a Tribunales.
En el club patagónico hizo escuchar su enojo por las reformas pesqueras el chubutense Ignacio Torres, que tiene una conexión con ese negocio desde mucho antes de ser gobernador. Torres milita en el Pro, pero es ecuménico. Sin ir más lejos, acaba de designar como vicepresidente segundo del Banco de Chubut a quien, hasta el 10 de diciembre, fue secretario privado de Alberto Fernández: Nicolás Ritacco. Este vecino de Comodoro Rivadavia comparte padrinos con el expresidente: Cristóbal López y Fabián de Sousa.
La ocurrencia de enviar al Congreso un mamotreto de 664 artículos en los que se amenaza con remover prebendas o derechos a infinidad de sectores, ha dado lugar a innumerables negociaciones paralelas. Una que amenaza con convertirse en un escándalo es la que se desarrolla alrededor del impuesto a los cigarrillos. Ese gravamen ha enfrentado a las grandes multinacionales, como Phillip Morris o British American Tobacco, con Tabacalera Sarandí, del empresario local Pablo Otero. Sarandí, afirman en el mercado, habría recurrido para esa disputa a grandes celebridades del submundo: desde Antonio Stiuso a Adrián Kochen.
La guerra llegó al Congreso de manera paradójica. Un grupo de diputados estaría proponiendo que se dé de baja el artículo del Ejecutivo, para mantener un statu quo judicial que beneficiaría a Sarandí, que evita pagar el impuesto a los cigarrillos escudándose en una medida cautelar. “Que termine de decidir la Justicia, para eso hay un proceso”, alegan los legisladores. Las multinacionales identifican a tres de ellos detrás de esa gestión: Diego Santilli, quien anteayer se mantuvo callado durante toda la reunión con el equipo económico, salvo cuando apareció el tema tacacalero; el candidato de Macri a presidir la Cámara, Cristian Ritondo, a quien sus viejos amigos de Mataderos comenzaron a llamar, con todo cariño, “Pucho”; y el kirchnerista salteño Carlos Zapata. Habladurías que podrían confirmarse por algunos movimientos registrados la semana pasada en el plenario de comisiones.
Enfrente de este mosaico opositor al que está atado el destino de Milei, aparece un kirchnerismo enigmático. Cristina Kirchner controla un bloque que, sin desprendimientos, cuenta con 102 diputados. Su poder depende de que los otros no converjan. En el Senado tuvo una mala experiencia: Victoria Villarruel logró consagrar al presidente provisional, Bartolomé Abdala, por 39 votos contra 33 del peronismo.
Más allá de las matemáticas, la relación de Milei con la señora de Kirchner se maneja por túneles inesperados. Un ejemplo: su celoso guardián, el comisario Diego Carbone, fue ascendido y ahora tiene a cargo un cuerpo de custodios de expresidentes y exvicepresidentes. 108 efectivos, 30 autos, casi un ejército. La Policía Federal es, como la AFI, parte del planeta Posse. Por lo tanto, lleva la marca de Aeropuertos: armó la cúpula el nuevo jefe, Luis Rollé, que era el superintendente de Aviación Federal, responsable, por lo tanto, del hangar que donó Eurnekian en el Aeroparque. Lo habría asesorado un oficial retirado, encargado de la seguridad de los free shops. Apresurados, hicieron tabla rasa con el trabajo de la Junta de Calificaciones de la gestión anterior, convirtiendo en santos a algunos pecadores. Como dijo Leguizamo, el que no corre vuela.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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