CLAOSCUROS DE UN PRESIDENTE ATÍPICO Y RECORTES

¿Hay que temerle a Milei?
Laura Di Marco


“A mí no tienen que evaluarme como un político tradicional”, le decía, pacíficamente, Javier Milei esta semana a una periodista con la que tiene trato diario, en la Casa Rosada. Lo dice en la misma semana en la que estalló desproporcionadamente contra otra periodista, a raíz de una información errónea sobre sus perros, un punto de extrema sensibilidad para él, aunque una minucia en medio del maremoto de urgencias en el está embarcada la Argentina. ¿Quién de los dos es Milei? Ambos, tal vez.
Hacía muchos años que los argentinos no discutíamos temas tan profundos y sensibles como los contenidos en los más de mil artículos que, entre la ley ómnibus y el DNU, Milei envió a un Congreso poco entrenado para esta gimnasia de alto rendimiento. Una clase política mareada por la derrota, a la que le dieron vuelta de golpe el escenario. Un giro que reconfiguró, incluso, al propio Congreso: topadora Milei eliminó de un plumazo la grieta K/anti-K, que dominó el Parlamento durante las últimas dos décadas. Ahora, hasta se los ve a los legisladores trabajando a full, en pleno enero. Primer triunfo de la motosierra: la “casta” se quedó sin vacaciones.
Desde esta semana, el plenario en Diputados está cruzado por gritos, reproches, pero también con debates sobre asuntos medulares, en un abanico que va desde modificaciones en la educación –como la exigencia de un examen al finalizar la secundaria o la habilitación de los padres para que supervisen las notas de sus hijos– hasta la ley de pesca. Desde un proyecto de defensa de la competencia –una herramienta orientada a corregir la distorsión de los oligopolios– hasta los privilegios de la industria farmacéutica o de la casta sindical.
“Cada cosa que toca es un tongo”, afirma un dirigente que almorzó recientemente con Milei. Y agrega: “No va a bajar sus banderas esenciales, aunque al programa que le armó Sturzenegger lo va a tamizar con la política. No se va a arriesgar a que todo fracase por no ceder en temas secundarios”. Ese es uno de sus problemas: mezclar lo esencial con lo accesorio.
En el grupo más cercano al presidente ronda el fantasma del fracaso de la ley Mucci, un proyecto de democratización sindical desbaratado por el peronismo, en los albores de la primavera democrática. La obsesión de Milei es, claramente, la reforma económica y, en ese plano, afirman quienes hablan con él, está dispuesto a morir con las botas puestas.
La excentricidad del personaje atrae a la prensa del mundo, tanto o más que, en su momento de gloria, lo hacía Cristina Kirchner. Un equipo francés esta grabando en Buenos Aires un documental sobre el libertario para la TV nacional francesa. “Milei es una telenovela. Huele a drama”, afirma Robin Milner, uno de sus productores. Las primeras imágenes que llegaron a su país del nuevo presidente fue la de un outsider con pelo enrevesado, que conectaba fuerte con la sociedad, blandiendo una motosierra en medio de una multitud. “Eso nos asustó, pero a la vez nos generó mucha curiosidad”, afirma el francés, quien compara a Milei con la ultraderechista Marine Le Pen.
¿Será una comparación acertada o, como dice el propio Milei, habrá que abandonar las categorías clásicas de la política, como las europeas, para analizarlo?
Una postal de esta semana revela la magnitud del cambio. El flamante secretario de Integración Socio Urbana (SISU), Sebastián Pareja, estrecho ladero libertario, le anunciaba a la tropa de Juan Grabois la caída de sus contratos. Cuando en la era Macri, sus funcionarios quisieron aplicar la motosierra gradualista en territorio piquetero, no pocos terminaron físicamente enfermos. Un tema del que se habla poco.
¿Hay que temerle a Milei?
Si al libertario le agarran ataques de furia por la red X y arremete contra periodistas, Néstor y Cristina financiaban escraches en medios del Estado, con programas corrosivos como 6,7,8; perseguían a medios con la AFIP y no dudaban en usar el aparato cultural, que alimentaban con dinero del Estado –o sea, de todos– para asociar a la prensa crítica con la última dictadura. Al lado de la perversidad orquestada por el matrimonio patagónico contra opositores y medios –uno de sus blancos predilectos–, los desbordes del nuevo presidente parecen, más bien y por ahora (habría que subrayar el “por ahora”), pataletas solitarias de su costado más infantil. Allí donde en Milei hay berrinches contra la “casta” o la prensa, en los Kirchner había una aceitada escuela de cálculo y estrategia.
Aunque con un final completamente incierto, la excentricidad del personaje logró lo que ninguna fuerza opositora había podido: poner en debate, incluso en sectores populares, ochenta años de populismo en la Argentina y disparar, en el Congreso, uno de los debates democráticos más ricos de los últimos cuarenta años.

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El plan motosierra y la lucha contra la corrupción

Carolina Soragni
Aunque el anunciado plan motosierra está logrando una significativa reducción de áreas del Estado y un recorte de funcionarios públicos, por ahora parece haber esquivado, afortunadamente, el ámbito de las políticas públicas dedicadas a combatir la corrupción y los recursos destinados por el Estado para prevenir e investigar los delitos relacionados con la función pública
La misma “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” establece que la Oficina Anticorrupción, entre todas sus funciones, tendrá que actuar como autoridad de aplicación de la ley de ética en el ejercicio de la función pública, o la que en el futuro reemplace.
En este panorama, el nuevo titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro E. G. Melik, tendrá el gran desafío de educar a los nuevos funcionarios públicos de este gobierno, que en su mayoría provienen del sector privado, para comportarse de acuerdo con los principios éticos que rigen la función pública, a fin de preservar la imparcialidad de los funcionarios y la confianza de la ciudadanía.
En esta complicada tarea ya han surgido los primeros problemas, porque el gabinete de Javier Milei se encuentra contaminado de posibles y problemáticos casos de conflictos de intereses. En nuestro país, el marco legal nacional se encuentra principalmente regulado por la ley en el ejercicio de la función pública (25.188), el decreto 201/2017 sobre conflictos de intereses en juicios y el decreto 202/17 sobre conflictos de intereses en contrataciones.
Este panorama pone la crucial tarea en cabeza de la Oficina Anticorrupción de impulsar todas las medidas tendientes a prevenir que el Presidente, como así también los funcionarios públicos que integran su gobierno, incumplan la normativa de ética pública.
Sobre esto, si bien se ha puesto el principal foco en el deber de abstención de los funcionarios públicos en aquellos casos en que se presuma afectada su imparcialidad, existen otras obligaciones no menos importantes que se deben tener en cuenta.
Por mencionar algunas, también se encuentra la obligación de registrar las audiencias de gestión de intereses para aquellos casos en que se busque influir en las decisiones de cualquier funcionario; la obligación de rechazar obsequios y viajes con motivo o en ocasión del desempeño de las funciones públicas; la obligación de presentar las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, entre otras.
Por último, fuera de las tareas propias de la Oficina Anticorrupción, cabe preguntarse si el plan motosierra planea terminar con las áreas de integridad que existen o deberían existir en cada organismo del Estado (las cuales son coordinadas por la propia Oficina Anticorrupción). Así, hoy en día existe la figura del enlace de integridad, creada en el ámbito nacional por el decreto 650/2019, como el agente encargado en cada organismo del Estado de robustecer la cultura de integridad y promover las obligaciones y recomendaciones internacionales en materia de lucha contra la corrupción.
Más temprano que tarde, los funcionarios públicos deberán tomar una adecuada dimensión –y en su caso, capacitarse– de los deberes en materia de integridad pública. Y esto dejará en evidencia la importancia que tiene el actual gobierno en el desarrollo de las políticas públicas para luchar contra la corrupción, y si esto encuentra un límite para el avance del ambicioso plan motosierra.

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