Las maniobras subterráneas de dos gobernadores peronistas para cooperar con el Gobierno
Con guiños a la Casa Rosada, Raúl Jalil, de Catamarca, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, podrían jugar a favor del megaproyecto de Javier Milei
Delfina Celichini
Zamora y Jalil, dos dialoguistas
La escisión de tres diputados tucumanos del bloque de Unión por la Patria fue la primera victoria legislativa concreta del ministro del Interior Guillermo Francos al frente de la tarea de ensanchar la base de sustentación política del Gobierno. Se dio a través de los puentes que el funcionario nacional tejió con el gobernador Osvaldo Jaldo, al que responden los diputados que hoy forman parte de la bancada Independencia. Con mayor sutileza, los mandatarios de Catamarca –Raúl Jalil– y Santiago del Estero –Gerardo Zamora– también muestran signos de acercamiento con la Casa Rosada y podrían jugar a favor del cada vez más estrecho proyecto de “Ley de Bases”, de Javier Milei, en el Congreso.
Con dificultades para sumar los apoyos necesarios para aprobar los puntos nodales de la iniciativa, y tras semanas de fuertes negociaciones parlamentarias, el viernes a la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se retirará el paquete fiscal del texto del proyecto. A pesar de que estos puntos eran los más resistidos por los gobernadores –suba de retenciones, cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, la asignación específica de lo recaudado por el blanqueo (que dejaría de ser coparticipable) y la modificación de piso desde el que se tributa bienes personales (lo recaudado es repartido entre las provincias)–, el funcionario dejó en claro que el ajuste sigue siendo parte del objetivo principal del Gobierno.
“De ninguna manera esto implica que vamos a dejar nuestro compromiso de ir al equilibrio fiscal, nuestro objetivo de déficit cero”, dijo el ministro de Economía. Y después añadió que en función de esa meta avanzará con otras medidas de achicamiento del gasto, que no especificó. No obstante, es probable que, tal como advirtió Caputo a través de su cuenta de X, se apunte a compensar los menores ingresos con un recorte en las transferencias a las provincias.
Se trata de un botín clave en la distribución de los fondos públicos. El año pasado, según un informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, el Tesoro transfirió a las provincias $1,9 billones de manera discrecional. Es decir, por fuera de las partidas automáticas que surgen del régimen de coparticipación y que el Ejecutivo no puede modificar.
En este esquema, existen provincias en las que los recursos recibidos desde Nación (automáticos y discrecionales) superan el 90% de sus ingresos totales, como es el caso de Formosa (93%), La Rioja (92%), Catamarca (90%) y Santiago del Estero (90%).
Los gobernadores conocen bien la estrategia de “toma y daca” que ejerce el Poder Ejecutivo y se mueven con soltura para sortear las formalidades partidarias y ofrecer lo que tienen a mano: sus espadas legislativas. Con Francos como interlocutor natural, los mandatarios comenzaron a tender los puentes necesarios para proteger sus pagos chicos y, con eso, asegurar su supervivencia en el poder. “Los teléfonos empezaron a sonar”, escenificó un diputado kirchnerista que conoce a la perfección cómo el poder disciplina.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticipó estos movimientos y denunció que “Milei se quiere llevar puesto al federalismo, a los gobernadores y al pueblo de las provincias” ante la posibilidad cierta de un desgranamiento más profundo. “Basta de amenazas, aprietes y extorsión. Mi solidaridad con los gobernadores de todas las provincias argentinas”, escribió en su cuenta de X.
Uno de los primeros en mostrar sintonía con la Casa Rosada fue el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien poco después de asumir anunció una “reducción del 20% de la planta política del Ejecutivo provincial” y se convirtió en el primer mandatario peronista en realizar recortes a los cargos públicos.
“La gente votó un cambio de paradigma y nos tenemos que acomodar”, afirmó Jalil en diálogo con LN+ tras tomar esta decisión y se mostró predispuesto a acompañar medidas del gobierno nacional. “Estamos trabajando con los gobernadores y sería muy bueno que el presidente nos convoque. Todas las medidas económicas necesitan un sustento político y nosotros estamos dispuestos a dialogar”, expresó.
La principal preocupación del catamarqueño es la posible liquidación de la empresa interestatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), hoy en el paquete de 35 compañías “sujetas a privatización” en la ley ómnibus. Se trata de una cuantiosa caja controlada por el gobierno provincial, que retiene el 60% de las utilidades netas de las millonarias inversiones en reservas de oro, plata y el estratégico litio. De hecho, su hermano Fernando Miguel Jalil es el actual presidente de la entidad.
Para terciar a su favor, el gobernador puede ofrecer como moneda de cambio dos de los cinco diputados que representan a Catamarca. Se trata de Fernanda Ávila, exsecretaria de Minería de Alberto Fernández y exministra de esa misma cartera en el gobierno de Jalil; y Silvana Ginocchio, esposa del mandatario provincial. Si bien Ávila forma parte del círculo de mayor confianza de Jalil, hay quienes ponen en duda la lealtad de su cónyuge. “Las cosas no andan muy bien”, deslizan quienes conocen la dinámica matrimonial, a la vez que destacan que Ginocchio se mostró, a diferencia de su marido, muy en contra de las medidas de Milei. De hecho, acompañó el dictamen de minoría del bloque de Unión por la Patria, por el que se rechazó el proyecto del Ejecutivo en el plenario de comisiones.
Los diputados kirchneristas Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, en tanto, responden directamente a la exgobernadora Lucía Corpacci, quien hoy ocupa una banca en el Senado. El quinto legislador, Francisco Monti, ingresó por la UCR. En la Cámara alta, Jalil cuenta con el apoyo de su exministro de Comunicación, Guillermo Eduardo Andrada.
Con la misma lógica, el plástico gobernador kirchnerista de Santiago del Estero, Gerardo Zamora –de lejano origen radical–, también concretó un feroz ajuste provincial en línea con la política nacional. Sin embargo, esa no fue la única señal de acercamiento. Durante la sesión preparatoria del Senado, en la que la vicepresidenta Victoria Villarruel se anotó un triunfo y logró nombrar las autoridades del cuerpo a través de una mayoría circunstancial, los tres legisladores santiagueños se ausentaron. Se trató de Claudia Ledesma de Abdala –esposa del gobernador–, Gerardo Montenegro y José Neder. Frente a un Congreso altamente fraccionado, los faltazos en la bancada opositora se cuentan a favor del oficialismo.
En Diputados, Zamora controla los siete diputados que representan a su provincia. La ausencia de una porción de estos legisladores podría alivianar el peso del Gobierno que, tras casi un mes de intensas negociaciones, todavía no logra recopilar las adhesiones para la media sanción del proyecto de “Ley de bases”.
Es que con idas y vueltas, el Presidente les declaró la guerra a las provincias y dificultó la tarea de Francos, quien busca consolidar una base firme en el Congreso a través del diálogo con los gobernadores.
De hecho, el ministro Caputo anunció ayer que el Gobierno también retirará el proyecto que proponía restablecer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, un gravamen coparticipable que aliviaría el rojo de las cajas provinciales. El Poder Ejecutivo motorizó la semana pasada el envío de esta iniciativa al Congreso para forzar el apoyo de los gobernadores en medio de frenéticas negociaciones para sumar adhesiones a la “Ley de bases”. Dejará en pie, en cambio, el articulado de la ley ómnibus referido a la delegación de facultades, privatizaciones, desregulaciones y cuestiones vinculadas con la educación, la cultura y la seguridad.
Con estas medidas, pareciera que Francos pierde peso ante otras figuras del gabinete nacional. De hecho, quien se encargó de las tratativas con la oposición para emitir el dictamen durante la última semana no fue el ministro político sino el gravitante publicista, Santiago Caputo. En un gobierno en el que la lógica de negociación política quedó relegada frente a la batalla cultural, no sorprende este cambio de roles.
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El primer fracaso de Milei
El Gobierno resignó el capítulo más urgente de la ley ómnibus y se encamina a una batalla larga con los gobernadores; reproches, internas y una gestión trabadaMartín Rodríguez Yebra
El corto plazo es enemigo de las utopías. Javier Milei se propone rescatar a Occidente de las garras del socialismo, promete una Argentina alemana en 30 años y quiere barrer con las viejas reglas de la política.
Pero se empantana en la tarea burocrática de poner en marcha un gobierno sin mayorías.
La administración pública es todavía una obra en construcción, con decenas de casilleros sin cubrir, funcionarios supervivientes de la gestión kirchnerista/massista y agentes sin cargo que cumplen tareas medulares. La emoción del descubrimiento no previene el vicio de las intrigas palaciegas, que le costaron el puesto esta semana al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.
Milei conduce el barco del poder con una técnica vanguardista. El sistema político aún no lo descifra. Se pregunta, por ejemplo, por qué prefirió admitir un fracaso resonante, al retirar el capítulo fiscal de la ley ómnibus, antes que resignarse al ejercicio de una negociación con los sectores que se ofrecen a ayudarlo, en especial los gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio.
“Se quiso llevar la ley a las patadas, cuando tenía a la mano conseguir casi todos sus objetivos”, se lamentaba una figura central de Pro, el grupo más afín a acompañar el derrotero libertario. El rechazo a la suba de retenciones y al cambio de la fórmula de actualización jubilatoria era mayoritario e insalvable, pero en los bloques que se autoproclaman dialoguistas ofrecían opciones que permitieran alcanzar la recaudación proyectada por el ministro Luis Caputo. Retrucan en la Casa Rosada: “No era serio. Todos los días nos venían con una fórmula distinta y entrábamos en una espiral sin final. No hay plata significa que no hay plata. Tendremos que trabajar sobre el gasto”.
El paquete fiscal es un compendio de las urgencias de un presidente en busca del equilibrio fiscal, acosado por la suba de la inflación y bajo observación de los mercados. La “ley Bases” parece una declaración de principios del rumbo de liberalización que traza Milei, pero el capítulo del ajuste es el corazón que hacía latir el proyecto. Ahí no había idealismo, sino necesidad. El economista que prometía cortarse un brazo antes que subir un impuesto pedía un waiver doctrinario para acometer desde el poder una herencia envenenada.
Ahora todo empieza de nuevo, con el costo de las semanas perdidas y de haber erosionado la confianza de socios con los que el Presidente está condenado a entenderse. “Javier está tranquilo con los resultados hasta ahora”, minimiza una fuente del círculo presidencial.
El anuncio sobre el desmembramiento de la ley puso en pausa una rebelión de gobernadores gestada a partir de una sucesión de tropiezos del dispositivo de intervención política del Gobierno.
Milei había desplegado sobre ellos una ofensiva que los tomó por sorpresa. Mientras el ministro del Interior y embajador ante “la casta”, Guillermo Francos, los seducía por teléfono, el Presidente y el ministro de Economía advertían que en caso de no aprobarse el capítulo fiscal de la ley el peso del ajuste recaería sobre los fondos destinados a las provincias. “Cristina también te decía: ‘Votá o te cortó el chorro’. Pero nunca lo hizo a cara descubierta”, se sorprendió un gobernador con experiencia en el cargo.
La presión se incrementó el miércoles, el día del desangelado paro nacional de la CGT, un rato después de que los bloques amigables se habían prestado a firmar el dictamen de mayoría de la ley ómnibus. Lo habían hecho a regañadientes y con profusas disidencias.
El proceso hacia aquella conquista pírrica fue un retrato del método disruptivo que aplica Milei para interactuar con la política. Santiago Caputo, asesor de imagen del Presidente, representó al Gobierno en las discusiones previas al plenario de comisiones que dio luz verde al texto en la noche del martes.
Un diputado lo describe reclinado en un sillón del despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara, con un cigarrillo sin encender en la comisura de los labios y tomando nota en un papel sobre los puntos que los opositores se resistían a apoyar. “Su preocupación era que el dictamen saliera sí o sí antes del paro”, coinciden cuatro asistentes a ese cónclave. Reclamaba que la sesión en el recinto fuera al día siguiente, para exhibir un contraste con los sindicalistas que perdían el día en protestar después de años de silencio. Se descubrieron discutiendo una estrategia narrativa y no política o económica.
El despacho de mene mera una sala de experimentos ajena a las normas de la casa. El sobrino de Carlos Saúl invitaba a diputados rasos a hablar de a uno. “Juegan con la tentación de los que quieren ser el voto clave que ayudó a sacar la ley. Pero eso complica a los jefes de bloque y desordena el debate”, explica un legislador que firmó en disidencia el dictamen.
Apurados, acaso temerosos de que el dedo acusador de Milei los responsabilizara de poner palos en la rueda, muchos de los integrantes del viejo Juntos por el Cambio firmaron el texto “corregido” sin tiempo de revisar su contenido. Establecieron sus disidencias en temas medulares, como las retenciones y las jubilaciones.
La serie tendría un capítulo más cuando descubrieron que muchos de los cambios pactados no se habían volcado al dictamen. “Pecamos de ingenuos. Vivimos psicopateados con la onda antipolítica que agita Milei”, se confiesa un integrante del bloque arcoíris que conduce Miguel Pichetto.
Los gritos llegaban desde las provincias. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, descubrió que se habían tragado lo pactado en el capítulo sobre biocombustibles, tema en el que se involucró personalmente. “Lo vamos a acomodar en el recinto”, les dijeron a sus diputados. El tucumano Osvaldo Jaldo rompió con el kirchnerismo a cambio de mejoras para la industria azucarera. También quedó a la espera de que le cumplan la promesa.
Dictamen fantasma
Menem quiso atajar la crisis a la mañana siguiente y citó a diputados de todos los bloques a un departamento de Recoleta que pertenece al secretario parlamentario, Tomás Figueroa. Allí estaba Federico Sturzenegger, autor intelectual de la reforma. Otros diputados esperaban en el bar La Biela, confundidos. Se supone que la intención era acordar cambios que pudieran incluirse en el articulado durante la sesión, pero se instaló la versión de que estaban reescribiendo el dictamen firmado en el Congreso, algo ilegal.
Mientras tanto, Luis Caputo apuraba por las redes a los gobernadores. “Estaba harto de vueltas. Necesita recaudar y avanzar de una vez”, señala una fuente del Gobierno. Pichetto explotó en público ante lo que interpretó como una ingratitud. Llegó a decir que “no pueden estar 4 años así”. También se fastidió y cruzó a Caputo el radical Rodrigo de Loredo, al que algunos jefes provinciales de su partido achacan ser dócil con el Gobierno. La posibilidad de un acuerdo se esfumaba. Milei empezó a coquetear con la idea de retirar el capítulo fiscal del proyecto.
“Si seguimos haciendo concesiones, se va a desvirtuar todo. Siempre van a pedir algo más”, resumía con la decisión ya tomada un integrante del equipo presidencial. La intención ahora es avanzar con manos libres hacia el ajuste del gasto. Sugieren en el Gobierno que se recortarán planes sociales (del Potenciar Trabajo) y se reducirán programas provinciales. Algunos, como el chubutense Ignacio Torres, ya sintieron el mismo viernes el impacto de fondos millonarios comprometidos que debían llegar a su distrito y no aparecieron.
Ajustar 5 puntos del PBI para llegar al déficit cero parece una tarea ciclópea. Habrá un intento de reconstruir una mesa de diálogo en busca de aflojar los recortes a cambio de subas impositivas. Se dibuja el contorno de una larga batalla de poder. Un grupo de gobernadores de la oposición dialoguista se juntó este sábado en un Zoom para analizar cómo coordinarse. Lo curioso es que asistieron kirchneristas recientes como Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua.
Internas y filtraciones
En medio de la semana de turbulencias, afloraron las internas libertarias. La caída intempestiva de Ferraro quedó envuelta en la polémica por unas supuestas afirmaciones de Milei contra los gobernadores en la reunión de gabinete del jueves. “Los voy a dejar sin un peso. Los voy a fundir a todos”, se le atribuyó haber dicho. A Ferraro, un hombre de bajo perfil y escaso contacto con la prensa, se le cargó la cuenta de haber ventilado “de manera maliciosa” esa frase. Por supuesto nadie lo dijo a micrófono abierto, pero el señalamiento surgió del núcleo más íntimo del poder.
La salida, sin embargo, se enmarca en una disputa asordinada que el ahora exfuncionario mantenía con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que primero bloqueó que Infraestructura tuviera en su órbita el área de Energía y después le intervino el control de las empresas públicas. Cerca de Posse le imputaban a Ferraro arrogarse una autonomía que entorpecía la gestión colectiva. La relación estaba al borde de la ruptura.
Horas antes el jefe de Gabinete había maniobrado para expulsar al superintendente de Servicios de Salud, Enrique Rodríguez Chiantore, al que le endosaron supuestos incumplimientos de los objetivos fijados y haber sido blando con los gremios que pararon el miércoles. “Estoy indignado”, reaccionó Chiantore, y atribuyó el cese a la decisión de Posse y de su asesor, Mario Lugones, de ocupar ese cargo estratégico con gente de confianza.
Ferraro hizo silencio público, pero explotó con dos colegas del gabinete que lo llamaron para despedirse: “No puedo creer las formas”, dijo, y negó haber filtrado una sola palabra a la prensa. ¿Fue Chiantore ineficiente en sus escasas semanas como funcionario? ¿Hay evidencias de una imprudencia de Ferraro con el periodismo? ¿O asistimos al viejo espectáculo de las internas políticas protagonizado ahora por los noveles libertarios?
Un incipiente temor se propaga en el oficialismo. La creciente figura de Posse, el hermético encargado de traducir en acción los deseos de Milei, proyecta una sombra sobre el resto del gabinete. Él es el verdadero superministro aunque la chapa se la cuelgue Luis Caputo, heredero formal de las responsabilidades de Ferraro. Algunos empiezan a cuidar sus espaldas.
Las internas se bifurcan. El fracaso del capítulo fiscal de la ley ómnibus dejó tocado a Martín Menem. El presidente de la Cámara hace un curso acelerado de alta política bajo la mirada impaciente de los profesionales del oficio con los que le toca lidiar. El viernes Karina Milei se acercó al Congreso a almorzar con él, como señal de respaldo ante las críticas que le dedican desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA).
En las cercanías del poder hay voces que retoman la idea que en diciembre le acercó Mauricio Macri a Milei de poner al frente de la Cámara a un político experimentado capaz de hacer avanzar las reformas. Entonces el nombre que se proponía era el de Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro.
En el Gobierno se resisten a hablar de más cambios. El Presidente quiere mostrar autoridad y ratifica que el déficit cero es la prioridad, con o sin ley. Piensa apurar a los opositores para que saquen la delegación de facultades y demás capítulos que sobreviven en la ley ómnibus.
Milei retiene el látigo de la popularidad. Su juego va de la intransigencia a la negociación. Del troleo en redes a los gestos agónicos de concesión, en un flujo de acontecimientos donde lo accesorio a menudo tapa lo prioritario.
Su obsesión pasa ahora por diseñar una versión alternativa y creíble del ajuste. Empieza a correr contra el tiempo. El lunes le espera el juicio de los mercados, que aprueban el rumbo, pero sopesan el escollo político de un gobierno en franca minoría y sin un mecanismo sustentable para la aprobación de leyes. Así de ingrato es el dinero: no juzga a una revolución por sus ideas, sino por la capacidad de llevarlas a la práctica
Javier Milei, horas antes del anuncio de que el Gobierno retiraba parte de la ley ómnibus La creciente figura de Posse proyecta una sombra sobre el resto del gabinete
La escisión de tres diputados tucumanos del bloque de Unión por la Patria fue la primera victoria legislativa concreta del ministro del Interior Guillermo Francos al frente de la tarea de ensanchar la base de sustentación política del Gobierno. Se dio a través de los puentes que el funcionario nacional tejió con el gobernador Osvaldo Jaldo, al que responden los diputados que hoy forman parte de la bancada Independencia. Con mayor sutileza, los mandatarios de Catamarca –Raúl Jalil– y Santiago del Estero –Gerardo Zamora– también muestran signos de acercamiento con la Casa Rosada y podrían jugar a favor del cada vez más estrecho proyecto de “Ley de Bases”, de Javier Milei, en el Congreso.
Con dificultades para sumar los apoyos necesarios para aprobar los puntos nodales de la iniciativa, y tras semanas de fuertes negociaciones parlamentarias, el viernes a la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se retirará el paquete fiscal del texto del proyecto. A pesar de que estos puntos eran los más resistidos por los gobernadores –suba de retenciones, cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, la asignación específica de lo recaudado por el blanqueo (que dejaría de ser coparticipable) y la modificación de piso desde el que se tributa bienes personales (lo recaudado es repartido entre las provincias)–, el funcionario dejó en claro que el ajuste sigue siendo parte del objetivo principal del Gobierno.
“De ninguna manera esto implica que vamos a dejar nuestro compromiso de ir al equilibrio fiscal, nuestro objetivo de déficit cero”, dijo el ministro de Economía. Y después añadió que en función de esa meta avanzará con otras medidas de achicamiento del gasto, que no especificó. No obstante, es probable que, tal como advirtió Caputo a través de su cuenta de X, se apunte a compensar los menores ingresos con un recorte en las transferencias a las provincias.
Se trata de un botín clave en la distribución de los fondos públicos. El año pasado, según un informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, el Tesoro transfirió a las provincias $1,9 billones de manera discrecional. Es decir, por fuera de las partidas automáticas que surgen del régimen de coparticipación y que el Ejecutivo no puede modificar.
En este esquema, existen provincias en las que los recursos recibidos desde Nación (automáticos y discrecionales) superan el 90% de sus ingresos totales, como es el caso de Formosa (93%), La Rioja (92%), Catamarca (90%) y Santiago del Estero (90%).
Los gobernadores conocen bien la estrategia de “toma y daca” que ejerce el Poder Ejecutivo y se mueven con soltura para sortear las formalidades partidarias y ofrecer lo que tienen a mano: sus espadas legislativas. Con Francos como interlocutor natural, los mandatarios comenzaron a tender los puentes necesarios para proteger sus pagos chicos y, con eso, asegurar su supervivencia en el poder. “Los teléfonos empezaron a sonar”, escenificó un diputado kirchnerista que conoce a la perfección cómo el poder disciplina.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticipó estos movimientos y denunció que “Milei se quiere llevar puesto al federalismo, a los gobernadores y al pueblo de las provincias” ante la posibilidad cierta de un desgranamiento más profundo. “Basta de amenazas, aprietes y extorsión. Mi solidaridad con los gobernadores de todas las provincias argentinas”, escribió en su cuenta de X.
Uno de los primeros en mostrar sintonía con la Casa Rosada fue el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien poco después de asumir anunció una “reducción del 20% de la planta política del Ejecutivo provincial” y se convirtió en el primer mandatario peronista en realizar recortes a los cargos públicos.
“La gente votó un cambio de paradigma y nos tenemos que acomodar”, afirmó Jalil en diálogo con LN+ tras tomar esta decisión y se mostró predispuesto a acompañar medidas del gobierno nacional. “Estamos trabajando con los gobernadores y sería muy bueno que el presidente nos convoque. Todas las medidas económicas necesitan un sustento político y nosotros estamos dispuestos a dialogar”, expresó.
La principal preocupación del catamarqueño es la posible liquidación de la empresa interestatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), hoy en el paquete de 35 compañías “sujetas a privatización” en la ley ómnibus. Se trata de una cuantiosa caja controlada por el gobierno provincial, que retiene el 60% de las utilidades netas de las millonarias inversiones en reservas de oro, plata y el estratégico litio. De hecho, su hermano Fernando Miguel Jalil es el actual presidente de la entidad.
Para terciar a su favor, el gobernador puede ofrecer como moneda de cambio dos de los cinco diputados que representan a Catamarca. Se trata de Fernanda Ávila, exsecretaria de Minería de Alberto Fernández y exministra de esa misma cartera en el gobierno de Jalil; y Silvana Ginocchio, esposa del mandatario provincial. Si bien Ávila forma parte del círculo de mayor confianza de Jalil, hay quienes ponen en duda la lealtad de su cónyuge. “Las cosas no andan muy bien”, deslizan quienes conocen la dinámica matrimonial, a la vez que destacan que Ginocchio se mostró, a diferencia de su marido, muy en contra de las medidas de Milei. De hecho, acompañó el dictamen de minoría del bloque de Unión por la Patria, por el que se rechazó el proyecto del Ejecutivo en el plenario de comisiones.
Los diputados kirchneristas Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, en tanto, responden directamente a la exgobernadora Lucía Corpacci, quien hoy ocupa una banca en el Senado. El quinto legislador, Francisco Monti, ingresó por la UCR. En la Cámara alta, Jalil cuenta con el apoyo de su exministro de Comunicación, Guillermo Eduardo Andrada.
Con la misma lógica, el plástico gobernador kirchnerista de Santiago del Estero, Gerardo Zamora –de lejano origen radical–, también concretó un feroz ajuste provincial en línea con la política nacional. Sin embargo, esa no fue la única señal de acercamiento. Durante la sesión preparatoria del Senado, en la que la vicepresidenta Victoria Villarruel se anotó un triunfo y logró nombrar las autoridades del cuerpo a través de una mayoría circunstancial, los tres legisladores santiagueños se ausentaron. Se trató de Claudia Ledesma de Abdala –esposa del gobernador–, Gerardo Montenegro y José Neder. Frente a un Congreso altamente fraccionado, los faltazos en la bancada opositora se cuentan a favor del oficialismo.
En Diputados, Zamora controla los siete diputados que representan a su provincia. La ausencia de una porción de estos legisladores podría alivianar el peso del Gobierno que, tras casi un mes de intensas negociaciones, todavía no logra recopilar las adhesiones para la media sanción del proyecto de “Ley de bases”.
Es que con idas y vueltas, el Presidente les declaró la guerra a las provincias y dificultó la tarea de Francos, quien busca consolidar una base firme en el Congreso a través del diálogo con los gobernadores.
De hecho, el ministro Caputo anunció ayer que el Gobierno también retirará el proyecto que proponía restablecer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, un gravamen coparticipable que aliviaría el rojo de las cajas provinciales. El Poder Ejecutivo motorizó la semana pasada el envío de esta iniciativa al Congreso para forzar el apoyo de los gobernadores en medio de frenéticas negociaciones para sumar adhesiones a la “Ley de bases”. Dejará en pie, en cambio, el articulado de la ley ómnibus referido a la delegación de facultades, privatizaciones, desregulaciones y cuestiones vinculadas con la educación, la cultura y la seguridad.
Con estas medidas, pareciera que Francos pierde peso ante otras figuras del gabinete nacional. De hecho, quien se encargó de las tratativas con la oposición para emitir el dictamen durante la última semana no fue el ministro político sino el gravitante publicista, Santiago Caputo. En un gobierno en el que la lógica de negociación política quedó relegada frente a la batalla cultural, no sorprende este cambio de roles.
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El primer fracaso de Milei
El Gobierno resignó el capítulo más urgente de la ley ómnibus y se encamina a una batalla larga con los gobernadores; reproches, internas y una gestión trabadaMartín Rodríguez Yebra
El corto plazo es enemigo de las utopías. Javier Milei se propone rescatar a Occidente de las garras del socialismo, promete una Argentina alemana en 30 años y quiere barrer con las viejas reglas de la política.
Pero se empantana en la tarea burocrática de poner en marcha un gobierno sin mayorías.
La administración pública es todavía una obra en construcción, con decenas de casilleros sin cubrir, funcionarios supervivientes de la gestión kirchnerista/massista y agentes sin cargo que cumplen tareas medulares. La emoción del descubrimiento no previene el vicio de las intrigas palaciegas, que le costaron el puesto esta semana al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.
Milei conduce el barco del poder con una técnica vanguardista. El sistema político aún no lo descifra. Se pregunta, por ejemplo, por qué prefirió admitir un fracaso resonante, al retirar el capítulo fiscal de la ley ómnibus, antes que resignarse al ejercicio de una negociación con los sectores que se ofrecen a ayudarlo, en especial los gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio.
“Se quiso llevar la ley a las patadas, cuando tenía a la mano conseguir casi todos sus objetivos”, se lamentaba una figura central de Pro, el grupo más afín a acompañar el derrotero libertario. El rechazo a la suba de retenciones y al cambio de la fórmula de actualización jubilatoria era mayoritario e insalvable, pero en los bloques que se autoproclaman dialoguistas ofrecían opciones que permitieran alcanzar la recaudación proyectada por el ministro Luis Caputo. Retrucan en la Casa Rosada: “No era serio. Todos los días nos venían con una fórmula distinta y entrábamos en una espiral sin final. No hay plata significa que no hay plata. Tendremos que trabajar sobre el gasto”.
El paquete fiscal es un compendio de las urgencias de un presidente en busca del equilibrio fiscal, acosado por la suba de la inflación y bajo observación de los mercados. La “ley Bases” parece una declaración de principios del rumbo de liberalización que traza Milei, pero el capítulo del ajuste es el corazón que hacía latir el proyecto. Ahí no había idealismo, sino necesidad. El economista que prometía cortarse un brazo antes que subir un impuesto pedía un waiver doctrinario para acometer desde el poder una herencia envenenada.
Ahora todo empieza de nuevo, con el costo de las semanas perdidas y de haber erosionado la confianza de socios con los que el Presidente está condenado a entenderse. “Javier está tranquilo con los resultados hasta ahora”, minimiza una fuente del círculo presidencial.
El anuncio sobre el desmembramiento de la ley puso en pausa una rebelión de gobernadores gestada a partir de una sucesión de tropiezos del dispositivo de intervención política del Gobierno.
Milei había desplegado sobre ellos una ofensiva que los tomó por sorpresa. Mientras el ministro del Interior y embajador ante “la casta”, Guillermo Francos, los seducía por teléfono, el Presidente y el ministro de Economía advertían que en caso de no aprobarse el capítulo fiscal de la ley el peso del ajuste recaería sobre los fondos destinados a las provincias. “Cristina también te decía: ‘Votá o te cortó el chorro’. Pero nunca lo hizo a cara descubierta”, se sorprendió un gobernador con experiencia en el cargo.
La presión se incrementó el miércoles, el día del desangelado paro nacional de la CGT, un rato después de que los bloques amigables se habían prestado a firmar el dictamen de mayoría de la ley ómnibus. Lo habían hecho a regañadientes y con profusas disidencias.
El proceso hacia aquella conquista pírrica fue un retrato del método disruptivo que aplica Milei para interactuar con la política. Santiago Caputo, asesor de imagen del Presidente, representó al Gobierno en las discusiones previas al plenario de comisiones que dio luz verde al texto en la noche del martes.
Un diputado lo describe reclinado en un sillón del despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara, con un cigarrillo sin encender en la comisura de los labios y tomando nota en un papel sobre los puntos que los opositores se resistían a apoyar. “Su preocupación era que el dictamen saliera sí o sí antes del paro”, coinciden cuatro asistentes a ese cónclave. Reclamaba que la sesión en el recinto fuera al día siguiente, para exhibir un contraste con los sindicalistas que perdían el día en protestar después de años de silencio. Se descubrieron discutiendo una estrategia narrativa y no política o económica.
El despacho de mene mera una sala de experimentos ajena a las normas de la casa. El sobrino de Carlos Saúl invitaba a diputados rasos a hablar de a uno. “Juegan con la tentación de los que quieren ser el voto clave que ayudó a sacar la ley. Pero eso complica a los jefes de bloque y desordena el debate”, explica un legislador que firmó en disidencia el dictamen.
Apurados, acaso temerosos de que el dedo acusador de Milei los responsabilizara de poner palos en la rueda, muchos de los integrantes del viejo Juntos por el Cambio firmaron el texto “corregido” sin tiempo de revisar su contenido. Establecieron sus disidencias en temas medulares, como las retenciones y las jubilaciones.
La serie tendría un capítulo más cuando descubrieron que muchos de los cambios pactados no se habían volcado al dictamen. “Pecamos de ingenuos. Vivimos psicopateados con la onda antipolítica que agita Milei”, se confiesa un integrante del bloque arcoíris que conduce Miguel Pichetto.
Los gritos llegaban desde las provincias. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, descubrió que se habían tragado lo pactado en el capítulo sobre biocombustibles, tema en el que se involucró personalmente. “Lo vamos a acomodar en el recinto”, les dijeron a sus diputados. El tucumano Osvaldo Jaldo rompió con el kirchnerismo a cambio de mejoras para la industria azucarera. También quedó a la espera de que le cumplan la promesa.
Dictamen fantasma
Menem quiso atajar la crisis a la mañana siguiente y citó a diputados de todos los bloques a un departamento de Recoleta que pertenece al secretario parlamentario, Tomás Figueroa. Allí estaba Federico Sturzenegger, autor intelectual de la reforma. Otros diputados esperaban en el bar La Biela, confundidos. Se supone que la intención era acordar cambios que pudieran incluirse en el articulado durante la sesión, pero se instaló la versión de que estaban reescribiendo el dictamen firmado en el Congreso, algo ilegal.
Mientras tanto, Luis Caputo apuraba por las redes a los gobernadores. “Estaba harto de vueltas. Necesita recaudar y avanzar de una vez”, señala una fuente del Gobierno. Pichetto explotó en público ante lo que interpretó como una ingratitud. Llegó a decir que “no pueden estar 4 años así”. También se fastidió y cruzó a Caputo el radical Rodrigo de Loredo, al que algunos jefes provinciales de su partido achacan ser dócil con el Gobierno. La posibilidad de un acuerdo se esfumaba. Milei empezó a coquetear con la idea de retirar el capítulo fiscal del proyecto.
“Si seguimos haciendo concesiones, se va a desvirtuar todo. Siempre van a pedir algo más”, resumía con la decisión ya tomada un integrante del equipo presidencial. La intención ahora es avanzar con manos libres hacia el ajuste del gasto. Sugieren en el Gobierno que se recortarán planes sociales (del Potenciar Trabajo) y se reducirán programas provinciales. Algunos, como el chubutense Ignacio Torres, ya sintieron el mismo viernes el impacto de fondos millonarios comprometidos que debían llegar a su distrito y no aparecieron.
Ajustar 5 puntos del PBI para llegar al déficit cero parece una tarea ciclópea. Habrá un intento de reconstruir una mesa de diálogo en busca de aflojar los recortes a cambio de subas impositivas. Se dibuja el contorno de una larga batalla de poder. Un grupo de gobernadores de la oposición dialoguista se juntó este sábado en un Zoom para analizar cómo coordinarse. Lo curioso es que asistieron kirchneristas recientes como Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua.
Internas y filtraciones
En medio de la semana de turbulencias, afloraron las internas libertarias. La caída intempestiva de Ferraro quedó envuelta en la polémica por unas supuestas afirmaciones de Milei contra los gobernadores en la reunión de gabinete del jueves. “Los voy a dejar sin un peso. Los voy a fundir a todos”, se le atribuyó haber dicho. A Ferraro, un hombre de bajo perfil y escaso contacto con la prensa, se le cargó la cuenta de haber ventilado “de manera maliciosa” esa frase. Por supuesto nadie lo dijo a micrófono abierto, pero el señalamiento surgió del núcleo más íntimo del poder.
La salida, sin embargo, se enmarca en una disputa asordinada que el ahora exfuncionario mantenía con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que primero bloqueó que Infraestructura tuviera en su órbita el área de Energía y después le intervino el control de las empresas públicas. Cerca de Posse le imputaban a Ferraro arrogarse una autonomía que entorpecía la gestión colectiva. La relación estaba al borde de la ruptura.
Horas antes el jefe de Gabinete había maniobrado para expulsar al superintendente de Servicios de Salud, Enrique Rodríguez Chiantore, al que le endosaron supuestos incumplimientos de los objetivos fijados y haber sido blando con los gremios que pararon el miércoles. “Estoy indignado”, reaccionó Chiantore, y atribuyó el cese a la decisión de Posse y de su asesor, Mario Lugones, de ocupar ese cargo estratégico con gente de confianza.
Ferraro hizo silencio público, pero explotó con dos colegas del gabinete que lo llamaron para despedirse: “No puedo creer las formas”, dijo, y negó haber filtrado una sola palabra a la prensa. ¿Fue Chiantore ineficiente en sus escasas semanas como funcionario? ¿Hay evidencias de una imprudencia de Ferraro con el periodismo? ¿O asistimos al viejo espectáculo de las internas políticas protagonizado ahora por los noveles libertarios?
Un incipiente temor se propaga en el oficialismo. La creciente figura de Posse, el hermético encargado de traducir en acción los deseos de Milei, proyecta una sombra sobre el resto del gabinete. Él es el verdadero superministro aunque la chapa se la cuelgue Luis Caputo, heredero formal de las responsabilidades de Ferraro. Algunos empiezan a cuidar sus espaldas.
Las internas se bifurcan. El fracaso del capítulo fiscal de la ley ómnibus dejó tocado a Martín Menem. El presidente de la Cámara hace un curso acelerado de alta política bajo la mirada impaciente de los profesionales del oficio con los que le toca lidiar. El viernes Karina Milei se acercó al Congreso a almorzar con él, como señal de respaldo ante las críticas que le dedican desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA).
En las cercanías del poder hay voces que retoman la idea que en diciembre le acercó Mauricio Macri a Milei de poner al frente de la Cámara a un político experimentado capaz de hacer avanzar las reformas. Entonces el nombre que se proponía era el de Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro.
En el Gobierno se resisten a hablar de más cambios. El Presidente quiere mostrar autoridad y ratifica que el déficit cero es la prioridad, con o sin ley. Piensa apurar a los opositores para que saquen la delegación de facultades y demás capítulos que sobreviven en la ley ómnibus.
Milei retiene el látigo de la popularidad. Su juego va de la intransigencia a la negociación. Del troleo en redes a los gestos agónicos de concesión, en un flujo de acontecimientos donde lo accesorio a menudo tapa lo prioritario.
Su obsesión pasa ahora por diseñar una versión alternativa y creíble del ajuste. Empieza a correr contra el tiempo. El lunes le espera el juicio de los mercados, que aprueban el rumbo, pero sopesan el escollo político de un gobierno en franca minoría y sin un mecanismo sustentable para la aprobación de leyes. Así de ingrato es el dinero: no juzga a una revolución por sus ideas, sino por la capacidad de llevarlas a la práctica
Javier Milei, horas antes del anuncio de que el Gobierno retiraba parte de la ley ómnibus La creciente figura de Posse proyecta una sombra sobre el resto del gabinete
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