EL IMPACTO ECONÓMICO

Sorprendidos por el giro oficial, los dialoguistas definen una nueva estrategia
Hubo cumbres de gobernadores de JXC y del espacio federal para evaluar el anuncio; Pro se desmarca y pide acelerar la aprobación
Matías Moreno
La sorpresiva decisión del presidente Javier Milei de retirar el paquete fiscal de la ley ómnibus sirvió para descomprimir y acercar posiciones con los bloques aliados ante el atascamiento de las negociaciones en el Congreso, pero el conflicto por el reparto de recursos entre la Nación y las provincias está lejos de resolverse.
Si bien celebran que Milei haya dado marcha atrás con la suba de las retenciones y la movilidad jubilatoria, los capítulos más espinosos del megaproyecto, ante la dilación de las discusiones en la Cámara de Diputados para llevar la iniciativa al recinto, los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada, que procuran morigerar el ajuste sobre sus ingresos, iniciaron ayer contactos con los jefes de los bloques de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal en Diputados para analizar los próximos pasos. Esperan ahora una segunda instancia de negociación, una suerte de repechaje, con Milei para avanzar en un pacto fiscal.
En las últimas horas hubo dos reuniones de alto voltaje político. Los gobernadores de Juntos por el Cambio se juntaron, vía Zoom, para evaluar el anuncio que hizo anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que dejarán sin efecto las modificaciones en los artículos de actualización de jubilaciones, retenciones agropecuarias e industriales, Bienes Personales y el blanqueo, además de la reversión de Ganancias. “Hay ánimo de colaborar y votar el paquete de leyes, por más que hubo una decisión unilateral del Gobierno. Había temas del paquete fiscal en los que había acuerdo, como moratoria, Ganancias o blanqueo”, señala un dirigente de la UCR que monitoreó las conversaciones de los gobernadores. Ahora pondrá la mira en las facultades delegadas: tanto Pro como los radicales o la bancada de Miguel Pichetto propusieron acotarlas a la hora de redactar las disidencias.
Luego de la cumbre del club de JXC, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), quienes se mueven en tándem y chocan con el ala conciliadora de Pro, que encabezan el jefe porteño, Jorge Macri, y los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli, mantuvieron otro encuentro virtual con autoridades de la bancada de Pichetto e Innovación Federal. Asistieron unos siete gobernadores, cuyos diputados firmaron el dictamen en disidencia y están dispuestos a acompañar la ley ómnibus en general. No solo estaban Frigerio, Torres, Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), sino también el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán), el inesperado socio de Milei en la firma del dictamen. Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
Al quitar el set fiscal de la “ley de bases”, el corazón económico de la iniciativa, Caputo anticipó que avanzará con otras medidas de recortes del gasto y ratificó que habría un ajuste más severo en las partidas que reciben las provincias ya que no revisará su objetivo de lograr el déficit cero. Ese giro del Gobierno puso en guardia a los gobernadores. “Hay voluntad de sacar la ley, pero estamos perplejos por la actitud confrontativa del Gobierno”, asegura uno de los que participaron en la reunión.
A lo largo de la conversación coincidieron en que el anuncio de Caputo fue “difuso”. Tienen dudas respecto de cómo el oficialismo va a instrumentar los cambios, es decir, la eliminación de los artículos vinculados al paquete fiscal, dado que el dictamen ya está firmado. “Queremos que expliquen qué quieren sacar y por qué. Falta una instancia de acuerdo”, advierten.
En las frenéticas negociaciones del jueves y viernes los gobernadores y aliados pusieron la lupa en el artículo 180 del dictamen, donde el Gobierno incluyó un texto que sorprendió a los legisladores: “Se aclara que el impuesto PAIS se encuentra vigente hasta el 22 de diciembre de 2024”. Al detectar esa enmienda, los aliados presionaron por coparticipar la recaudación de ese gravamen, estratégico para las arcas del Gobierno.
En la cumbre de JXC “intercambiaron visiones” sobre los coletazos en sus distritos del anuncio de Caputo. “Esto impacta en las arcas de las provincias. Queremos saber cuándo va venir la segunda etapa para discutir Ganancias o la coparticipación del impuesto país”, deslizan cerca de Claudio Poggi (San Luis), uno de los más preocupados en cuidar el vínculo con la Casa Rosada por el estado financiero en que recibió su administración.
Con ese trasfondo, Frigerio se puso al frente del armado de una cumbre de gobernadores el próximo lunes para consensuar posturas. Pretenden que Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se sienten con ellos para dar despejar las dudas. Procuran saber cuándo la Casa Rosada planea enviar los proyectos del paquete fiscal en los que había acuerdo, como Ganancias o el blanqueo. “Es muy importante lo que suceda el lunes, el martes. Nosotros vamos a viajar para reunirnos con gobernadores y legisladores para que haya la sanción de una ley”, sostuvo ayer Llaryora, en diálogo con Radio 10, quien había sido uno los abanderados de la resistencia a la suba de retenciones. Pese a que ahora apoya la aprobación de la ley ómnibus, Llaryora advirtió que habría que “restringir” las facultades legislativas que se delegarían al Ejecutivo.
En el dictamen del oficialismo se propone declarar la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa hasta fines de diciembre y prorrogable por un año. “Ellos están débiles y sin financiamiento. Se les puede caer el impuesto PAIS en la Justicia, como el DNU”, advierten en el bloque de Pichetto. Tanto la UCR como Pro y HCF apuntan a acotar las facultades delegadas -los representantes de la fuerza de Elisa Carrió las rechazan directamente-. Los radicales hacen hincapié en revisarlas en materia fiscal y tarifaria.
Los gobernadores insisten en que acompañan la intención de Milei de bajar el déficit, pero difieren en cuál es la mejor herramienta para lograrlo. “Hay que compartir la carga del esfuerzo. La pelota está del lado de ellos”, apuntan desde la UCR. Un grupo de mandatarios acusan a Milei y a Caputo de enfocar el recorte del gasto público en áreas que afectan a las provincias, como las transferencias para obra pública, el fondo incentivo docente, la salud o las cajas de jubilaciones.
Después de que el Gobierno despejara las trabas de retenciones y jubilaciones, los jefes de Pro buscan acelerar el debate para facilitar la media sanción de la ley. De hecho, Ritondo, jefe de bloque de Pro, difundió esta tarde un mensaje en las redes sociales para ratificar que su bancada acompañará a Milei en la votación de la ley ómnibus. “Pro está por los cambios en Argentina. Pro está para sesionar el martes”, remarcó. Fue luego de que terminara una reunión virtual de integrantes de su bancada con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, para evaluar el panorama legislativo y los aportes de Pro a la ley ómnibus. Bullrich destacó el trabajo de Ritondo y los legisladores: “La ley tiene que salir”, coincidieron. En ese sector de Pro apuntan contra Frigerio, Torres y Nicolás Massot, del bloque de Pichetto. “Los gobernadores aprietan para cuidar la de ellos, no la del gobierno nacional”, señalan.
En el zoom de JXC quedaron expuestas las diferencias entre las posturas de Jorge Macri y Torres, uno de los que salieron a confrontar con Milei por el “apriete” de Caputo.
Milei le dio más poder al ministro de Economía en un momento crítico de su vínculo con los gobernadores. Con la salida de Guillermo Ferraro y los cambios en el organigrama, Caputo asumirá las riendas de Transporte, Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones. Por lo que tendrá a su cargo la tarea de lidiar con los reclamos de las provincias, ya sea por el reparto de subsidios para el transporte urbano o la ejecución de obras de saneamiento, viales o portuarias.
Caputo había provocado el miércoles una ola de repudios de gobernadores y legisladores aliados, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Weretilneck (Río Negro), Llaryora o Pichetto (HCF) y Rodrigo de Loredo (UCR), cuando advirtió que estaba dispuesto a recortar las partidas a las provincias si el paquete fiscal de la ley ómnibus no era aprobado en el Congreso.
Los gobernadores temen por el impacto del anuncio en su recaudación
Los bloques aliados creen que el retiro del paquete fiscal destraba el debate
El bloque de Pichetto y la UCR insisten en acotar las facultades delegadas

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El Gobierno rechazó ajustar partidas claves para compensar las pérdidas
Los bloques aliados le propusieron como alternativa eliminar exenciones en distintos rubros que representan 2,34 puntos del PBI, pero nunca tuvieron receptividad oficial
Laura Serra
El objetivo del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, de alcanzar el déficit cero este año dependía, en buena medida, de que el Congreso aprobara una suba en las retenciones y avalara una licuación inicial de los haberes jubilatorios, ambas contenidas en el capítulo fiscal de la ambiciosa “Ley de bases”, que se cayó el viernes a la noche por decisión del Gobierno.
En la dura negociación por esos dos capítulos que nunca lograron aval legislativo mayoritario, los bloques opositores dialoguistas habían sugerido al Gobierno vías alternativas de recaudación, como atacar los gastos tributarios.
Sin embargo, para su sorpresa, la respuesta oficial fue siempre negativa. No solo eso: el ministro Caputo había advertido a los legisladores que si el paquete fiscal era rechazado por el Congreso, cortaría de cuajo las transferencias a las provincias.
A partir de ese planteo, los gobernadores y legisladores se preguntaron varias veces, no sin cierta suspicacia, por qué Caputo se resistía a revisar el abultado y variopinto nicho de beneficios tributarios que, según cálculos oficiales, suman nada menos que 2,34 puntos del PBI. La mitad de los cinco puntos el Gobierno pretende ajustar este año para alcanzar el déficit cero.
Los gastos tributarios son aquellos ingresos que el Estado deja de percibir por otorgar un tratamiento impositivo preferencial a personas humanas, empresas o sectores con el objeto de favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.
Un caso emblemático es el régimen de promoción económica del Tierra del Fuego: se estima que el fisco les perdona a las empresas electrónicas allí radicadas $1145 millones anuales por beneficios impositivos varios: liberación de IVA compras y ventas; exención de Ganancias; exención de derechos de importación y una reducción en la alícuota de los impuestos internos 
Este conjunto de beneficios fiscales para Tierra del Fuego suma un total de 0,33% del PBI. La Coalición Cívica propuso suprimir una parte de estos beneficios para que el Estado deje de perder cada año un 2% del PBI de recaudación. “Favorecen a unos pocos a costa de la mayoría”, alegan.
El caso de Tierra del Fuego es el más conocido, pero no el único. En el proyecto de presupuesto 2024 –que no se aprobó porque el presidente Milei decidió prorrogar el del año pasado– se detalla cada uno de los gastos tributarios como así también otros beneficios impositivos con impacto presupuestario, ambos con su consiguiente impacto en el PBI.
Todos ellos fueron recopilados y analizados en un exhaustivo informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Entre las más llamativos figuran las siguientes:
*Exención de inmuebles rurales en el impuesto sobre los bienes personales: representa un 0,48% del PBI. Solo con relación a inmuebles rurales localizados en el exterior, la titularidad se concentra en 450 personas residentes en el país, señala el proyecto de presupuesto 2024.
*Dispensa del IVA que recae sobre los honorarios de los directores de sociedades: representa el 0,29% del PBI.
*No diferimiento del ajuste por inflación impositivo: 0,39% del PBI.
*Exención del impuesto a las ganancias al Poder Judicial: representa el 0,16% PBI y beneficia no solo a los magistrados, sino también a funcionarios y empleados del sector.
*Exención del impuesto a las ganancias a asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas: representa el 0,11% del PBI. Parte del universo beneficiado comprende a instituciones bancarias y empresas aseguradoras.
*Alícuotas reducidas del IVA: representa el 0,62% del PBI y beneficia a la construcción de viviendas; la comercialización de carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas; la medicina prepaga y sus prestadores; la venta de productos de panadería y las obras de arte.
*Exenciones del impuesto a los bienes personales sobre depósitos en entidades financieras: representa el 0,03% del PBI.
En las negociaciones con los delegados de la Casa Rosada, los bloques dialoguistas pusieron estos temas sobre la mesa. “Nos respondieron con vaguedades. Nos dicen que el impacto de estos gastos tributarios sobre el PBI no está debidamente mensurado y que son de difícil recaudación inmediata”, desliza uno de los negociadores radicales más activos. Nunca les quedó claro si el Gobierno se negaba a tratar esas alternativas por esos motivos o por intereses sectoriales

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Los US$3000 millones que generaron la mayor disputa y que hicieron caer el capítulo fiscal
Es el monto estimado que correspondía al cambio jubilatorio y a la suba de retenciones; fue el corazón de la discusión con los aliados

Esteban LafuenteLuis Caputo, al anunciar el recorte del proyecto de ley
El paquete fiscal de la discusión por la ley ómnibus en el Congreso cayó tras una inconclusa disputa entre el Ejecutivo, la oposición y los gobernadores por más de US$3000 millones. Es lo que representan la propuesta de suba de retenciones y el cambio en la fórmula de las jubilaciones, los dos puntos que trabaron la discusión legislativa y que suponen ahora un desafío para el Gobierno en su meta de “déficit cero” en 2024.
Una de las principales disputas en torno del paquete de recorte de gastos y más impuestos estuvo vinculada a la propuesta de suba en las retenciones. En su proyecto, el Gobierno había planteado el incremento de las alícuotas por derechos de importación al 15% para productos de economías regionales (luego negoció la exclusión de algunos rubros para intentar sumar votos), e igualar en el 33% la correspondiente a la soja y sus derivados, en una decisión que recibió críticas de economistas por representar de hecho un desaliento a la exportación de productos industrializados o de mayor valor agregado local. En números, el incremento en la presión fiscal vía mayores retenciones a oleaginosas, cereales, carnes y otros productos implicaba una recaudación adicional de US$1135 millones, de acuerdo con las estimaciones de la consultora Equilibra.
Luego de un año de sequía, que redujo los saldos exportables en alrededor de US$20.000 millones e impactó negativamente en el nivel de actividad, el ingreso de divisas y la recaudación, este año la expectativa del campo es de una cosecha que sería récord en los últimos años, aun pese a la caída en el precio internacional que experimentan la soja, el trigo y el maíz. En ese escenario, de haber prosperado la propuesta del Gobierno, la recaudación por retenciones a partir de los principales complejos agroindustriales habría sido de US$10.290 millones, según las estimaciones de la firma. De mantenerse el esquema actual, serán, según las cantidades y precios proyectados hoy, US$9155 millones.
La diferencia explicaría ingresos al fisco por el equivalente a 0,2% del PBI, con un factor adicional: se trata de un impuesto que no es coparticipable y que ingresa directamente a las arcas del Tesoro nacional. De ahí la fuerte resistencia de gobernadores y legisladores del interior, que manifestaron su rechazo a la suba impulsada por Caputo.
La cuestión previsional y la fórmula de ajuste para las jubilaciones, pensiones y otros programas sociales como la asignación universal por hijo (AUH) componen el mayor renglón de gasto dentro del presupuesto nacional. Solo en 2023, aun con las caídas reales experimentadas por ajustes inferiores a la inflación, representaron $37 de cada $100 que gastó el Tesoro, de acuerdo con las estimaciones de Iaraf.
En su proyecto de ley, el Gobierno había incluido el capítulo previsional entre las emergencias solicitadas al Congreso, y proponía suspender la fórmula vigente (ajusta por la evolución de la inflación y la recaudación), para habilitar ajustes discrecionales a cargo del Ejecutivo. Ante el rechazo de esta disposición, se había modificado el planteo inicial, con un esquema que mantenía la fórmula hasta el ajuste trimestral de marzo, para adoptar un incremento automático por el IPC del Indec a partir de abril.
Si bien el Gobierno planteaba que con el mecanismo propuesto “se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, el rezago en el ajuste de los haberes, en un contexto de aceleración inflacionaria como el actual, implicaría una caída en el gasto en jubilaciones. En 2023, según las estimaciones de Equilibra, este rubro representó un 12,1% del PBI, y con la suspensión de la fórmula inicial, el objetivo del Gobierno, explicitado en los números compartidos por el ministro Luis Caputo en su hoja de ruta al déficit cero, implicaba una caída en el gasto previsional por 0,4% del PBI (equivalente a algo más de US$2000 millones).
De acuerdo con las estimaciones de Equilibra, con proyecciones condicionadas a la evolución de la inflación a lo largo del año, ese esquema implicaba una caída adicional en términos reales del 6% del poder de compra de los haberes jubilatorios en 2024.
El cambio de mecanismo de ajuste propuesto tras el rechazo inicial también implicaba en los hechos un recorte a las jubilaciones. En un primer nivel, porque aplicar actualizaciones por inflación a partir de abril implicaría mantener estos haberes en niveles bajos: solo en 2023, la pérdida del poder adquisitivo fue de entre el 14,2% y el 37,4%, según el nivel de ingreso y los bonos compensatorios recibidos. A su vez, la redacción de la norma implicaba un espacio indefinido sobre qué mes sería tomado como referencia para la primera recomposición.
Según los cálculos de la consultora Ecogo, que estima una inflación en torno al 20% en enero y una desaceleración en febrero, esa brecha aplicada al ajuste de las jubilaciones podría haber tenido un impacto significativo sobre las cuentas públicas.
De acuerdo con estas proyecciones, comenzar con recomposiciones mensuales por el IPC de febrero habría implicado que, en todo 2024, el Tesoro habría ahorrado $4,3 billones de pesos en partidas para jubilaciones. “Dado que la inflación de febrero es menor que la de enero, el gasto anual en este escenario es un 0,6% menor”, explica el economista Lucio Garay Méndez.
“Comparando fórmulas, la nueva implicaba mejores jubilaciones en 2024 porque la inflación este año seguramente les gane a los salarios. Pero una vez indexado se mantiene en niveles muy bajos por lo que dure esa fórmula. La vieja implica mayor licuación en 2024, y por ende, mejor gasto en seguridad social, pero con la recuperación de los salarios y la recaudación en 2025, se recompondrían las jubilaciones y pensiones en términos reales, y por ende, también aumentaría el gasto a partir del año que viene”, sintetiza el analista.
Resignados el capítulo fiscal y la mayor recaudación prevista en la ley ómnibus, Caputo ratificó la “meta de déficit cero” y anticipó revisión de partidas y mayores recortes para alcanzar ese objetivo, que implicará revertir el rojo financiero de 6% del PBI con el que concluyó 2023. El cambio de planes legislativo abre interrogantes sobre por dónde pasará la tijera del Gobierno.
Es que al observar la hoja de ruta mostrada por Caputo en diciembre, todo lo suspendido (jubilaciones, retenciones, Ganancias, moratoria, blanqueo y Bienes Personales) representa alrededor del 2% del PBI, que ahora deberá ser compensado.

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