Las razones por las que el Gobierno no apunta hacia el régimen fueguino
El oficialismo no incluyó en la ley ómnibus la eliminación del esquema de promoción en la isla, que le cuesta al Estado cerca de 0,33% del PBI; el rol de los senadores y un nuevo negocio
Camila Dolabjian
De “estafa” a “derecho adquirido” y luego al silencio. Así cambió la perspectiva de Javier Milei sobre el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que sorprendió por su ausencia de mención en el proyecto de ley ómnibus y despertó críticas por el vínculo familiar del ministro de Economía con la principal empresa electrónica de la isla, Mirgor. En momentos en los que el Gobierno empuja por cerrar el rojo fiscal, llamó la atención de algunos legisladores, principalmente los de la Coalición Cívica, que no se avance con la quita de subsidios económicos y beneficios tributarios a la industria fueguina. El perdón en impuestos a la provincia le provocará un sacrificio cercano a 0,33% del PBI al Estado nacional, según las estimaciones del Ministerio de Economía.
Diversas fuentes oficiales ofrecen distintas explicaciones a por qué no se incluyó la discusión del régimen en la ley ómnibus, pese a que Milei dijo en campaña que se revisaría y que se pusieron bajo la lupa decenas de otros sectores, como el de la pesca, la yerba mate y el azúcar. Por un lado, fuentes de Gobierno y del Congreso mencionan que el lobby de las empresas fueguinas ha sido muy fuerte y han pedido que los funcionarios visiten la provincia antes de tomar decisiones, a la vez de estar incluidos en cualquier mesa de debate sobre el tema. En conversación con la nacion, los representantes de empresas, que prefirieron el anonimato, dijeron que no tuvieron conversaciones con funcionarios por el tema en el último tiempo. Sobrevuela en algunos ámbitos la versión de que la cuestión de fondo tiene que ver con supuestos aportes de empresas radicadas en la isla a la campaña electoral de Milei.
Por otra parte, el régimen fue prorrogado hasta 2038 hace meses con un gran apoyo de los bloques políticos, por lo que consideraron que al ser un punto sensible y de acuerdo entre las fuerzas partidarias no tendría chances de ser modificado, por lo que era mejor evitar un fracaso.
La estrategia política no es menor. Milei ganó en la provincia, en el balotaje, pero no logró colocar ningún senador en las generales. Por Tierra del Fuego asumió Cándida Cristina López, de Unidad Ciudadana, que se suma a la representación junto con María Eugenia Duré, de la misma fuerza, y Pablo Blanco, de la UCR. La apuesta, sin embargo, es intentar una táctica similar a la que se implementó con Osvaldo Jaldo y los diputados tucumanos que rompieron con Unión por la Patria, y contar con sus votos durante el tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara alta. Para eso necesitan contar con su apoyo, lo que parecía menos factible al debatirse el régimen.
Además, hay un proyecto de especial interés que se vincula con uno de los motivos que elevaron las suspicacias. La mayor parte de la industria electrónica de la provincia está concentrada por el grupo Mirgor, de participación mayoritaria de Nicolás Caputo, primo de Luis Caputo, ministro de Economía. Actualmente, tiene el 12,5% de las acciones, mientras que 30% cotizan en bolsa, 20% son de la Anses y el resto, de otros inversores. No es solamente el interés económico el que despertó sospechas, sino también un ambicioso proyecto en Río Grande que el gigante de la electrónica ya tiene en marcha y planea comenzar a construir en cinco meses.
Se trata de un puerto industrial con varios objetivos, que recorren desde lo comercial (podría bajar hasta 35% los costos logísticos y de transporte, que hoy en un 80% se concentran por tierra, a prácticamente nada) hasta lo geopolítico, como habilitar un centro de abastecimiento para la Antártida, que hoy se realiza vía Chile. La obra requerirá de una inversión de US$400 millones y se encuentra en etapa de desarrollo de ingeniería. La idea es finalizar el proyecto y las licitaciones en junio de este año y comenzar los trabajos en tierra, que requerirán de kilómetros de excavación, en agosto. Estaría lista para operar en abril de 2027.
Para Mirgor, es un negocio importante. El puerto de aguas profundas será de operación privada (la haría un tercero), pero disponible por un precio para el resto de las empresas de la zona. Los ingresos que se generen irán directo a la empresa o un el porcentaje que corresponda para socios privados, por 50 años. Después de ese plazo, el puerto pasará a la provincia.
Respecto del régimen en general, fuentes oficiales aseguraron que está en estudio y que no es un régimen fácil de desarmar, debido al impacto que tiene en la población (los fueguinos no pagan IVA y se jubilan a los 50 años, por ejemplo) y por el arraigo en la matriz productiva de la provincia y de otras industrias, como la automotriz. Desde las empresas que operan en la isla aclaran que “el gasto tributario que figura en el presupuesto asociado a la provincia de Tierra del Fuego y que está en boca de tantos legisladores es un ingreso renunciado. Por lo tanto, si el régimen desapareciera, no hay certeza de que ese monto por IVA y Ganancias pasaría a ingresar al fisco nacional. Por el contrario, lo más probable es que el Estado perciba poco y nada porque la industria desaparecería o se reduciría sensiblemente”.
Igualmente, hay una quita más cerca de concretarse: el rubro textil que opera en Tierra del Fuego sería el primero en salir del régimen de subsidios. Actualmente hay ocho empresas textiles en la provincia: Australtex SA, Barpla SA, Cordonsed SA, Fabrisur SA, Hilandería Fueguina SAIC, Hilandería Río Grande, Teogrande SA y Textil Río Grande.
En total son unas 46 empresas las que se benefician del subrégimen, de las cuales 22 se dedican a la electrónica. Sin embargo, la mayor parte de la actividad es responsabilidad de Mirgor y de Newsan SA, de Rubén Cherniakovski. Ambas tuvieron despidos importantes en los últimos meses, que fueron justificados por la falta de importaciones. Las empresas todavía no mostraron adhesión el Bopreal, el bono que el Gobierno lanzó para cancelar la deuda comercial por falta de pago. Fuentes comentaron que pidieron a la gestión de Milei que se emitan bajo ley extranjera porque el mayor socio comercial del área, China, no los acepta como pago si son emitidos bajo ley argentina.
Discursivamente, Milei dijo sobre Tierra del Fuego en entrevista radial: “Ahí hay derechos adquiridos, no se va a tocar porque se renovó hace muy poco”, el mismo tiempo que fue consultado por la derogación de la ley de promoción industrial y la de promoción comercial, a través del decreto de necesidad y urgencia. En 2022, en TN, aseguró que era “una estafa a los argentinos de bien” y que, en caso de llegar a la presidencia, desecharía la norma. Según declaraciones posteriores y a fuentes de Gobierno, la postura actual es que “el problema no es la baja tributación de la provincia, sino la alta tributación de otras”. El equipo libertario se referiría al puerto de Mirgor como un ejemplo de la obra pública privatizada que quieren impulsar.
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Maximiliano Pullaro. “El paquete fiscal no iba a cumplir con su objetivo; es saludable retirarlo”
El gobernador de Santa Fe fue uno de los que mayor resistencia exhibieron dentro de JXC respecto de cómo estaba la ley ómnibus
Germán de los Santos gobierno de Santa Fe
El sábado a la mañana, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está solo en su despacho, con un termo y un mate que tiene apoyado en un pequeño escritorio. Él abre la puerta, porque casi no hay empleados. Volvió a la madrugada de Córdoba. Confiesa que le “cuesta parar”, hacer una pausa. Sabe cuántos patrulleros están activos durante esa mañana en las calles, mientras observa su celular. También mira los números de las cuentas. Otro problema que se suma a la lista, en la que figuran también las amenazas que recibe a diario.
En una extensa charla , Pullaro admite que está conforme con la decisión que tomó el gobierno nacional de retirar el paquete fiscal de la ley ómnibus. Fue uno de los gobernadores que más endurecieron su posición, sobre todo frente a la suba de las retenciones. En Santa Fe el campo no solo configura un poder económico robusto, sino electoral.
El gobernador advierte, además, que debe haber otra mirada con “esta provincia productiva”. Los gobiernos anteriores “apostaron al AMBA con un modelo de subsidios y planes, alejados de la cultura del trabajo”.
“Creían que con programas sociales y un efecto derrame la Argentina iba a salir adelante. Se fueron encerrando en eso hasta llevarnos a un punto que los mismos beneficiarios de los planes entendieron que no era el camino”, apunta.
–¿Qué opina de la decisión del Gobierno de retirar el paquete fiscal de la ley ómnibus?
–Es una decisión sumamente saludable, porque la Argentina necesita mucho diálogo político y requiere que los sectores y los actores del sistema político podamos escucharnos. Era un paquete fiscal que no iba a cumplir el objetivo que tenía, en definitiva, porque había una mayoría de los legisladores nacionales que iban a rechazar gran parte del paquete fiscal, fundamentalmente en relación con la suba de retenciones y el cambio en la movilidad jubilatoria. Por lo tanto, no iba a cumplir la premisa de fondo, con lo cual el gobierno nacional ahora va a tener diálogo con los diferentes actores para encontrar los puntos que nos permitan bajar el déficit fiscal y lograr el equilibrio del Estado nacional y las provincias.
–Usted tuvo una posición dura a principio de semana frente al debate de la ley ómnibus, que generó fuertes respuestas del ministro de Economía. ¿Eso influyó en la decisión final?
–Más que dura fue una postura clara. La semana pasada, junto al ministro de la Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, recorrimos despachos de los principales funcionarios y legisladores nacionales mostrándoles el impacto negativo que iba a tener la suba de las retenciones, por un lado, a la industria, a las economías regionales, y cuánto la Nación iba a dejar de recaudar por la pérdida de mercados internacionales. Y explicamos cómo ese costo se iba a trasladar a los productores agropecuarios. Íbamos a desindustrializar a la Argentina y eso nos iba a generar problemas, fundamentalmente, de empleo y de crecimiento económico. Fuimos con ese detalle, con los números en la mano y, la verdad, sentimos que el Gobierno escuchó y que ahora va a reflexionar para juntarnos en una mesa y ver de qué manera encontramos los puntos de equilibrio que nos permitan salir de esta situación.
–¿Esta situación mostró con mayor claridad que en este contexto los gobernadores de la oposición se constituyeron en un polo de poder?
–Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio tenemos buen diálogo entre nosotros y entendemos que debemos tener una defensa incólume de los intereses de las provincias, pero también debemos trabajar para que a la Nación le pueda ir bien y pueda salir de esta situación que está viviendo el país. Hoy en la oposición, por lo menos desde el punto de vista de Juntos por el Cambio, hay tres esquemas de poder que se empiezan a articular. Uno lo configuran los gobernadores, por los intereses propios en las provincias. Otro son los legisladores nacionales, que articularon muy bien con los gobernadores. Sentí un fuerte apoyo y acompañamiento, primero del bloque de la Unión Cívica Radical, que conduce Rodrigo de Loredo, pero en segundo término también de la bancada de Miguel Pichetto, del sector que conduce Mónica Fein y de Pro. En tercer término, tuvo importancia la articulación de los partidos políticos. Porque el rol de Martín Lousteau, desde la UCR, en defensa de los intereses de las provincias y la articulación en el Congreso nos permitió a nosotros armar un polo de poder para que se revean las medidas para saldar el déficit de caja. Nosotros queremos acompañar al gobierno nacional con algunas propuestas diferentes.
–¿Se corre el riesgo ahora de que haya una delegación de las tareas de ajuste en las provincias en momentos en que empiezan las tensiones en el interior por las discusiones salariales?
–No lo creo. La provincia de Santa Fe aportó el año pasado a la Nación más de tres veces de lo que recibió de la administración central, con lo cual no vamos a ser los más perjudicados por el recorte de las transferencias indirectas, porque de hecho ya las habíamos perdido hace muchos años. Y eso a nosotros nos permitía vivir con los recursos propios, pero aportando un montón de fondos para el sostenimiento del Estado nacional. Entiendo que otras provincias con menor potencia productiva que Santa Fe y menos empleo en el sector privado posiblemente tengan algún inconveniente mayor. En los últimos años el gobierno nacional no aportó ni siquiera en obra pública. Invito a que vean el estado calamitoso de las rutas nacionales, particularmente del complejo portuario. Nuestra preocupación a nivel económico pasa por la caída de los recursos provinciales y nacionales, que hicieron que la recomposición de recursos de la provincia esté un 90% por debajo del índice de inflación. Esa brecha tan importante nos pone en una situación compleja, de cara a la recomposición salarial de los empleados públicos y frente a todos los compromisos del Estado, que tienen que ver con seguridad, con infraestructuras, salud y educación, entre otras cosas. No va a ser un año fácil, pero tengo la esperanza de que vamos a tener un segundo semestre bueno si se logran ordenar las cuentas nacionales.
–¿Ha sido complicado el trato con este nuevo gobierno, cuyos principales cuadros no provienen de la política partidaria convencional?
–Con los ministros he tenido muy buenas charlas. Veo gente que trabaja de muy buena fe. Valoro el rol de Guillermo Francos, ministro del Interior. Lo mismo pasa con Patricia Bullrich y con el propio ministro de Economía, Luis Caputo, que más allá de algunas expresiones que puedan ser criticadas se ve buena voluntad. El mandato social que tiene el presidente Javier Milei es resolver el déficit fiscal y bajar los índices de inflación y no emitir para que esto vuelva descomponerse. No es fácil estar domando ese toro en este momento tan complicado de la Argentina.
–¿La llamada grieta desapareció y se puede pensar en otra tipo de relación en la política?
–Nos trataron muy mal los gobiernos centrales, por lo menos a esta provincia. Ningún gobierno apostó al modelo de Santa Fe, que es la producción, el campo y la industria. Nadie se puso a mirar para ver cómo se podía potenciar una provincia como Santa Fe. Hubo muy poca colaboración y eso llevó a que Santa Fe quedara relegada y se tuviera que arreglar sola. Esto les pasó a los gobernadores socialistas y al propio Omar Perotti, que era del mismo signo político que el expresidente Alberto Fernández. A Santa Fe se la vio como un agente extraño, por su ADN. Somos un distrito con gente de trabajo, fundamentalmente en el campo y en las grandes ciudades. Hubo un modelo de país que distribuía los recursos en el AMBA sin fomentar la cultura del esfuerzo y del trabajo. Creían que con planes sociales y un efecto derrame la Argentina iba a salir adelante. Se fueron encerrando en eso hasta llevarnos a un punto que los mismos beneficiarios de los planes entendieron que no era el camino. En ese momento había muchos legisladores nacionales alineados a ese modelo que no le permitían a Santa Fe construir su proyecto. Ahora hay más vocación y voluntad de que tenemos que defender a la provincia. Aprendimos de las malas experiencias.
–¿Se cumplen las demandas más urgentes en el tema de seguridad, que es un problema vinculado al narcotráfico y a las mafias?
–La Nación recibió un Estado devastado en lo económico. A las fuerzas federales no les quedaron ni helicópteros ni aviones. No hay ni siquiera patrulleros. Hay muchas dificultades en materia de infraestructura. A pesar de todo, noto una voluntad política de la ministra de Seguridad de ayudar a Santa Fe, pero también veo las dificultades.
–Considera que a pesar de las amenazas permanentes que recibe y los atentados que generan pánico social en Rosario no se logra imponer el tema en la agenda nacional?
–Vemos en este momento la reacción de los grupos criminales que buscan generar terror en la población. De esa manera quieren quebrar la decisión que tomamos, que es poner límites y controles en las cárceles para que no se sigan cometiendo crímenes y otros delitos. Yo les digo que se equivocan si buscan ese camino, porque ante cada hecho violento que provoquen la van a pasar peor en la cárcel, como les está sucediendo ahora.
–¿El tema del fenómeno criminal de Rosario va a ser un problema nacional, teniendo en cuenta alertas que se encienden en otros países, como Ecuador?
–Estoy convencido de que el camino que hemos emprendido es el correcto, cuando logremos desplegar el plan de seguridad de manera plena, que por la falta de recursos de infraestructura no lo estamos logrando, vamos a tener resultados. Pero en la Argentina no se está tomando dimensión de la complejidad del problema. No se está agendando lo que ha sucedido en otros países que han tenido picos de violencia. En Ecuador el problema se generó en las cárceles. Hoy estamos en la Argentina en discusiones estériles. El garantismo sigue permeando mucho y hay gente que le tiene miedo a dar debates, por lo que se piense en el marco ideológico o por lo que se pueda pensar en la academia y no estamos teniendo los pies sobre la tierra.
El mandato social del Presidente es bajar la inflación y resolver el déficit fiscal
El sábado a la mañana, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está solo en su despacho, con un termo y un mate que tiene apoyado en un pequeño escritorio. Él abre la puerta, porque casi no hay empleados. Volvió a la madrugada de Córdoba. Confiesa que le “cuesta parar”, hacer una pausa. Sabe cuántos patrulleros están activos durante esa mañana en las calles, mientras observa su celular. También mira los números de las cuentas. Otro problema que se suma a la lista, en la que figuran también las amenazas que recibe a diario.
En una extensa charla , Pullaro admite que está conforme con la decisión que tomó el gobierno nacional de retirar el paquete fiscal de la ley ómnibus. Fue uno de los gobernadores que más endurecieron su posición, sobre todo frente a la suba de las retenciones. En Santa Fe el campo no solo configura un poder económico robusto, sino electoral.
El gobernador advierte, además, que debe haber otra mirada con “esta provincia productiva”. Los gobiernos anteriores “apostaron al AMBA con un modelo de subsidios y planes, alejados de la cultura del trabajo”.
“Creían que con programas sociales y un efecto derrame la Argentina iba a salir adelante. Se fueron encerrando en eso hasta llevarnos a un punto que los mismos beneficiarios de los planes entendieron que no era el camino”, apunta.
–¿Qué opina de la decisión del Gobierno de retirar el paquete fiscal de la ley ómnibus?
–Es una decisión sumamente saludable, porque la Argentina necesita mucho diálogo político y requiere que los sectores y los actores del sistema político podamos escucharnos. Era un paquete fiscal que no iba a cumplir el objetivo que tenía, en definitiva, porque había una mayoría de los legisladores nacionales que iban a rechazar gran parte del paquete fiscal, fundamentalmente en relación con la suba de retenciones y el cambio en la movilidad jubilatoria. Por lo tanto, no iba a cumplir la premisa de fondo, con lo cual el gobierno nacional ahora va a tener diálogo con los diferentes actores para encontrar los puntos que nos permitan bajar el déficit fiscal y lograr el equilibrio del Estado nacional y las provincias.
–Usted tuvo una posición dura a principio de semana frente al debate de la ley ómnibus, que generó fuertes respuestas del ministro de Economía. ¿Eso influyó en la decisión final?
–Más que dura fue una postura clara. La semana pasada, junto al ministro de la Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, recorrimos despachos de los principales funcionarios y legisladores nacionales mostrándoles el impacto negativo que iba a tener la suba de las retenciones, por un lado, a la industria, a las economías regionales, y cuánto la Nación iba a dejar de recaudar por la pérdida de mercados internacionales. Y explicamos cómo ese costo se iba a trasladar a los productores agropecuarios. Íbamos a desindustrializar a la Argentina y eso nos iba a generar problemas, fundamentalmente, de empleo y de crecimiento económico. Fuimos con ese detalle, con los números en la mano y, la verdad, sentimos que el Gobierno escuchó y que ahora va a reflexionar para juntarnos en una mesa y ver de qué manera encontramos los puntos de equilibrio que nos permitan salir de esta situación.
–¿Esta situación mostró con mayor claridad que en este contexto los gobernadores de la oposición se constituyeron en un polo de poder?
–Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio tenemos buen diálogo entre nosotros y entendemos que debemos tener una defensa incólume de los intereses de las provincias, pero también debemos trabajar para que a la Nación le pueda ir bien y pueda salir de esta situación que está viviendo el país. Hoy en la oposición, por lo menos desde el punto de vista de Juntos por el Cambio, hay tres esquemas de poder que se empiezan a articular. Uno lo configuran los gobernadores, por los intereses propios en las provincias. Otro son los legisladores nacionales, que articularon muy bien con los gobernadores. Sentí un fuerte apoyo y acompañamiento, primero del bloque de la Unión Cívica Radical, que conduce Rodrigo de Loredo, pero en segundo término también de la bancada de Miguel Pichetto, del sector que conduce Mónica Fein y de Pro. En tercer término, tuvo importancia la articulación de los partidos políticos. Porque el rol de Martín Lousteau, desde la UCR, en defensa de los intereses de las provincias y la articulación en el Congreso nos permitió a nosotros armar un polo de poder para que se revean las medidas para saldar el déficit de caja. Nosotros queremos acompañar al gobierno nacional con algunas propuestas diferentes.
–¿Se corre el riesgo ahora de que haya una delegación de las tareas de ajuste en las provincias en momentos en que empiezan las tensiones en el interior por las discusiones salariales?
–No lo creo. La provincia de Santa Fe aportó el año pasado a la Nación más de tres veces de lo que recibió de la administración central, con lo cual no vamos a ser los más perjudicados por el recorte de las transferencias indirectas, porque de hecho ya las habíamos perdido hace muchos años. Y eso a nosotros nos permitía vivir con los recursos propios, pero aportando un montón de fondos para el sostenimiento del Estado nacional. Entiendo que otras provincias con menor potencia productiva que Santa Fe y menos empleo en el sector privado posiblemente tengan algún inconveniente mayor. En los últimos años el gobierno nacional no aportó ni siquiera en obra pública. Invito a que vean el estado calamitoso de las rutas nacionales, particularmente del complejo portuario. Nuestra preocupación a nivel económico pasa por la caída de los recursos provinciales y nacionales, que hicieron que la recomposición de recursos de la provincia esté un 90% por debajo del índice de inflación. Esa brecha tan importante nos pone en una situación compleja, de cara a la recomposición salarial de los empleados públicos y frente a todos los compromisos del Estado, que tienen que ver con seguridad, con infraestructuras, salud y educación, entre otras cosas. No va a ser un año fácil, pero tengo la esperanza de que vamos a tener un segundo semestre bueno si se logran ordenar las cuentas nacionales.
–¿Ha sido complicado el trato con este nuevo gobierno, cuyos principales cuadros no provienen de la política partidaria convencional?
–Con los ministros he tenido muy buenas charlas. Veo gente que trabaja de muy buena fe. Valoro el rol de Guillermo Francos, ministro del Interior. Lo mismo pasa con Patricia Bullrich y con el propio ministro de Economía, Luis Caputo, que más allá de algunas expresiones que puedan ser criticadas se ve buena voluntad. El mandato social que tiene el presidente Javier Milei es resolver el déficit fiscal y bajar los índices de inflación y no emitir para que esto vuelva descomponerse. No es fácil estar domando ese toro en este momento tan complicado de la Argentina.
–¿La llamada grieta desapareció y se puede pensar en otra tipo de relación en la política?
–Nos trataron muy mal los gobiernos centrales, por lo menos a esta provincia. Ningún gobierno apostó al modelo de Santa Fe, que es la producción, el campo y la industria. Nadie se puso a mirar para ver cómo se podía potenciar una provincia como Santa Fe. Hubo muy poca colaboración y eso llevó a que Santa Fe quedara relegada y se tuviera que arreglar sola. Esto les pasó a los gobernadores socialistas y al propio Omar Perotti, que era del mismo signo político que el expresidente Alberto Fernández. A Santa Fe se la vio como un agente extraño, por su ADN. Somos un distrito con gente de trabajo, fundamentalmente en el campo y en las grandes ciudades. Hubo un modelo de país que distribuía los recursos en el AMBA sin fomentar la cultura del esfuerzo y del trabajo. Creían que con planes sociales y un efecto derrame la Argentina iba a salir adelante. Se fueron encerrando en eso hasta llevarnos a un punto que los mismos beneficiarios de los planes entendieron que no era el camino. En ese momento había muchos legisladores nacionales alineados a ese modelo que no le permitían a Santa Fe construir su proyecto. Ahora hay más vocación y voluntad de que tenemos que defender a la provincia. Aprendimos de las malas experiencias.
–¿Se cumplen las demandas más urgentes en el tema de seguridad, que es un problema vinculado al narcotráfico y a las mafias?
–La Nación recibió un Estado devastado en lo económico. A las fuerzas federales no les quedaron ni helicópteros ni aviones. No hay ni siquiera patrulleros. Hay muchas dificultades en materia de infraestructura. A pesar de todo, noto una voluntad política de la ministra de Seguridad de ayudar a Santa Fe, pero también veo las dificultades.
–Considera que a pesar de las amenazas permanentes que recibe y los atentados que generan pánico social en Rosario no se logra imponer el tema en la agenda nacional?
–Vemos en este momento la reacción de los grupos criminales que buscan generar terror en la población. De esa manera quieren quebrar la decisión que tomamos, que es poner límites y controles en las cárceles para que no se sigan cometiendo crímenes y otros delitos. Yo les digo que se equivocan si buscan ese camino, porque ante cada hecho violento que provoquen la van a pasar peor en la cárcel, como les está sucediendo ahora.
–¿El tema del fenómeno criminal de Rosario va a ser un problema nacional, teniendo en cuenta alertas que se encienden en otros países, como Ecuador?
–Estoy convencido de que el camino que hemos emprendido es el correcto, cuando logremos desplegar el plan de seguridad de manera plena, que por la falta de recursos de infraestructura no lo estamos logrando, vamos a tener resultados. Pero en la Argentina no se está tomando dimensión de la complejidad del problema. No se está agendando lo que ha sucedido en otros países que han tenido picos de violencia. En Ecuador el problema se generó en las cárceles. Hoy estamos en la Argentina en discusiones estériles. El garantismo sigue permeando mucho y hay gente que le tiene miedo a dar debates, por lo que se piense en el marco ideológico o por lo que se pueda pensar en la academia y no estamos teniendo los pies sobre la tierra.
El mandato social del Presidente es bajar la inflación y resolver el déficit fiscal
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