EL ANÁLISIS Y LAS CUASIMONEDAS DE QUINTELA

¿Por qué todos cuidan a Cristina y a Massa?
Joaquín Morales Solá

Los bloques dialoguistas de la oposición a Javier Milei no saben si lo que sucede en el Gobierno es ingenuidad o si, en cambio, se trata de explícitos compromisos para resguardar a Cristina Kirchner y a Sergio Massa de los avatares de la Justicia. Por un lado, es comprensible que algunos de esos diputados dialoguistas estén más molestos con Milei porque los llama “coimeros”, sin ninguna denuncia concreta, que por el contenido del enorme paquete de decisiones que el Presidente mandó al Congreso.
Milei aludió a supuestos deseos de coimas de legisladores opositores (no hubo ningún pedido explícito hasta ahora, según voceros oficiales serios) solo porque estos mostraron cierta distancia con varios artículos incluidos tanto en el decreto de necesidad y urgencia como en la ley ómnibus del Ejecutivo.
El diputado Migue Ángel Pichetto le pidió directamente a Milei que se dirija con más respeto a los legisladores si quiere que sus decisiones sean aprobadas por el Congreso. Pichetto preside un bloque (Hacemos Coalición Federal) que incluye a figuras tan contradictorias como Ricardo López Murphy, diputados de Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y peronistas republicanos. Solo un veterano equilibrista de la política, como es Pichetto, puede mantener la paz interna dentro de una ensalada política tan diversa.
Con todo, la mayoría de los legisladores de lo que fue Juntos por el Cambio prefiere aprobar las decisiones de Milei, aunque con varios cambios en la ley ómnibus. Algunos se preguntan si también el decreto de necesidad y urgencia, que solo admite aprobación o rechazo a libro cerrado, puede ser modificado esta vez al estar incluido en el proyecto de ley que trata el Congreso. Esas precisiones se conocerán tras las intensas negociaciones que existen detrás del teatro de la política.
El teatro es la batahola que arman todos los días mileísta, kirchneristas y la izquierda. Las negociaciones se llevan a cabo en una habitación de al lado. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pone la escenografía y el clima (ambas cosas indispensables para una negociación) para que los representantes del Gobierno y de la oposición dialoguista se sienten a conversar. Participan representantes del gobierno, por un lado, y de Pro, de la Unión Cívica Radical y del bloque de 23 diputados que lidera Pichetto, por el otro.
El primer traspié serio con los opositores lo tuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel con la aprobación del proyecto de ley para implementar en el país la boleta única de papel. Una herramienta política elemental para sacar al país de las cavernas electorales. Ese proyecto necesita solo de la aprobación del Senado, cuerpo de la que es titular Villarruel, para convertirse en ley. La primera de la era Milei.
El kirchnerismo y el peronismo más cerril están donde están siempre: en el lado equivocado de la historia. Peor son los neutrales -siempre más cercanos a Cristina Kirchner- como el líder rionegrino Mariano Weretilneck o los misioneros del Frente de la Concordia Social, una mezcla de partidos políticos que gobierna Misiones desde hace 20 años. Los senadores de Río Negro y de Misiones están trabando la boleta única con propuestas de reformas al proyecto, a las que se plegó astutamente el kirchnerismo, lo que obligaría a que la iniciativa vuelva a la Cámara de Diputados.
El regreso a Diputados tiene siempre un final incierto para cualquier proyecto. El rionegrino Weretilneck y los misioneros Carlos Rovira y Maurice Closs siempre acomodan sus sillones en la dirección que manda Cristina. Sin embargo, la mayor sorpresa para la oposición dialoguista la provocó Milei con el cambio del sistema electoral proporcional al uninominal, porque beneficiaría claramente al kirchnerismo. Si se implementara ese cambio, la provincia de Buenos Aires, reserva y cantera del kirchnerismo, sumaría 27 diputados nacionales más a los actuales (pasaría de 70 a 97), mientras que la Capital, donde ganan los macristas, perdería 8 diputados –pasaría de 25 a 17–. A pesar de sus diálogos con Mauricio Macri, ¿Milei prefiere quedar bien con Cristina Kirchner antes que con el expresidente de Juntos por el Cambio?
A esa extrañeza debe agregársele la lista de funcionarios de Milei que iban a ser y no fueron. Todos venían de la gestión de Macri. ¿Nombres? Por ejemplo: María Eugenia Talerico, Mariano Federici, Javier Iguacel y Leandro Cuccioli. Talerico, exsubdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras, estaba casi nombrada como directora de Migraciones de Milei. Poco antes de prestar juramento, le hicieron saber que había sido vetada por alguien que no se podía nombrar. ¿Cristina Kirchner? Silencio.
Mariano Federici, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras, estaba entre los candidatos para ser el segundo de la AFI, la ex-SIDE. Tampoco lo fue. ¿Por qué? Silencio.
Javier Iguacel, exdirector de Vialidad Nacional, estaba también entre los seguros funcionarios de Milei. No fue. ¿Qué pasó? Silencio. Leandro Cuccioli fue administrador general de la AFIP en tiempos de Macri y figuraba como eventual funcionario de Milei. Cuccioli se quedó en su casa. ¿Quién lo impugnó? Silencio.
Hay un hilo casi invisible que une a todos ellos: fueron en su momento los principales funcionarios para el aporte de pruebas en las causas judiciales que investigaban (e investigan todavía) la corrupción de la familia Kirchner y de sus funcionarios. Fueron los que hicieron posible que esas investigaciones prosperaran. La condescendencia tendría un explicación, no una justificación, si los funcionarios de Milei hubieran conseguido el voto de los kirchneristas en el Congreso. No sólo no lo consiguieron; varios legisladores kirchneristas están proponiendo convocar a una sesión especial de la Cámara de Diputados con el propósito exclusivo de rechazar el DNU de Milei. No hay explicación entonces. Solo queda recordar a Pascal: “El coaprobaciones razón tiene razones que la razón no entiende”.
El papel del exministro
Tampoco Sergio Massa está haciendo algo que se sepa para ayudar a Milei a conseguir los votos que necesita en el Congreso. No obstante, el gobierno de Milei no dice nada sobre la necesidad de investigar cómo fue el sistema de aprobaciones de las SIRA, el Sistema de Importaciones de la República Argentina, sospechado de una vasta corrupción. Ese sistema fue creado por Massa; las importaciones necesitaban de la aprobación de la AFIP, de la Aduana, de la Secretaría de Comercio y, por último, del Banco Central. Massa tenía el control de la Aduana a través de su director Guillermo Michel, y de la Secretaría de Comercio a través de su titular Matías Tombolini. Hay quienes aseguran que Michel sigue teniendo una influencia importante en la AFIP.
La sospecha de corrupción fue tan generalizada que Patricia Bullrich llegó a calificar al sistema de aprobación de importaciones de “tongolini”, haciendo un juego de palabras con Tombolini. Fue en el debate presidencial. Massa permaneció mudo, sin respuesta a la implícita acusación de su contrincante.
El economista Lucas Llach escribió un tuit el 20 de noviembre pasado, un día después de que Milei ganara la presidencia y de que Massa la perdiera: “No es tiempo de revancha, pero investiguen el afano de las SIRA”, dijo, sin elipsis ni indirectas.
Unos días después, el economista Marcos Buscaglia deslizó, en una nota en la cifra de 1680 millones de dólares como el monto posible de la corrupción por las de las SIRA para las importaciones reales o ficticias. Se supone que algunas importaciones no se hicieron nunca, y que solo sirvieron para que algunos consiguieran dólares baratos en un país sin dólares.
Milei es un Presidente que solo mira la economía; es su pasión, es lo que sabe y, según él, es también lo que lo convertirá en un líder político. Por eso, gran parte de las miradas cercanas a Milei, pero que critican tanto descontrol, se dirigen al jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Nadie conoce la voz de Posse, aunque es mejor que se acostumbre a usarla. Desde marzo, deberá ir una vez al mes al Congreso para enfrentar maratónicas sesiones de preguntas y respuestas. Es parte del trabajo que le ordena la Constitución.
Tampoco Posse hace las veces de jefe de personal; esto es: desistió de ser el filtro necesario entre las propuestas de nombramientos de funcionarios y los nombramientos en sí. Esa tarea forma parte también del trabajo del jefe de Gabinete, el principal asesor y confidente del Presidente.
Evitar los errores
El Gobierno acaba de nombrar como secretario de Culto a Francisco Sánchez, un exdiputado extremadamente conservador cuyas ideas están en las orillas mismas (o en el centro) del antisemitismo. Militó en Pro, pero Mauricio Macri no lo reconoce como propio. Según versiones coincidentes, Sánchez tiene una relación directa con Milei. Puede ser. Pero en esas circunstancias es precisamente cuando deben funcionar los necesarios censores para evitarle los errores al jefe del Estado.
Una vieja grabación que circula en redes sociales exhibe a Sánchez con ideas claramente antisemitas, como calificar de “sionistas” a George Soros y a los Rockefeller. El director de la Agencia Judía de Noticias, Daniel Berliner, informó ayer que hay “malestar y preocupación” en la DAIA, la más importante organización representativa de la comunidad judía, por la designación de Sánchez. Berliner, que recordó que el nuevo funcionario tuvo comentarios “que sobrevuelan las conspiraciones judías”, precisó que uno de los principales directivos de la DAIA señaló refiriéndose a Sánchez que “sus expresiones prejuiciosas y ofensivas a diferentes colectivos de nuestra sociedad atenta directamente contra la sana convivencia”. Sucede que Sánchez también se refirió hace poco de la peor manera al papa Francisco y a la religión musulmana.
El secretario de Culto, aun en épocas kirchnerista, fue siempre alguien predispuesto a comprender la fe de todas las religiones. Sánchez no comprende a ninguna. Antes, había pedido la pena de muerte para Cristina Kirchner por traición a la patria; fue luego de que se conociera la sentencia a seis años de prisión por la corrupción en la adjudicación de la obra pública.
Con una propuesta tan desaforada, Sánchez, que se siente más cómodo entre los evangélicos, corroboró que es un demagogo o que perdió el sentido de las proporciones. ¿Dónde estaba Posse antes de que se firmara esa designación? ¿Qué hacía? ¿Con quién consultó? Otra vez el silencio.
El Gobierno no dice nada sobre la necesidad de investigar el sistema de aprobación de las SIRA, sospechado de una vasta corrupción
El nuevo secretario de Culto es un demagogo o perdió el sentido de las proporciones

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Quintela inició el proceso para emitir cuasimonedas por $15.000 millones
El proyecto del gobernador peronista para crear el Bocade ingresó en la Legislatura provincial

Gabriela OrigliaXQuintela, con intendentes que lo apoyan
CÓRDOBA.– Ingresó en la Legislatura de La Rioja el proyecto del gobernador Ricardo Quintela para emitir $15.000 millones en cuasimonedas que se denominarán Bocade (Bono de Cancelación de Deuda). El proyecto pide que se lo autorice a emitir “bonos de cancelación de deuda” hasta ese monto, “debiendo constar en cada bono que el valor nominal que expresa será equivalente por cada unidad impresa en el bono al peso de circulación legal en las denominaciones pertinentes”.
La iniciativa añade que las tres funciones del Estado –municipios, las entidades descentralizadas, autárquicas y las sociedades o empresas del Estado– aceptarán “obligatoriamente” los bonos “en cancelación total o parcial de sus créditos en dinero”. Y precisa: “El pago efectuado importará la extinción de los créditos por los que se realizó la entrega, la que comprenderá hasta un máximo del 30% de la remuneración líquida”.
Será el Poder Ejecutivo el que acordará con el Banco Rioja (estatal) “u otras entidades bancarias de plaza, la forma y modalidad de acreditación en cuenta corriente o caja de ahorro u otra forma de depósito bancario, de los importes depositados” en bonos
Además, el gobierno provincial difundió la serie de reuniones de Quintela con distintos sectores políticos, sindicales y productivos que “apoyan” la emisión de una cuasimoneda. Por caso, figuran la Asociación de Trabajadores Públicos (ATP), los olivícolas, la CGT riojana, el Movimiento Evita, el Frente Popular Darío Santillán, Somos Barrios de Pie, Nuestramérica y Movimiento Octubres. Argumentan que servirá “para sostener el consumo y por lo tanto, el trabajo de los trabajadores”.
En los fundamentos, Quintela repasa la cantidad de cuasimonedas que se emitieron en otras oportunidades en la Argentina y, además, cita a Juan Bautista Alberdi, mencionando que es quien alude en sus planteos el presidente Javier Milei.
En referencia a Alberdi, incluye razonamientos derivados de sus Bases y Puntos de Partida para la Organización Política Argentina: “Afirmaba que el fortalecimiento de la Nación requería de progresos materiales, por eso sostuvo que los ‘caminos de fierro, canales, puentes grandes, mejoras materiales, empresas de colonización son cosas superiores a la capacidad de cualquier provincia… por rica que sea’. Evidentemente, la prédica alberdiana del presidente de la Nación Milei no se condice con el pensamiento del jurista de referencia, quien como se cita, valoraba el rol del Estado nacional como regulador del progreso material”.
Por otro lado, el 1º de febrero, cuando se reinicie el año judicial, ingresará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la demanda riojana en reclamo de $9300 millones “adeudados y retenidos ilegalmente” por la Nación.
Los patrocinantes serán Andrés Gil Domínguez, que confirmó a los pasos la nacion a seguir, y el exsenador Jorge Yoma. Los fondos corresponden a lo determinado en el presupuesto 2023 para el distrito. Además, se sumarán los $48.000 millones que estaban consignados para este año.
Gil Domínguez explicó a este diario que el Estado federal le debe a la provincia esos $9300 millones “coparticipables, que son de La Rioja” y que para el actual ejercicio “debe pagarle $48.000 millones, debidamente actualizados y no a través de 12 cuotas, sino a través del sistema de goteo diario, como es el que existe para todas las provincias”.
“Estos no son Aportes del Tesoro a las provincias –agregó– sino recursos propios de La Rioja. No hay ninguna discusión sobre este tema; la discusión está dada porque el Estado [nacional] no cumple el pago”, sostuvo el abogado que representa al gobierno provincial.

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