EDITORIAL

Boleta única de papel: una deuda que debe ser saldada
Ya no quedan excusas para que parte del Senado siga dilatando la sanción de un sistema electoral transparente, simplificado, seguro y mucho más económico
El Senado de la Nación tendrá mañana una nueva oportunidad para demostrar a la ciudadanía cuán dispuesto se encuentra a transparentar el proceso electoral. Está convocada para entonces una nueva reunión de comisiones con vistas a obtener dictamen sobre lo que desde estas columnas hemos considerado siempre una imperiosa necesidad: la instrumentación por ley de la boleta única de papel en reemplazo de las perimidas listas sábana.
El tema fue habilitado por el presidente de la Nación en la convocatoria a sesiones extraordinarias que concluyen el próximo 31. De emitirse mañana dictamen, quedará habilitado para ser tratado en el recinto la semana siguiente, por lo que el nuevo sistema podría convertirse en ley antes de que concluya este período, que puede ser prorrogado un mes más por el Poder Ejecutivo. Diputados aprobó el correspondiente proyecto hace un año y medio y la Cámara alta lo dejó dormir a instancias de los legisladores de Unión por la Patria, que, como era de esperar dado su escaso apego a transparentar los procesos, vuelven ahora a poner palos en la rueda con argumentos inconsistentes, que claramente apuntan, una vez más, a que los argentinos nos veamos privados de contar con un sistema de votación seguro, moderno, simplificado, mucho más económico, que anula la posibilidad de robo de boletas y, por ende, la manipulación electoral.
La boleta única de papel viene siendo reclamada por la propia Cámara Nacional Electoral desde 2007, un pedido al que adhieren con insistencia numerosas organizaciones de la sociedad civil que resaltan la importancia de asegurar que el derecho a votar no se vea menoscabado por la confusión o una influencia indebida.
En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Asuntos Penales de la semana pasada se cruzaron distintas posturas a favor y en contra del proyecto. La mayoría de las disidencias fueron de forma, no de fondo, por lo que nada impide contar con esta ley tan importante. Los detalles que destacan algunos senadores podrán ser tomados en cuenta a la hora de reglamentarla o a instancias de la Cámara Nacional Electoral en el momento de su aplicación. Lo que no debería seguir consintiéndose es que, por meros caprichos, especulaciones o por el arte de buscar subterfugios para lograr que nada cambie, nos quedemos nuevamente los argentinos estancados en un tema tan trascendente que ya fue adoptado por muchísimos países con excelentes resultados. Tampoco es una novedad en el nuestro, por cuanto hay provincias y municipios que la utilizan.
De modificarse el proyecto sancionado por Diputados en junio de 2022, deberá ser nuevamente tratado por la Cámara baja en última revisión, lo cual dilatará los tiempos innecesariamente siendo que cuenta con amplio consenso entre la mayoría de los legisladores y de los especialistas a los que Unión por la Patria ahora pretende citar al Senado para seguir dilatando los tiempos. ¿Cuál es el apuro si este año no hay elecciones?, sostenían ofuscados hace una semana algunos legisladores opositores. Precisamente, porque este año no hay elecciones es el momento propicio para sancionar una ley que llevará tiempo instrumentar a fin de que esté activa cuando deban realizarse los comicios de mitad de mandato, en 2025. Y cuando comiencen las sesiones ordinarias, el 1° de marzo, debería también el Congreso abocarse, sin más demoras, a la sanción de la “ley de ficha limpia”, destinada a prohibir presentarse como candidatos a quienes tengan una condena confirmada.
Como hemos afirmado en un reciente editorial, así como suele decirse que el Congreso no debería ser nunca un aguantadero de condenados amparados en sus fueros, las boletas de candidatos tampoco deberían ser una bolsa donde esconder a delincuentes y amparar la corrupción.
Esperemos que esta semana haya dictamen y que podamos contar en breve con la ley de boleta única. Es una deuda de vieja data que debe ser saldada.

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Las telecomunicaciones esperan su turno
Sorprendió que en el DNU del presidente Javier Milei no se derogara un decreto de 2020 por el que se habían declarado servicios públicos a las telecomunicaciones y a la TV por suscripción. La medida era esperable de un gobierno liberal y, por ende, contrario a la mayor regulación estatal que presupone esa categoría jurídica que, entre otras cuestiones, incluye el control de precios. Si bien es cierto que varias medidas cautelares limitan su aplicación efectiva y que ya hay un fallo de primera instancia contrario a su legalidad, era lógico esperar su derogación. Todavía existe un pequeño universo de empresas a las que se aplica y, sobre todo, regiría para cualquier nuevo ingresante en el mercado argentino.
El haber introducido esa calificación de “servicio público” por DNU facilitaba su derogación por una norma idéntica, quedando por tanto exenta de la crítica feroz que se ha hecho a otras disposiciones del decreto del nuevo presidente.
Respecto de las telecomunicaciones, el DNU solo avanza en materia de satélites geoestacionarios, eliminando el criterio de reciprocidad por uno de “cielos abiertos”. Sin embargo, deja vigente la norma de prioridad de uso para satélites argentinos, una contradicción además con la derogación del compre nacional. También se eliminaron algunas restricciones a la concentración de medios audiovisuales en el ámbito nacional, lo cual es lógico porque se trata de mercados cuyo ámbito geográfico es esencialmente local.
El tan mentado potencial desembarco de la constelación de órbita baja de Elon Musk Starlink no estaba vedado por el marco legal actual. De hecho, fue la gestión anterior la que le otorgó la pertinente licencia. Si el servicio no ha estado comercialmente disponible, como sucede desde hace tiempo en Chile y en Brasil, ha sido por cuestiones de hecho impulsadas por la empresa estatal Arsat, que ve en estos sistemas un competidor para su demorado tercer satélite geoestacionario que brindará servicios de banda ancha.
Por su parte, el proyecto de ley ómnibus nada contiene en materia de telecomunicaciones y servicios audiovisuales. Resta saber si en futuras iniciativas, como ha anunciado el asesor presidencial Federico Sturzenegger, se avanzará en una mayor desregulación del sector.
Se suma otro experimento: tener la autoridad política del sector y el ente regulador en jurisdicciones distintas. La Secretaría de Comunicaciones en el ámbito del Ministerio de Infraestructura y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la Jefatura de Gabinete. Es como colocar la Secretaría de Ganadería en el Ministerio de Economía y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en el de Interior.
En una designación que consideramos desafortunada, Ignacio Cingolani quedó al frente de Comunicaciones y Conectividad, área dependiente de Infraestructura. Le tocará, entre otras tareas relevantes, atender esta multiplicidad de aspectos sobre una misma temática, desparramados en varias áreas del Gobierno.
Si no se repara en esta situación para adecuarla debidamente, otra vez la política de este importante sector para el desarrollo económico del país quedará subordinada en su conducción a las necesidades de comunicación del gobierno de turno.

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