A partir de hoy, el país podría sufrir embargos por el caso YPF
La jueza Preska dio plazo hasta el 10 de enero para que el Estado los evite mediante el depósito de una garantía; al cierre de esta edición, decidía si daba más tiempo al Gobierno
Sofía Diamante
Preska pidió al Estado que deposite el 26% de las acciones de la petrolera como garantía
A partir de hoy, si la jueza Loretta Preska, quien lidera el caso, no extiende el plazo de suspensión provisional de la ejecución de su sentencia, los activos argentinos en Estados Unidos podrían ser sujetos de embargo, luego de que el país perdiera en primera instancia el juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012.
Anoche, al cierre de esta edición, había expectativa de que Preska confirmara si mantenía el 10 de enero como fecha límite para que la Argentina deposite una garantía o si, por el contrario, concedía una extensión del plazo. La definición no puede pasar de hoy mismo.
Sin embargo, el bufete de abogados que representa al Estado nacional está tranquilo, ya que los demandantes no encontraron todavía ningún activo argentino que pueda ser confiscado en el exterior.
Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York –la misma que dio a conocer los nombres de involucrados en el caso de Jeffrey Epstein la semana pasada– le había concedido al Estado argentino extender el plazo para evitar embargos hasta hoy, para darle tiempo de aterrizaje al gobierno de Javier Milei. Durante este lapso, el país debía depositar una garantía, mientras que iniciaba el proceso de apelación por la sentencia en contra que determinó el pago de una indemnización de US$16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park.
En los últimos días, ambas partes del caso estuvieron activas. Los fondos le enviaron una carta a la jueza la semana pasada, diciendo que ya pasó un “plazo de tiempo razonable” desde la sentencia del 15 de septiembre y que están listos para embargar y ejecutar activos.
“A pesar de las declaraciones bienvenidas y optimistas del nuevo presidente de la Argentina, los abogados del Estado argentino han dejado en claro que la República no cooperará ni siquiera en cosas básicas (como aceptar la notificación de acciones para reconocer la sentencia en el extranjero) y, por lo tanto, los demandantes siguen convencidos de la probable necesidad de hacer cumplir la sentencia a través del arduo y lento proceso de embargar bienes no inmunes”, dijo el abogado Randy M. Mastro, del bufete King & Spalding LLP, que representa a Burford e Eton Park.
La respuesta de la defensa argentina no tardó en llegar. El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, mantuvo a Sullivan & Cromwell, el mismo estudio de abogados que había contratado su antecesor, Carlos Zannini. “No conviene cambiar de caballo en medio del río”, justificó Barra, el fin de semana, en una entrevista con Clarín.
“Uso indebido”
El abogado defensor, Robert J. Giuffra, Jr., dijo que “los demandantes no han identificado ningún activo de la República en los Estados Unidos sobre el cual puedan embargar o ejecutar adecuadamente” y que cualquier acción sería “allanar el camino para el uso indebido y acosador de procedimientos de embargo sin respaldo de la FSIA [ley de inmunidades soberanas extranjeras] y uso despilfarrador de recursos judiciales”.
La defensa argentina también dijo que “incluso si la actual suspensión de la ejecución expira el 10 de enero, no es ‘razonable’ que los procedimientos de embargo y ejecución de la FSIA comiencen sólo cuatro meses después de la sentencia de este Tribunal. Muchos otros tribunales han considerado ‘razonables’ plazos mucho más largos incluso sin muchos de los factores convincentes presentes aquí”.
Al igual que se hizo en escritos anteriores, el abogado defensor se refirió a la crisis económica que atraviesa el país. Señaló que la sentencia de US$16.100 millones equivale al 32% del presupuesto del Estado argentino.
“Además, como han reconocido los demandantes, el nuevo gobierno de la República está abordando circunstancias económicas terribles, incluida la pobreza generalizada, la renegociación de los servicios de deuda con el FMI, la incapacidad de acceder a los mercados internacionales de capital y una inflación que ahora se acerca al 200%. La administración ha puesto en marcha medidas fiscales y monetarias muy significativas para intentar poner la economía de la Argentina en un nuevo rumbo, y está en medio de conversaciones con el FMI con respecto al ajuste de su programa económico”, escribió Giuffra.
El juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF es el caso más importante que enfrenta la Argentina en el exterior. En primera instancia, la jueza Preska determinó que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país pagara una indemnización de US$16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.
Para evitar que la sentencia sea ejecutable, la magistrada pidió que la Argentina presentara como garantía el 26% de las acciones de YPF y una supuesta deuda que el Ente Nacional Yacyretá tiene con el país por US$2000 millones, de la época de cuando se construyó la represa. Ambos activos son difíciles de prendar. Para entregar las acciones de YPF, se necesita la autorización del Congreso por la ley de Expropiación de la petrolera de 2012. Por el lado de la deuda, no existen documentos oficiales que la validen.
En paralelo, el 22 de febrero, la Argentina tiene que presentar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska. Los demandantes, por su parte, también iniciaron el proceso de apelación para que se revoque la sentencia que eximió de responsabilidades a YPF.
Los demandantes aún no hallaron ningún activo argentino que se pueda confiscar en el exterior
La Justicia de EE.UU. ordenó al país pagar una indemnización de US$16.100 millones
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A partir de hoy, si la jueza Loretta Preska, quien lidera el caso, no extiende el plazo de suspensión provisional de la ejecución de su sentencia, los activos argentinos en Estados Unidos podrían ser sujetos de embargo, luego de que el país perdiera en primera instancia el juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012.
Anoche, al cierre de esta edición, había expectativa de que Preska confirmara si mantenía el 10 de enero como fecha límite para que la Argentina deposite una garantía o si, por el contrario, concedía una extensión del plazo. La definición no puede pasar de hoy mismo.
Sin embargo, el bufete de abogados que representa al Estado nacional está tranquilo, ya que los demandantes no encontraron todavía ningún activo argentino que pueda ser confiscado en el exterior.
Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York –la misma que dio a conocer los nombres de involucrados en el caso de Jeffrey Epstein la semana pasada– le había concedido al Estado argentino extender el plazo para evitar embargos hasta hoy, para darle tiempo de aterrizaje al gobierno de Javier Milei. Durante este lapso, el país debía depositar una garantía, mientras que iniciaba el proceso de apelación por la sentencia en contra que determinó el pago de una indemnización de US$16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park.
En los últimos días, ambas partes del caso estuvieron activas. Los fondos le enviaron una carta a la jueza la semana pasada, diciendo que ya pasó un “plazo de tiempo razonable” desde la sentencia del 15 de septiembre y que están listos para embargar y ejecutar activos.
“A pesar de las declaraciones bienvenidas y optimistas del nuevo presidente de la Argentina, los abogados del Estado argentino han dejado en claro que la República no cooperará ni siquiera en cosas básicas (como aceptar la notificación de acciones para reconocer la sentencia en el extranjero) y, por lo tanto, los demandantes siguen convencidos de la probable necesidad de hacer cumplir la sentencia a través del arduo y lento proceso de embargar bienes no inmunes”, dijo el abogado Randy M. Mastro, del bufete King & Spalding LLP, que representa a Burford e Eton Park.
La respuesta de la defensa argentina no tardó en llegar. El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, mantuvo a Sullivan & Cromwell, el mismo estudio de abogados que había contratado su antecesor, Carlos Zannini. “No conviene cambiar de caballo en medio del río”, justificó Barra, el fin de semana, en una entrevista con Clarín.
“Uso indebido”
El abogado defensor, Robert J. Giuffra, Jr., dijo que “los demandantes no han identificado ningún activo de la República en los Estados Unidos sobre el cual puedan embargar o ejecutar adecuadamente” y que cualquier acción sería “allanar el camino para el uso indebido y acosador de procedimientos de embargo sin respaldo de la FSIA [ley de inmunidades soberanas extranjeras] y uso despilfarrador de recursos judiciales”.
La defensa argentina también dijo que “incluso si la actual suspensión de la ejecución expira el 10 de enero, no es ‘razonable’ que los procedimientos de embargo y ejecución de la FSIA comiencen sólo cuatro meses después de la sentencia de este Tribunal. Muchos otros tribunales han considerado ‘razonables’ plazos mucho más largos incluso sin muchos de los factores convincentes presentes aquí”.
Al igual que se hizo en escritos anteriores, el abogado defensor se refirió a la crisis económica que atraviesa el país. Señaló que la sentencia de US$16.100 millones equivale al 32% del presupuesto del Estado argentino.
“Además, como han reconocido los demandantes, el nuevo gobierno de la República está abordando circunstancias económicas terribles, incluida la pobreza generalizada, la renegociación de los servicios de deuda con el FMI, la incapacidad de acceder a los mercados internacionales de capital y una inflación que ahora se acerca al 200%. La administración ha puesto en marcha medidas fiscales y monetarias muy significativas para intentar poner la economía de la Argentina en un nuevo rumbo, y está en medio de conversaciones con el FMI con respecto al ajuste de su programa económico”, escribió Giuffra.
El juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF es el caso más importante que enfrenta la Argentina en el exterior. En primera instancia, la jueza Preska determinó que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país pagara una indemnización de US$16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.
Para evitar que la sentencia sea ejecutable, la magistrada pidió que la Argentina presentara como garantía el 26% de las acciones de YPF y una supuesta deuda que el Ente Nacional Yacyretá tiene con el país por US$2000 millones, de la época de cuando se construyó la represa. Ambos activos son difíciles de prendar. Para entregar las acciones de YPF, se necesita la autorización del Congreso por la ley de Expropiación de la petrolera de 2012. Por el lado de la deuda, no existen documentos oficiales que la validen.
En paralelo, el 22 de febrero, la Argentina tiene que presentar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska. Los demandantes, por su parte, también iniciaron el proceso de apelación para que se revoque la sentencia que eximió de responsabilidades a YPF.
Los demandantes aún no hallaron ningún activo argentino que se pueda confiscar en el exterior
La Justicia de EE.UU. ordenó al país pagar una indemnización de US$16.100 millones
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El Consejo Agroindustrial pidió una audiencia con Milei
Buscan frenar el aumento de las retenciones previsto en la ley ómnibus; también quieren ver al ministro de Economía
Belkis Martínez
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), donde confluyen más de 60 entidades, envió una serie de cartas al Gobierno para alertar sobre el impacto negativo que ocasionará el aumento de las retenciones
En el caso de las economías regionales tendrán un incremento de un 15%, salvo por 18 productos que quedarán en un 0% y el vino y el aceite esencial de limón, en 8%. También subirán del 31% al 33% los derechos de exportación de los subproductos y derivados de la soja.
Las misivas fueron mandadas al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a los diputados nacionales. Allí se señala que el proyecto de ley tendrá un impacto sobre el empleo, producción, exportación, así como también en la generación de divisas y recaudación fiscal producto de una caída de la actividad en los sectores afectados. Solicitaron, además, una reunión con el Presidente para mostrarles el Plan Federal Agroindustrial.
Los integrantes del CAA explicaron que están “consustanciados” con la voluntad del gobierno nacional para enfrentar el particular momento crítico que atraviesa la economía del país, que ha tomado la decisión de aumentar las alícuotas a la exportación.
“Tenemos la convicción y firme voluntad de acompañar todos los esfuerzos necesarios para reencauzar esta situación. Desde nuestra creación, hemos demostrado el compromiso de proponer políticas agroindustriales, siempre dentro del contexto de la economía nacional, evitando una mirada aislada de nuestro sector y/o abstrayéndonos del contexto social”, dijeron en parte del escrito. El CAA, al igual que otras entidades del agro, comenzaron una carrera contrarreloj para exponer sus argumentos al Gobierno ante la inminente suba de las retenciones a la producción.
Según recordaron, las cadenas de valor que forman parte de esta entidad representan el 16% del PBI, el 67% de las exportaciones y el 12,4% de los empleos directos. En rigor, la agroindustria genera 1.907.498 empleos.
Por este motivo, expresaron que gran parte de estas cadenas “se verán afectadas por la propuesta de incremento de derechos de exportación, con fuerte impacto en economías regionales y cadenas de valor de la economía pampeana, como las cadenas cárnicas, lácteos, trigo, soja y maíz”.
Plan de desarrollo
Vale recordar que, en marzo pasado, el CAA presentó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires un Plan de Desarrollo Agroexportador en el que plantearon la necesidad de generar US$100.000 millones anuales en exportaciones agroindustriales, forestales y pesqueras. Este proyecto generaría, dijeron, 880.000 empleos nuevos en 10 años; representaría US$17.000 millones de inversiones incrementales.
Desde el CAA recordaron que en el trabajo que se había sido consensuado con distintos sectores de la economía nacional en su momento se planteó la necesidad de que este fuera federal, inclusivo, sustentable, productivo e innovador. En aquel plan se contemplaba una reducción gradual de los derechos de exportación a 10 años.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), donde confluyen más de 60 entidades, envió una serie de cartas al Gobierno para alertar sobre el impacto negativo que ocasionará el aumento de las retenciones
En el caso de las economías regionales tendrán un incremento de un 15%, salvo por 18 productos que quedarán en un 0% y el vino y el aceite esencial de limón, en 8%. También subirán del 31% al 33% los derechos de exportación de los subproductos y derivados de la soja.
Las misivas fueron mandadas al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a los diputados nacionales. Allí se señala que el proyecto de ley tendrá un impacto sobre el empleo, producción, exportación, así como también en la generación de divisas y recaudación fiscal producto de una caída de la actividad en los sectores afectados. Solicitaron, además, una reunión con el Presidente para mostrarles el Plan Federal Agroindustrial.
Los integrantes del CAA explicaron que están “consustanciados” con la voluntad del gobierno nacional para enfrentar el particular momento crítico que atraviesa la economía del país, que ha tomado la decisión de aumentar las alícuotas a la exportación.
“Tenemos la convicción y firme voluntad de acompañar todos los esfuerzos necesarios para reencauzar esta situación. Desde nuestra creación, hemos demostrado el compromiso de proponer políticas agroindustriales, siempre dentro del contexto de la economía nacional, evitando una mirada aislada de nuestro sector y/o abstrayéndonos del contexto social”, dijeron en parte del escrito. El CAA, al igual que otras entidades del agro, comenzaron una carrera contrarreloj para exponer sus argumentos al Gobierno ante la inminente suba de las retenciones a la producción.
Según recordaron, las cadenas de valor que forman parte de esta entidad representan el 16% del PBI, el 67% de las exportaciones y el 12,4% de los empleos directos. En rigor, la agroindustria genera 1.907.498 empleos.
Por este motivo, expresaron que gran parte de estas cadenas “se verán afectadas por la propuesta de incremento de derechos de exportación, con fuerte impacto en economías regionales y cadenas de valor de la economía pampeana, como las cadenas cárnicas, lácteos, trigo, soja y maíz”.
Plan de desarrollo
Vale recordar que, en marzo pasado, el CAA presentó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires un Plan de Desarrollo Agroexportador en el que plantearon la necesidad de generar US$100.000 millones anuales en exportaciones agroindustriales, forestales y pesqueras. Este proyecto generaría, dijeron, 880.000 empleos nuevos en 10 años; representaría US$17.000 millones de inversiones incrementales.
Desde el CAA recordaron que en el trabajo que se había sido consensuado con distintos sectores de la economía nacional en su momento se planteó la necesidad de que este fuera federal, inclusivo, sustentable, productivo e innovador. En aquel plan se contemplaba una reducción gradual de los derechos de exportación a 10 años.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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