EL ESCENARIO Y DENUNCIA DE TERRORISMO

El cogobierno con la maldita casta
La historia le impuso a Milei el mandato de la difícil estabilización económica, pero le negó los instrumentos para ejecutarla; el Presidente está obligado a conciliar con el Congreso


Carlos Pagni
Cristina Kirchner y Javier Milei...Alfredo Sábat
La historia ha tenido ideas raras para la Argentina. En un trance económico que demanda ajustes muy severos, colocó al frente del gobierno a un candidato carente de territorio, de partido y, lo más importante, de fuerza parlamentaria. Es decir, impuso a Javier Milei el mandato de la difícil estabilización económica, pero le negó los instrumentos para ejecutarla. Milei está obligado, por lo tanto, a un trabajoso experimento: debe cogobernar con el Congreso. Debe conciliar con la maldita casta. Este imperativo significa adecuar su mapa mental a los accidentes concretos del terreno. Como sostuvo Ortega en su magnífico ensayo sobre Mirabeau, “lo que más diferencia a la mente infantil del espíritu maduro es que aquélla no reconoce la jurisdicción de la realidad y suplanta las cosas por sus imágenes deseadas. (…) La madurez comienza cuando descubrimos que el mundo es sólido, que el margen de holgura concedido a la intervención de nuestro deseo es muy escaso y que más allá de él se levanta una materia resistente”. Milei comenzó a transitar esa metamorfosis. La del ideólogo que se convierte en político.
A un mes de haber inaugurado su gestión con un discurso pronunciado de espaldas al parlamento, los legisladores le pasan la factura. Los ministros del Poder Ejecutivo deben transitar por la Cámara de Diputados para rendir cuentas de sus iniciativas. No es una derrota de Milei. Lo más probable, si se tiene en cuenta el estado actual de las negociaciones, es que el núcleo su reforma, que es el paquete fiscal, sea aprobado, aunque con algunas modificaciones relevantes.
El punto de partida de la negociación fue la reunión que mantuvieron la semana pasada Martín Menem; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, con los diputados Miguel Pichetto, Emilio Monzó, de Coalición Federal, y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. Fue un primer contacto que permitió, antes que nada, que los diputados de la oposición constataran que figuras cruciales del oficialismo, como Rodríguez Chirillo, tienen una ignorancia enciclopédica sobre el oficio al que acaban de incorporarse. La prueba más contundente fue la pregunta inicial de Chirillo a Monzó: “Perdón, ¿usted como se llama?”. Del lado federal se escuchó un carraspeo, pero la conversación siguió adelante.
En la charla quedó establecido un riel por el que sigue avanzando la transacción. Se admitirá que haya una declaración de emergencia. Pero sólo por un año. Hay que recordar el clásico aforismo de Pichetto: “Una emergencia, un blanqueo y una moratoria no se le niegan a ningún gobierno”. Las retenciones deberán ser acotadas en homenaje a intereses provinciales. No habrá un cheque en blanco para que el Ejecutivo actualice a su antojo las jubilaciones: si se le transfiere esa facultad, será a cambio de fijar una mejora mínima que acompañe la inflación.
Para Luis Caputo podría ser el comienzo de un alivio. El ministro de Economía cometió el error de permitir que su programa fiscal quedara subsumido en un texto de 664 artículos que pretende remodelar desde las terapias psiquiátricas hasta los institutos de música y teatro, pasando por el sistema electoral. La demora para cumplir con la racionalización anunciada por Caputo preocupa a todo el gabinete. Milei atribuye a ese retraso la disparada de los dólares alternativos, que ayer siguieron ampliando la brecha.
Es una lectura. Hay otras: economistas ultraliberales, antiguos aliados de Milei, entre los que se destacan Carlos Rodríguez y Diego Giacomini, sostienen que el aumento del blue o del contado con liquidación derivan de desaciertos del propio programa económico. La captura de reservas del Banco Central por parte del Tesoro causó un escándalo entre esos profesionales. Rodríguez aceptó: “No hay más remedio. Pero eso no es una política sustentable”. Otro flanco sobre el que el programa de Caputo recibe ataques tiene que ver con la licuación que supone la tasa de interés real muy negativa, que convierte al dólar en una inversión más atractiva. La incertidumbre sobre el régimen cambiario se mantiene, a tal punto que el propio Milei comenzó a garabatear alguna fórmula que libere al Central de la presión de los importadores.
Sobre este panorama de preocupaciones se recorta un acuerdo con el Fondo cuyo alcance es indeterminado. La novedad más modesta, un desembolso para pagar vencimientos, que se formalizó anoche, produjo un saludable repunte en el mercado de bonos. Caputo insistió en que no pretende tomar más deuda. A pesar de esa afirmación ayer volvieron a circular versiones sobre un desembolso adicional, de 15.000 millones de dólares. También están los que fantasean con que esa ayuda venga de la Secretaría del Tesoro norteamericano, como premio a un alineamiento geopolítico. En este mar de ensoñaciones sólo se percibe un punto fijo: Milei sigue sin descartar la dolarización.
El mamotreto legislativo, del que depende el éxito oficial, sigue navegando por aguas procelosas. El eje principal de la negociación está en manos del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien trabaja en todos los frentes. Una prueba: ayer debió interrumpir su asistencia a las comisiones de Diputados para asistir a un almuerzo con varios obispos y arzobispos. Fue en la casa de su amiga María Cristina Guzmán, la mítica jujeña que organizó el encuentro.
La ley tiene demasiado ripio. Juristas destacadísimos objetaron la pretensión reformar el Código Civil y Comercial a través de una ley ómnibus. Alberto García Lema, por su parte, enumeró ayer infinidad de fisuras técnicas que justificarían que ese proyecto fuera declarado inconstitucional. Más allá de deficiencias elementales, como que en una misma propuesta aparecen cambios para cuya aprobación se necesitan mayorías muy diversas.
Con independencia de estos inconvenientes, el Gobierno podría contar con una mayoría dispuesta a aprobar el corazón de su texto con algunos cambios. Al grupo de Pichetto y López se suma la UCR, que está sometida a influencias diversas que debe conciliar Rodrigo de Loredo. Desde la del gobernador Alfredo Cornejo, proclive a ayudar a Milei, hasta la de Facundo Manes, que lidera un grupo crítico. En Pro, que es el bloque más cooperativo, pasa algo parecido. Patricia Bullrich intenta proyectar su consigna “todo o nada”. Pero choca con muchos diputados reticentes a aprobar aspectos muy controvertidos de la ley.
En el ala ultraoficialista suena con estridencia Diego Santilli, quien reclama a sus colegas “aprobar todo lo que pida este gobierno”. Después baja la voz, y agrega: “por lo menos hasta marzo”. Hay quienes atribuyen este alineamiento a antiguos intercambios del diputado del Pro con el procurador Rodolfo Barra. Puede haber otras razones. Larretista hasta hace media hora, Santilli vio con claridad las virtudes de la ley cuando alguien de su máxima confianza, José Luis Acevedo, fue designado al frente de Corredores Viales S.A. Psicólogo de profesión, Acevedo aprendió en una empresa porteña, Autopistas Urbanas S.A., la administración de sistemas de peajes. Ahora disfruta de sus afinidades ideológicas con las Fuerzas del Cielo: se formó en la ultraderecha que en la Capital lideraba Raúl Padró.
A propósito de estos nombramientos: una de las discusiones de los funcionarios del Ejecutivo con el Congreso se refiere a las privatizaciones. Menem, Rodríguez Chirillo y Rolandi se llevaron de aquel primer contacto una idea general: los bloques afines podrían aprobar que el Estado se desprenda de algunas compañías, siempre y cuando la venta sea sometida al control parlamentario. Eso sí, hay algunos activos intocables. YPF y el Banco Nación, para empezar. Sobre muchas otras materias, un grupo de diputados aprovechó que el Ejecutivo desistió de negociar con los sectores, para abrir su propio diálogo con las “fuerzas vivas”. Fenomenal regalo de Milei a los más pragmáticos ejemplares de la casta.
Las privatizaciones son un problema para Mauricio González Botto, a quien Nicolás Posse encargó ese programa. Hay áreas en las que, para desalojar a los nuevos responsables, Botto deberá recurrir a los cascos azules. Son los lugares elegidos por Milei para cumplir enigmáticos compromisos con Sergio Massa. A la cabeza está AySA, la empresa que dirigió Malena Galmarini, ahora bajo el mando de Marcelo Papandrea. Este funcionario, estrechísimo colaborador de Jorge Brito, llegó al cargo, si no con el impulso, con el visto bueno de Massa. Para Caputo y su socio, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, es una designación relevante: AySA debe decidir el trazado de un tendido de agua que afecta la viabilidad de uno de sus emprendimientos inmobiliarios, en Libertador y Dorrego. Son detalles.
Más importante para Papandrea es arbitrar viejos enfrentamientos entre Galmarini y el sindicalista-espía, José Luis Lingeri. Y realizar algunos gestos simbólicos, como la suspensión de una licitación de policloruro de aluminio que, según denunciaron Ricardo López Murphy y Juan José Calandri, estaba hecha a la medida de Mauricio Filiberti, proveedor monopólico de cloro. El recorte de Papandrea no impidió a Filiberti convocar el sábado pasado a una celebración fastuosa en el barrio privado Las Coronillas, de José Ignacio. Allí celebró su cumpleaños y una inesperada ampliación de la familia.
Massa conquistó también la Secretaría de Telecomunicaciones, a cargo ahora de Martín Cingolani, quien hasta el 10 de diciembre revistaba como subsecretario del Ministerio de Transportes de Axel Kicillof. También tiene feligreses en el directorio de otra empresa pública, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A.: la prensa especializada informó que allí fue designado Sergio Basich, quien procede del Grupo América, de José Luis Manzano, Daniel Vila y Claudio Belocopit.
La AFIP es otra zona de continuidad. Allí Milei y el ministro Caputo decidieron conservar, con modificaciones mínimas, el esquema de mandos con que se manejó Massa, apoyándose en su hombre clave, Guillermo Michel, al frente de la Aduana. Rosaura Cedreiras, Jorge Arce, Julio Nieto son engranajes de esa maquinaria construida por Ricardo Echegaray durante el reinado de los Kirchner. Echegaray fue una presencia permanente e informal en la secretaría privada de Michel. En el mismo club milita Gabriel Paraggini, otrora mano derecha del fallecido Damián Sierra, el mejor amigo del tenebroso Antonio Stiuso en ese mundo. La trama incluye una figura decisiva: Verónica Iaconniani, a cargo de una poderosa repartición de Inteligencia que envidiará Silvestre Sívori, el titular de la AFI, designado allí por Posse.
La Aduana es importante, entre muchas cosas, porque ha sido la sede de una situación escandalosa. Como observó Carlos Rodríguez, apenas se insinuó una auditoría la deuda con los importadores pasó de 64.000 a 14.000 millones de dólares. ¿Cuántas fueron las operaciones simuladas durante la gestión de Massa para arrebatar dólares baratos al Central? A propósito de estas fechorías, en el bullicio del cumpleaños de Filiberti circuló esta fábula: el cambista Elías Piccirillo, conocido en la city como “el rey del blue”, celebró la llegada de 2024 convocando a un chef con una estrella Michelin para agasajar a Jesica Cirio en algún rincón de la costa californiana. En el mercado financiero se afirma que Piccirillo llegó a hacer operaciones que le dejaban 1 millón de dólares por día. Así pudo rentar por más de 1 millón de euros el yate Bold para pasear durante una semana con la exmujer de Martín Insaurralde por Ibiza y Formentera. A propósito de Insaurralde, alguien preguntó en esa celebración si es verdad que rehizo su vida al lado de Luciana Salazar, la exesposa de Martín Redrado.
Estas minucias importan poquísimo al lado de un interrogante principal: ¿hasta dónde hunden sus raíces los acuerdos de Milei con el kirchnerismo? Mariano Cúneo Libarona aceleró ese debate al defender que se le quiten a la UIF y a la Oficina Anticorrupción la facultad de querellar. Es una propuesta, en términos teóricos, opinable. Un ejemplo: durante la presidencia de Cristina Kirchner los funcionarios reclamaban esa capacidad de intervenir en causas judiciales para perseguir a la prensa. Otro ejemplo: en la ciudad de Buenos Aires, entre las atribuciones de la Oficina de Integridad Pública creada por Horacio Rodríguez Larreta, no figura la de querellar.
Pero Cúneo no se limitó a sostener una posición técnica. Alegó que la UIF y la Oficina Anticorrupción habían sido instrumentos de un hostigamiento político. Una doble torpeza. Primero porque, según el ministro de Justicia, a los acusados y condenados por corrupción durante los gobiernos Kirchner no sólo no habría que haberlos querellado, sino que hay que pedirles perdón. Segundo, porque a Cúneo, defensor de muchos imputados en esos procedimientos, le podría caber una de las razones que dio Mariano Federici, el extitular de la UIF, en defensa de la autorización a ese organismo para ser parte querellante: romper los vidriosos acuerdos que suelen tejerse entre abogados de funcionarios acusados y los magistrados que los “juzgan”.
Hay infinidad de indicios de que Milei tomó la decisión de no confrontar con el kirchnerismo en materia de corrupción. A tal punto que algunos candidatos a integrar su gobierno fueron vetados por haber denunciado en su momento a la señora de Kirchner. Es la opción política de alguien que teme enfrentar a la expresidenta en el Congreso y en la provincia de Buenos Aires. La incógnita es si ese pacto se sostiene en la clemencia o si supone una asociación cooperativa.
Esta pregunta quedó flotando este martes, durante el plenario de comisiones al que asistió Cúneo Libarona. El diputado López, de la Coalición Cívica, lo consultó sobre una versión: si es verdad que el Poder Ejecutivo está por proponer al juez Ariel Lijo para integrar la Corte. López confesó: “Creo que es un chiste”. Cúneo no respondió.
López se refería a que Lijo es, junto con el fallecido Norberto Oyarbide y el jubilado Rodolfo Canicoba Corral, el magistrado que encarna con mayor nitidez los vicios que otorgan triste fama a la justicia federal de Comodoro Py. Para corroborarlo no hace falta dejarse llevar por las versiones que afirman con insistencia que Lijo suele atender a sus “clientes” en el altillo de la joyería Simonetta Orsini. Alcanza con releer las declaraciones de su excuñada María Carla Lago ante el Consejo de la Magistratura, sobre los negocios del magistrado con su hermano Alfredo en el haras “La Generación”. Cuando los consejeros preguntaron en tres hipódromos por las cuentas en las que se depositaban los premios, recibieron la misma respuesta: “Pagamos en efectivo”. Alfredo Lijo, lobista judicial, se ufana de ser íntimo amigo de Karina Milei. Ha llamado a varios periodistas para aclarar que Guillermo Scarcella, su amigo y rival, juega en ese círculo un lugar secundario. Una carrera de embolsados.
El juez Lijo, afirman en el Senado, solía visitar a Cristina Kirchner en su despacho. También fue próximo a Mauricio Macri, quien impidió que prosperara su juicio político en el Consejo: ¿influyó la causa del Correo, que tramita en su juzgado? ¿O tuvo que ver la investigación sobre el finado Brito, en la que Macri tenía tanto interés? Lo cierto es que Lijo es ecuménico. Eso sí: las versiones que aseguran que en el Gobierno podrían postularlo para la Corte atribuyen a Ricardo Lorenzetti un patrocinio sobre su candidatura. Siempre fueron íntimos.
Esta última especulación no podría ser más inoportuna. Lorenzetti le cae pésimo a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Entre otras cosas porque algunos de ellos le atribuyen haberlos mortificado a través de expedientes que abrió Lijo. La opinión de ese trío puede ser crucial para Milei: a la larga, la constitucionalidad del decreto de Federico Sturzenegger y de la ley de 664 artículos será decidida por la Corte. La jurisdicción de la realidad, de la que hablaba Ortega.

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La increíble historia del peluquero, el jugador de ping-pong y el “mercenario”
Bullrich anunció que habían desbaratado una posible célula internacional; pero las pruebas no coinciden
Paz Rodríguez Niell
Gustavo Pardo atiende detrás del mostrador del Gran Hotel España, en un edificio de 90 años, venido a menos, a metros de la Avenida de Mayo. Lleva dos décadas como el encargado y conserje de la noche, trabajo que heredó de su padre, descolgando y colgando llaves de habitaciones en un gran mueble de madera que tiene a sus espaldas. “Te imaginarás que vi pasar de todo... cantidad de pasajeros extraños”, dice  Pero hubo un huésped que, sin haber pisado siquiera el hotel, le llamó la atención. Tanto que lo motivó a hacer una llamada.
Esa llamada es el origen de una historia de novela que incluye a un supuesto mercenario retirado de la Legión Extranjera Francesa, un jugador de ping-pong siriocolombiano y un peluquero, hoy enredados en una causa de presunto terrorismo internacional y los tres, presos. Según Patricia Bullrich, hay serias sospechas de que tramaban un atentado contra un objetivo vinculado a Israel y esperaban un paquete con explosivos desde Yemen.
En la Justicia no descartan que sea todo una fábula, pero siguen adelante. “Vamos a esperar, a ver si sale algo de los cruces de llamadas”, dijo un funcionario que trabaja en el caso. Pardo cuenta que cuando le llegó al WhatsApp del hotel la reserva de un colombiano nacido en Siria pensó de inmediato que, con esa doble nacionalidad, era un personaje que sin dudas le iba a interesar investigar a su amigo el Rubio, un catamarqueño que dice ser periodista free-lance, pero que cuenta que también “prestó servicios” a agencias de “inteligencia y seguridad” de distintos países del mundo y muestra con orgullo cómo medios españoles lo presentaron como el “Rubio mercenario madrileño” que trabajando para una empresa española en Camerún “liberó a 55 niñas de las garras de los terroristas de Boko Haram”. Él dice que incluso trabajó para la Legión Extranjera Francesa.
El Rubio paró dos meses en el Gran Hotel España y se hizo amigo de Pardo, que además de encargado de hotel –cuenta– es periodista. “Un tipo superrespetuoso, leal con su gente. Me contó sus historias en el desierto. Nos íbamos a tomar un café a la esquina, charlábamos”, dice Pardo del Rubio, de 54 años. Pardo relata que no lo podía creer cuando vio en televisión que los habían detenido, al Rubio y a Chasam Naem Chatay, el sirio-colombiano del que él le había hablado. Entre medio sí supo, dos semanas después de esa charla con su amigo, que la Policía Federal Argentina estaba detrás de Chatay.
Un grupo de agentes se presentaron en el hotel el 29 de diciembre. “Vino la policía a montar todo el cableado para agarrar acá al supuesto terrorista. Finalmente no llegó, lo agarraron en Ezeiza”, relata Pardo. Al Rubio lo habrían detenido porque dijo falsamente ser un agente inorgánico de la embajada de los Estados Unidos cuando se presentó ante la Policía a contar la historia del presunto terrorista. El sirio-colombiano tiene 68 años y dice ser entrenador de tenis de mesa –cuenta que incluso compitió en certámenes internacionales–. También vivió en Venezuela. Relató en la Justicia que su plan era radicarse en Buenos Aires y abrir un club de ping-pong.
Según publicó El Tiempo, de Colombia, tiene un local de venta de perfumes en una galería de Bogotá y sus vecinos solían verlo llegar en bicicleta.
El tercer detenido es un peluquero que trabajaba a dos cuadras del Gran Hotel España, en Rivadavia 919, en la peluquería Rubi. Todo a pocas cuadras de la Embajada de Israel, lo que fomentó la hipótesis del supuesto acto terrorista en ciernes. El peluquero, Ramón Alberto Domínguez, también conocía al Rubio porque lo atendía, según el relato de los dos y de la dueña de la peluquería. El Rubio es quien lo introdujo en la trama. Según su propio testimonio, unió un supuesto paquete que iban a mandarle al peluquero desde Yemen con la reserva del colombiano-sirio en el hotel.
Con esa denuncia ante la Policía, un anónimo y una llamada a la Embajada de Israel de un gendarme -a quien también le habría contado la historia el Rubio- empieza la causa. El peluquero jura que nada tiene que ver y que el supuesto paquete solo fue la promesa de alguien que quiso hacerle una estafa virtual. Él mismo lo había denunciado en la Justicia el 1° de noviembre, casi dos meses antes de la entrada al país del sirio-colombiano. La ministra Bullrich hizo público el caso el 2 de enero. Dijo que tres extranjeros habían sido detenidos, que los tres llegaban a la Argentina “en distintos vuelos”, que tenían “identidades cruzadas, pasaportes cruzados”, que “estaban a la espera de un paquete que venía vía los sistemas de delivery vía Yemen”, y afirmó: “El paquete está bajo investigación”.
Sus dichos no coinciden con lo que figura en la causa, según supo
de funcionarios con acceso al expediente. Fuentes de los tribunales dijeron que tampoco hay constancias de la “información de inteligencia” brindada por “elementos de Estados Unidos y de Israel” que –según Bullrich– habría reforzado las sospechas. se comunicó con el Ministerio de Seguridad, pero no obtuvo respuesta. La existencia de la supuesta encomienda nunca se acreditó, advirtió en el expediente el fiscal Franco Picardi, que la semana pasada dictaminó en favor de la liberación de Domínguez, el peluquero. El fiscal sostuvo que las pruebas reunidas dan cuenta de que quisieron estafarlo haciéndole creer que le enviarían un regalo. Domínguez declaró que hace unos cuatro meses se contactó por Facebook con una mujer con la que empezó a chatear y a conocerse; que ella le dijo que era norteamericana y que quería visitar la Argentina; también, que le mandaría un regalo. Como Domínguez vive con su hija, le pareció mejor darle la dirección de la peluquería. La mujer le mandó entonces un supuesto comprobante para recibirlo. Pero él cuenta que días después lo llamó un hombre a las 4 de la mañana y le dijo que al paquete debía retirarlo y pagar antes 900 dólares. Relata que él se negó y que le insistieron; que entonces bloqueó el contacto y, por recomendación de un cliente abogado, hizo la denuncia.
La historia del paquete llega a la Justicia porque el Rubio fue a cortarse el pelo a la peluquería de Rivadavia entre Suipacha y Carlos Pellegrini (vive a la vuelta) y preguntó qué era de la vida de Domínguez, su peluquero. Fue entonces cuando la dueña de la peluquería le contó lo que le había pasado y le mostró el WhatsApp con la documentación del supuesto paquete, que decía provenir de “Yemen” y que pesaba 35 kilos. Según la declaración del Rubio, le resultó curioso el dato del envío sumado a la llegada al país de un hombre nacido en Siria por el hecho de ser dos países con problemas con Israel. Siempre según su relato, se lo contó entonces a un gendarme conocido, a ver si podía rastrear el paquete (que la Justicia ya rastreó y corroboró que la documentación del envío es falsa), envió un mail al Mossad y trató, sin éxito, de contactar a la AMIA.
El gendarme, por su parte, se habría comunicado con la Embajada de Israel para relatar esto mismo. Aludió entonces a otra fuente: un policía de Colombia. Preguntado después en los tribunales, el gendarme nunca reveló quién era ese supuesto policía. De acuerdo con el expediente, el gendarme habló de otros dos hombres que supuestamente ingresarían al país –uno de ellos, libanés–, pero solo se corroboró la entrada de Chasam. Rubi, dueña de la peluquería que lleva su nombre, no puede creer el lío en el que se vio envuelta. Allanaron su local y, para entrar, la Policía rompió la cerradura. En un primer momento solo le dijeron que era por una denuncia (“Yo creí que era alguien que se quejaba de que le había cortado mal, imagínate… y me pareció raro porque las clientas siempre se van contentas”, dice). Ella ratificó en la Justicia que le había contado al Rubio del supuesto envío que esperaba Domínguez.
Los investigadores aguardan el resultado de las pruebas ordenadas para determinar si esta supuesta célula terrorista es solo un malentendido o el caso debe seguir adelante. Pesa sobre los tres detenidos una gigantesca imputación: están acusados de “integrar una asociación criminal transnacional de existencia ininterrumpida en el tiempo que se dedica a la organización y perpetración de atentado terroristas”.
La semana pasada, la causa pasó del juzgado a cargo de María Servini de Cubría y la fiscalía de Picardi, al juzgado de María Eugenia Capuchetti y la fiscalía de Ramiro González. El jueves pasado declararon Pardo y la dueña de la peluquería. La semana próxima deberán definirse las situaciones procesales de los tres acusados. La defensoría oficial que los representa apuesta a que el peluquero, que pidió ser excarcelado cuando declaró en indagatoria, sea liberado. Tiene un dictamen favorable de la fiscalía y hoy la Cámara Federal resolverá

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