Referentes de Pro, en pie de guerra por el impacto de la desregulación de la pesca
producción. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, rechazan los cambios
Matías Moreno
La magnitud de la ley ómnibus, que el Presidente considera la piedra fundacional de su gobierno, y la falta de articulación política que exhibe el oficialismo para construir una mayoría en el Congreso ponen en jaque la ambición de Javier Milei de lograr un tratamiento exprés de su megaproyecto. Si ya tenía complicado el respaldo de la UCR, ahora se suma el fuerte malestar de referentes territoriales de Pro.
Se trata del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quienes en las últimas horas salieron en bloque a cuestionar con dureza los cambios que introduce el proyecto de ley ómnibus del Gobierno en la actividad pesquera. Torres y Montenegro mascullan bronca por una decisión que consideran unilateral e “inconsulta”. Los sorprende que la Casa Rosada no les haya ni siquiera avisado de la profundidad de los retoques en la ley pesquera. La táctica del “a todo o nada” que usa Milei en el arranque de su gestión le abrió diversos frentes de conflicto y alinea a los enemigos de sus reformas.
“Es una torpeza lo que hicieron. No lo podemos avalar. No plantean desregular para generar más divisas, al contrario, esto es pegarse un tiro en el pie”, aseguró Torres ante la consulta de la nacion, quien ya habló con la cúpula de Pro y mantiene contactos frecuentes con Mauricio Macri. En Pro se quejan de que Milei no consultó al Consejo Federal Pesquero ni con el empresariado o sindicatos de la industria pesquera para tomar una “decisión unilateral”. Apuntan, sobre todo, contra Federico Sturzenegger. Consideran que el Ejecutivo apeló a un diseño improvisado de la ley (”hicieron cortar y pegar”, braman) sin antes avanzar con un estudio de las problemáticas del sector. También lamentan que no haya interlocutores con la Casa Rosada y que aún no haya sido designado el subsecretario de Pesca, que está bajo la órbita de Luis “Toto” Caputo (Economía).
Montenegro también se puso en guardia. Con la industria movilizada en su ciudad, donde estiman que se producen el 45% de los desembarques del país, según fuentes de Pro, el intendente de General Pueyrredón alertó que la reforma en el Régimen Federal de Pesca “desconoce la realidad económica y social del interior argentino” y vaticinó que podría provocar la “destrucción” de empleos. En su entorno estiman que el impacto alcanzaría los 35.000 puestos de trabajo. “Si avanzan, Mar del Plata se va a convertir en Detroit [que se vio afectada años atrás por la caída de la industria automotriz]. El trabajo que da la pesca se equipara a 16 parques industriales”, apuntan. El senador provincial Alejandro Rabinovich (Pro), un estrecho colaborador de Montenegro, se puso al frente de la estrategia para armar la resistencia bonaerense. Preparan pronunciamientos de la Legislatura provincial y motorizan contactos con legisladores nacionales. En Pro y en la UCR aventuran que el Gobierno dará marcha atrás con los cambios impulsados para el sector pesquero porque aglutinará los representantes de Buenos Aires, el distrito más influyente del mapa político, en el Congreso y a los alfiles de la Patagonia.
Hoy, Torres se verá con Guillermo Francos, ministro del Interior, quien intenta contener el malestar de gobernadores y sindicalistas frente a la reformas que planteó Milei. Francos se convirtió en un bombero después de que el líder de La Libertad Avanza pateara el tablero con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para poner en marcha una drástica transformación de la legislación económica y avanzar con una reforma laboral.
Entre los cambios que introdujo la ley ómnibus, cuyo cerebro intelectual fue Sturzenegger, quien aún no fue designado en la administración en ningún puesto, pero se mueve como un ministro sin cartera, hay una serie de reformas que impactan de lleno en la actividad de la industria pesquera y pusieron en alerta a los jefes políticos de las provincias o ciudades costeras.
“Lo mínimo que pedimos es que levanten el teléfono y nos digan: ‘muchachos, ¿qué piensan de esto?’. Somos los gobernadores los que tenemos la responsabilidad de mantener la paz social en momentos en que los gremios están movilizándose”, puntualizó Torres.
Torres se movió en coordinación con los gobernadores de la Patagonia para rechazar los cambios. En un comunicado conjunto, Torres, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) advirtieron que la reforma que propone Milei para el sector pesquero “generaría un efecto destructivo” y tendría “consecuencias devastadoras” para esa industria en sus provincias. Alertaron sobre los “perjuicios que generaría para el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos”.
Los gobernadores patagónicos rechazan la “modificación de la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos”; la “eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”; y la “competencia desigual en la asignación de cupos de captura”. “La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”, indicaron. Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quien anunció medidas orientadas a bajar el gasto público y reducir los “privilegios” de la política en sintonía con Milei, también dejó trascender su disconformidad por la falta de diálogo entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales para debatir “el DNU o la ley ómnibus”. “La mayoría de los gobernadores están acompañando al Gobierno. Muchos han anunciado medidas de austeridad fiscal y rebaja del gasto político en línea con el pedido del Presidente”, indican cerca de dos referentes de la liga de gobernadores de JxC.
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Jorge Macri elimina contratos y reduce un 30% la estructura estatal
En sintonía con Milei, el jefe porteño anunciará una rebaja de cargos políticos; cumbre con Caputo por los fondos
Matías Moreno
Jorge Macri, jefe de gobierno porteño
Mientras Javier Milei redobla su ofensiva contra la “casta” y presiona al Congreso para que apruebe el megaproyecto con el que pretende evitar una “catástrofe de proporciones bíblicas”, el jefe de gobierno, Jorge Macri, buscará exhibir que está en sintonía con la receta política del Presidente en el inicio de su gestión en la fortaleza electoral de Pro.
En momentos en que los referentes de Milei en la Legislatura porteña le reclaman gestos de austeridad y que reduzca la presión impositiva o el nivel de empleo público, el sucesor de Larreta se prepara para anunciar la semana próxima una reducción de la estructura estatal que, aseguran fuentes de la Ciudad, oscilaría entre el 30 y 40 por ciento. En rigor, el alcalde y el exintendente de Vicente López puso la mira en los contratos temporales que finalizaban el 31 de diciembre pasado y dependían de los ministerios, las secretarías y dependencias del gobierno porteño.
La concreción parcial de ese plan ya provocó la reacción del gremio ATE Capital, que conduce Daniel Catalano, un dirigente muy ligado al kirchnerismo. Movilizados desde el viernes pasado, los sindicalistas denuncian que Jorge Macri ejecutó hasta ahora una poda de unos siete mil trabajadores que estaban en relación de monotributistas. Se quejan de que la reducción se efectúa “de manera discrecional” y que los afectados no ocupaban puestos “políticos”.
El conflicto se desató en momentos en que Jorge Macri se encuentra en Punta del Este, en Uruguay, adonde viajó en avión privado el viernes para pasar la fiesta de fin de año junto a su esposa, Belén Ludueña, y su familia, lo cual motivó críticas de los representantes gremiales y legisladores de la izquierda. Las playas esteñas volvieron a reunir a empresarios, exministros y figuras políticas de diversa extracción partidaria. Este verano, pese a la crisis económica y el desgaste de la dirigencia tradicional, no fue la excepción: por allí desfilaron exfuncionarios nacionales de Pro e, incluso, representantes de los libertarios.
Ante la consulta de la nacion, allegados al alcalde afirmaron que Jorge Macri tenía previsto regresar anoche a la Capital para retomar sus funciones. Es más, hoy a la tarde tiene agendada una reunión de alto impacto: se verá con el ministro de Economía, Luis Caputo, para iniciar la negociación por los fondos de coparticipación para solventar la Policía de la Ciudad y una deuda de 350.000 millones de pesos.
En la Ciudad defienden su plan para reducir el tamaño del Estado porteño, pese a las críticas de los gremios y opositores. Dependiendo de la cartera, se aplicarán recortes que van desde el 20% hasta el 40%, según indicaron desde la cúpula del Ejecutivo porteño. Y afirman que ajustaron contratos de locación de servicio.
Los colaboradores de Jorge Macri argumentan que no se impulsó una disminución de empleados de la planta permanente, sino que se optó por prescindir de los servicios de personas que tenían contratos temporales. Fuentes oficiales argumentan que son movimientos habituales ante un cambio de mando en la gestión. Resta saber si, en ese proceso de renovación, los ministros no usarán esas vacantes para dar de alta otros contratos y negociar con sus aliados políticos, como sospechan en un sector de la oposición a Pro.
Fuera de micrófono, funcionarios porteños que fueron designados por Jorge Macri en puestos codiciados aducen que Larreta había engrosado la estructura en los últimos años de su segundo mandato. En ese marco, Jorge Macri ordenó a los nuevos ministros que revisen los contratos de cada área y eliminen los nombramientos ligados a acuerdos políticos. “No hay recortes ni despidos; son contratos que se bajan automáticamente en el cambio de una gestión”, apuntan ante las denuncias de los gremios.
Mientras Milei se jacta de haber activado la “motosierra”, el instrumento que prometió usar para combatir a la “casta” y achicar el tamaño del Estado, Jorge Macri encabezará la semana próxima un acto para hacer un balance de su primer mes de gestión y ensayar un gesto político. Allí, intentará mostrar los resultados de la reducción del tamaño de la estructura de la Ciudad. En Uspallata anticipan que presentarán una reducción de alrededor del 30% o 40% de la planta de cada ministerio. Se pusieron como “meta” bajar la cantidad de ravioles del organigrama –secretarías, subsecretarías y direcciones– y optimizar “gastos operativos”. Esa tarea estuvo a cargo del vicejefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, número dos de Néstor Grindetti.
Los libertarios –que intensificaron su oposición a Pro desde que Macri selló un acuerdo con los radicales de Martín Lousteau para asegurarse la gobernabilidad– criticaron que el alcalde haya sumado un ministerio a la estructura de la Ciudad –pasó de nueve a diez– en relación con la gestión de Larreta. En el oficialismo justifican la decisión: arguyen que Jorge Macri optó por desdoblar el Ministerio de Seguridad y el de Justicia, además de crear la cartera de infraestructura. Pero aseguran que no engrosaron el esquema, sino que redistribuyeron funciones. El Ministerio de Gobierno, además, fue degradado a secretaría y quedó en manos de César Torres, un dirigente leal a Jorge Macri.
En la mesa chica del jefe porteño deslizan que detectaron áreas “sobredimensionadas” y que pidieron bajar contratos temporales o puestos políticos que estaban vinculados con la campaña electoral. “Queremos apoyar al sector privado más que agrandar la gestión pública”, argumentan.
Así como Milei enfrenta las reacciones de los gremios por el shock de ajuste y recortes en la administración nacional, Jorge Macri deberá sortear la resistencia de los gremios en el territorio porteño. ATE Capital se declaró “en estado de alerta y movilización” al denunciar que la Ciudad redujo entre un 30% y 40% del personal bajo la contratación monotributista. Las notificaciones, aseguran, llegaron el viernes 30 de diciembre. “No fue informado en la paritaria ni en las instancias con Hacienda. Son bajas masivas de los contratos y se dieron sin criterio ni reglas claras”, aseguran desde ATE Capital, que preparan protestas sectoriales para mañana y una medida de fuerza para la semana próxima.
La legisladora de la izquierda Alejandrina Barry (FIT-Unidad/ PTS) también cuestionó la reducción de contratos en la Ciudad y aseguró que las bajas afectan a la Dirección General de la Mujer, los refugios para mujeres víctimas de violencia de género; el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Instituto de la Vivienda; Ecoparque, Tránsito, y la Subsecretaría de Atención Inmediata.
Los jefes de ATE Capital sostienen que muchos afectados por la decisión de Jorge Macri no tenían “contratos políticos”. “Cumplen funciones como agentes de tránsito, operadores territoriales y de asistencia técnica y social de proyectos de reurbanización y de programas educativos, y otros son psicólogos que atienden a personas en situación de calle”, puntualizó el gremio a través de un comunicado.
En la Ciudad relativizan la reacción del sindicato. Argumentan que ATE Capital tiene alrededor del 15% de los empleados de la Ciudad, ya que el gremio más influyente es Sutectba.
Mientras Javier Milei redobla su ofensiva contra la “casta” y presiona al Congreso para que apruebe el megaproyecto con el que pretende evitar una “catástrofe de proporciones bíblicas”, el jefe de gobierno, Jorge Macri, buscará exhibir que está en sintonía con la receta política del Presidente en el inicio de su gestión en la fortaleza electoral de Pro.
En momentos en que los referentes de Milei en la Legislatura porteña le reclaman gestos de austeridad y que reduzca la presión impositiva o el nivel de empleo público, el sucesor de Larreta se prepara para anunciar la semana próxima una reducción de la estructura estatal que, aseguran fuentes de la Ciudad, oscilaría entre el 30 y 40 por ciento. En rigor, el alcalde y el exintendente de Vicente López puso la mira en los contratos temporales que finalizaban el 31 de diciembre pasado y dependían de los ministerios, las secretarías y dependencias del gobierno porteño.
La concreción parcial de ese plan ya provocó la reacción del gremio ATE Capital, que conduce Daniel Catalano, un dirigente muy ligado al kirchnerismo. Movilizados desde el viernes pasado, los sindicalistas denuncian que Jorge Macri ejecutó hasta ahora una poda de unos siete mil trabajadores que estaban en relación de monotributistas. Se quejan de que la reducción se efectúa “de manera discrecional” y que los afectados no ocupaban puestos “políticos”.
El conflicto se desató en momentos en que Jorge Macri se encuentra en Punta del Este, en Uruguay, adonde viajó en avión privado el viernes para pasar la fiesta de fin de año junto a su esposa, Belén Ludueña, y su familia, lo cual motivó críticas de los representantes gremiales y legisladores de la izquierda. Las playas esteñas volvieron a reunir a empresarios, exministros y figuras políticas de diversa extracción partidaria. Este verano, pese a la crisis económica y el desgaste de la dirigencia tradicional, no fue la excepción: por allí desfilaron exfuncionarios nacionales de Pro e, incluso, representantes de los libertarios.
Ante la consulta de la nacion, allegados al alcalde afirmaron que Jorge Macri tenía previsto regresar anoche a la Capital para retomar sus funciones. Es más, hoy a la tarde tiene agendada una reunión de alto impacto: se verá con el ministro de Economía, Luis Caputo, para iniciar la negociación por los fondos de coparticipación para solventar la Policía de la Ciudad y una deuda de 350.000 millones de pesos.
En la Ciudad defienden su plan para reducir el tamaño del Estado porteño, pese a las críticas de los gremios y opositores. Dependiendo de la cartera, se aplicarán recortes que van desde el 20% hasta el 40%, según indicaron desde la cúpula del Ejecutivo porteño. Y afirman que ajustaron contratos de locación de servicio.
Los colaboradores de Jorge Macri argumentan que no se impulsó una disminución de empleados de la planta permanente, sino que se optó por prescindir de los servicios de personas que tenían contratos temporales. Fuentes oficiales argumentan que son movimientos habituales ante un cambio de mando en la gestión. Resta saber si, en ese proceso de renovación, los ministros no usarán esas vacantes para dar de alta otros contratos y negociar con sus aliados políticos, como sospechan en un sector de la oposición a Pro.
Fuera de micrófono, funcionarios porteños que fueron designados por Jorge Macri en puestos codiciados aducen que Larreta había engrosado la estructura en los últimos años de su segundo mandato. En ese marco, Jorge Macri ordenó a los nuevos ministros que revisen los contratos de cada área y eliminen los nombramientos ligados a acuerdos políticos. “No hay recortes ni despidos; son contratos que se bajan automáticamente en el cambio de una gestión”, apuntan ante las denuncias de los gremios.
Mientras Milei se jacta de haber activado la “motosierra”, el instrumento que prometió usar para combatir a la “casta” y achicar el tamaño del Estado, Jorge Macri encabezará la semana próxima un acto para hacer un balance de su primer mes de gestión y ensayar un gesto político. Allí, intentará mostrar los resultados de la reducción del tamaño de la estructura de la Ciudad. En Uspallata anticipan que presentarán una reducción de alrededor del 30% o 40% de la planta de cada ministerio. Se pusieron como “meta” bajar la cantidad de ravioles del organigrama –secretarías, subsecretarías y direcciones– y optimizar “gastos operativos”. Esa tarea estuvo a cargo del vicejefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, número dos de Néstor Grindetti.
Los libertarios –que intensificaron su oposición a Pro desde que Macri selló un acuerdo con los radicales de Martín Lousteau para asegurarse la gobernabilidad– criticaron que el alcalde haya sumado un ministerio a la estructura de la Ciudad –pasó de nueve a diez– en relación con la gestión de Larreta. En el oficialismo justifican la decisión: arguyen que Jorge Macri optó por desdoblar el Ministerio de Seguridad y el de Justicia, además de crear la cartera de infraestructura. Pero aseguran que no engrosaron el esquema, sino que redistribuyeron funciones. El Ministerio de Gobierno, además, fue degradado a secretaría y quedó en manos de César Torres, un dirigente leal a Jorge Macri.
En la mesa chica del jefe porteño deslizan que detectaron áreas “sobredimensionadas” y que pidieron bajar contratos temporales o puestos políticos que estaban vinculados con la campaña electoral. “Queremos apoyar al sector privado más que agrandar la gestión pública”, argumentan.
Así como Milei enfrenta las reacciones de los gremios por el shock de ajuste y recortes en la administración nacional, Jorge Macri deberá sortear la resistencia de los gremios en el territorio porteño. ATE Capital se declaró “en estado de alerta y movilización” al denunciar que la Ciudad redujo entre un 30% y 40% del personal bajo la contratación monotributista. Las notificaciones, aseguran, llegaron el viernes 30 de diciembre. “No fue informado en la paritaria ni en las instancias con Hacienda. Son bajas masivas de los contratos y se dieron sin criterio ni reglas claras”, aseguran desde ATE Capital, que preparan protestas sectoriales para mañana y una medida de fuerza para la semana próxima.
La legisladora de la izquierda Alejandrina Barry (FIT-Unidad/ PTS) también cuestionó la reducción de contratos en la Ciudad y aseguró que las bajas afectan a la Dirección General de la Mujer, los refugios para mujeres víctimas de violencia de género; el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Instituto de la Vivienda; Ecoparque, Tránsito, y la Subsecretaría de Atención Inmediata.
Los jefes de ATE Capital sostienen que muchos afectados por la decisión de Jorge Macri no tenían “contratos políticos”. “Cumplen funciones como agentes de tránsito, operadores territoriales y de asistencia técnica y social de proyectos de reurbanización y de programas educativos, y otros son psicólogos que atienden a personas en situación de calle”, puntualizó el gremio a través de un comunicado.
En la Ciudad relativizan la reacción del sindicato. Argumentan que ATE Capital tiene alrededor del 15% de los empleados de la Ciudad, ya que el gremio más influyente es Sutectba.
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