INSTITUCIONES

El juicio por jurados es populista y antiliberal
Carlos P. Pagliere (h.) Juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, provincia de Buenos Aires. Autor de Homicidio insidioso, Cómo ganar un juicio por jurados, Nueva teoría del delito


El populismo debilitó todas las instituciones de nuestro país, incluida la Justicia Penal. Y lo hizo, especialmente, a través de la instauración del juicio por jurados, el sistema de juzgamiento más ineficiente y peligroso: por su lentitud, por sus elevados costos y, sobre todo, por su proclividad a fallos irracionales e injustos.
Como toda medida populista, perjudica a la población (a la que dice favorecer) y se sostiene sobre eslóganes vacíos tales como “democratiza la Justicia”. Nada más alejado de la verdad.
Si mañana sorteáramos a doce ciudadanos en el padrón electoral para elegir al nuevo presidente, todos pondrían el grito en el cielo. Y dirían que tal procedimiento no tiene nada de democrático. Porque esas doce personas –que, por azar, podrían ser adeptas a facciones minoritarias– no son el “pueblo” (no es el conjunto de toda la población) ni representan al pueblo (nadie los elige, sino que surgen de un sorteo). Un modo aleatorio tal de elegir al presidente sería una absoluta insensatez. Lo inexplicable es que a ese mismo procedimiento, cuando es aplicado a la administración de justicia, se lo considera la quintaesencia de la democracia.
Sin embargo, este discurso populista encubre una enorme estafa a la ciudadanía. La mayoría de las leyes que reglamentan el sistema (como es el caso de la provincia de Buenos Aires) conceden al imputado la facultad de decidir, según su conveniencia, si va a ser juzgado por jueces o jurados. Esta es una indebida ventaja frente a las víctimas, quienes no pueden elegir ni tampoco oponerse: se tienen que resignar a la estrategia del acusado. Y, en todas las leyes procesales, si el jurado absuelve (o condena por un delito menor), las víctimas no pueden apelar el veredicto, a diferencia del condenado, que sí puede hacerlo. A lo que se agregan las mayorías muy calificadas requeridas por ley para arribar a la condena (casi siempre se exige unanimidad del jurado).
En suma, bajo la máscara de un discurso províctimas, el juicio por jurados se legisla siempre a la medida de los imputados para que tengan mayores chances de lograr la impunidad. Por ello, en la provincia de Buenos Aires, asociaciones de víctimas de abuso sexual y de familiares de víctimas de femicidio ya están reclamando la derogación de la ley por jurados.
Para peor, el juicio por jurados no solo es promovido por los populistas, sino también por los liberales (como se aprecia en la ley ómnibus enviada al Congreso nacional). La razón es evidente: se trata del sistema judicial de Estados Unidos, país que los liberales quieren emular. Y es el método de juzgamiento previsto en nuestra carta magna, que copió la Constitución liberal de Estados Unidos.
El liberalismo –no caben dudas– es la corriente de ideología política más revolucionaria y civilizadora de la historia de la humanidad. En palabras de José Ortega y Gasset, es “el principio de derecho político según el cual el poder público, no obstante ser omnipotente, se limita a sí mismo”. Y dentro de este esquema el Poder Judicial cumple un rol preponderante en el control del poder absoluto.
El modo que hallaron los primeros legisladores liberales (norteamericanos y argentinos) para conjurar la histórica subordinación de la administración de justicia al gobierno monárquico o dictatorial fue el sorteo de ciudadanos para cumplir con ese rol. Con el sistema de jurados no se procuraba la justicia de los fallos, sino la independencia respecto del poder centralizado. El jurado podía fallar bien o mal, lo cual no interesaba tanto: lo importante era quitar el Poder Judicial de las manos del tirano, limitando su omnipotencia.
El liberalismo, con todo, es un principio filosófico-político-moral que abreva en el racionalismo. Si en sus inicios comulgó con los jurados iletrados, es porque la ciencia penal de antaño carecía del suficiente desarrollo como para sustraer las resoluciones del ámbito de la irracionalidad.
Algunos siglos más tarde, las cosas han cambiado. Nuestro sistema político es una democracia republicana, con división de poderes. Y además, la ciencia penal ha tenido un desarrollo espectacular. Carece de sentido seguir arrastrando un sistema de juzgamiento anacrónico y oscurantista que, a cambio, no brinda beneficios (salvo para los delincuentes).
En puridad, el juicio por jurados no es connatural al liberalismo. Las repúblicas liberales de la Europa continental nunca acudieron a él. Al contrario, optaron por el sistema de jueces técnicos, quienes desarrollaron una moderna ciencia penal que se transformó en un faro civilizador
Ya no hay campo fértil para la irracionalidad judicial que caracteriza a los jurados populares. La ciencia penal hace que las sentencias sean predecibles y corregibles
para todo el mundo (incluso para los Estados Unidos, cuya Justicia Penal –impartida por jurados iletrados– quedó varada en el medioevo).
La ciencia penal, gracias a su enorme desarrollo, aporta claras directrices de las cuales no se puede apartar el juzgador. Ya no hay campo fértil para la irracionalidad judicial que caracteriza a los jurados populares. La ciencia penal hace que las sentencias sean predecibles y corregibles.
El peligro de dependencia de los jueces del poder político –que ya no es absoluto ni dictatorial– se ha reemplazado por la subordinación de los jueces al derecho, lo cual garantiza la independencia judicial.
Un juez que se aparta de la ciencia penal para favorecer al poder debe plasmar su decisión en una sentencia absurda que lo pondría al descubierto. En cambio, el jurado que falla “porque sí”, sin dar explicaciones a nadie, puede favorecer al poder con total impunidad.
La ventaja de los jueces letrados es evidente: el yugo de la ciencia penal no solo los hace tanto o más independientes que el jurado, sino que, además, en la ecuación ingresa la justicia del fallo. El jurado ofrece, en el mejor de los casos, independencia respecto del poder político, pero bajo ningún punto de vista proporciona fallos racionales y justos. El juez letrado, gracias a la ciencia penal, garantiza ambas cosas: independencia y justicia.
El liberalismo logra su cometido promoviendo la limitación del poder y, a la vez, la racionalidad del poder. Que en alguna época haya tenido que resignar racionalidad a cambio de independencia no significa que la irracionalidad sea uno de sus propósitos. Todo lo contrario: el liberalismo es hijo dilecto del Iluminismo; es enemigo acérrimo de los detractores de la ciencia.
Por eso, tanto la independencia como la racionalidad son fundamentales para la filosofía liberal, y solo los jueces letrados –conocedores de la moderna ciencia penal– son capaces de cumplir hoy con la misión liberal de afianzar la justicia. Sin embargo, paradójicamente, se propone el juicio por jurados, que es una institución anacrónica, oscurantista, populista e irracional; y, por ende, abiertamente antiliberal

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