LA DISCUSIÓN EN DIPUTADOS

Pese a la pretensión del oficialismo, a la ley ómnibus le harán cambios en Diputados
Los bloques más cooperativos no aceptan algunos temas como jubilaciones, privatizaciones y delegación de facultades
Maia JastreblanskyJosé Luis Espert y Benegas Lynch, en la Comisión de Presupuesto
La ley ómnibus que envió el Gobierno al Congreso comenzará a ser tratada esta semana y, a pesar de la insistencia del presidente Javier Milei para evitar cambios, en la Casa Rosada ya saben que deberán resignarse a que los legisladores introduzcan varios ajustes, además de la modificación que se acordó en materia de pesca.
Entre los temas que aparecen como más conflictivos y que sufrirán modificaciones se encuentran la remoción de la fórmula de actualización jubilatoria para que el Ejecutivo disponga los aumentos a su criterio, la privatización de algunas de las empresas públicas y la delegación de facultades legislativas por todo el período que dure el mandato de gobierno.
Las señales de diferenciación partieron no solo de las bancadas del medio, como la UCR y la Coalición Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, sino también de Pro, el aliado natural de La Libertad Avanza. Por esa razón, si bien el oficialismo aspira a iniciar el martes un trámite rápido que en un par de semanas le permita contar con media sanción de la totalidad del proyecto, en el Congreso se imaginan un debate más extenso que diseccione los temas que sufrirán modificaciones.
La discusión por lo urgente y lo accesorio estuvo en la mesa chica de Javier Milei desde los días de la transición. En algún momento de diciembre, el libertario y sus colaboradores debatieron si tenían que motorizar sus reformas con una ley ómnibus o si era más estratégico presentarlo en distintos proyectos, para que no se trabara la discusión parlamentaria. Finalmente se impuso la jugada “a todo o nada”. “La ley es una sola porque tiene una lógica y una cohesión”, dicen muy cerca del Presidente. El líder libertario busca hacer una fuerte demostración de poder en lo discursivo antes de que la ley se sumerja en el debate parlamentario y sea sometida a cambios.
Cerca de Milei reconocen que el texto que enviaron a Diputados sufrirá modificaciones durante el trámite legislativo. Pero apuestan a dar las batallas de a una y a que los cambios surjan del propio debate, párrafo a párrafo.
Hasta ahora, el Presidente no dio señales de querer trazar una estrategia integral de acuerdos políticos para que, de todo el armatoste que él envió al Congreso, se apruebe lo realmente urgente e importante. Pese a los múltiples cuestionamientos que recibe el proyecto ómnibus en el Congreso (tanto de la oposición más dura como de los bloques aliados), en la Casa Rosada no ceden en su discurso y repiten que la iniciativa “no es materia de desguace”.
“Esta ley no es un menú sujeto a lobby. Nuestra posición es que no se negocia. Se va al recinto. Se vota en general. Se vota en particular. De ese proceso algunas cosas quedarán aprobadas, otras tal vez no.”, dijo a la nacion un colaborador de trato diario con Milei.
Puntos sensibles
A la sede de gobierno ya comenzaron a llegar luces de alarma de los bloques más proclives a brindar apoyo. Hay dos temas que los aliados no quieren dejar pasar: el capítulo de las jubilaciones y las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por dos años y prorrogables a todo el mandato.
Uno de los diputados de Pro con mejor llegada a los libertarios ya avisó que ese bloque no admitirá el artículo 106º de la ley referido a las jubilaciones, que propone suspender la fórmula de movilidad actual y faculta al Poder Ejecutivo a definir aumentos por decreto. “Se puede derogar la fórmula y delegar facultades a lo sumo por un año. Pero tiene que haber una cláusula que garantice que las jubilaciones le van a ganar a la inflación”, dijo a la nacion un miembro de ese bloque.
El otro punto es el de la declaración de la emergencia pública económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. El proyecto fija que haya facultades delegadas en el Poder Ejecutivo por dos años, prorrogables por otros dos. “Podemos otorgarlas por un año, prorrogable a dos”, opinó otro legislador de Pro, que agregó que también hay que revisar el listado de empresas públicas sujetas a privatización y algunos artículos económicos, como el del tabaco. Si esa es la postura del bloque Pro, que ayudó a Milei a llegar al poder, el resto de los bloques quiere ir mucho más allá con los cambios.
Cerca de Milei por ahora no ceden con el capítulo de las jubilaciones. “No se toca”, dicen cerca del Presidente. Y hacen una especulación: “Al final del día los diputados van a preferir que la responsabilidad recaiga en el Ejecutivo”.
En la Casa Rosada creen que podrán cosechar voluntades cuando los ministros se acerquen a explicar el sentido del proyecto. A partir del martes irán funcionarios a disertar a las comisiones de Diputados. Todavía no se sabe quiénes.
Un pequeño grupo de diputados que integran el bloque Hacemos Coalición Federal tuvo un botón de muestra esta semana en una reunión informal con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. El primero es uno de los compiladores de la ley ómnibus, que tuvo como autor intelectual Federico Sturzenegger, alguien con fuerte influencia en Milei.
“Milei no quiere cerrar el Congreso, pero estas son las medidas que necesita para gobernar”, fue el mensaje que dejó Chirillo. Los diputados (estaban Carlos Gutiérrez, Juan Manuel López, Emilio Monzó y Miguel Pichetto) dicen que el encuentro fue ameno, pero que no se llevaron nada en limpio. Ellos transmitieron que la Casa Rosada encontraría un fuerte respaldo si estuviera abierta a los cambios. Los funcionarios los escucharon, pero no se comprometieron. “Chirillo ni siquiera parece el padre de la criatura”, dijo uno de los presentes.
La intransigencia de la mesa chica de Milei -allí están el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el asesor Santiago Caputo, además de Sturzenegger-genera tensiones internas. La narrativa oficial de exhibir rigidez al inicio del debate complica al “ala política” del Gobierno, que necesita comenzar a contar con un margen de negociación concreto.
Por ahora, el círculo chico de Milei solo quiere dejar a quienes tienen un rol de diálogo en el gabinete la potestad de “escuchar”.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, que esta semana surfeó el frente pesquero, recibi- rá a otro grupo de gobernadores preocupados por el capítulo de los biocombustibles. En el Congreso también esperan que convoque al presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo.
Dentro del oficialismo hay quienes creen que, dado que el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso, tarde o temprano la Casa Rosada tendrá que fijar prioridades, ceder una parte del paquete y dejar algunos capítulos para después.
Para evitar exhibir debilidad, en el ala presidencial que advierten que todavía está por verse qué cambios tendrá la reforma pesquera, una batalla que parecía ganada por los gobernadores patagónicos luego de la reunión que mantuvieron con Francos. Ese capítulo de la ley ómnibus, que generó fuertes resistencias del sector, había motivado la primera señal de flexibilidad por parte del Gobierno. Para sostener su postura, cerca de Milei aseguran que no se trata de una “marcha atrás”, sino que solo se harán cambios de redacción.

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En el Congreso se preparan para hacer reformas medulares
Los radicales, Coalición Federal e incluso Pro tienen una lista con modificaciones para introducir en la ley
Mariano Spezzapria
La lista de condiciones es larga y los temas son pesados. Así como está redactada, la ley ómnibus no será aprobada en el Congreso si el Gobierno se mantiene en la postura de que no se le toque ni una coma. El acuerdo de la mayoría de los bloques de la Cámara de Diputados, donde comenzará a tratarse la iniciativa esta semana, es que solo con modificaciones el proyecto podría ver la luz al final del túnel. De otro modo, el oficialismo se encaminaría a un fracaso legislativo que dejaría expuesta la debilidad política del presidente Javier Milei.
Según pudo saber la nacion en contacto con referentes parlamentarios, las líneas rojas del megaproyecto de desregulación económica son, con matices entre los posibles aliados de La Libertad Avanza (LLA) y los opositores, la concesión de facultades delegadas sin límite temporal, la suspensión de la movilidad jubilatoria, el aumento de las retenciones, el permiso para tomar deuda sin aval de los congresistas, las empresas que pueden ser objeto de privatizaciones y los habilitados para ingresar al blanqueo.
Cada uno de esos temas provocaría, de por sí, un intenso debate en la Cámara baja en caso de que fueran planteados por separado. Pero lo que es urticante para el Congreso es que Milei haya reclamado facultades extraordinarias en forma permanente –para todo su mandato hasta 2027, con una prórroga en 2025–, lo que se choca de frente con el segundo párrafo del artículo 76 de la Constitución nacional, en el que se aclara en forma explícita que las delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo deben caducar.
Hasta el bloque de Pro, el más cercano a los libertarios, que tiene el mandato de “acompañar” la ley ómnibus, considera que Milei no puede tener más “superpoderes” de los que gozaron otros presidentes, advirtieron a este diario fuentes de la bancada que encabeza Cristian Ritondo. Los diputados alineados con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri –entre ellos algunos relevantes, como María Eugenia Vidal y Diego Santilli– analizaron hasta ahora solo 200 de los 664 artículos que tiene el proyecto.
Los radicales, por su parte, basan el análisis de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos en un minucioso documento de trabajo que hizo el diputado puntano Alejandro Cacace. Además de hacer notar errores de tipeo o exhibir artículos que derogan leyes que no existen, el texto plantea dudas sobre la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses al Tesoro, la creación o supresión de fondos fiduciarios y los cambios en el sistema electoral, entre otras.
A su vez el bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto y tiene entre sus integrantes a Emilio Monzó, propondrá cambios en el capítulo de las privatizaciones, no porque se opongan en sentido estricto, sino porque “no es lo mismo privatizar empresas deficitarias por dos mangos que sanearlas y después privatizarlas”, deslizaron fuentes de la bancada, que suma a los delfines de Elisa Carrió. En esa línea, pedirán que cada privatización tenga que pasar por el Congreso.
El clan Menem
Pese a que el Gobierno da escasas señales de querer negociar cambios –una de ellas fue haber recibido las quejas de los gobernadores patagónicos por los cambios en la ley de pesca–, puertas adentro de la Cámara de Diputados hay conversaciones con el presidente del cuerpo, Martín Menem, quien entre bambalinas es asistido por varios integrantes del clan político riojano, entre ellos Eduardo y Adrián Menem, más Lule y su hermana Amalia Menem. Por sus oficinas desfilan diputados como Ritondo, Pichetto, Monzó, Nicolás
Massot y Carlos Gutiérrez.
Sin el aval de Pro, Hacemos Coalición Federal y al menos una parte de la UCR, los libertarios no podrían sacar a flote el megaproyecto que con pompa envió Milei al Congreso. En las tres comisiones habilitadas para funcionar como un plenario desde el próximo martes –Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales–, los diputados de LLA, que lidera Oscar Zago, son franca minoría y no están en condiciones de emitir dictamen. Dependen, también, de aliados como el liberal José Luis Espert.
El cronograma de tratamiento de la ley ómnibus tendrá un segundo turno el jueves, con otra jornada en el anexo C de la Cámara baja. El Gobierno aún no definió qué funcionarios serán los encargados de defender la iniciativa y en el Congreso ya hay malestar porque trascendió que pretenden hacerlo por Zoom. En forma paralela, cada bloque continuará analizando puertas adentro el articulado fino, con reuniones de trabajo que, en definitiva, habilitarán negociaciones si es que cede la intransigencia libertaria.
Por cuerda paralela, la bancada de Unión por la Patria (UP), la más numerosa en la Cámara baja, quedó al margen de las conversaciones. Menem no le participó la integración de las comisiones, mientras demora la designación de los ocho diputados que se sumarán a la comisión bicameral que tratará el mega-dnu. Paradójicamente, algunos bloques aceptan la marcha forzada de los libertarios y hacen la vista gorda de los procedimientos, mientras que los peronistas invocan las formas republicanas

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Los cinco puntos que los gobernadores le reclaman reformar a la Casa Rosada
Además de Ganancias, también piden por las cajas jubilatorias, las retenciones, la ley de tierras y la importación de azúcar

Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Mientras sigue el compás de espera por la vuelta atrás en las modificaciones de Ganancias que permitiría paliar la caída de la coparticipación, los gobernadores intentan negociar con la administración de Javier Milei diferentes puntos de las medidas que impulsa la Rosada y que entienden que afectan a las provincias. El caso más reciente es el de la reforma pesquera, en el que después de los reclamos de los mandatarios patagónicos y de Tierra del Fuego, la Nación admitiría que habrá una “revisión”.
El funcionario que sigue recibiendo a los gobernadores y tomando nota de los reclamos es el ministro del Interior, Guillermo Francos. En los últimos días recibió al tucumano Osvaldo Jaldo; al santafesino Maximiliano Pullaro, e Ignacio Torres (Chubut). Todos fueron con planteos propios y algunos compartidos con colegas de otras provincias.
En ninguna de las normas promovidas por el Ejecutivo hay una mención a la reforma de la coparticipación, punto que está en mora desde la reforma constitucional de 1994. El constitucionalista Antonio María Hernández considera que no tener mayoría en el Congreso no es argumento para evitarlo y refiere que en los gobiernos de Arturo Frondizi y Raúl Alfonsín se lograron leyes “útiles e importantes”. Añade que “gobernar por decreto y en emergencia afecta siempre el federalismo”.
Hay aspectos en los proyectos que provocan más rechazos que otros. Algunos porque afectan las finanzas provinciales –como es el financiamiento de los sistemas previsionales no transferidos a la Nación– y otros en los que los gobernadores tienen la presión de sectores productivos locales, como es el caso de la suba de retenciones o la desregulación de biocombustibles y del azúcar. Hasta ahora, salvo el caso de la pesca, no hay señales de parte de la Rosada de aceptar cambios en los textos que envió al Congreso o en aspectos incluidos en el DNU. Excepto el mandatario riojano, Ricardo Quintela, que pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional el decreto, sus pares (incluso los peronistas kirchneristas) eligen la vía del diálogo.
La decisión de Quintela no fue consultada, admitieron los otros gobernadores de provincias peronistas a la nacion, y abre una incógnita respecto de qué posición tomarán los diputados nacionales de esas jurisdicciones que, aun teniendo el mismo signo partidario, mantienen otro vínculo hasta el momento con la Rosada, como es el caso de Catamarca, Tucumán y hasta Santiago del Estero.

Cajas de jubilaciones

El proyecto de ley ómnibus dispone que todos los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) pasen a manos del Tesoro nacional y salgan del patrimonio de la Anses. Son unos US$5600 millones que le permitirían a la Anses cancelar la deuda que mantiene con los 13 sistemas previsionales provinciales que no pasaron a manos de Nación.
Córdoba, Santa Fe y Corrientes el año pasado fueron a la Corte Suprema con ese reclamo. Además, las provincias vienen reclamando la actualización del financiamiento nacional ya que la gestión anterior directamente no cumplió con lo fijado en el presupuesto que implicaba seguir la fórmula de movilidad previsional. Además, si Nación logra su pretensión de suspender esa fórmula también deberá consensuar con las 13 provincias cómo actualizará los giros mensuales a esas cajas.

Retenciones

Más allá de que la Secretaría de Bioeconomía dio marcha atrás con la suba de retenciones a 18 economías regionales, se mantienen los incrementos a algunos de los principales complejos del agro y los gobernadores de las provincias afectadas vienen planteando su oposición. Los de la región centro –Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba)– defienden las producciones de sus distritos y reclaman una revisión del proyecto, además de oponerse a que se le delegue al Ejecutivo el manejo del tema por todo su mandato. Los cuyanos Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan) tienen el mismo planteo por el alza de hasta el 8% de las retenciones a las exportaciones del sector vitivinícola.

Biocombustibles

La iniciativa del gobierno da libertad a las comercializadoras de combustibles a adquirir libremente biocombustibles “pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos”. También deroga los artículos que regula y define qué empresas deberán ser las que abastezcan al consumo local, con lo que habilita a sumarse sin restricciones a aquellas que exportan bios o subproductos de la materia prima. En este tema Santa Fe, donde está la mayoría de las pymes productoras de biodiésel, y Tucumán, por bioetanol, serían las más afectadas. Las petroleras les compran en la actualidad a estas empresas porque las cerealeras que producen bios no pueden vender en el mercado interno.

Ley de tierras

En el DNU se establece la eliminación de la ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras (comúnmente llamada “ley de tierras”) que limita la participación de extranjeros en la propiedad. Este punto genera inquietud en los mandatarios de jurisdicciones mineras. La Constitución nacional establece que corresponde a las provincias “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, lo que significa que cada provincia debe encargarse de la regulación particular, pero el Estado resuelve las políticas en general.

Importación de azúcar

La “preocupación” por la apertura a las importaciones de azúcar fue planteada por el tucumano Jaldo al ministro Francos por entender que pone en riesgo miles de puestos de trabajo en su provincia.
El proyecto en el Congreso deroga la ley 25.715, que, según entienden el gobernador y los distintos eslabones de la cadena productiva, atenta contra la “preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial”. Desde el Centro Azucarero indicaron que es uno de los mercados más regulados del mundo por los subsidios, el dumping y las restricciones de todo tipo, mientras que los productores locales no son subsidiados.

Lo que no está

No está en las desregulaciones planteadas por Milei, pero la diputada nacional de Córdoba Alejandra Torres (Hacemos por Nuestro País, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal) planteó que deberían corregirse aspectos de la organización federal como transferir a CABA la Inspección General de Justicia (IGJ) y el ENRE, a la vez que cuestionó el mantener paritaria docente nacional cuando los educadores son empleados provinciales.
Sí está el traspaso de la Justicia nacional a CABA, lo que venían pidiendo las provincias para quedar equiparadas. Los gobernadores patagónicos también reclamaron la necesidad de terminar con que YPF retenga “áreas maduras”. Sostienen que, de seguir esa situación, abrirán el juego a otras empresas.

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