Nicolás Massot. “Hay una retórica muy peligrosa en el oficialismo, que no tiene que ver con el cambio”
El diputado integrará la comisión bicameral que tratará el DNU; dice que el Gobierno “tiene un déficit en su esquema de prioridades”
Delfina Celichini | 
Nicolás Massot ingresa temprano a su despacho de diputado nacional de la avenida Rivadavia. Habla por teléfono y cruza unas palabras rápidas con su asesora. Tiene un día cargado: se conformarán las comisiones que darán inicio al debate legislativo de la “ley de bases” enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso; acompañará al gobernador chubutense, Ignacio Torres, en su reclamo por la reforma en la ley de pesca y se reunirá junto a su bloque con representantes del petróleo.
No parece que vaya a ser un enero tranquilo en la Cámara baja, donde recién en la última semana el oficialismo logró hacer despegar su actividad parlamentaria, luego de negociaciones y especulaciones por la integración de las comisiones. “La inexperiencia es entendible y hasta bienvenida si es la expresión de una renovación. Tal vez lo que uno esperaría es que el Gobierno se dejara ayudar un poco más”, reflexiona sobre las primeras dificultades que el bloque libertario tuvo en su debut legislativo.
Respecto del rol del bloque que integra, de 23 legisladores, considera que serán parte de la oposición dialoguista, “que lo único que quiere es discutir a viva voz” en el Congreso. “Hay una retórica muy peligrosa del oficialismo que no tiene nada que ver con el cambio de un país”, indica, a la vez que le marca la cancha al Gobierno: “A mí nadie me va a empujar con el kirchnerismo, al que combato desde hace 15 años”.
–Ahora arranca la actividad en Diputados. ¿Por qué se demoró tanto el trabajo legislativo?
–Es una mezcla, muy entendible, de inexperiencia y novedad para muchos de los que ingresan, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Gobierno y la complejidad adicional de la debilidad parlamentaria del oficialismo. Si bien en los organismos colegiados hay que tomar las decisiones por mayoría, cuando estás tan lejos de esa mayoría la decisión te lleva más tiempo.
–¿Es inexperiencia o puede ser una estrategia?
–Ojo, la inexperiencia no es una crítica, sino una descripción. En buena hora que la política se renueve. Como nos pasó a nosotros en 2016, hay una curva de aprendizaje que hay que pagar. Es entendible, razonable y hay que tener un poco de paciencia. Respecto del Poder Ejecutivo, tal vez no llegaron con la preparación necesaria en su plan de gobierno.
–¿Cómo analiza la apuesta del Gobierno de reposar sobre su capital en la opinión pública, dándole la espalda al Congreso?
–La inexperiencia es entendible y hasta bienvenida si es la expresión de una renovación. Tal vez lo que uno esperaría es que el oficialismo se dejara ayudar un poco más. Cuando un gobierno de buenas ideas no tiene éxito en impulsarlas, no fracasa el gobierno, fracasan las ideas. Este gobierno no es el dueño de ideas que muchos compartimos y por las cuales venimos luchando mucho antes que el propio Gobierno. Hay muchas iniciativas que nosotros compartimos y uno siente impotencia cuando ve que el Gobierno, con inexperiencia y cierto nivel de improvisación, tiene una reticencia a los acuerdos que puede lograr con quienes pensamos parecido. La principal crítica al DNU, que ahora vemos que sigue el derrotero que todos sabíamos que iba a seguir, bastardeado y desafiado judicialmente, no va a lograr finalmente su cometido porque cuando uno quiere hacer reformas profundas tiene que hacerlo con estabilidad jurídica. Con la terminación de la industria del juicio y con la creación de un cese de empleo estábamos de acuerdo todos, o muchos, hace años. Uno se queda medio perplejo de que eso no lo manden por ley. Así, una buena idea que compartimos muchos hoy está trabada judicialmente y perdiendo legitimidad, no por el fondo de la idea sino por la herramienta elegida.
–Pasó algo similar con el proyecto de la boleta única de papel en el Senado. Es un proyecto que se impulsó desde su bloque.
–Sí, a veces puede dar la impresión de que el Gobierno, sobre todo el Presidente, hace las cosas más para afuera que para que ocurran. Eso es peligroso, uno no va a buscar un dictamen si no tiene los votos. No hay nada de malo en que en la tercera semana del Gobierno uno espere unas semanas más para encontrar dictamen de un tema tan relevante como la boleta única. A veces a uno le da la sensación de que fuerzan las cosas para tener razón en una premisa, a mi modo de ver equivocada, que es que están solos en el cambio y que todos aquellos que podamos observar, sugerir alguna mejora, u oponernos a alguna mala idea, somos automáticamente parte de la casta y buscamos un interés particular. Y todos aquellos que son integrantes históricos de la casta, pero que mágicamente o por alineación de intereses adhieren a las ideas del Gobierno, de repente dejan de ser parte de la casta y son bienvenidos en las fuerzas del cielo.
–¿Cómo y con quién es el diálogo, si es que lo hay, con el oficialismo?
–Tenemos un diálogo muy fluido con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y también con Guillermo Francos, como ministro del Interior. Con Omar De Marchi –secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno– hemos hablado una vez. Existen vínculos con Patricia Bullrich, Luis Caputo y otras personas. Me da la impresión de que hay una distancia muy grande entre el presidente Milei y su forma de pensar de la de muchos de sus funcionarios.
–Su bloque de 23 legisladores tiene diálogo con otros espacios de centro que podrían acompañar propuestas del Gobierno?
–En nuestro bloque de origen, que preside Miguel Pichetto, son todos integrantes de JXC y siempre quisimos preservar la coalición. No somos parte del Gobierno, no cogobernamos. Somos una oposición que no va a especular con el quórum, ni va a poner palos en la rueda y lo único que quiere es discutir a viva voz en el Congreso, que es lo que se supone que ocurre en este país. No pudimos reflotar JXC, pero nos parecía muy importante cuidar la representatividad de un mosaico de bloques chicos –con Cambio Federal, CC, Innovación Federal, Hacemos por nuestro país– para tener una coordinación parlamentaria. Y hubo un condimento que ayudó: un acuerdo muy difícil de entender entre el presidente del bloque de Pro, Cristian Ritondo, y el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, para obtener algún lugar adicional en las comisiones a expensas de los acuerdos parlamentarios o interbloques más chicos.
–Deslizó un acuerdo entre Ritondo y Martínez..
–Sí, lo vimos todos. Espero que no se repita. No tiene nada que ver con lo que representa Pro ni con el espíritu de la Cámara baja.
–¿Hay temor de que al oponerse a determinadas iniciativas se los identifique con el kirchnerismo?
–Cuando uno hace política es muy mal consejo buscar legitimidad en la opinión pública diaria. Uno no hace política para quedar bien con la gente. Uno tiene que hacer política por convicciones y representar a la gente. A mí nadie me va a empujar con el kirchnerismo, al que combato desde hace 15 años, mucho antes de que la mayor parte del gobierno de hoy hiciera política.
–En su bloque hay referentes de gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba). ¿Cómo se conjugan estas agendas ejecutivas con la postura de oposición?
–Es fácil de compatibilizar. Rogelio, Ignacio y Martín fueron legisladores. Conocen la dinámica parlamentaria. Los tres fueron opositores mucho tiempo, también oficialistas y tuvieron cargos ejecutivos. Entienden las vicisitudes de la dinámica legislativa. Además, la transmisión de intereses provinciales al Congreso es el corazón del federalismo. Donde por ahí, de manera confusa, Milei ve intereses espurios o extorsiones, todos los que somos republicanos vemos federalismo. Lo lógico es que los representantes de las provincias en el Congreso luchen por la realidad de sus provincias. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que tengamos legisladores chubutenses que no reaccionen frente a esta reforma de la ley de pesca.
–¿Qué puede pasar en la calle ante la postura del Gobierno con las protestas sociales?
–El Gobierno, en la justa medida y no este disparate de prohibir las aglomeraciones de tres o más personas que se incluyó en el DNU, está tomando una demanda social muy extendida para controlar la protesta social. Eso está bien. Pero no tiene nada que ver con restringir el derecho a la huelga y a la protesta, que seguirá ocurriendo y, en un momento de recesión y crisis económica, es posible que vaya en ascenso. No puede pasar que el Gobierno pretenda el control de la calle sin ningún tipo de diálogo institucional con los promotores de las protestas. No me gusta cómo se está tratando el capítulo de privatizaciones. Ni en el DNU ni en la ley.
–Va a integrar la comisión bicameral que tratará el mega-dnu, por Hacemos Coalición Federal. ¿Qué pasa que todavía no se constituyó?
–Le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados que complete la integración. El Senado ya lo hizo. El DNU está vigente. El Gobierno eligió una herramienta equivocada para algunos temas que necesitan solvencia jurídica que el DNU no les da y que, por lo tanto, pierden efecto. Mucho más el capítulo de empleo, que acaba de ser desafiado judicialmente. El Gobierno introdujo en la ley ómnibus la discusión del DNU, que es una innovación del proceso normal de los DNU, pero que tiene antecedentes. Al hacer eso, permite la discusión del contenido del DNU. Esa es una salida.
–¿Su cuestionamiento al DNU no tiene que ver con la forma, sino con el fondo?
–Sí. No me gusta cómo se está tratando el capítulo de privatizaciones. Ni en el DNU ni en la ley. Esta idea de que el Congreso le dé una autorización para privatizar todas las empresas del Estado sin que el Congreso pueda participar, más allá de a título informativo, de todos los procesos yo no la comparto.
–¿Se cumplirán los plazos que fijó el Gobierno para aprobar la ley ómnibus en el período de extraordinarias”?
–El Gobierno tiene un déficit en el esquema de prioridades. En la ley hay cuestiones urgentes, que entendemos que son urgentes para el Gobierno, como los capítulos fiscales, administrativos, tarifarios y energéticos. Pero hay otros, que es prácticamente la mitad de la ley y del DNU, que tienen que ver con la toga y el martillo de los jueces, reformas de la Justicia, del sistema de defensa, de seguridad y política. No digo que no sean importantes, pero mezclado con lo urgente tiene un efecto adverso, que es la demora en los tiempos. El Gobierno debería enfocarse en el corto plazo en sus prioridades y darle un tratamiento más expeditivo al capítulo económico, energético y previsional. La amenaza del Presidente de sacar decretos de necesidad y urgencia si no se aprueban estas medidas cae en saco roto, porque no tiene potestad de hacerlo en el grueso de contenidos de esta ley. No lo va a poder hacer por más fuerza que él ponga, de manera que lo invito a la pausa y a la reflexión.
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El poder del fuero contencioso, ahora en la mira de toda la política
Los planteos contra el DNU de Milei, que avanza con una ambiciosa reforma del Estado, colocan en el centro a estos tribunales, considerados los juzgados de gobernabilidad
Nicolás Massot ingresa temprano a su despacho de diputado nacional de la avenida Rivadavia. Habla por teléfono y cruza unas palabras rápidas con su asesora. Tiene un día cargado: se conformarán las comisiones que darán inicio al debate legislativo de la “ley de bases” enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso; acompañará al gobernador chubutense, Ignacio Torres, en su reclamo por la reforma en la ley de pesca y se reunirá junto a su bloque con representantes del petróleo.
No parece que vaya a ser un enero tranquilo en la Cámara baja, donde recién en la última semana el oficialismo logró hacer despegar su actividad parlamentaria, luego de negociaciones y especulaciones por la integración de las comisiones. “La inexperiencia es entendible y hasta bienvenida si es la expresión de una renovación. Tal vez lo que uno esperaría es que el Gobierno se dejara ayudar un poco más”, reflexiona sobre las primeras dificultades que el bloque libertario tuvo en su debut legislativo.
Respecto del rol del bloque que integra, de 23 legisladores, considera que serán parte de la oposición dialoguista, “que lo único que quiere es discutir a viva voz” en el Congreso. “Hay una retórica muy peligrosa del oficialismo que no tiene nada que ver con el cambio de un país”, indica, a la vez que le marca la cancha al Gobierno: “A mí nadie me va a empujar con el kirchnerismo, al que combato desde hace 15 años”.
–Ahora arranca la actividad en Diputados. ¿Por qué se demoró tanto el trabajo legislativo?
–Es una mezcla, muy entendible, de inexperiencia y novedad para muchos de los que ingresan, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Gobierno y la complejidad adicional de la debilidad parlamentaria del oficialismo. Si bien en los organismos colegiados hay que tomar las decisiones por mayoría, cuando estás tan lejos de esa mayoría la decisión te lleva más tiempo.
–¿Es inexperiencia o puede ser una estrategia?
–Ojo, la inexperiencia no es una crítica, sino una descripción. En buena hora que la política se renueve. Como nos pasó a nosotros en 2016, hay una curva de aprendizaje que hay que pagar. Es entendible, razonable y hay que tener un poco de paciencia. Respecto del Poder Ejecutivo, tal vez no llegaron con la preparación necesaria en su plan de gobierno.
–¿Cómo analiza la apuesta del Gobierno de reposar sobre su capital en la opinión pública, dándole la espalda al Congreso?
–La inexperiencia es entendible y hasta bienvenida si es la expresión de una renovación. Tal vez lo que uno esperaría es que el oficialismo se dejara ayudar un poco más. Cuando un gobierno de buenas ideas no tiene éxito en impulsarlas, no fracasa el gobierno, fracasan las ideas. Este gobierno no es el dueño de ideas que muchos compartimos y por las cuales venimos luchando mucho antes que el propio Gobierno. Hay muchas iniciativas que nosotros compartimos y uno siente impotencia cuando ve que el Gobierno, con inexperiencia y cierto nivel de improvisación, tiene una reticencia a los acuerdos que puede lograr con quienes pensamos parecido. La principal crítica al DNU, que ahora vemos que sigue el derrotero que todos sabíamos que iba a seguir, bastardeado y desafiado judicialmente, no va a lograr finalmente su cometido porque cuando uno quiere hacer reformas profundas tiene que hacerlo con estabilidad jurídica. Con la terminación de la industria del juicio y con la creación de un cese de empleo estábamos de acuerdo todos, o muchos, hace años. Uno se queda medio perplejo de que eso no lo manden por ley. Así, una buena idea que compartimos muchos hoy está trabada judicialmente y perdiendo legitimidad, no por el fondo de la idea sino por la herramienta elegida.
–Pasó algo similar con el proyecto de la boleta única de papel en el Senado. Es un proyecto que se impulsó desde su bloque.
–Sí, a veces puede dar la impresión de que el Gobierno, sobre todo el Presidente, hace las cosas más para afuera que para que ocurran. Eso es peligroso, uno no va a buscar un dictamen si no tiene los votos. No hay nada de malo en que en la tercera semana del Gobierno uno espere unas semanas más para encontrar dictamen de un tema tan relevante como la boleta única. A veces a uno le da la sensación de que fuerzan las cosas para tener razón en una premisa, a mi modo de ver equivocada, que es que están solos en el cambio y que todos aquellos que podamos observar, sugerir alguna mejora, u oponernos a alguna mala idea, somos automáticamente parte de la casta y buscamos un interés particular. Y todos aquellos que son integrantes históricos de la casta, pero que mágicamente o por alineación de intereses adhieren a las ideas del Gobierno, de repente dejan de ser parte de la casta y son bienvenidos en las fuerzas del cielo.
–¿Cómo y con quién es el diálogo, si es que lo hay, con el oficialismo?
–Tenemos un diálogo muy fluido con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y también con Guillermo Francos, como ministro del Interior. Con Omar De Marchi –secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno– hemos hablado una vez. Existen vínculos con Patricia Bullrich, Luis Caputo y otras personas. Me da la impresión de que hay una distancia muy grande entre el presidente Milei y su forma de pensar de la de muchos de sus funcionarios.
–Su bloque de 23 legisladores tiene diálogo con otros espacios de centro que podrían acompañar propuestas del Gobierno?
–En nuestro bloque de origen, que preside Miguel Pichetto, son todos integrantes de JXC y siempre quisimos preservar la coalición. No somos parte del Gobierno, no cogobernamos. Somos una oposición que no va a especular con el quórum, ni va a poner palos en la rueda y lo único que quiere es discutir a viva voz en el Congreso, que es lo que se supone que ocurre en este país. No pudimos reflotar JXC, pero nos parecía muy importante cuidar la representatividad de un mosaico de bloques chicos –con Cambio Federal, CC, Innovación Federal, Hacemos por nuestro país– para tener una coordinación parlamentaria. Y hubo un condimento que ayudó: un acuerdo muy difícil de entender entre el presidente del bloque de Pro, Cristian Ritondo, y el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, para obtener algún lugar adicional en las comisiones a expensas de los acuerdos parlamentarios o interbloques más chicos.
–Deslizó un acuerdo entre Ritondo y Martínez..
–Sí, lo vimos todos. Espero que no se repita. No tiene nada que ver con lo que representa Pro ni con el espíritu de la Cámara baja.
–¿Hay temor de que al oponerse a determinadas iniciativas se los identifique con el kirchnerismo?
–Cuando uno hace política es muy mal consejo buscar legitimidad en la opinión pública diaria. Uno no hace política para quedar bien con la gente. Uno tiene que hacer política por convicciones y representar a la gente. A mí nadie me va a empujar con el kirchnerismo, al que combato desde hace 15 años, mucho antes de que la mayor parte del gobierno de hoy hiciera política.
–En su bloque hay referentes de gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba). ¿Cómo se conjugan estas agendas ejecutivas con la postura de oposición?
–Es fácil de compatibilizar. Rogelio, Ignacio y Martín fueron legisladores. Conocen la dinámica parlamentaria. Los tres fueron opositores mucho tiempo, también oficialistas y tuvieron cargos ejecutivos. Entienden las vicisitudes de la dinámica legislativa. Además, la transmisión de intereses provinciales al Congreso es el corazón del federalismo. Donde por ahí, de manera confusa, Milei ve intereses espurios o extorsiones, todos los que somos republicanos vemos federalismo. Lo lógico es que los representantes de las provincias en el Congreso luchen por la realidad de sus provincias. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que tengamos legisladores chubutenses que no reaccionen frente a esta reforma de la ley de pesca.
–¿Qué puede pasar en la calle ante la postura del Gobierno con las protestas sociales?
–El Gobierno, en la justa medida y no este disparate de prohibir las aglomeraciones de tres o más personas que se incluyó en el DNU, está tomando una demanda social muy extendida para controlar la protesta social. Eso está bien. Pero no tiene nada que ver con restringir el derecho a la huelga y a la protesta, que seguirá ocurriendo y, en un momento de recesión y crisis económica, es posible que vaya en ascenso. No puede pasar que el Gobierno pretenda el control de la calle sin ningún tipo de diálogo institucional con los promotores de las protestas. No me gusta cómo se está tratando el capítulo de privatizaciones. Ni en el DNU ni en la ley.
–Va a integrar la comisión bicameral que tratará el mega-dnu, por Hacemos Coalición Federal. ¿Qué pasa que todavía no se constituyó?
–Le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados que complete la integración. El Senado ya lo hizo. El DNU está vigente. El Gobierno eligió una herramienta equivocada para algunos temas que necesitan solvencia jurídica que el DNU no les da y que, por lo tanto, pierden efecto. Mucho más el capítulo de empleo, que acaba de ser desafiado judicialmente. El Gobierno introdujo en la ley ómnibus la discusión del DNU, que es una innovación del proceso normal de los DNU, pero que tiene antecedentes. Al hacer eso, permite la discusión del contenido del DNU. Esa es una salida.
–¿Su cuestionamiento al DNU no tiene que ver con la forma, sino con el fondo?
–Sí. No me gusta cómo se está tratando el capítulo de privatizaciones. Ni en el DNU ni en la ley. Esta idea de que el Congreso le dé una autorización para privatizar todas las empresas del Estado sin que el Congreso pueda participar, más allá de a título informativo, de todos los procesos yo no la comparto.
–¿Se cumplirán los plazos que fijó el Gobierno para aprobar la ley ómnibus en el período de extraordinarias”?
–El Gobierno tiene un déficit en el esquema de prioridades. En la ley hay cuestiones urgentes, que entendemos que son urgentes para el Gobierno, como los capítulos fiscales, administrativos, tarifarios y energéticos. Pero hay otros, que es prácticamente la mitad de la ley y del DNU, que tienen que ver con la toga y el martillo de los jueces, reformas de la Justicia, del sistema de defensa, de seguridad y política. No digo que no sean importantes, pero mezclado con lo urgente tiene un efecto adverso, que es la demora en los tiempos. El Gobierno debería enfocarse en el corto plazo en sus prioridades y darle un tratamiento más expeditivo al capítulo económico, energético y previsional. La amenaza del Presidente de sacar decretos de necesidad y urgencia si no se aprueban estas medidas cae en saco roto, porque no tiene potestad de hacerlo en el grueso de contenidos de esta ley. No lo va a poder hacer por más fuerza que él ponga, de manera que lo invito a la pausa y a la reflexión.
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El poder del fuero contencioso, ahora en la mira de toda la política
Los planteos contra el DNU de Milei, que avanza con una ambiciosa reforma del Estado, colocan en el centro a estos tribunales, considerados los juzgados de gobernabilidad
Candela Ini
Las miradas de la política suelen posarse sobre los tribunales federales de Comodoro Py por los casos de corrupción, pero los tribunales en lo contencioso administrativo federal tienen, por estas horas, un protagonismo particular. El fuero es conocido como el de la gobernabilidad. Es allí donde se someten al control de constitucionalidad los decretos presidenciales, las regulaciones y las políticas públicas.
Son los tribunales en los que deben dirimirse un gran caudal de demandas presentadas contra el mega-dnu 70/2923 del presidente Javier Milei, que desreguló la economía con drásticas derogaciones de leyes. Aunque la semana pasada el fallo firmado por uno de sus jueces, Enrique Lavié Pico, produjo un cambio y desconcentró los expedientes que habían sido acumulados en un proceso colectivo.
El juez Esteban Furnari había buscado concentrar todos los casos en uno solo. Las lecturas de procesalistas e, incluso, las explicaciones de quienes defienden el DNU desde el Gobierno indicaban que el proceso colectivo, que concentraba todas las demandas contra el DNU, aparecía como la forma más conveniente de tramitar las demandas para el oficialismo.
“Si llegaba a cerrarse un acuerdo con el Gobierno, en el fuero contencioso administrativo apretaban una sola tecla y declaraban inadmisible la acción de amparo”, opinó un juez de otra área judicial en diálogo
Algunos ejemplos resonantes de asuntos que fueron tramitados en ese fuero son el de la ley de medios, la iniciativa de Cristina Kirchner para democratizar la Justicia o, incluso, la demanda iniciada por la familia Macri por la estatización de la empresa Correo Argentino.
Un fuero estratégico
La ambiciosa reforma judicial promovida sin éxito durante los inicios de la gestión de Alberto Fernández pretendía unificar el fuero contencioso administrativo con el civil y comercial y licuar, en efecto, el poder de algunos magistrados de peso. La iniciativa tuvo en ese momento la aprobación del Senado, pero nunca logró el visto bueno en la Cámara de Diputados. El fuero contencioso administrativo siguió tal cual como estaba.
El camarista en lo contencioso administrativo Sergio Fernández, hermano del histórico operador judicial del kirchnerismo Javier Fernández, es señalado como el caudillo de ese fuero. Es viejo y conocido su vínculo con el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
Fernández tiene, además, un estrecho vínculo con el expresidente de Boca Juniors y binguero Daniel Angelici. El camarista tiene una silla en la AFA, como vicepresidente del Tribunal de Disciplina.
A Fernández se le atribuye tener influencia general en muchas decisiones de sus colegas y en los nombramientos del fuero. Aunque quienes litigan y caminan los pasillos de los tribunales en lo contencioso administrativo marcan una excepción: la Sala I, integrada por las juezas Liliana María Heiland y Clara María Do Pico y por el juez Eduardo Facio, está fuera de la órbita de Fernández. Incluso señalan que Do Pico y Heiland no están en buenos términos con el camarista.
No solo acumuló poder en los tribunales en lo contencioso Sergio Fernández, sino también el presidente de la Cámara, Jorge Morán, extitular de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe). Fernández y Morán fueron los únicos integrantes de la Cámara de Apelaciones del fuero contencioso que recibieron a Germán Garavano, ministro de Justicia de Mauricio Macri, cuando comenzaba su gestión y se reunía con todos los camaristas de todos los fueros. Hablaron en nombre de la Cámara.
El camarista que integra la misma sala que Sergio Fernández, Carlos Grecco, se aproxima a cumplir los 80 años. En 2018 recibió la reválida del Senado para seguir cinco años más al frente de su cargo como camarista. La gestión del Frente de Todos buscaba que el Senado extendiera la prórroga de Grecco por cinco años más.
Cuando Milei asumió, retiró más de cincuenta pliegos de la Cámara alta, entre los cuales estaba el del juez Daniel Rafecas. El de Grecco, que busca permanecer en su cargo, había quedado allí para ser tratado.
Pero el Gobierno ya jugó una carta que puede ser decisiva para la reconstrucción del tribunal y el 28 de diciembre pasado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, envió una nota al Senado para informar que retiraba, también, el pliego de Grecco. La nota fue recibida por Victoria Villarruel. Hay quienes atribuyen esa jugada no solo a Cúneo Libarona, sino también al jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Grecco y Fernández son autoridades de feria y deberán resolver sobre los fallos de primera instancia, una vez que el juez Lavié Pico, también de feria, se pronuncie sobre la admisibilidad de los amparos contra el DNU.
El rompecabezas de los tribunales siempre tiene implicancias políticas. Además de las aspiraciones de Grecco para seguir al frente de su cargo como camarista, hay una vacante en la sala que integran él y Fernández. Otro de los cargos vacantes es en un juzgado de primera instancia al que aspiraba llegar el hermano de Esteban Furnari, Roberto Furnari.
Las miradas de la política suelen posarse sobre los tribunales federales de Comodoro Py por los casos de corrupción, pero los tribunales en lo contencioso administrativo federal tienen, por estas horas, un protagonismo particular. El fuero es conocido como el de la gobernabilidad. Es allí donde se someten al control de constitucionalidad los decretos presidenciales, las regulaciones y las políticas públicas.
Son los tribunales en los que deben dirimirse un gran caudal de demandas presentadas contra el mega-dnu 70/2923 del presidente Javier Milei, que desreguló la economía con drásticas derogaciones de leyes. Aunque la semana pasada el fallo firmado por uno de sus jueces, Enrique Lavié Pico, produjo un cambio y desconcentró los expedientes que habían sido acumulados en un proceso colectivo.
El juez Esteban Furnari había buscado concentrar todos los casos en uno solo. Las lecturas de procesalistas e, incluso, las explicaciones de quienes defienden el DNU desde el Gobierno indicaban que el proceso colectivo, que concentraba todas las demandas contra el DNU, aparecía como la forma más conveniente de tramitar las demandas para el oficialismo.
“Si llegaba a cerrarse un acuerdo con el Gobierno, en el fuero contencioso administrativo apretaban una sola tecla y declaraban inadmisible la acción de amparo”, opinó un juez de otra área judicial en diálogo
Algunos ejemplos resonantes de asuntos que fueron tramitados en ese fuero son el de la ley de medios, la iniciativa de Cristina Kirchner para democratizar la Justicia o, incluso, la demanda iniciada por la familia Macri por la estatización de la empresa Correo Argentino.
Un fuero estratégico
La ambiciosa reforma judicial promovida sin éxito durante los inicios de la gestión de Alberto Fernández pretendía unificar el fuero contencioso administrativo con el civil y comercial y licuar, en efecto, el poder de algunos magistrados de peso. La iniciativa tuvo en ese momento la aprobación del Senado, pero nunca logró el visto bueno en la Cámara de Diputados. El fuero contencioso administrativo siguió tal cual como estaba.
El camarista en lo contencioso administrativo Sergio Fernández, hermano del histórico operador judicial del kirchnerismo Javier Fernández, es señalado como el caudillo de ese fuero. Es viejo y conocido su vínculo con el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
Fernández tiene, además, un estrecho vínculo con el expresidente de Boca Juniors y binguero Daniel Angelici. El camarista tiene una silla en la AFA, como vicepresidente del Tribunal de Disciplina.
A Fernández se le atribuye tener influencia general en muchas decisiones de sus colegas y en los nombramientos del fuero. Aunque quienes litigan y caminan los pasillos de los tribunales en lo contencioso administrativo marcan una excepción: la Sala I, integrada por las juezas Liliana María Heiland y Clara María Do Pico y por el juez Eduardo Facio, está fuera de la órbita de Fernández. Incluso señalan que Do Pico y Heiland no están en buenos términos con el camarista.
No solo acumuló poder en los tribunales en lo contencioso Sergio Fernández, sino también el presidente de la Cámara, Jorge Morán, extitular de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe). Fernández y Morán fueron los únicos integrantes de la Cámara de Apelaciones del fuero contencioso que recibieron a Germán Garavano, ministro de Justicia de Mauricio Macri, cuando comenzaba su gestión y se reunía con todos los camaristas de todos los fueros. Hablaron en nombre de la Cámara.
El camarista que integra la misma sala que Sergio Fernández, Carlos Grecco, se aproxima a cumplir los 80 años. En 2018 recibió la reválida del Senado para seguir cinco años más al frente de su cargo como camarista. La gestión del Frente de Todos buscaba que el Senado extendiera la prórroga de Grecco por cinco años más.
Cuando Milei asumió, retiró más de cincuenta pliegos de la Cámara alta, entre los cuales estaba el del juez Daniel Rafecas. El de Grecco, que busca permanecer en su cargo, había quedado allí para ser tratado.
Pero el Gobierno ya jugó una carta que puede ser decisiva para la reconstrucción del tribunal y el 28 de diciembre pasado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, envió una nota al Senado para informar que retiraba, también, el pliego de Grecco. La nota fue recibida por Victoria Villarruel. Hay quienes atribuyen esa jugada no solo a Cúneo Libarona, sino también al jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Grecco y Fernández son autoridades de feria y deberán resolver sobre los fallos de primera instancia, una vez que el juez Lavié Pico, también de feria, se pronuncie sobre la admisibilidad de los amparos contra el DNU.
El rompecabezas de los tribunales siempre tiene implicancias políticas. Además de las aspiraciones de Grecco para seguir al frente de su cargo como camarista, hay una vacante en la sala que integran él y Fernández. Otro de los cargos vacantes es en un juzgado de primera instancia al que aspiraba llegar el hermano de Esteban Furnari, Roberto Furnari.
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