Los gobernadores suben impuestos y ajustan
La caída de la coparticipación los obliga a pensar en nuevas reducciones del gasto
Gabriela Origlia.
Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos
CÓRDOBA.– Aunque la mayoría de los gobernadores arrancaron sus gestiones con medidas de ajuste fiscal, la fuerte caída de la coparticipación en noviembre y diciembre (12,4% y 19,4% respectivamente) y la baja de la recaudación propia por la recesión los obligaron a analizar alternativas para un achicamiento del gasto. La licuación de salarios públicos aparece como un hecho. A eso se sumarían opciones como pisar el pago a proveedores (lo que ya se registró en el último trimestre), subir impuestos y analizar posibilidades de endeudamiento (son escasas). En última instancia, queda el fantasma que agitó el bonaerense Axel Kicillof: la emisión de cuasimonedas
En las provincias, en promedio, alrededor del 60% del presupuesto se destina a salarios, por lo que el ajuste tiene ese límite. En medio de la recesión, varios mandatarios –en línea con el pedido del presidente Javier Milei– no renovaron contratos, pero coinciden en que “no hay margen social” para despidos.
Apuestan, al menos en el primer trimestre, a que la inflación licue los salarios, aunque saben que las protestas gremiales están a la vuelta de la esquina. De hecho, la caída del peso de ese rubro en las cuentas públicas provinciales, especialmente entre 2017-2020, fue clave para la mejora de la situación fiscal.
Fuera de esa, ninguna de las alternativas que barajan –y así lo admitieron funcionarios públicos de una decena de distritos consultados por la nacion– implica una baja de gasto a largo plazo. Son salidas transitorias, ya que después deberá hacerse frente a esas decisiones.
La suba de impuestos, en especial si se avanza en alícuotas de Ingresos Brutos, es “insostenible”, según coinciden referentes de los sectores productivos.
Para resolver el factor clave que explica la fuerte baja real de la coparticipación, los gobernadores esperan saber qué hará Milei con el proyecto de vuelta atrás de los cambios en Ganancias.
Tal como adelantó los mandatarios no tuvieron más novedades. Si bien la mayoría tiene contactos con el ministro del Interior, Guillermo Francos, no tienen ningún adelanto de cómo sigue la dinámica.
A dos semanas de la reunión que mantuvieron con Milei, la tensión y la impaciencia vienen creciendo, incluso entre los más proclives a “colaborar” con la gobernabilidad.
A su vez, como el proyecto de ley ómnibus propone que toda la recaudación del impuesto PAIS vaya a la Anses, algunos gobernadores del peronismo kirchnerista más dispuestos al diálogo analizan insistir en la coparticipación del gravamen al cheque, aun sabiendo que el Presidente lo rechaza. “Al menos, plantear una alternativa para discutir”, indica un ministro del norte del país.
“Gran parte de los recursos de las provincias se los lleva el pago de sueldos y jubilaciones. Con la caída de la coparticipación y el freno a la actividad, es complejo hacer más. Ya se avanzó en medidas, pero hay más preocupación que respuestas”, dicen a la nacion desde el gobierno del chubutense Ignacio Torres, quien fue el primero en alertar antes del 10 de diciembre que podría tener problemas para pagar el aguinaldo, aunque después lo abonó de una sola vez.
En el caso del cordobés Martín Llaryora, quien fue uno de los que hablaron después de la reunión con Milei, a la preocupación por la baja de Ganancias se suma una “urgente”: que la Anses cancele la deuda que mantiene con las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación. “Una manera de ganar tiempo mientras se negocia lo otro era empezar a pagar esas cuestiones, pero tampoco por ese lado hay nada”, se quejan desde el gabinete cordobés.
El entrerriano Rogelio Frigerio, a partir de las medidas de ajuste que ya instrumentó, intenta hacer un “colchón” al menos para el primer trimestre. El gobierno de la provincia de Entre Ríos, a su vez, envió a la Legislatura provincial un proyecto que busca prohibir las designaciones de planta permanente, las transferencias de dependencias y las recategorizaciones en el último año de gestión.
El ahorro fiscal para esos meses ya está proyectado, pero eso no reduce la “preocupación” por la coyuntura que transita la provincia. “Tenemos chances de tomar deuda, pero las tasas siguen siendo un problema y tampoco hay tantos mercados a donde buscar –dice el ministro de una provincia cuyana grande–. Hay que resolver la coparticipación”.
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Colectivos y trenes, con subas todos los meses
La decisión fue anunciada por el Ministerio de Infraestructura; el sistema de actualización será válido para los servicios del área metropolitana de Buenos Aires
Los boletos del transporte de pasajeros serán ajustados por inflación
Los boletos de colectivos y trenes aumentarán todos los meses según los índices de inflación, sin tener en cuenta la quita gradual de subsidios que estableció el Gobierno para este año. Así lo estableció la resolución 8/2023 del Ministerio de Infraestructura, publicada en el Boletín Oficial. La comunicación se da luego de que las autoridades dispusieran aumentosdel 45% por el conflicto con las empresas de transporte por el atraso en las tarifas.
Ayer se publicó en el Boletín Oficial la resolución 8/2023 del Ministerio de Infraestructura, cartera a cargo de Guillermo Ferraro, que establece que las tarifas de colectivos y trenes aumentarán todos los meses según los índices de inflación, sin tener en cuenta la quita gradual de subsidios que estableció el Gobierno para este año. La comunicación se da luego de que las autoridades dispusieron aumentos del 45% por el conflicto con las empresas de transporte a raíz del atraso en las tarifas y de que los combustibles registraron una suba de 27%.
Con esta decisión, lo que hizo la administración mileísta fue restablecer el artículo 11 de la resolución 1017 de diciembre de 2002, que incrementaba las tarifas de manera mensual tomando el índice de precios al consumidor (IPC) que informa el Indec, tras el congelamiento de precios durante dos años por la pandemia de Covid-19, según precisó la agencia Télam.
Desde ahora, el incremento será a partir del índice de inflación del mes anterior. Esta medida será válida para todos los colectivos urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional y servicios metropolitanos y regionales de trenes del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En tanto, seguirán vigentes los descuentos de la red SUBE para los transbordos realizados en una ventana de dos horas, así como la tarifa social para los grupos vulnerables.
Con respecto a los trenes de larga distancia que conectan el interior, los precios del boleto subirán según la inflación acumulada, con incrementos trimestrales en lugar de mensuales. Para ello se derogó la resolución 501 de agosto de 2023, mediante la cual se había suspendido la actualización tarifaria y se habían congelado los precios hasta diciembre del año pasado.
Después de una reunión entre el Gobierno y los directores de varias de las cámaras que representan a los dueños de los colectivos del AMBA se decidió que desde el 1º del actual la tarifa mínima de transporte urbano pasara de $52,96 a $76,92, es decir, un 45% de incremento.
Además, se mantendrá el actual sistema de subsidios, que, seguramente, también será incrementado hasta que empiece a regir el nuevo cuadro tarifario.
Los precios de los boletos ya estaban atrasados cuando, en agosto, en plena campaña electoral, el entonces ministro de Transporte Diego Giuliano, por pedido de su jefe político y candidato, Sergio Massa, congeló la actualización mensual por IPC que se había decidido en diciembre de 2022. Ese sistema, que pasó por el proceso de audiencias públicas, quedó aprobado hasta diciembre.
Asimismo, el viernes pasado el Ministerio de Infraestructura confirmó que el valor de los trenes en el AMBA subirá más del 45,32%, por lo que el boleto mínimo pasa a $37,38. “El transporte ferroviario de pasajeros se encuentra fuertemente subsidiado por el gobierno nacional, siendo el monto del subsidio mensual transferido a las operadoras ferroviarias equivalente al 98% del costo de operación”, señaló el Ministerio de Infraestructura en las redes sociales.
“Por ello, desde el 15 de enero de 2024 se aplicará la metodología contemplada por la resolución 1017/22 para actualizar los cuadros tarifarios de los servicios de transporte público de pasajeros ferroviarios, elevándose la misma en un 45,32%”, anunció la cartera.
A través de un comunicado, el Gobierno apuntó además contra una “política pública equivocada de congelamiento de tarifas” del por entonces Ministerio de Transporte.
Por otro lado, adelantó que se convocará a una audiencia pública para la primera quincena de enero. “A los fines de establecer una tarifa que reduzca paulatinamente la incidencia del subsidio a la oferta que ha generado graves distorsiones, incrementando la participación en el ingreso de las operadoras ferroviarias de la tarifa pagada por los usuarios”, precisó.
A partir de ayer, un nuevo aumento en los combustibles, que esta vez será de 27%, presionará más sobre los costos de las empresas de transporte. Es el segundo aumento desde que asumió Milei, ya que tras la devaluación los precios subieron entre 35% y 45%. Ese incremento, a su vez, se había sumado al aplicado apenas una semana antes, el 8 de diciembre (todavía bajo el mandato de Alberto Fernández), en el que el ajuste había sido de entre 15% y 30%, dependiendo la marca y la zona geográfica.
CÓRDOBA.– Aunque la mayoría de los gobernadores arrancaron sus gestiones con medidas de ajuste fiscal, la fuerte caída de la coparticipación en noviembre y diciembre (12,4% y 19,4% respectivamente) y la baja de la recaudación propia por la recesión los obligaron a analizar alternativas para un achicamiento del gasto. La licuación de salarios públicos aparece como un hecho. A eso se sumarían opciones como pisar el pago a proveedores (lo que ya se registró en el último trimestre), subir impuestos y analizar posibilidades de endeudamiento (son escasas). En última instancia, queda el fantasma que agitó el bonaerense Axel Kicillof: la emisión de cuasimonedas
En las provincias, en promedio, alrededor del 60% del presupuesto se destina a salarios, por lo que el ajuste tiene ese límite. En medio de la recesión, varios mandatarios –en línea con el pedido del presidente Javier Milei– no renovaron contratos, pero coinciden en que “no hay margen social” para despidos.
Apuestan, al menos en el primer trimestre, a que la inflación licue los salarios, aunque saben que las protestas gremiales están a la vuelta de la esquina. De hecho, la caída del peso de ese rubro en las cuentas públicas provinciales, especialmente entre 2017-2020, fue clave para la mejora de la situación fiscal.
Fuera de esa, ninguna de las alternativas que barajan –y así lo admitieron funcionarios públicos de una decena de distritos consultados por la nacion– implica una baja de gasto a largo plazo. Son salidas transitorias, ya que después deberá hacerse frente a esas decisiones.
La suba de impuestos, en especial si se avanza en alícuotas de Ingresos Brutos, es “insostenible”, según coinciden referentes de los sectores productivos.
Para resolver el factor clave que explica la fuerte baja real de la coparticipación, los gobernadores esperan saber qué hará Milei con el proyecto de vuelta atrás de los cambios en Ganancias.
Tal como adelantó los mandatarios no tuvieron más novedades. Si bien la mayoría tiene contactos con el ministro del Interior, Guillermo Francos, no tienen ningún adelanto de cómo sigue la dinámica.
A dos semanas de la reunión que mantuvieron con Milei, la tensión y la impaciencia vienen creciendo, incluso entre los más proclives a “colaborar” con la gobernabilidad.
A su vez, como el proyecto de ley ómnibus propone que toda la recaudación del impuesto PAIS vaya a la Anses, algunos gobernadores del peronismo kirchnerista más dispuestos al diálogo analizan insistir en la coparticipación del gravamen al cheque, aun sabiendo que el Presidente lo rechaza. “Al menos, plantear una alternativa para discutir”, indica un ministro del norte del país.
“Gran parte de los recursos de las provincias se los lleva el pago de sueldos y jubilaciones. Con la caída de la coparticipación y el freno a la actividad, es complejo hacer más. Ya se avanzó en medidas, pero hay más preocupación que respuestas”, dicen a la nacion desde el gobierno del chubutense Ignacio Torres, quien fue el primero en alertar antes del 10 de diciembre que podría tener problemas para pagar el aguinaldo, aunque después lo abonó de una sola vez.
En el caso del cordobés Martín Llaryora, quien fue uno de los que hablaron después de la reunión con Milei, a la preocupación por la baja de Ganancias se suma una “urgente”: que la Anses cancele la deuda que mantiene con las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación. “Una manera de ganar tiempo mientras se negocia lo otro era empezar a pagar esas cuestiones, pero tampoco por ese lado hay nada”, se quejan desde el gabinete cordobés.
El entrerriano Rogelio Frigerio, a partir de las medidas de ajuste que ya instrumentó, intenta hacer un “colchón” al menos para el primer trimestre. El gobierno de la provincia de Entre Ríos, a su vez, envió a la Legislatura provincial un proyecto que busca prohibir las designaciones de planta permanente, las transferencias de dependencias y las recategorizaciones en el último año de gestión.
El ahorro fiscal para esos meses ya está proyectado, pero eso no reduce la “preocupación” por la coyuntura que transita la provincia. “Tenemos chances de tomar deuda, pero las tasas siguen siendo un problema y tampoco hay tantos mercados a donde buscar –dice el ministro de una provincia cuyana grande–. Hay que resolver la coparticipación”.
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Colectivos y trenes, con subas todos los meses
La decisión fue anunciada por el Ministerio de Infraestructura; el sistema de actualización será válido para los servicios del área metropolitana de Buenos Aires
Los boletos de colectivos y trenes aumentarán todos los meses según los índices de inflación, sin tener en cuenta la quita gradual de subsidios que estableció el Gobierno para este año. Así lo estableció la resolución 8/2023 del Ministerio de Infraestructura, publicada en el Boletín Oficial. La comunicación se da luego de que las autoridades dispusieran aumentosdel 45% por el conflicto con las empresas de transporte por el atraso en las tarifas.
Ayer se publicó en el Boletín Oficial la resolución 8/2023 del Ministerio de Infraestructura, cartera a cargo de Guillermo Ferraro, que establece que las tarifas de colectivos y trenes aumentarán todos los meses según los índices de inflación, sin tener en cuenta la quita gradual de subsidios que estableció el Gobierno para este año. La comunicación se da luego de que las autoridades dispusieron aumentos del 45% por el conflicto con las empresas de transporte a raíz del atraso en las tarifas y de que los combustibles registraron una suba de 27%.
Con esta decisión, lo que hizo la administración mileísta fue restablecer el artículo 11 de la resolución 1017 de diciembre de 2002, que incrementaba las tarifas de manera mensual tomando el índice de precios al consumidor (IPC) que informa el Indec, tras el congelamiento de precios durante dos años por la pandemia de Covid-19, según precisó la agencia Télam.
Desde ahora, el incremento será a partir del índice de inflación del mes anterior. Esta medida será válida para todos los colectivos urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional y servicios metropolitanos y regionales de trenes del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En tanto, seguirán vigentes los descuentos de la red SUBE para los transbordos realizados en una ventana de dos horas, así como la tarifa social para los grupos vulnerables.
Con respecto a los trenes de larga distancia que conectan el interior, los precios del boleto subirán según la inflación acumulada, con incrementos trimestrales en lugar de mensuales. Para ello se derogó la resolución 501 de agosto de 2023, mediante la cual se había suspendido la actualización tarifaria y se habían congelado los precios hasta diciembre del año pasado.
Después de una reunión entre el Gobierno y los directores de varias de las cámaras que representan a los dueños de los colectivos del AMBA se decidió que desde el 1º del actual la tarifa mínima de transporte urbano pasara de $52,96 a $76,92, es decir, un 45% de incremento.
Además, se mantendrá el actual sistema de subsidios, que, seguramente, también será incrementado hasta que empiece a regir el nuevo cuadro tarifario.
Los precios de los boletos ya estaban atrasados cuando, en agosto, en plena campaña electoral, el entonces ministro de Transporte Diego Giuliano, por pedido de su jefe político y candidato, Sergio Massa, congeló la actualización mensual por IPC que se había decidido en diciembre de 2022. Ese sistema, que pasó por el proceso de audiencias públicas, quedó aprobado hasta diciembre.
Asimismo, el viernes pasado el Ministerio de Infraestructura confirmó que el valor de los trenes en el AMBA subirá más del 45,32%, por lo que el boleto mínimo pasa a $37,38. “El transporte ferroviario de pasajeros se encuentra fuertemente subsidiado por el gobierno nacional, siendo el monto del subsidio mensual transferido a las operadoras ferroviarias equivalente al 98% del costo de operación”, señaló el Ministerio de Infraestructura en las redes sociales.
“Por ello, desde el 15 de enero de 2024 se aplicará la metodología contemplada por la resolución 1017/22 para actualizar los cuadros tarifarios de los servicios de transporte público de pasajeros ferroviarios, elevándose la misma en un 45,32%”, anunció la cartera.
A través de un comunicado, el Gobierno apuntó además contra una “política pública equivocada de congelamiento de tarifas” del por entonces Ministerio de Transporte.
Por otro lado, adelantó que se convocará a una audiencia pública para la primera quincena de enero. “A los fines de establecer una tarifa que reduzca paulatinamente la incidencia del subsidio a la oferta que ha generado graves distorsiones, incrementando la participación en el ingreso de las operadoras ferroviarias de la tarifa pagada por los usuarios”, precisó.
A partir de ayer, un nuevo aumento en los combustibles, que esta vez será de 27%, presionará más sobre los costos de las empresas de transporte. Es el segundo aumento desde que asumió Milei, ya que tras la devaluación los precios subieron entre 35% y 45%. Ese incremento, a su vez, se había sumado al aplicado apenas una semana antes, el 8 de diciembre (todavía bajo el mandato de Alberto Fernández), en el que el ajuste había sido de entre 15% y 30%, dependiendo la marca y la zona geográfica.
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