CLAVES AMERICANAS Y PRIORIDADES

Una “pseudoelección” presidencial

Andrés Oppenheimer
Horas después de que el dictador venezolano Nicolás Maduro hubiera anunciado que celebraría sus fraudulentas elecciones presidenciales el 28 de julio, quedó claro que obtuvo una victoria propagandística: la mayoría de los medios y muchos jefes de Estado aceptaron automáticamente referirse a su farsa electoral como una “elección”. No solo las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y los gobiernos aliados de Maduro en Brasil, Colombia y México utilizaron la palabra “elecciones” para referirse a la próxima farsa electoral en Venezuela.
Incluso las agencias de noticias más respetadas utilizaron el mismo término después de que el régimen venezolano anunció el 5 de marzo la fecha de su planeada “pseudoelección”. “Las muy esperadas elecciones presidenciales de Venezuela tendrán lugar el 28 de julio”, decía la primera línea del despacho de Associated Press del 5 de marzo. “Venezuela celebrará sus elecciones presidenciales el 28 de julio”, comenzaba el reporte de la agencia de noticias Reuters ese mismo día.
Los principales periódicos y cadenas de televisión del mundo hicieron lo mismo. Y los funcionarios de Estados Unidos y Europa, e incluso varios críticos internos de Maduro, cayeron en la misma trampa. ¿Serán realmente “elecciones” lo que habrá en Venezuela? Según el Diccionario de la Real Academia Española, la definición de una “elección” es “la acción y efecto de elegir”. Pero, tal como están las cosas, los venezolanos no podrán escoger a los candidatos que quieran, entre otros, por los siguientes motivos:
* Maduro ha proscripto a todos los principales candidatos opositores. María Corina Machado, la candidata que ganó con un abrumador 90% las elecciones primarias de la oposición en octubre, fue inhabilitada por el régimen para presentarse a cualquier cargo público.
* Los dirigentes opositores no tienen libertad para hacer campaña libremente en el país. Machado me dijo en una entrevista reciente que no puede viajar en avión dentro de Venezuela, porque el régimen ha ordenado a las aerolíneas que no le permitan abordar ningún vuelo.
* Maduro no permite la libertad de prensa. Machado me dijo que en todo el año pasado no pudo ser entrevistada ni una sola vez en ninguna cadena de TV venezolana.
* El repentino anuncio de Maduro de que las elecciones se llevarán a cabo el 28 de julio ha dejado a la oposición con poco tiempo para organizarse, y difícilmente permitirá la organización de una observación electoral internacional creíble.
* El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, de cinco miembros, está controlado por Maduro y no actúa como un tribunal electoral independiente.
A pesar de todos estos obstáculos, aparentemente insuperables, la oposición venezolana debería participar en esta farsa electoral Maduro. Como aprendimos en las elecciones de Chile de 1988 y Nicaragua de 1990, las dictaduras impopulares a veces pierden elecciones a pesar de todos sus trucos para manipular los resultados.
Las encuestas muestran que Maduro, que ya se reeligió fraudulentamente en 2018, tiene poquísimo apoyo popular. Si Maduro pensara que podría ganar unas elecciones creíbles, no habría llegado al extremo de inhabilitar a todos los principales candidatos opositores.
Pero sería un gran error de la oposición venezolana no aprovechar esta oportunidad para movilizar a la población contra el régimen. Machado y sus aliados debaten actualmente si presentar un candidato sustituto para la votación del 28 de julio o si seguir adelante con la campaña de Machado a pesar de la inhabilitación oficial.
Cualquiera sea su decisión, Machado debería movilizar a los venezolanos para exigir que el régimen reconozca su candidatura. Y luego, si Maduro mantiene su inhabilitación o la de un candidato nombrado por ella, Machado debería pedir a los venezolanos que escriban su nombre en las papeletas –o presenten votos en blanco, como hizo la oposición iraní en las elecciones parlamentarias de ese país el 1 de marzo– para obtener millones de votos anulados, y exponer estas elecciones como una farsa.
Pero nadie que se precie de apoyar la democracia, especialmente los periodistas y jefes de Estado de todo el mundo, debería llamar “elección” a esta votación digitada por la dictadura de Venezuela. Llamémosla una “pseudoelección”, o una “elección autoritaria”. No hay que darles a Maduro y a los presidentes de Brasil, Colombia y México, entre otros, un pretexto para normalizar un nuevo fraude electoral en Venezuela.

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Pobreza y presupuesto destinado a la niñez
Sebastián Waisgrais Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina
El país enfrenta desafíos para lograr que las personas vivan con mayores niveles de bienestar. Entre ellos, uno crucial: casi 6 de cada 10 niños viven en hogares pobres. Son décadas donde la pobreza se mantiene en niveles elevados y se reproduce de generación en generación. Las cifras para 2023 cerrarán con el 57% de la niñez y la adolescencia (7,1 millones de chicos) viviendo en la pobreza y, de acuerdo con estimaciones preliminares basadas en fuentes oficiales, podría llegar al 71% durante el primer trimestre de 2024, lo que sumaría más de 1,5 millones de niños a la pobreza.
El principal determinante de esta situación es que, desde hace décadas, el país no logra sostener un sendero de crecimiento económico con inclusión. En los últimos 75 años hemos tenido al menos 16 crisis económicas, y en la actualidad el PBI per cápita medido a valores constantes es el mismo que tenía la economía argentina en 2007.
Cada una de estas crisis económicas contribuyó a profundizar la pobreza y empeorar sus consecuencias para la niñez: los llevó a abandonar la escuela, a ingresar tempranamente en el mercado laboral, a tener hambre, a ver restringido su acceso a los servicios de salud o a ser víctimas de violencia.
Entre los consensos que ha logrado la sociedad argentina en su historia reciente hay uno que debería ser ineludible: la pobreza extrema en la niñez debe ser erradicada; no hay forma de avanzar hacia el futuro cuando tenemos casi dos millones de chicos que no logran acceder a alimentos básicos.
Para eso, y hasta que el país logre crecer a tasas elevadas y sostenidas, el presupuesto público constituye una herramienta fundamental de la política fiscal para mitigar los niveles de pobreza que afectan a hogares con niños. Recientemente Unicef Argentina publicó tres informes que buscan aportar en este desafío. Se centran en la situación de la pobreza en la niñez, el presupuesto nacional con foco en niñez y adolescencia, y la capacidad de protección que tienen los dos principales programas de transferencias monetarias directas dirigidas a la niñez: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar.
Estos análisis marcan dos alertas. Por un lado, el presupuesto nacional de prórroga vigente para 2024 (que replica los créditos presupuestarios del cierre del ejercicio 2023) asigna un presupuesto anual de $3,66 billones a las políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia. Descontando la inflación proyectada para el año, esto implicaría una caída del 75% en términos reales respecto del presupuesto devengado en 2023, equivalente a 1,37 puntos porcentuales del PBI.
Por el otro, aun teniendo en cuenta los incrementos establecidos recientemente en las dos principales políticas de transferencias directas destinadas a hogares con niños en condiciones de vulnerabilidad (100% del valor nominal tanto para la AUH como para la prestación Alimentar), en la actualidad la AUH representa el 45% de la canasta básica alimentaria y el 21% de la canasta básica total. Esto indica que los precios de los productos que integran esas canastas (alimentos y bienes y servicios básicos) aumentaron en mayor proporción que el monto de las transferencias. La situación es similar con la prestación Alimentar.
Con plena conciencia de las dificultades que enfrenta el país, entre ellas la situación fiscal, y teniendo en cuenta los elevados niveles de pobreza en la niñez, es crucial encontrar los consensos para proteger las partidas presupuestarias destinados a la infancia, en especial las políticas de protección de ingresos a los hogares para evitar que más niños vivan en la pobreza. Si logramos estos acuerdos estableceremos las condiciones para un desarrollo social y económico sostenible para la Argentina.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA