El oficialismo se resigna y discute la fórmula para las jubilaciones
Convocó a una sesión mañana, en Diputados, para debatir el cálculo de la actualización
Delfina Celichini
El oficialismo en la Cámara de Diputados no pudo desarticular el pedido de sesión realizado por el bloque Hacemos Coalición Federal y la presidencia del cuerpo formalizó ayer la convocatoria de sesión para mañana, a las 12, para debatir un cambio en el ajuste de las jubilaciones. Si Unión por la Patria (UP) y un sector del radicalismo acompañan la iniciativa del espacio conducido por Miguel Ángel Pichetto, se llegará al número necesario para iniciar la discusión. Con ello, le marcarán la cancha al Gobierno y expondrán otro traspié legislativo de los libertarios.
“Los jubilados no pueden esperar”, repiten los diputados de Hacemos Coalición Federal, que en este nuevo round parlamentario adoptó una actitud menos contemplativa con el oficialismo y apunta a discutir los temas que considera “urgentes”. El tratamiento del proyecto de “Ley de bases” desgastó su vínculo con los libertarios y esto reperfiló el esquema de alianzas.
Mientras que Pro y un sector de la UCR trabajan junto a La Libertad Avanza (LLA) en una nueva estrategia que logre reflotar los principales puntos de la iniciativa ómnibus, el bloque que lidera Pichetto se desmarca del Gobierno y busca apoyos en Unión por la Patria para definir prioridades y acelerar el inicio del trabajo parlamentario.
Se trata de un nuevo revés para el oficialismo, que en la última semana se vio enredado en una contradicción discursiva al firmar subas de sueldos para la planta política tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Para capear esta nueva crisis, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó el viernes de llamar a referentes de Hacemos para persuadirlos de quitar el pedido de sesión especial. “Se lo notó muy preocupado”, confió uno de ellos a la nacion.
La Casa Rosada quiere manejar los tiempos del Congreso y condiciona el Pacto de Mayo a la aprobación de los principales puntos del antiguo proyecto ómnibus. Esta situación, a la vez, está atada a una lábil tregua con los gobernadores. Según trascendió, el Ejecutivo enviará en los próximos días iniciativas sobre privatizaciones de empresas públicas, la reorganización administrativa del Estado, las desregulaciones económicas, la reforma en hidrocarburos y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Si bien también prepara un proyecto de actualización de haberes previsionales, este evitará compensar a los jubilados por la inflación de enero.
La iniciativa presentada por la Coalición Cívica, en cambio, busca compensar a los jubilados por la inflación desde el primer mes del año. Propone que las jubilaciones se actualicen mensualmente conforme a la inflación registrada en los dos meses inmediatamente previos. Además, busca que la primera actualización que se realice sea complementada con un aumento del 20,6%, el mismo incremento inflacionario de enero. “Lo importante es instalar el tema y forzar al Gobierno a dar una respuesta”, sintetizan fuentes de Hacemos.
Lo cierto es que la licuación de los haberes previsionales sensibiliza a casi todos los espacios políticos. Sin embargo, en Pro y la UCR le facturaron al bloque de Pichetto cargar las tintas durante el armisticio que abrió el presidente Javier Milei. Tanto el radical Rodrigo de Loredo como el macrista Cristian Ritondo trabajan para no quebrar esta delicada armonía.
Los 23 diputados de Hacemos intercambian ideas con Germán Martínez –jefe del bloque de UP, con 99 voluntades– y un grupo de radicales para construir una mayoría sólida que condicione a los libertarios desde el Congreso.
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El Gobierno pedirá una suba de tarifas que llevará el peaje de las rutas a $900
Comienza el proceso para modificar los cuadros tarifarios que se aplicarán desde abril; desde junio se actualizará por un índice que toma en cuenta salarios e inflación
Diego Cabot
Los peajes de las rutas nacionales tendrán un aumento a partir de abril próximo
Los movimientos internos para subir la tarifa de peaje que se cobra en las rutas nacionales comenzaron el viernes pasado. La maquinaria de la burocracia se empezó a mover para intentar que en abril próximo ya esté vigente el nuevo precio que se cobrará al subir una barrera. Desde entonces, los conductores argentinos pasarán de los actuales $300 a $900, mientras que los camiones de mayor porte, que actualmente pagan $1500, tendrán que disponer de $6000 para continuar el viaje.
Formalmente, lo que sucedió es que por estas horas la empresa estatal Corredores Viales, que es la titular de las rutas que fueron concesionadas y luego revertidas al Estado, le pidió a Vialidad Nacional que inicie el proceso para llamar a audiencia pública y disponer la actualización del cuadro tarifario. Como se dijo, los valores actuales se multiplicarán por tres.
Esa no es la única novedad, sino que además, en la discusión tarifaria que se inicia, se colocará una fórmula de actualización para modificar mensualmente el precio de los peajes. A partir de junio próximo, la indexación tendrá una fórmula copiada a la que se decidió para la electricidad, con un índice que tomará en cuenta a los salarios y la inflación.
Los nuevos peajes se aplicarán a todos los corredores viales que alguna vez, durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron concesionados mediante el sistema de participación público-privado (PPP), rescindidos por la administración de Alberto Fernández. Se trata de diez corredores troncales, donde está incluida la autopista EzeizaCañuelas, cuya concesión era de Cristóbal López y que fue rescindida por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Justamente de esa medida, y de la necesidad de mantener la operación de la traza, nació Corredores Viales, que, cuando se dieron de baja aquellos contratos de PPP, pasó a ser el empleador de los trabajadores que pertenecían a las firmas privadas. Este aumento del peaje, cuyo proceso se inicia, no es una medida aislada sino que se enmarca en un profundo saneamiento a la que será sometida la empresa estatal.
Un apéndice de Vialidad
La compañía que maneja los peajes se convirtió en un enorme organismo que, ni siquiera, tiene claro la cantidad de trabajadores que cobran todos los meses. De hecho, el nuevo presidente, José Luis Acevedo, un hombre que viene de la firma “prima hermana porteña”, Autopistas Urbanas, ha llegado a un número aproximado, pero no definitivo. El punto de indefinición está dado en que había centenares de contratos temporales que elevaban el número. “Más o menos, 4200”, contestan en la compañía.
Uno de los principales problemas de Corredores Viales, que ahora quedó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, es que siempre tuvo encima el peso de Vialidad Nacional, la rectora de las rutas argentinas que siempre vio con recelo la creación de otro organismo, en este caso, una empresa, que le quite funciones y protagonismo. Las dos están unidas por tres contratos que limitan fuerte la posibilidad de gestión autónoma en Corredores. Por caso, es imposible autorizar cualquier explotación en la ruta, por caso una estación de servicio, sin que Vialidad dé el visto bueno. La nueva administración ambiciona llegar a un contrato, dar de baja dos y recuperar facultades para dotar de agilidad a la empresa.
Por ahora, no habrá privatización para las rutas con peaje. La razón es sencilla: no hay negocio como para atraer al capital privado. El mandato de la nueva gestión es intentar equilibrar los números. En realidad, lograr que los gastos corrientes se paguen con los ingresos de los peajes.
Ahora bien, para que eso suceda, estiman en el Gobierno, el valor por subir la barrera debería estar muy por encima de los $900 que se autorizarán cuando termine el proceso formal. Por ahora, además, es un imposible pensar que con la recaudación se puedan solventar las inversiones en infraestructura.
La reestructuración tiene varias estaciones. Como se dijo, la primera es subir la tarifa. Luego vendrá otra pelea con los trabajadores: lograr que aumente el número de los vehículos que pagan respecto de los que pasan. Un caso como para ilustrar. De los registros de la empresa surge que el año pasado por la autopista Ezeiza-Canñuelas pasaron 18.000 autos de bomberos, algo así como 50 por día.
Sucede cuando hay un gran porcentaje de automovilistas que no esperan el comprobante. Por lo tanto, muchos peajistas accionan un botón que se usa para servidores públicos, como policías o bomberos, y nunca se registra el pago. De acuerdo a datos de la compañía, hay cabinas de peajes en las que existe un tercio de quienes pasan que no pagan la tarifa.
Luego se vendrá la revisión de los contratos con los prestadores de servicios, como por ejemplo quienes cortan el pasto en las banquinas. Ahí también se encontraron algunos números elevados.
Para el final, la llegada de los sistemas de cobro digitales, prácticamente desactivados en la traza de 6000 kilómetros. Será una dura pelea con Facundo Moyano, el hombre fuerte del gremio que maneja los trabajadores de las cabinas.
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Caputo les pidió a los súper que no acepten listas con aumentos
Esperan un dígito de inflación para alimentos en marzo
El oficialismo en la Cámara de Diputados no pudo desarticular el pedido de sesión realizado por el bloque Hacemos Coalición Federal y la presidencia del cuerpo formalizó ayer la convocatoria de sesión para mañana, a las 12, para debatir un cambio en el ajuste de las jubilaciones. Si Unión por la Patria (UP) y un sector del radicalismo acompañan la iniciativa del espacio conducido por Miguel Ángel Pichetto, se llegará al número necesario para iniciar la discusión. Con ello, le marcarán la cancha al Gobierno y expondrán otro traspié legislativo de los libertarios.
“Los jubilados no pueden esperar”, repiten los diputados de Hacemos Coalición Federal, que en este nuevo round parlamentario adoptó una actitud menos contemplativa con el oficialismo y apunta a discutir los temas que considera “urgentes”. El tratamiento del proyecto de “Ley de bases” desgastó su vínculo con los libertarios y esto reperfiló el esquema de alianzas.
Mientras que Pro y un sector de la UCR trabajan junto a La Libertad Avanza (LLA) en una nueva estrategia que logre reflotar los principales puntos de la iniciativa ómnibus, el bloque que lidera Pichetto se desmarca del Gobierno y busca apoyos en Unión por la Patria para definir prioridades y acelerar el inicio del trabajo parlamentario.
Se trata de un nuevo revés para el oficialismo, que en la última semana se vio enredado en una contradicción discursiva al firmar subas de sueldos para la planta política tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Para capear esta nueva crisis, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó el viernes de llamar a referentes de Hacemos para persuadirlos de quitar el pedido de sesión especial. “Se lo notó muy preocupado”, confió uno de ellos a la nacion.
La Casa Rosada quiere manejar los tiempos del Congreso y condiciona el Pacto de Mayo a la aprobación de los principales puntos del antiguo proyecto ómnibus. Esta situación, a la vez, está atada a una lábil tregua con los gobernadores. Según trascendió, el Ejecutivo enviará en los próximos días iniciativas sobre privatizaciones de empresas públicas, la reorganización administrativa del Estado, las desregulaciones económicas, la reforma en hidrocarburos y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Si bien también prepara un proyecto de actualización de haberes previsionales, este evitará compensar a los jubilados por la inflación de enero.
La iniciativa presentada por la Coalición Cívica, en cambio, busca compensar a los jubilados por la inflación desde el primer mes del año. Propone que las jubilaciones se actualicen mensualmente conforme a la inflación registrada en los dos meses inmediatamente previos. Además, busca que la primera actualización que se realice sea complementada con un aumento del 20,6%, el mismo incremento inflacionario de enero. “Lo importante es instalar el tema y forzar al Gobierno a dar una respuesta”, sintetizan fuentes de Hacemos.
Lo cierto es que la licuación de los haberes previsionales sensibiliza a casi todos los espacios políticos. Sin embargo, en Pro y la UCR le facturaron al bloque de Pichetto cargar las tintas durante el armisticio que abrió el presidente Javier Milei. Tanto el radical Rodrigo de Loredo como el macrista Cristian Ritondo trabajan para no quebrar esta delicada armonía.
Los 23 diputados de Hacemos intercambian ideas con Germán Martínez –jefe del bloque de UP, con 99 voluntades– y un grupo de radicales para construir una mayoría sólida que condicione a los libertarios desde el Congreso.
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El Gobierno pedirá una suba de tarifas que llevará el peaje de las rutas a $900
Comienza el proceso para modificar los cuadros tarifarios que se aplicarán desde abril; desde junio se actualizará por un índice que toma en cuenta salarios e inflación
Diego Cabot
Los movimientos internos para subir la tarifa de peaje que se cobra en las rutas nacionales comenzaron el viernes pasado. La maquinaria de la burocracia se empezó a mover para intentar que en abril próximo ya esté vigente el nuevo precio que se cobrará al subir una barrera. Desde entonces, los conductores argentinos pasarán de los actuales $300 a $900, mientras que los camiones de mayor porte, que actualmente pagan $1500, tendrán que disponer de $6000 para continuar el viaje.
Formalmente, lo que sucedió es que por estas horas la empresa estatal Corredores Viales, que es la titular de las rutas que fueron concesionadas y luego revertidas al Estado, le pidió a Vialidad Nacional que inicie el proceso para llamar a audiencia pública y disponer la actualización del cuadro tarifario. Como se dijo, los valores actuales se multiplicarán por tres.
Esa no es la única novedad, sino que además, en la discusión tarifaria que se inicia, se colocará una fórmula de actualización para modificar mensualmente el precio de los peajes. A partir de junio próximo, la indexación tendrá una fórmula copiada a la que se decidió para la electricidad, con un índice que tomará en cuenta a los salarios y la inflación.
Los nuevos peajes se aplicarán a todos los corredores viales que alguna vez, durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron concesionados mediante el sistema de participación público-privado (PPP), rescindidos por la administración de Alberto Fernández. Se trata de diez corredores troncales, donde está incluida la autopista EzeizaCañuelas, cuya concesión era de Cristóbal López y que fue rescindida por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Justamente de esa medida, y de la necesidad de mantener la operación de la traza, nació Corredores Viales, que, cuando se dieron de baja aquellos contratos de PPP, pasó a ser el empleador de los trabajadores que pertenecían a las firmas privadas. Este aumento del peaje, cuyo proceso se inicia, no es una medida aislada sino que se enmarca en un profundo saneamiento a la que será sometida la empresa estatal.
Un apéndice de Vialidad
La compañía que maneja los peajes se convirtió en un enorme organismo que, ni siquiera, tiene claro la cantidad de trabajadores que cobran todos los meses. De hecho, el nuevo presidente, José Luis Acevedo, un hombre que viene de la firma “prima hermana porteña”, Autopistas Urbanas, ha llegado a un número aproximado, pero no definitivo. El punto de indefinición está dado en que había centenares de contratos temporales que elevaban el número. “Más o menos, 4200”, contestan en la compañía.
Uno de los principales problemas de Corredores Viales, que ahora quedó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, es que siempre tuvo encima el peso de Vialidad Nacional, la rectora de las rutas argentinas que siempre vio con recelo la creación de otro organismo, en este caso, una empresa, que le quite funciones y protagonismo. Las dos están unidas por tres contratos que limitan fuerte la posibilidad de gestión autónoma en Corredores. Por caso, es imposible autorizar cualquier explotación en la ruta, por caso una estación de servicio, sin que Vialidad dé el visto bueno. La nueva administración ambiciona llegar a un contrato, dar de baja dos y recuperar facultades para dotar de agilidad a la empresa.
Por ahora, no habrá privatización para las rutas con peaje. La razón es sencilla: no hay negocio como para atraer al capital privado. El mandato de la nueva gestión es intentar equilibrar los números. En realidad, lograr que los gastos corrientes se paguen con los ingresos de los peajes.
Ahora bien, para que eso suceda, estiman en el Gobierno, el valor por subir la barrera debería estar muy por encima de los $900 que se autorizarán cuando termine el proceso formal. Por ahora, además, es un imposible pensar que con la recaudación se puedan solventar las inversiones en infraestructura.
La reestructuración tiene varias estaciones. Como se dijo, la primera es subir la tarifa. Luego vendrá otra pelea con los trabajadores: lograr que aumente el número de los vehículos que pagan respecto de los que pasan. Un caso como para ilustrar. De los registros de la empresa surge que el año pasado por la autopista Ezeiza-Canñuelas pasaron 18.000 autos de bomberos, algo así como 50 por día.
Sucede cuando hay un gran porcentaje de automovilistas que no esperan el comprobante. Por lo tanto, muchos peajistas accionan un botón que se usa para servidores públicos, como policías o bomberos, y nunca se registra el pago. De acuerdo a datos de la compañía, hay cabinas de peajes en las que existe un tercio de quienes pasan que no pagan la tarifa.
Luego se vendrá la revisión de los contratos con los prestadores de servicios, como por ejemplo quienes cortan el pasto en las banquinas. Ahí también se encontraron algunos números elevados.
Para el final, la llegada de los sistemas de cobro digitales, prácticamente desactivados en la traza de 6000 kilómetros. Será una dura pelea con Facundo Moyano, el hombre fuerte del gremio que maneja los trabajadores de las cabinas.
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Caputo les pidió a los súper que no acepten listas con aumentos
Esperan un dígito de inflación para alimentos en marzo
Alfredo Sainz
El ministro de Economía, Luis Caputo, convocó a los grandes supermercados a sumarse a la resistencia contra los aumentos de precios. En una llamativa muestra de heterodoxia y a menos de tres meses de haber dado por terminada la era de los acuerdos de precios, el titular del Palacio de Hacienda se reunió con los número uno de las seis principales cadenas de supermercados de la Argentina para ratificar que no se avecina una devaluación en el corto plazo y pedirles mayor dureza en las negociaciones con la industria para frenar el envío de nuevas listas de precios.
A menos de 24 horas de que se conozca la inflación de febrero –hoy a las 16 horas se publicará el número–, Caputo volvió a la carga sobre la política de promociones, como había hecho en un encuentro previo con los grandes fabricantes de alimentos y bebidas. Este tipo de acciones comerciales, como “3x2” en la venta de vinos y gaseosas o el descuento del 70% en la segunda unidad eran estrategias que históricamente usaron los supermercados locales pero que habían perdido terreno hasta casi desaparecer en los últimos dos años, a medida que se aceleraba la inflación y crecía la brecha entre los productos libres y los alcanzados por los acuerdos de precios, del tipo Precios Cuidados o Precios Justos.
Las promociones volvieron con fuerza a fin de año a partir de la decisión del gobierno de Javier Milei de no renovar los acuerdos y las canastas oficiales, y en el encuentro Caputo mostró su preocupación ante lo que considera como acciones que impiden medir en forma más realista la evolución de los precios y lo que efectivamente termina pagando cada cliente.
“Es algo parecido a lo que se dio en 2016, con la diferencia de que en ese momento (Alfonso) Prat-Gay se tiraba contra las promociones bancarias y ahora Caputo critica los descuentos que ofrece la industria. Lo importante es que el propio ministro sabe que este tipo de acciones son impulsadas por los proveedores que se pasaron de rosca y pusieron sus precios pensando en un dólar de 1300 o 1400 pesos, y en vez de bajar, prefieren ofrecer descuentos”, explicó un supermercadista que participó del encuentro.
Un dígito
En la reunión –de la que participaron los CEO de las seis grandes cadenas: Carrefour, Coto, Cencosud (Jumbo, Disco), Changomás (ex-Walmart), La Anónima y Dia, Caputo también aseguró que no se esperan cambios en la política de crawling peg (con una devaluación mensual del 2%) y sostuvo que no hay ninguna razón para que la inflación de alimentos y bebidas no se ubique en un dígito en marzo.
Además, el ministro cargó contra lo que consideró como aumentos desmedidos en algunas categorías y la inflación en dólares que se vive en la economía argentina. “No puede ser que en la Argentina un dentífrico cueste 7 euros, mucho más que en España”, ejemplificó.
El ministro de Economía, Luis Caputo, convocó a los grandes supermercados a sumarse a la resistencia contra los aumentos de precios. En una llamativa muestra de heterodoxia y a menos de tres meses de haber dado por terminada la era de los acuerdos de precios, el titular del Palacio de Hacienda se reunió con los número uno de las seis principales cadenas de supermercados de la Argentina para ratificar que no se avecina una devaluación en el corto plazo y pedirles mayor dureza en las negociaciones con la industria para frenar el envío de nuevas listas de precios.
A menos de 24 horas de que se conozca la inflación de febrero –hoy a las 16 horas se publicará el número–, Caputo volvió a la carga sobre la política de promociones, como había hecho en un encuentro previo con los grandes fabricantes de alimentos y bebidas. Este tipo de acciones comerciales, como “3x2” en la venta de vinos y gaseosas o el descuento del 70% en la segunda unidad eran estrategias que históricamente usaron los supermercados locales pero que habían perdido terreno hasta casi desaparecer en los últimos dos años, a medida que se aceleraba la inflación y crecía la brecha entre los productos libres y los alcanzados por los acuerdos de precios, del tipo Precios Cuidados o Precios Justos.
Las promociones volvieron con fuerza a fin de año a partir de la decisión del gobierno de Javier Milei de no renovar los acuerdos y las canastas oficiales, y en el encuentro Caputo mostró su preocupación ante lo que considera como acciones que impiden medir en forma más realista la evolución de los precios y lo que efectivamente termina pagando cada cliente.
“Es algo parecido a lo que se dio en 2016, con la diferencia de que en ese momento (Alfonso) Prat-Gay se tiraba contra las promociones bancarias y ahora Caputo critica los descuentos que ofrece la industria. Lo importante es que el propio ministro sabe que este tipo de acciones son impulsadas por los proveedores que se pasaron de rosca y pusieron sus precios pensando en un dólar de 1300 o 1400 pesos, y en vez de bajar, prefieren ofrecer descuentos”, explicó un supermercadista que participó del encuentro.
Un dígito
En la reunión –de la que participaron los CEO de las seis grandes cadenas: Carrefour, Coto, Cencosud (Jumbo, Disco), Changomás (ex-Walmart), La Anónima y Dia, Caputo también aseguró que no se esperan cambios en la política de crawling peg (con una devaluación mensual del 2%) y sostuvo que no hay ninguna razón para que la inflación de alimentos y bebidas no se ubique en un dígito en marzo.
Además, el ministro cargó contra lo que consideró como aumentos desmedidos en algunas categorías y la inflación en dólares que se vive en la economía argentina. “No puede ser que en la Argentina un dentífrico cueste 7 euros, mucho más que en España”, ejemplificó.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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