Indemnizan con el nuevo cálculo que fijó la Corte
La Cámara del Trabajo se remitió a una sentencia de la Corte de hace 15 días que frenó montos “desproporcionados”
Hernán Cappiello
Milei saluda a Maqueda y Lorenzetti, el 1° de marzo, en el Congreso
La Cámara del Trabajo aplicó por primera vez la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en un fallo de hace 15 días, limitó la manera de calcular los intereses en las indemnizaciones laborales. Los jueces aplicaron el Coeficiente de Estabilización de Referencia para calcular los intereses de una indemnización por un accidente laboral.
La Cámara Nacional del Trabajo aplicó por primera vez la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, en un fallo de hace 15 días, limitó la manera de calcular los intereses en las indemnizaciones laborales.
Los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aplicaron el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para el cálculo de los intereses de una indemnización por un accidente de trabajo.
La propia Cámara dejó de lado algo que había establecido en un plenario, en el que reglamentó a través de un acta [2764] un artículo del Código Civil y Comercial que prohíbe aplicar intereses sobre los intereses, pero que los jueces lo admitían en casos particulares.
El fallo lleva la firma de los camaristas María Dora González y Víctor Pesino. La causa se refiere a un accidente laboral de un trabajador forestal que sufrió un golpe en la cabeza que le produjo una pérdida de memoria y cierta discapacidad.
Por esas lesiones, acreditadas por peritos, y por el daño moral, la Cámara Laboral confirmó el fallo de primer instancia que les impuso a la empresa Arauco SA, la transportista Palo Hueco SA y La Segunda ART el pago de una indemnización de 3.000.000 de pesos con intereses calculados por CER desde 2017.
La Corte, en la causa “Oliva”, decidió hace 15 días que no era razonable ese cálculo de intereses ya que llevaba la sentencia a un monto “desproporcionado”, “carente de respaldo” y que no constituye “una derivación razonada del derecho vigente”. Así, la Corte mandó a dictar una nueva sentencia en una causa donde el cálculo de intereses se hacía incrementado un 7700 por ciento.
Llamó la atención que, a la hora de fallar, los jueces evaluaron los considerandos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 de Javier Milei, pese a que fue suspendido en su capítulo laboral tras una presentación de la CGT y otras organizaciones sindicales.
Sin embargo, citaron que allí se señala que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”, y que existe la necesidad de reconstruir la economía “a fin de corregir la crisis terminal que enfrenta la economía argentina y conjurar el grave riesgo de un deterioro aún mayor y mucho más grave de la situación social y económica”.
El DNU y la ley ómnibus, que volverá ahora en una versión acotada al Congreso tras su retiro por parte del Gobierno, propone que el capital histórico sea actualizado por el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual. Los jueces dijeron que el ajuste por CER es el precio que paga tanto el Estado nacional (al igual que hacen las entidades bancarias con los depósitos a plazo) por la utilización temporaria del dinero ajeno.
Mencionó que el CER –en relación con el índice de precios al consumidor– es lo que pretendió imponer el Poder Ejecutivo Nacional, mediante DNU 70/23, y lo que, incluso, han reclamado organizaciones empresarias.
“Si el Poder Ejecutivo Nacional ata sus deudas en pesos al CER y el Banco Central de la República Argentina avala los depósitos a plazo fijo atados al CER, nada impide al Poder Judicial utilizar esta misma variable para penar la mora”, escribieron.
En su sentencia del 4 de marzo pasado, la Cámara del Trabajo entendió que la Corte, en la causa “Oliva”, “al sostener que el acta 2764 multiplicó ‘de forma repetitiva el resultado de las tasas activas efectivas aplicadas’, se excedió ‘sin justificación cualquier parámetro de ponderación razonable’. Y así la Corte convocó a los magistrados a adoptar, en materia de intereses accesorios, “un criterio que, con el debido respaldo, combine la razonabilidad con la protección que debe garantizarse a los créditos laborales”.
Compensación
La Cámara agregó: “Es necesario encontrar un método de compensación de los créditos de los trabajadores que no lleve a que los reajustes representen un costo de tal magnitud que exceda los valores del dinero en el mercado y derive en un posible enriquecimiento sin causa. A la par, es indispensable que ese método de compensación mantenga incólume el poder de compra –el ‘valor’– del crédito laboral”.
En tal sentido, resolvió la aplicación, a los créditos, del mecanismo del CER, que guarda total y absoluta razonabilidad –en los términos exigidos, por la Corte en “Oliva” y por la Constitución nacional– en la medida en que su resultado no excede “sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación”.
Así, la Cámara concluyó que se debe aplicar para el interés moratorio el índice CER, publicado por el Banco Central, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago. Además, ese capital devengará un interés compensatorio puro del 3% anual, como propone el Gobierno en el DNU 70/23.ß
Se aplicó un ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia más un 3%
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La Cámara del Trabajo aplicó por primera vez la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en un fallo de hace 15 días, limitó la manera de calcular los intereses en las indemnizaciones laborales. Los jueces aplicaron el Coeficiente de Estabilización de Referencia para calcular los intereses de una indemnización por un accidente laboral.
La Cámara Nacional del Trabajo aplicó por primera vez la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, en un fallo de hace 15 días, limitó la manera de calcular los intereses en las indemnizaciones laborales.
Los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aplicaron el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para el cálculo de los intereses de una indemnización por un accidente de trabajo.
La propia Cámara dejó de lado algo que había establecido en un plenario, en el que reglamentó a través de un acta [2764] un artículo del Código Civil y Comercial que prohíbe aplicar intereses sobre los intereses, pero que los jueces lo admitían en casos particulares.
El fallo lleva la firma de los camaristas María Dora González y Víctor Pesino. La causa se refiere a un accidente laboral de un trabajador forestal que sufrió un golpe en la cabeza que le produjo una pérdida de memoria y cierta discapacidad.
Por esas lesiones, acreditadas por peritos, y por el daño moral, la Cámara Laboral confirmó el fallo de primer instancia que les impuso a la empresa Arauco SA, la transportista Palo Hueco SA y La Segunda ART el pago de una indemnización de 3.000.000 de pesos con intereses calculados por CER desde 2017.
La Corte, en la causa “Oliva”, decidió hace 15 días que no era razonable ese cálculo de intereses ya que llevaba la sentencia a un monto “desproporcionado”, “carente de respaldo” y que no constituye “una derivación razonada del derecho vigente”. Así, la Corte mandó a dictar una nueva sentencia en una causa donde el cálculo de intereses se hacía incrementado un 7700 por ciento.
Llamó la atención que, a la hora de fallar, los jueces evaluaron los considerandos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 de Javier Milei, pese a que fue suspendido en su capítulo laboral tras una presentación de la CGT y otras organizaciones sindicales.
Sin embargo, citaron que allí se señala que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”, y que existe la necesidad de reconstruir la economía “a fin de corregir la crisis terminal que enfrenta la economía argentina y conjurar el grave riesgo de un deterioro aún mayor y mucho más grave de la situación social y económica”.
El DNU y la ley ómnibus, que volverá ahora en una versión acotada al Congreso tras su retiro por parte del Gobierno, propone que el capital histórico sea actualizado por el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual. Los jueces dijeron que el ajuste por CER es el precio que paga tanto el Estado nacional (al igual que hacen las entidades bancarias con los depósitos a plazo) por la utilización temporaria del dinero ajeno.
Mencionó que el CER –en relación con el índice de precios al consumidor– es lo que pretendió imponer el Poder Ejecutivo Nacional, mediante DNU 70/23, y lo que, incluso, han reclamado organizaciones empresarias.
“Si el Poder Ejecutivo Nacional ata sus deudas en pesos al CER y el Banco Central de la República Argentina avala los depósitos a plazo fijo atados al CER, nada impide al Poder Judicial utilizar esta misma variable para penar la mora”, escribieron.
En su sentencia del 4 de marzo pasado, la Cámara del Trabajo entendió que la Corte, en la causa “Oliva”, “al sostener que el acta 2764 multiplicó ‘de forma repetitiva el resultado de las tasas activas efectivas aplicadas’, se excedió ‘sin justificación cualquier parámetro de ponderación razonable’. Y así la Corte convocó a los magistrados a adoptar, en materia de intereses accesorios, “un criterio que, con el debido respaldo, combine la razonabilidad con la protección que debe garantizarse a los créditos laborales”.
Compensación
La Cámara agregó: “Es necesario encontrar un método de compensación de los créditos de los trabajadores que no lleve a que los reajustes representen un costo de tal magnitud que exceda los valores del dinero en el mercado y derive en un posible enriquecimiento sin causa. A la par, es indispensable que ese método de compensación mantenga incólume el poder de compra –el ‘valor’– del crédito laboral”.
En tal sentido, resolvió la aplicación, a los créditos, del mecanismo del CER, que guarda total y absoluta razonabilidad –en los términos exigidos, por la Corte en “Oliva” y por la Constitución nacional– en la medida en que su resultado no excede “sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación”.
Así, la Cámara concluyó que se debe aplicar para el interés moratorio el índice CER, publicado por el Banco Central, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago. Además, ese capital devengará un interés compensatorio puro del 3% anual, como propone el Gobierno en el DNU 70/23.ß
Se aplicó un ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia más un 3%
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Un aliado de Milei es el gobernador con mayor imagen positiva
El tucumano Jaldo ocupa el primer lugar en un sondeo reciente, en el que Kicillof es el más resistido
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, es el mandatario provincial con mayor imagen positiva del país, mientras que Axel Kicillof, de Buenos Aires, es el que registra el peor desempeño en ese rubro. Así se desprende de la última encuesta difundida por la consultora CB, que elabora un ranking mensual de gobernadores, a los que evalúa en sus provincias. Además de Jaldo, en el podio se ubican Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes). En los últimos lugares figuran también el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el de Salta, Gustavo Sáenz.
Jaldo, el gobernador peronista que muestra mejor sintonía con el presidente Javier Milei, cosecha un 63,1% de imagen positiva y un 34,4% de imagen negativa. Su desempeño en imagen positiva representa una mejora de casi tres puntos en su registro de febrero hecho por la misma consultora, que lo ubicaba en 60,2%. Tucumán es una de las provincias donde Milei tiene mejor imagen (está quinta, solo superada por San Luis, La Rioja, Córdoba y Mendoza).
En el segundo puesto del ranking aparece Passalacqua (62,2% de imagen positiva; 34,3% de negativa). En el tercero está Valdés (61,9% y 33,8%, respectivamente).
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que se enfrentó con el Presidente por el recorte de fondos de coparticipación a su provincia, figura en el cuarto lugar entre los gobernadores mejor valorados, con el 61,5% de imagen positiva (la elevó cuatro puntos con respecto a la medición anterior). Quinto se anota el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, que llega al 60,5% de imagen positiva.
Martín Llaryora, de Córdoba; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Carlos Sadir, de Jujuy, cierran los primeros ocho lugares del listado. Llaryora alcanza el 58,3% de imagen positiva; Pullaro, el 57%, y Sadir, el 56,3%.
El lote de ocho gobernadores que conforman el grupo intermedio entre los mejores y los peores ubicados en cuanto a imagen está integrado por Leandro Zdero (Chaco), con el 56,1% de imagen positiva; Alfredo Cornejo (Mendoza), con un 56%; Marcelo Orrego (San Juan), con un 55,7%; Raúl Jalil (Catamarca), con un 54%; Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que cosecha un 53,6%; Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires), con 52,9%; Claudio Vidal (Santa Cruz), que obtiene un 52,6%, y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), con 52,5%.
Jalil es el gobernador que más avanzó en imagen positiva, con 5,9 puntos porcentuales de crecimiento en relación con en el registro de febrero elaborado por la misma consultora.
El último lote de ocho gobernadores que se presenta en la encuesta es el que cierra Kicillof, con el nivel más bajo de imagen positiva entre los 24 mandatarios del país (23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño). Integra ese grupo Gildo Insfrán, de Formosa, que está en el puesto 17º, con 51,8% de imagen positiva y 44,7% de negativa.
Rolando Figueroa (Neuquén), con 50,4% de imagen positiva y 42,7% de imagen negativa; Gerardo Zamora (Santiago del Estero), que llega al 49,9% de imagen positiva y cosecha 46% de negativa; Claudio Poggi (San Luis), con una imagen positiva de 47,7% y 45,8% de imagen negativa, y Alberto Weretilneck (Río Negro), con 45,4% de imagen positiva y un 48,5% de negativa, son también parte del grupo de ocho gobernadores que integran el último tramo de la tabla que elabora la consultora CB.
Los tres mandatarios peor ubicados en el estudio de imagen son Sáenz (44,8% de imagen positiva y 52,6% de negativa); Quintela (43,1% de imagen positiva y 52,8% de negativa), y Kicillof (42,4% de imagen positiva y 54,9% de imagen negativa). El gobernador bonaerense es el que registra el descenso más brusco en imagen positiva, con 5,8 puntos menos que su desempeño en la medición de febrero.
Para la encuesta sobre la imagen de los gobernadores en sus provincias se tomaron 18679 casos en total, en población mayor a los 16 años, con una técnica de recolección de datos online y un error muestral de 3 a 4%. El estudio se realizó entre el 1º y el 4 de marzo.
SEÑAL DE LLARYORA A LA CASA ROSADA
CÓRDOBA.– el gobernador martín Llaryora ratificó su apoyo a los “cambios de shock” de la administración de Javier milei, pero insistió en que el país necesita también un “paquete productivo”. al disertar ante empresarios en un almuerzo organizado por la Fundación mediterránea, afirmó que, en diciembre, cuando los mandatarios tuvieron el primer encuentro con el Presidente. entendió que “había que tomar medidas deshock”.Y subrayó: “avalo lo que hizo milei. Ya no hay más 100 días. eso era en la etapa analógica, pero no hoy. uno puede compartir algunas medidas o no, pero había que tomarlas”. tras celebrar la elección de córdoba como sede del Pacto de mayo, dijo que “el Presidente no es culpable de la situación que heredó”. Y aclaró: ”Vamos a acompañar la voluntad de cambio, pero defendiendo los intereses de los cordobeses”.
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