El Gobierno avanzará en tribunales contra el expresidente y Grabois
La Oficina Anticorrupción investigará la trama de los seguros y el Fondo de Integración Socio Urbana
Hernán Cappiello
El Gobierno avanzará en los tribunales contra el expresidente Alberto Fernández en la causa donde se investigan los seguros contratados por el Estado a través de Nación Seguros y planteará su propia querella para impulsar la investigación sobre el destino final del fideicomiso que nutre al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba a sectores populares y era gestionado por dirigentes cercanos a Juan Grabois.
Así lo afirmó a el flamante titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, un abogado penalista de confianza del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, puesto al frente de este organismo dedicado a recibir, analizar y reclamar las declaraciones juradas de bienes de funcionarios, llevar adelante políticas de transparencia y motorizar investigaciones de corrupción en la administración pública.
“No vamos a hacer persecución ideológica, vamos a investigar hechos de corrupción, independientemente de los nombres que aparezcan en el camino”, dijo el funcionario, que recibió a en su oficina del microcentro.
La OA está nombrando aún a sus directivos en los cargos jerárquicos. Ya definió quién se hará cargo del área de transparencia y está decidiendo quién asumirá en el área de los litigios.
En ese sentido, el Gobierno cambió de orientación con respecto al rol de la OA en la causas contra funcionarios y exfuncionarios. Primero dijo que no iban a ser querellantes para impulsar las denuncias, en lo que se interpretó como un supuesto pacto de impunidad con el kirchnerismo, y en las últimas semanas anunció que será querellante en la causas de corrupción que cumplan con determinados criterios.
Giro y nuevos criterios
Melik explicó las razones del cambio en que, en un principio, se analizó una reforma legal para que la OA no querelle y que sean solo los fiscales, pero dijo que no se modificó la normativa por lo que decidieron retomar ese rol en las causas. “No hay ningún pacto de impunidad, nadie nos dijo lo que teníamos que hacer ni dejar de hacer, a quién denunciar o a quién no. No recibí ningún comentario de nadie. Vamos a investigar hechos de corrupción sin direccionamientos ideológicos”, afirmó el funcionario.
Melik dijo que está realizando un relevamiento de todas las causas de corrupción que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y que luego decidirán en cuáles se presentarán como querellantes según sean relevantes en tres aspectos: institucional, social o económico.
Es decir, que la Oficina Anticorrupción asumirá las querellas e impulsará las causas de acuerdo con el rol institucional que tengan los investigados, considerando las consecuencias sociales de los casos o el monto de dinero involucrado.
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Nuevo revés judicial para Cristina Kirchner en el caso de la ruta del dinero K
La Cámara de Casación dejó firme un fallo de la Cámara Federal que revocó el sobreseimiento de la expresidenta por lavado
Hernán Cappiello
Los jueces de la Cámara de Casación Penal Federal denegaron un recurso extraordinario de la defensa de Cristina Kirchner y dejaron firme la decisión que revocó su sobreseimiento en la causa conocida como la ruta del dinero K, en la que se la investiga por supuesto lavado de dinero.
En esta causa, Lázaro Báez ya fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero. El circuito del dinero fue desde la casa de cambios La Rosadita, en Puerto Madero, pasó por bancos de Uruguay, Suiza y terminó en bonos soberanos argentinos depositados en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos –presidente–, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, denegó un recurso extraordinario de la defensa de Cristina Kirchner contra la decisión que confirmó el fallo de la Cámara Federal que revocó el sobreseimiento que había dictado el juez Sebastián Casanello por falta de acusación. De esta manera, la expresidenta debe seguir siendo investigada por la operatoria de Báez.
En mayo de 2023, en la previa de la campaña electoral del año pasado, el fiscal Guillermo Marijuan había solicitado el sobreseimiento de Cristina Kirchner porque dijo que tras 10 años de investigación no tenía pruebas para acusarla por lavado. Lo mismo hicieron la AFIP y la UIF del gobierno de Alberto Fernández, en sintonía con el kirchnerismo. Sin acusadores públicos, la causa estaba destinada al sobreseimiento por falta de acusación.
Frente a este panorama la asociación civil Bases Republicanas, que está orientada por dirigentes liberales cercanos a Pro, solicitó que se la admita como parte querellante. Ser querellante le permitió ser parte en la causa, pedir medidas de prueba y –lo saliente en esta circunstancia– apelar el sobreseimiento como acusador particular.
El juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa, rechazó la pretensión de Bases Republicanas de ser querellante y, en consecuencia dictó el sobreseimiento de Cristina Kirchner por falta de acusación. Pero Bases Republicanas apeló la decisión y la Cámara Federal la aceptó como parte de la causa. Por ello, el tribunal, ante la existencia de un acusador, revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner con el voto de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Contra ese fallo es que la expresidente fue ahora a la Cámara de Casación, que, con el voto de los jueces Hornos y Carbajo, confirmó la decisión de la Cámara Federal.
Asimismo, el juez Hornos, como presidente de la Sala, confirmó la decisión del juez de la Cámara Federal Eduardo Farah, que rechazó la recusación que había sido presentada contra los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi con motivo de las consideraciones que habían efectuado al revocar el sobreseimiento de la expresidenta.
La investigación contra Cristina Kirchner, ahora reabierta, es un tramo residual de la causa en la que Báez fue condenado. Originalmente ella no estaba entre los investigados. La imputó Marijuan en 2016, cuando la causa estaba ya avanzada, y la indagatoria fue pedida por la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri. La UIF del macrismo entendía que la fortuna de Báez en realidad era de los Kirchner y que el empresario era su testaferro. Marijuan dijo que no consiguió pruebas, aunque se incorporaron a la causa más de 300 contactos entre los entornos de Cristina y Báez.
Con estos criterios es que la OA decidió impulsar la causa contra Alberto Fernández, donde se investiga por qué el Estado pagaba comisiones a un broker de seguros para los contratos de las diversas dependencias del Estado que por decreto debían contratarse con Nación Seguros. En esa causa, el broker Héctor Martínez Sosa es un amigo de Fernández y esposo de su histórica secretaria privada, María Cantero. En ese caso se dan justamente los criterios que expresó Melik.
En ese sentido, la Oficina Anticorrupción relevó las denuncias que tramitan en tribunales sobre el caso, centralizadas en el juzgado federal de Julián Ercolini y la fiscalía de Ramiro González, donde ayer quedó imputado Alberto Fernández. Además, la OA tomó vista de ese expediente y está trabajando en un escrito para ser querellante en esa causa.
Con el mismo criterio está realizando una investigación interna sobre el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta utilizada para urbanización de barrios populares y que era administrada por la exfuncionaria Fernanda Miño, ligada a Grabois.
La administración mileísta resolvió desfinanciarlo al reducir el aporte que recibe del impuesto PAIS. Cuando concluyan este análisis se van a presentar en la Justicia para impulsar la investigación del caso. Lo curioso es que el legislador libertario Sebastián Pareja, cuando fue designado para administrar el FISU, elogió el manejo de los recursos por parte de Miño.
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Yategate: confirman la inhibición de bienes de Insaurralde y Cirio
La Casación convalidó la investigación por presunto lavado y enriquecimiento; también afecta a Clerici
Hernán Cappiello
XInsaurralde, fotografiado por Clerici, en Marbella
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, de su última compañera Sofía Clerici y de su exesposa Jesica Cirio. La decisión se tomó en la causa donde están siendo investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La investigación estalló el año pasado, en plena campaña electoral, cuando Clerici publicó en su cuenta de Instagram una foto suya y de Insaurralde tomando champagne mientras navegaban frente a las costas de Marbella, en el Mediterráneo, en el yate Bandido. A esa foto la acompañaban otras de lujosos regalos, como carteras, relojes y alhajas.
Las fotos determinaron abrir una investigación contra Insaurralde, que al momento de los hechos era jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof e intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola y el juez federal Ernesto Kreplak llevan adelante esta investigación.
En la causa se investigan presuntos hechos de enriquecimiento ilícito de funcionario público y lavado de activos.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cirio contra la decisión de la Cámara Federal de La Plata que dispuso su inhibición general de bienes, la de Insaurralde y la de Clerici.
Los jueces de la Casación Hornos, Borinsky y Carbajo señalaron que deben aplicarse las disposiciones establecidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la ley de ética pública (25.188), junto con las recomendaciones y protocolos propuestos por organismos internacionales contra el lavado de dinero, de los que la Argentina es parte, como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y el Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).
Por lo demás, dijeron que el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata no es una sentencia definitiva o equivalente a tal y Cirio no acreditó que se estuviera ante una cuestión federal. El caso ahora seguirá en el juzgado de Lomas de Zamora que subroga el juez Kreplak.
La denuncia contra Insaurralde estalló en plena campaña electoral y no afectó la performance de su delfín, Federico Otermín, que se impuso como intendente de Lomas de Zamora. Pero las averiguaciones permitieron determinar que el exfuncionario, desaparecido de la vida pública desde octubre del año pasado, vivía en una fastuosa casa en un country en San Vicente que no estaba declarada, que su exesposa manejaba varios autos de alta gama y se contabilizó que en su viaje a Marbella con Clerici se habían gastado 55.000 dólares.
Esos gastos incluyen la estadía en el Hotel Marbella Club (26.311,48 euros), el alquiler del yate Bandido (13.176,17 euros) y los dos pasajeros aéreos desde Buenos Aires (US$8139 y US$7469). A eso se deberían sumar carteras, relojes y joyas que exhibió la modelo en sus redes sociales, supuestamente adquiridos en ese viaje. Con esos gastos, la cifra crece tres veces. Todos estos gastos no se compadecen con el nivel de ingresos registrados de Insaurralde, sostiene el fiscal Mola.
En diciembre, la investigación judicial avanzó en considerar que Insaurralde y Clerici compraron las lujosas casas que habitaban en barrios cerrados “en secreto”, de modo de no aparecer como sus verdaderos propietarios. Por eso es que el juez Kreplak dispuso la “prohibición de innovar” con respecto a esas dos propiedades, lo que hace que no se puedan vender, hipotecar ni hacerlas desaparecer. Esta medida es complementaria de la inhibición general de bienes ratificada ayer.
El juez allanó la casa donde vivía Insaurralde en un country en San Vicente, que no está registrada en su declaración jurada de bienes, y la vivienda donde residía Clerici en Nordelta, donde la Justicia decomisó casi 600.000 dólares.
El juez y el fiscal descubrieron que la propiedad ubicada en los lotes 242 y 243 del Barrio Fincas de San Vicente Club de Chacras fue adquirida por Sasaxa Libero SA, como adjudicataria, y la compañía Grandes Emprendimientos Inmobiliarios SA, como fiduciante. Insaurralde vivió allí y es director suplente de Sasaxa Libero SA, y su hijo Martín Luciano Insaurralde contaba con un poder general de administración y disposición para actuar como apoderado de esa firma.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, de su última compañera Sofía Clerici y de su exesposa Jesica Cirio. La decisión se tomó en la causa donde están siendo investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La investigación estalló el año pasado, en plena campaña electoral, cuando Clerici publicó en su cuenta de Instagram una foto suya y de Insaurralde tomando champagne mientras navegaban frente a las costas de Marbella, en el Mediterráneo, en el yate Bandido. A esa foto la acompañaban otras de lujosos regalos, como carteras, relojes y alhajas.
Las fotos determinaron abrir una investigación contra Insaurralde, que al momento de los hechos era jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof e intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola y el juez federal Ernesto Kreplak llevan adelante esta investigación.
En la causa se investigan presuntos hechos de enriquecimiento ilícito de funcionario público y lavado de activos.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cirio contra la decisión de la Cámara Federal de La Plata que dispuso su inhibición general de bienes, la de Insaurralde y la de Clerici.
Los jueces de la Casación Hornos, Borinsky y Carbajo señalaron que deben aplicarse las disposiciones establecidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la ley de ética pública (25.188), junto con las recomendaciones y protocolos propuestos por organismos internacionales contra el lavado de dinero, de los que la Argentina es parte, como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y el Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).
Por lo demás, dijeron que el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata no es una sentencia definitiva o equivalente a tal y Cirio no acreditó que se estuviera ante una cuestión federal. El caso ahora seguirá en el juzgado de Lomas de Zamora que subroga el juez Kreplak.
La denuncia contra Insaurralde estalló en plena campaña electoral y no afectó la performance de su delfín, Federico Otermín, que se impuso como intendente de Lomas de Zamora. Pero las averiguaciones permitieron determinar que el exfuncionario, desaparecido de la vida pública desde octubre del año pasado, vivía en una fastuosa casa en un country en San Vicente que no estaba declarada, que su exesposa manejaba varios autos de alta gama y se contabilizó que en su viaje a Marbella con Clerici se habían gastado 55.000 dólares.
Esos gastos incluyen la estadía en el Hotel Marbella Club (26.311,48 euros), el alquiler del yate Bandido (13.176,17 euros) y los dos pasajeros aéreos desde Buenos Aires (US$8139 y US$7469). A eso se deberían sumar carteras, relojes y joyas que exhibió la modelo en sus redes sociales, supuestamente adquiridos en ese viaje. Con esos gastos, la cifra crece tres veces. Todos estos gastos no se compadecen con el nivel de ingresos registrados de Insaurralde, sostiene el fiscal Mola.
En diciembre, la investigación judicial avanzó en considerar que Insaurralde y Clerici compraron las lujosas casas que habitaban en barrios cerrados “en secreto”, de modo de no aparecer como sus verdaderos propietarios. Por eso es que el juez Kreplak dispuso la “prohibición de innovar” con respecto a esas dos propiedades, lo que hace que no se puedan vender, hipotecar ni hacerlas desaparecer. Esta medida es complementaria de la inhibición general de bienes ratificada ayer.
El juez allanó la casa donde vivía Insaurralde en un country en San Vicente, que no está registrada en su declaración jurada de bienes, y la vivienda donde residía Clerici en Nordelta, donde la Justicia decomisó casi 600.000 dólares.
El juez y el fiscal descubrieron que la propiedad ubicada en los lotes 242 y 243 del Barrio Fincas de San Vicente Club de Chacras fue adquirida por Sasaxa Libero SA, como adjudicataria, y la compañía Grandes Emprendimientos Inmobiliarios SA, como fiduciante. Insaurralde vivió allí y es director suplente de Sasaxa Libero SA, y su hijo Martín Luciano Insaurralde contaba con un poder general de administración y disposición para actuar como apoderado de esa firma.
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