Dictan prisión perpetua para los represores de La Noche de los Lápices
Diez militares, policías y civiles fueron sentenciados en la causa por la desaparición de estudiantes secundarios de La Plata
María José Lucesole
XEl momento de la lectura de la sentencia
LA PLATA.– El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata ordenó diez condenas a prisión perpetua, una sentencia a 25 años de prisión y una absolución para los responsables de los delitos cometidos contra los protagonistas del hecho conocido como La Noche de los Lápices, una redada contra jóvenes de entre 16 y 18 años que tuvo lugar en septiembre de 1976, cuando reclamaban el boleto estudiantil.
El megajuicio, que dictó sentencia por hechos de hace 47 años, había empezado en 2020. El tribunal estuvo presidido por Ricardo Basílico –que calificó de “genocidio” los sucesos que tuvieron lugar en la Argentina–, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers. Durante el proceso, se analizó la responsabilidad de personas del Ejército, de la Brigada de Infantería Mecanizada Nº 3 de La Tablada y el destacamento 101 de La Plata.
La sentencia se conoció a días de que el gobierno de Javier Milei confrontara con el kirchnerismo al negar la existencia de 30.000 desaparecidos y reclamara una memoria “completa”. Fue a través de un spot en el que puso la mira en las víctimas de los grupos terroristas de los 70, sin condenar la represión del Estado.
En esta causa se juzgaron hechos que tuvieron lugar en un circuito que incluyó las brigadas de Banfield, Quilmes, Lanús, Avellaneda y San Justo, con un total de 600 víctimas; entre ellas, los estudiantes secundarios de La Plata.
“Fuimos siete estudiantes en el Pozo de Banfield. Hoy seis continúan desaparecidos y aún queremos saber dónde están”, dijo
Pablo Díaz, sobreviviente La Noche de los Lápices. Se refería a María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Úngaro, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini y Daniel Racero. Otros tres estudiantes estaban en otro centro de detención y sobrevivieron.
Díaz se mostró aliviado con el fallo. “Es la primera vez que se juzga individualmente a estos represores por cada uno de todos estos delitos: secuestros, torturas, violaciones y desapariciones forzadas de personas”, enumeró tras conocer la sentencia.
Las condenas a prisión perpetua se dictaron contra Federico Antonio Minicucci –entonces jefe de Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada–, Guillermo Domínguez Matheu –jefe de Actividades Psicológicas del Departamento de Inteligencia 101 de La Plata–,
Jorge Héctor Di Pascuale –jefe de la sección de Operaciones Especiales del 101–, Carlos María Romero Pavón –jefe de Reunión Interior del Destacamento 101–, Roberto Balmaceda –jefe de Contrainteligencia del cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101–, el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, el médico policial Jorge Antonio Berger, el comisario Horacio Castillo, Carlos Fontana y Juan Miguel Wolk.
Por su parte, Alberto Julio Canditi –que también integró el destacamento 101 de esta capital– recibió una pena de 25 años de prisión.
Fue absuelto Enrique Augusto Barre, que hasta el año pasado había sido defendido por el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Es muy llamativo. Se va a apelar”, dijo Díaz.
Los condenados están todos en prisión domiciliaria –por su edad avanzada–, menos Di Pasquale, que está detenido en la cárcel federal que funciona en el predio de Campo de Mayo. El tribunal dispuso hacer nuevos peritajes para determinar si los condenados pueden volver a prisión.
“Esperamos 47 años para tener justicia. Pero hay cosas peores. En Guernica, España, esperamos 86 años para condenar a los responsables”, dijo Díaz, quien reclama ahora que se revise la resolución que habilitó a los hoy condenados a permanecer con prisión domiciliaria. “Los responsables de Auschwitz no tienen el privilegio de estar en sus casas”, agregó.
La condena fue leída por el juez Basílico. Los otros dos integrantes del tribunal siguieron la audiencia de manera remota, al igual que los acusados. Ninguno de los condenados estuvo en la sala.
La causa involucró a 600 víctimas, entre ellas, los estudiantes secundarios de La Plata
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La UIF pidió nueve años de prisión para Báez por lavado
Es por la compra de un campo en Uruguay por US$14 millones; la AFIP reclamó siete años y medio
LA PLATA.– El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata ordenó diez condenas a prisión perpetua, una sentencia a 25 años de prisión y una absolución para los responsables de los delitos cometidos contra los protagonistas del hecho conocido como La Noche de los Lápices, una redada contra jóvenes de entre 16 y 18 años que tuvo lugar en septiembre de 1976, cuando reclamaban el boleto estudiantil.
El megajuicio, que dictó sentencia por hechos de hace 47 años, había empezado en 2020. El tribunal estuvo presidido por Ricardo Basílico –que calificó de “genocidio” los sucesos que tuvieron lugar en la Argentina–, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers. Durante el proceso, se analizó la responsabilidad de personas del Ejército, de la Brigada de Infantería Mecanizada Nº 3 de La Tablada y el destacamento 101 de La Plata.
La sentencia se conoció a días de que el gobierno de Javier Milei confrontara con el kirchnerismo al negar la existencia de 30.000 desaparecidos y reclamara una memoria “completa”. Fue a través de un spot en el que puso la mira en las víctimas de los grupos terroristas de los 70, sin condenar la represión del Estado.
En esta causa se juzgaron hechos que tuvieron lugar en un circuito que incluyó las brigadas de Banfield, Quilmes, Lanús, Avellaneda y San Justo, con un total de 600 víctimas; entre ellas, los estudiantes secundarios de La Plata.
“Fuimos siete estudiantes en el Pozo de Banfield. Hoy seis continúan desaparecidos y aún queremos saber dónde están”, dijo
Pablo Díaz, sobreviviente La Noche de los Lápices. Se refería a María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Úngaro, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini y Daniel Racero. Otros tres estudiantes estaban en otro centro de detención y sobrevivieron.
Díaz se mostró aliviado con el fallo. “Es la primera vez que se juzga individualmente a estos represores por cada uno de todos estos delitos: secuestros, torturas, violaciones y desapariciones forzadas de personas”, enumeró tras conocer la sentencia.
Las condenas a prisión perpetua se dictaron contra Federico Antonio Minicucci –entonces jefe de Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada–, Guillermo Domínguez Matheu –jefe de Actividades Psicológicas del Departamento de Inteligencia 101 de La Plata–,
Jorge Héctor Di Pascuale –jefe de la sección de Operaciones Especiales del 101–, Carlos María Romero Pavón –jefe de Reunión Interior del Destacamento 101–, Roberto Balmaceda –jefe de Contrainteligencia del cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101–, el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, el médico policial Jorge Antonio Berger, el comisario Horacio Castillo, Carlos Fontana y Juan Miguel Wolk.
Por su parte, Alberto Julio Canditi –que también integró el destacamento 101 de esta capital– recibió una pena de 25 años de prisión.
Fue absuelto Enrique Augusto Barre, que hasta el año pasado había sido defendido por el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Es muy llamativo. Se va a apelar”, dijo Díaz.
Los condenados están todos en prisión domiciliaria –por su edad avanzada–, menos Di Pasquale, que está detenido en la cárcel federal que funciona en el predio de Campo de Mayo. El tribunal dispuso hacer nuevos peritajes para determinar si los condenados pueden volver a prisión.
“Esperamos 47 años para tener justicia. Pero hay cosas peores. En Guernica, España, esperamos 86 años para condenar a los responsables”, dijo Díaz, quien reclama ahora que se revise la resolución que habilitó a los hoy condenados a permanecer con prisión domiciliaria. “Los responsables de Auschwitz no tienen el privilegio de estar en sus casas”, agregó.
La condena fue leída por el juez Basílico. Los otros dos integrantes del tribunal siguieron la audiencia de manera remota, al igual que los acusados. Ninguno de los condenados estuvo en la sala.
La causa involucró a 600 víctimas, entre ellas, los estudiantes secundarios de La Plata
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La UIF pidió nueve años de prisión para Báez por lavado
Es por la compra de un campo en Uruguay por US$14 millones; la AFIP reclamó siete años y medio
Hernán Cappiello
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que el empresario Lázaro Báez sea condenado a nueve años de prisión en un nuevo juicio oral por lavado de dinero, relacionado con la compra del campo El Entrevero, en Uruguay.
En el mismo proceso, la AFIP reclamó una condena para Báez de siete años y medio de cárcel.
Con los alegatos de las querellas –el 8 de abril será el turno del fiscal Abel Córdoba– y las exposiciones de los abogados defensores el proceso entrará en su etapa final para que los jueces Gabriela López Iñíguez, Jorge Gorini y Néstor Costabel dicten su veredicto.
Los problemas judiciales de Báez, lejos de terminar, se agravan día a día. El empresario favorito de Néstor Kirchner ya fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, que en rigor es la primera parte de este expediente. Allí se lo juzgó por lavar dinero de la corrupción (según la condena de los dos jueces de la mayoría) mediante transferencias al exterior desde la financiera de Puerto Madero conocida como La Rosadita. Esos fondos viajaron por cuentas de bancos suizos y terminaron en poder de la familia Báez. Además de Báez, fueron condenados el abogado Jorge Chueco, el financista Federico Elaskar y el arrepentido Leonardo Fariña.
En un tramo residual de esta causa, la Cámara Federal insiste en investigar a Cristina Kirchner y determinar si el dinero de Báez en verdad es de la exfamilia presidencial.
A su vez, Báez fue condenado a seis años de prisión en la causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner, por fraude al Estado, debido al direccionamiento de obras públicas de Santa Cruz en beneficio del hombre de negocios patagónico.
Báez cumple sus condenas en arresto domiciliario en un country bonaerense.
Ahora se juzga a Báez, al abogado Chueco, al contador Daniel Pérez Gadín, a Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, al financista Santiago Carradori y a Osvaldo Guthux, por la compra de un campo en Uruguay, por 14 millones de dólares; más un terreno en José Ignacio, por 320.000 dólares, y un departamento en Libertador y Ruggeri por unos 800.000 dólares, supuestamente con dinero a blanquear.
La operación principal que está bajo la lupa es la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas, entre José Ignacio y La Barra, por el que se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños, según la acusación. Fariña declaró en el juicio que se puso más dinero, habló de 16 millones de dólares y sostuvo que los que intervinieron en la operación se quedaron con plata.
En este juicio, los querellantes por parte del Estado son la AFIP y la Unidad de Información Financiera, que alegaron en este tramo final del juicio oral.
La AFIP pidió condenar a Báez a siete años y seis meses de prisión efectiva, más una multa de seis veces el monto del valor operado. Para Goff Dávila pidió siete años de prisión y una multa de cuatro veces el monto del valor operado, al igual que para Pérez Gadín. Con respecto a Carradori solicitó una pena de seis años de prisión efectiva y el pago de una multa de dos veces el monto del valor operado. Para Chueco pidió una pena de cinco años de prisión y multa de dos veces el monto del valor operado. Para Acosta pidió una pena de cuatro años y para Guthux, una de tres años y seis meses. Para Fariña pidió que sea condenado a esa misma pena y que se lo multe con dos veces el monto del valor operado.
La UIF, en tanto, pidió que se condene a Báez a nueve años de prisión efectiva y multa de siete veces el monto de los activos lavados. Para Goff Dávila pidió siete años y seis meses de prisión efectiva. Para Fariña, cuatro años y seis meses de prisión. Para Carradori, seis años y seis meses de prisión. Para Chueco y Pérez Gadín, siete años y seis meses de prisión. Para Acosta y Guthux, cinco años y seis meses de prisión. Los acusados intervinieron en la operación, ordenada por Báez, realizada mediante sociedades constituidas en Uruguay y luego terminaron denunciándose entre ellos.
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Condenan por corrupción en Córdoba a un exintendente kirchnerista
En la sentencia participaron jurados populares
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que el empresario Lázaro Báez sea condenado a nueve años de prisión en un nuevo juicio oral por lavado de dinero, relacionado con la compra del campo El Entrevero, en Uruguay.
En el mismo proceso, la AFIP reclamó una condena para Báez de siete años y medio de cárcel.
Con los alegatos de las querellas –el 8 de abril será el turno del fiscal Abel Córdoba– y las exposiciones de los abogados defensores el proceso entrará en su etapa final para que los jueces Gabriela López Iñíguez, Jorge Gorini y Néstor Costabel dicten su veredicto.
Los problemas judiciales de Báez, lejos de terminar, se agravan día a día. El empresario favorito de Néstor Kirchner ya fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, que en rigor es la primera parte de este expediente. Allí se lo juzgó por lavar dinero de la corrupción (según la condena de los dos jueces de la mayoría) mediante transferencias al exterior desde la financiera de Puerto Madero conocida como La Rosadita. Esos fondos viajaron por cuentas de bancos suizos y terminaron en poder de la familia Báez. Además de Báez, fueron condenados el abogado Jorge Chueco, el financista Federico Elaskar y el arrepentido Leonardo Fariña.
En un tramo residual de esta causa, la Cámara Federal insiste en investigar a Cristina Kirchner y determinar si el dinero de Báez en verdad es de la exfamilia presidencial.
A su vez, Báez fue condenado a seis años de prisión en la causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner, por fraude al Estado, debido al direccionamiento de obras públicas de Santa Cruz en beneficio del hombre de negocios patagónico.
Báez cumple sus condenas en arresto domiciliario en un country bonaerense.
Ahora se juzga a Báez, al abogado Chueco, al contador Daniel Pérez Gadín, a Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, al financista Santiago Carradori y a Osvaldo Guthux, por la compra de un campo en Uruguay, por 14 millones de dólares; más un terreno en José Ignacio, por 320.000 dólares, y un departamento en Libertador y Ruggeri por unos 800.000 dólares, supuestamente con dinero a blanquear.
La operación principal que está bajo la lupa es la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas, entre José Ignacio y La Barra, por el que se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños, según la acusación. Fariña declaró en el juicio que se puso más dinero, habló de 16 millones de dólares y sostuvo que los que intervinieron en la operación se quedaron con plata.
En este juicio, los querellantes por parte del Estado son la AFIP y la Unidad de Información Financiera, que alegaron en este tramo final del juicio oral.
La AFIP pidió condenar a Báez a siete años y seis meses de prisión efectiva, más una multa de seis veces el monto del valor operado. Para Goff Dávila pidió siete años de prisión y una multa de cuatro veces el monto del valor operado, al igual que para Pérez Gadín. Con respecto a Carradori solicitó una pena de seis años de prisión efectiva y el pago de una multa de dos veces el monto del valor operado. Para Chueco pidió una pena de cinco años de prisión y multa de dos veces el monto del valor operado. Para Acosta pidió una pena de cuatro años y para Guthux, una de tres años y seis meses. Para Fariña pidió que sea condenado a esa misma pena y que se lo multe con dos veces el monto del valor operado.
La UIF, en tanto, pidió que se condene a Báez a nueve años de prisión efectiva y multa de siete veces el monto de los activos lavados. Para Goff Dávila pidió siete años y seis meses de prisión efectiva. Para Fariña, cuatro años y seis meses de prisión. Para Carradori, seis años y seis meses de prisión. Para Chueco y Pérez Gadín, siete años y seis meses de prisión. Para Acosta y Guthux, cinco años y seis meses de prisión. Los acusados intervinieron en la operación, ordenada por Báez, realizada mediante sociedades constituidas en Uruguay y luego terminaron denunciándose entre ellos.
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Condenan por corrupción en Córdoba a un exintendente kirchnerista
En la sentencia participaron jurados populares
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos es la condena que la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje (Córdoba) le impuso al exintendente peronista de Cosquín, Marcelo Gustavo Villanueva, por malversación de caudales públicos agravada y peculado. También deberá pagar una multa equivalente a la mitad del dinero que desvió en operaciones vinculadas a la corrupción.
La causa judicial se vincula con el manejo de un subsidio del Gobierno nacional de $3 millones para aplicar a la obra de gas de la ciudad en 2009, en ese entonces otorgado por el ministro Julio De Vido. También se dio por probado el desmanejo de $320.000 de un programa provincial para mantenimiento de edificios escolares.
La imputación contra Villanueva y de otros cuatro funcionarios de la Municipalidad fue en 2013; la realizó el fiscal de Cruz del Eje, Martín Bertone. Este miércoles el tribunal integrado por los camaristas Ángel Francisco Andreu, Javier Rojo y Ricardo Arístides Py, junto con jurados populares, también condenó al exsecretario de Economía y Finanzas, Eduardo Villanueva (hermano del exintendente); le fijó 4 años y 6 meses de prisión y una multa equivalente al 45% de la cantidad de dinero desviada.
El defensor de los Villanueva, Pedro Despouy, calificó de “arbitraria” la condena y aseguró los jurados populares “no pudieron leer y analizar las pruebas a favor de los acusados correctamente” en tres horas que tienen por ley acceso al expediente. Son 6 cuerpos, 2000 folios. El de hoy fue un juicio abreviado.
Despouy adelantó que va a apelar y si es necesario recurrirá a la Corte porque considera que las pruebas que sustentan la inocencia son “irrefutables”.
CÓRDOBA.– Cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos es la condena que la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje (Córdoba) le impuso al exintendente peronista de Cosquín, Marcelo Gustavo Villanueva, por malversación de caudales públicos agravada y peculado. También deberá pagar una multa equivalente a la mitad del dinero que desvió en operaciones vinculadas a la corrupción.
La causa judicial se vincula con el manejo de un subsidio del Gobierno nacional de $3 millones para aplicar a la obra de gas de la ciudad en 2009, en ese entonces otorgado por el ministro Julio De Vido. También se dio por probado el desmanejo de $320.000 de un programa provincial para mantenimiento de edificios escolares.
La imputación contra Villanueva y de otros cuatro funcionarios de la Municipalidad fue en 2013; la realizó el fiscal de Cruz del Eje, Martín Bertone. Este miércoles el tribunal integrado por los camaristas Ángel Francisco Andreu, Javier Rojo y Ricardo Arístides Py, junto con jurados populares, también condenó al exsecretario de Economía y Finanzas, Eduardo Villanueva (hermano del exintendente); le fijó 4 años y 6 meses de prisión y una multa equivalente al 45% de la cantidad de dinero desviada.
El defensor de los Villanueva, Pedro Despouy, calificó de “arbitraria” la condena y aseguró los jurados populares “no pudieron leer y analizar las pruebas a favor de los acusados correctamente” en tres horas que tienen por ley acceso al expediente. Son 6 cuerpos, 2000 folios. El de hoy fue un juicio abreviado.
Despouy adelantó que va a apelar y si es necesario recurrirá a la Corte porque considera que las pruebas que sustentan la inocencia son “irrefutables”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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