DECISIÓN Y MANEJO

El Gobierno analiza opciones para el cierre de Télam
A la liquidación total se sumaron alternativas, como una planta de personal reducida o la chance más remota de privatizar la empresa; el plan podría demorarse

Jaime RosembergAyer se extendieron las protestas en la sede de la agencia
Horas después de cerrar sus puertas y licenciar a sus empleados por una semana, el Gobierno avanza en el análisis de las distintas opciones para liquidar la agencia oficial de noticias Télam. La decisión, ordenada por Javier Milei luego de anunciarla en su discurso ante la Asamblea Legislativa el viernes pasado, mereció objeciones del mundo político y judicial, por lo que distintos funcionarios analizan por estas horas “la mejor opción” para cumplir con ese mandato presidencial.
El cierre liso y llano es, claro, la primera opción, pero también (atentos a experiencias anteriores, como las del gobierno de Mauricio Macri) se baraja la posibilidad de la reconversión en una redacción mínima en comparación con la actual planta, de 781 empleados. Otra opción, privatizar la empresa, aparece menos factible, mientras el plazo de una semana para definir el plan de acción podría extenderse unos días más.
En principio, cerca de los encargados de las definiciones (el interventor Diego Chaher y Mauricio González Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado, que responde al jefe de Gabinete, Nicolás Posse), afirman que “hay más de una opción sobre la mesa”.
La primera es el cierre liso y llano, con el pago de indemnizaciones y jubilaciones de todo el personal, aunque esa opción, advierten los especialistas a cargo de la operatoria, podría encontrar “trabas judiciales y legales”, como las que encontró el gobierno de Cambiemos (2015-2019) cuando intentó reducir al mínimo la agencia oficial de noticias.
En aquel momento, la operatoria encabezada por funcionarios a cargo del entonces titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, dispuso el despido de 350 empleados de los 950 que trabajaban allí, pero 180 de ellos fueron reincorporados luego de fallos de la Justicia Laboral que exfuncionarios de Cambiemos califican de
“cercanos” al líder camionero Hugo Moyano y otros sindicalistas ligados al kirchnerismo. Los jueces dieron como válidos argumentos contra el cierre, como no declarar el proceso preventivo de crisis o afirmar que los empleados de Télam están amparados por la ley de empleo público.
Obstáculos
“Puede haber trabas legales y judiciales como las que pasaron entonces, y que generaron que reincorporaran a gente que ya había cobrado su indemnización. Por eso no queremos improvisar”, comentan desde el Gobierno, con la experiencia de la gestión de Cambiemos como antecedente concreto y la idea de una “redacción mínima” como alternativa, si el cierre total de la empresa encontrara trabas en el ámbito judicial. “Se está analizando todo, y es cierto que hay mucha gente de planta permanente cuya indemnización sería muy cara”, completaron cerca del Presidente.
Mientras siguen a la espera de novedades, desde los gremios que representan a los empleados de la agencia oficial creen que podría hauna solución parcial, con Télam dedicada a la distribución de publicidad oficial (hoy suspendida por un año) y una redacción “testimonial”, y la venta de uno de los tres edificios que tiene la agencia (a la redacción, hasta el domingo en la calle Belgrano, se suman el edificio histórico en la calle Defensa y el de la calle Bolívar) como base para el pago de las eventuales indemnizaciones.
Desde el oficialismo reiteran que el cierre de la empresa “no debe pasar por el Congreso”, ya que el mega-DNU (actualmente vigente) derogó la ley 20.705, que prohibía el cierre de empresas públicas. “Si quisiera, el Gobierno puede liquidar la empresa, en nuestra época la ley 20.705 estaba vigente”, expresó otro referente de la gestión de Macri, quien incluso elogió el cierre intempestivo de las sedes de la empresa, el domingo por la noche, “porque ya frenaron los gastos de funcionamiento, cosa que nosotros no pudimos hacer”, sostuvieron.
Otra opción legal es la de otro decreto simple que ordene el cierre de la agencia, decreto que iría (como el mega-DNU) a la comisión bicameral de seguimiento y análisis de los decretos oficiales. ¿Privatización? “No la veo”, comentó otro funcionario. “¿Quién va a querer una empresa que no genera ganancia y que prácticamente no tiene ingresos?”, se preguntó otro conocedor del movimiento de la agencia oficial.
En el Gobierno afirman que el análisis de las opciones disponibles será “a fondo”, y no descartan que los especialistas y funcionarios a cargo del tema se tomen más días para definir el plan de acción.
“No hay una sola alternativa”, reiteran en los despachos oficiales, donde ratifican la decisión de cerrar la agencia oficial, a la que califican de “deficitaria”, con pérdidas de hasta $22.000 millones proyectadas para este año, y “utilizada en las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”, según afirmó el propio Presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

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Evalúan ceder a las FF.AA. el uso de la flota presidencial
La Fuerza Aérea operaría los aviones y helicópteros, incluida la última aeronave, comprada en la gestión de Alberto Fernández
El avión presidencial ARG-01 fue adquirido durante el gobierno de Alberto Fernández
En medio del ajuste que se viene haciendo en el Estado, el Gobierno confirmó que está estudiando la cesión del uso de la flota presidencial a las Fuerzas Armadas. Se trata en la actualidad de tres aviones y tres helicópteros que están a disposición del presidente, según pudo confirmar la nacion.
“La intención es realizar el traspaso de la flota de aviones a la Fuerza Aérea, por lo que se siguen realizando las auditorías y los relevamientos pertinentes para continuar con el cumplimiento de la orden del presidente de la Nación. Si bien la flota ya es operada y mantenida por personal de la Fuerza Aérea, lo cierto es que hoy depende formalmente de la Secretaría General de la Presidencia”, aclaró ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, por redes sociales.
En diálogo , fuentes del área habían anticipado que, de ser así, la flota pasaría a manos de las Fuerzas Armadas, pero aclararon que la administración seguirá siendo de la Presidencia. “La manejarán las Fuerzas Armadas, pero la flota seguirá dependiendo de la Secretaría General de la Presidencia (hoy a cargo de Karina Milei, hermana del mandatario)”, detallaron.
Explicaron que el objetivo final sigue siendo vender la flota y que con ese dinero se cambie “por algo más chico y nuevo, que también va a seguir estando bajo la órbita de la seber cretaria general de la Presidencia” o bien que solo se realice la venta y no se compre nada a cambio.
De todas formas, en el Ministerio de Defensa aclararon que el vocero presidencial brindará hoy mayores detalles.
Las unidades aéreas
La flota está compuesta por el ARG-01, el avión que compró Alberto Fernández, que requiere “gastos exorbitantes”, según el nuevo gobierno. Advierten que los arreglos y el mantenimiento de la unidad deben hacerse en el exterior.
Además de tres aviones, la flota cuenta con tres helicópteros Sikorsky: uno modelo S-70 Blackhawk y dos S-76, cuyas adquisiciones fueron realizadas durante el primer gobierno de Carlos Menem.
Milei no planea usarlos y considera que implican gastos por las horas de vuelo que deben mantener los pilotos, así como las propias aeronaves para mantenerse vigentes de acuerdo con las normas y las prácticas de la aeronáutica. A raíz de eso se habría tomado la decisión de desprenderse de las aeronaves.
La medida tomada por las autoridades de la Nación no incide en la posibilidad de vender el ARG-02, un Boeing 737-500, que fue conocido como el Tango 04, que data de 1993. También figuran en la nómina el Learjet 60 T-11. Este último no se puede vender, ya que fue cedido por la Fuerza Aérea a la Presidencia y es considerado, por fuentes aeronáuticas, como “ideal para moverse por el país”.
Se trata, precisamente, del avión que usó el mandatario el 17 de diciembre pasado para trasladarse a Bahía Blanca, en medio de la tragedia que se desató en esa ciudad tras un fuerte temporal que terminó con la vida de 13 personas.
En el caso del ARG-01, existe un proceso de pago en marcha por la forma en la que se adquirió, por lo que los pasos para una eventual venta serían más complejos, dado que se financia con un crédito a 10 años. Su adquisición por el gobierno de Fernández es considerada, de mínima, “un error” o “una mala elección” por diferentes fuentes del área, que coinciden en las críticas, porque no se le puede hacer mantenimiento en el país, ya que se trata de un Boeing 757 del que no hay otros ejemplares en la Argentina, como sí sucede con los 737, de los que se encuentran talleres y personal especializado.
En las Fuerzas Armadas se preguntaban anoche si la cesión del uso de las aeronaves, que seguirán estando a disposición del Presidente, contemplará el traspaso a las Fuerzas Armadas de las partidas presupuestarias para el mantenimiento.

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