DESAFÍO EN EL CONGRESO

Villarruel accede a tratar el DNU de Milei a pesar del fuerte rechazo opositor
Tras varios intentos, el Senado tratará mañana el decreto presidencial para desregular la economía; la oposición contaría con los votos suficientes para voltear la iniciativa, aunque hay sospechas sobre la estrategia oficialista

Gustavo YbarraLos presidentes de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel
Tras soportar todo lo que pudo los embates del kirchnerismo, que hizo punta en pedir el rechazo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 desde fines de enero, Victoria Villarruel convocó este jueves a sesión en el Senado y aceptó incluir en el temario el tratamiento del polémico decreto de desregulación de la economía a sabiendas de que, una vez habilitado el debate, será rechazado con el apoyo ya no sólo de Unión por la Patria, sino también por otras fuerzas de la oposición.
La sesión fue citada esta noche por la vicepresidenta, sin llamar a reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloques. A ese encuentro, la vicepresidenta llegó con un pedido de sesión especial impulsado por los senadores libertarios y de otros bloques en el que no figura el DNU 70/23 y se destaca como principal tema el proyecto de ley que adecua la normativa legal en materia de prevención y represión del lavado de dinero a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Sin embargo, la vicepresidenta y sus colaboradores más cercanos en materia parlamentaria decidieron acceder ante el pedido de incluir en la sesión el extenso decreto de necesidad y urgencia que venía solicitando Unión por la Patria y que también había reclamado un grupo de senadores integrado por el bloque de peronistas antikirchneristas de Unidad Federal y fuerzas provinciales, que hace dos semanas impulsaron su propio pedido de tratamiento del DNU, aunque sin exigir una fecha determinada.
Si bien en su entorno aseguran que trabajarán para evitar que se habilite el tratamiento cuando llegue el momento, la decisión de Villarruel encuentra explicación en varias razones.
Los argumentos
Cada vez se le hace más oneroso mantener cerrado el recinto del Senado con el único objetivo de evitar el debate de la polémica medida dictada por el gobierno de Milei en diciembre del año pasado. Además, es consciente de que ya no está a su alcance impedir un rechazo que cada día aumenta su mayoría, a medida que sus efectos empiezan a hacerse sentir en la vida cotidiana de la sociedad, como con el aumento de las prepagas.
También juega a favor de la vicepresidenta el mecanismo legal que rige el tratamiento de los DNU dictados por el Poder Ejecutivo. De acuerdo a la ley de Trámite Legislativo, para derogar un decreto de necesidad y urgencia se necesita el pronunciamiento de ambas cámaras.
En este escenario, un tropezón en el Senado no implicaría la caída del 70/23 ya que faltaría completar el círculo con una jugada similar en la Cámara de Diputados, que preside el libertario riojano Martín Menem.
“A Victoria le conviene sacarse de encima este tema cuanto antes y dejar la responsabilidad final de la caída del DNU a Menem”, opinó un experimentado senador peronista que suele ser bastante crítico de la orientación con que el kirchnerismo viene manejando el bloque de Unión por la Patria.
Dudas y debates internos
En la oposición dialoguista, en tanto, las opiniones están divididas. El caso de la UCR es el más emblemático. Mientras el presidente del centenario partido, el senador Martín Lousteau, impulsa comunicados oficiales del Comité Nacional alentando el rechazo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le salió al cruce y dijo sin cortapisas que en el radicalismo hay una mayoría que apoya al DNU.
Si bien impera una opinión desfavorable al DNU 70/23, no son pocos los legisladores que advierten sobre los riesgos de pegarle un golpe al Presidente cuando acaba de convocar a los gobernadores a firmar el “Pacto de Mayo”. “Un rechazo sería música para los oídos de Milei, le da combustible para incendiar todo de nuevo contra el Congreso”, especuló una legisladora de Pro.
La idea de que rechazar el DNU, aun cuando no sea la derogación definitiva, le daría letra a la Casa Rosada para romper la pax romana a la que convocó Milei el pasado 1 de marzo también abre un interrogante en otros sectores de la oposición, en particular de aquellos senadores que responden a fuerzas provinciales que gobiernan en sus distritos.
De hecho, el último pedido de sesión especial para tratar el DNU 70/23 fue impulsado por los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia); por José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y por Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro). Todos tienen terminales en gobernadores que se sentaron en la mesa que el viernes pasado encabezó el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
“¿Se animarán a patear el tablero cuando hay una negociación recién abierta?”, se preguntó una senadora radical en diálogo con este diario. “Creo que les conviene el rechazo en el Senado para poder negociar con más fuerza sus votos en Diputados, que es donde se terminaría decidiendo si el DNU sigue o no vigente”, opinaron, por su parte, en un despacho macrista. Hay teorías para todos los gustos. El jueves, se sabrá cómo quedará redactado el próximo capítulo de la novela del decreto 70/23..


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La oposición apuesta a lograr una nueva fórmula jubilatoria
El oficialismo buscará vaciar hoy la sesión especial en la Cámara de Diputados, al convocar a una reunión de la Comisión de Previsión

Laura Serra
El oficialismo y un sector de la oposición medirán fuerzas hoy en el recinto de la Cámara de Diputados en torno a un tema por demás sensible a todos los gobiernos: la movilidad de los ingresos jubilatorios.
El enfrentamiento se escenificará en dos actos sucesivos. El primero tendrá lugar al mediodía cuando los bloques Hacemos Coalición Federal, Unión por la Patria y la izquierda intenten reunir quorum para emplazar al oficialismo a que, en un plazo perentorio, se dictamine sobre una nueva fórmula de actualización de los haberes, los cuales sufrieron una fuerte caída tras el fogonazo inflacionario del primer bimestre del año.
Los libertarios y sus aliados de Pro, reacios a que la oposición les marque la agenda legislativa, pergeñaron una jugada para desactivar la sesión especial: convocaron para la tarde a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, primer paso para discutir cualquier proyecto sobre la materia. Con este gesto, el oficialismo busca disuadir a los restantes bloques de la oposición –entre ellos la UCR, clave a la hora de dar quorum en el recinto– a que concurran al recinto al mediodía.
¿Qué sector se impondrá en este tironeo en la Cámara baja? Los diputados de Hacemos Coalición Federal hacen números y creen que si un sector del radicalismo se sienta en sus bancas estarán cerca del quorum. Para seducir a la bancada que conduce el cordobés Rodrigo De Loredo evalúan incorporar en el temario de la sesión la iniciativa que presentó el radical Mario Barletta para declarar la emergencia de seguridad en Santa Fe, azotada por una ola de violencia narco.
Dilema radical
En el radicalismo las posturas sobre la conveniencia de asistir o no a la sesión están divididas: los diputados más afines al oficialismo se conforman con su gesto de haber convocado a la Comisión de Previsión; en cambio, el sector que se referencia en el senador Martín Lousteau, jefe del partido y crítico del Gobierno, enarbola la bandera de los principios partidarios en defensa de los jubilados. La división refleja la severa fractura que hoy atraviesa el centenario partido.
A este escenario de incertidumbre se suman las contingencias climáticas de las últimas horas y la cancelación de vuelos, que dificultaban la llegada de los legisladores del interior. Los pronósticos sobre la posibilidad del quorum son inciertos.
Igualmente, los impulsores de la sesión anticiparon que, aun sin quorum asegurado, bajarán al recinto. Saben que no reunirán la mayoría suficiente –dos tercios de los votos- para aprobar in situ un cambio en la fórmula de movilidad. Su objetivo es más modesto: plantearán que no basta con la convocatoria a la Comisión de Previsión, como pretende el oficialismo, sino que la urgencia de la situación amerita que el Congreso actúe con celeridad. Por ello, de conseguir el quorum, emplazarán al oficialismo a que en un plazo de no más de 15 días las comisiones dictaminen un texto con una nueva fórmula de movilidad.
Propuestas en danza
La Coalición Cívica, promotora de la sesión especial, propone indexar los haberes con el índice de inflación a partir del mes próximo, con un refuerzo, este mes, del 20,6 por ciento. De esta manera pretenden compensar la pérdida que tuvieron los ingresos jubilatorios en enero pasado por la inflación, que hasta ahora no fue contemplada en las actualizaciones que dispuso el Gobierno. Desde Unión por la Patria, la diputada Gisela Marziotta presentó un proyecto que preserva la actual fórmula de actualización –que combina la variación del índice salarial y la recaudación de la Anses–, pero propone que, si ésta arroja un valor menor al índice de inflación, se aplique de manera automática el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec.
“De esta manera se garantizaría que la actualización de los haberes nunca quede por debajo de la inflación”, explica la legisladora.
Los libertarios y los diputados de Pro aguantan la presión. El Gobierno anticipó la semana pasada que presentará, en la nueva versión de la “Ley de bases”, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que consiste en una indexación mensual de los haberes con el índice de precios al consumidor (ahora la actualización es trimestral) pero solo contemplaría, como toda compensación, 10 puntos por la inflación de enero pasado, que trepó al doble.
En la ecuación del Gobierno para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas, la caída del gasto previsional resulta clave. El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que dirige Gabriel Esterelles, es contundente al señalar que, en el último bimestre, las jubilaciones y pensiones se redujeron un 33,0% interanual en términos reales y “dada su participación en la estructura del gasto, fueron las que más contribuyeron a la reducción total”.

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