EL ANÁLISIS Y PENALISTA

El peligroso juego de las palabras del Presidente

Joaquín Morales Soláel presidente Javier Milei
Rosario fue una especie de análisis para comprobar la cantidad de anarcocapitalismo que Javier Milei tiene en sangre. El resultado es una contradicción. Si el Estado es una “asociación criminal”, como dice el Presidente, ¿a quién corresponden las fuerzas federales que se desplegaron en la ciudad santafesina? ¿A quién, en fin, las tropas de las Fuerzas Armadas que brindarán apoyo logístico al combate del Estado contra las criminales organizaciones de narcotraficantes?
Tanto el despliegue de las fuerzas de seguridad como el de las Fuerzas Armadas fue ordenado por el jefe del Estado, luego de una propuesta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Milei fue ayer más allá de lo que existe cuando anunció que modificará la ley de seguridad interior, que le prohíbe a las Fuerzas Armadas incursionar en cuestiones internas del país. Su confusión intelectual es tan grande que ignora la histórica posición de los jefes militares, renuentes a formar parte de la batalla contra el narcotráfico. Algunos se oponen porque sospechan que los militares podrían mancharse fácilmente con la corrupción del narcotráfico, que tiene una enorme capacidad económica para corromper. Al exjefe del Ejército Martín Balza se le atribuye una frase que expone ese temor: “No hay general que resista el cañonazo de un millón de dólares”, dicen que dijo. Un millón de dólares no es nada para el negocio de trasegar drogas.
Otros se oponen porque consideran simplemente que los militares no saben hacer eso. Los militares están preparados para matar en una guerra, no para reprimir un delito. Esa es la síntesis de tal idea. Las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas serían, en tal caso, las herramientas de la represión del Estado a bandas criminales que tienen una organización mafiosa. Luego, otro poder del Estado, el Judicial, deberá poner en marcha el anuncio de Bullrich de que se acusará de terrorismo a los narcotraficantes porque están aterrorizando a la sociedad cuando anuncian que seguirán matando inocentes. Es una extorsión pura y dura al Estado y a la sociedad en el momento en que los gobiernos de la Nación y de la provincia coincidieron en enfrentar al narcotráfico.
El Pacto del Diablo, como lo llaman en Rosario, es una alianza, no se sabe si transitoria, de distintos grupos de narcotraficantes, antes enfrentados entre ellos, para desafiar al Estado colocando a la sociedad como rehén. Ese pacto, como informó el periodista Germán de los Santos en la nacion, es la novedad en Rosario. El anarquismo unido al capitalismo, fórmula que enamoró al Presidente, significa la ausencia del Estado, que deja al mercado y al capitalismo la resolución de todos los problemas de la sociedad. Es una idea utópica, que como toda utopía tiene un plan de imposible realización.
Si Milei lograra cumplir con su promesa de dinamitar “desde adentro al Estado”, ¿quién mandaría tropas a Rosario? ¿Quiénes estarían en condiciones de juzgar a los narcotraficantes en nombre del Estado? El desafío al Estado de bandas criminales cuando se hizo cargo del Estado un anarquista confeso que no cree en el Estado es una coincidencia inoportuna. La diferencia entre liberales y libertarios se explayó en estos días como nunca antes en el coliseo de la política. Mientras los liberales, respetuosos de todas las libertades y del trato considerado entre las personas, proponen un Estado con una dimensión estrictamente necesaria, los libertarios sienten, como dice el propio Milei, “desprecio por el Estado”. Si se leen bien los discursos del Presidente, él confunde al Estado con las personas que lo condujeron en los años recientes.
De esa alianza entre los políticos que se hicieron cargo del Estado y el propio Estado no puede salir más que una complicidad que, en efecto, desarticuló el país, empobreció a su sociedad y comprometió el futuro nacional. El error intelectual consiste en enredar al Estado con los pícaros que lo tomaron por asalto y lo hicieron suyo. Milei es la consecuencia visible y tangible, el elemento disruptivo de la vieja estirpe política, agotada por su impotencia. No obstante, debe subrayarse que el Estado y quienes están al frente de él no son lo mismo. Ni siquiera ahora, que lo lidera Milei.
En la historia reciente se vieron casos en los que se mezclaron las ideas libertarias con el autoritarismo, aunque sean dos palabras contradictorias. Donald Trump es el mejor ejemplo de esa fusión contra la naturaleza de las cosas. Milei no llegó a tanto (sobre todo si pensamos en el violento asalto al Congreso de los Estados Unidos por parte de trumpistas), pero conduce su gobierno como un patrón de estancia. En la noche del domingo pasado, un funcionario subalterno llamó por teléfono al entonces secretario de Trabajo, Omar Yasin, para decirle que estaba despedido de la administración. El propio Milei aprovechó un reportaje de televisión en la mañana siguiente para confirmarle a Yasin que estaba fuera del Gobierno. Yasin tenía fama de buen funcionario cuando tuvo un alto cargo en el Ministerio de Trabajo en tiempos de Mauricio Macri. ¿Qué hizo entonces Yasin como para merecer el despido sin siquiera ser escuchado por el Presidente? Confeccionó un decreto, firmado luego por Milei; por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y por la miministro nistra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el que se le concedía un aumento de salario a todo el gabinete (Presidente incluido) del 48 por ciento. El porcentaje surgía de un acuerdo de la paritaria entre las autoridades del Estado y el gremio estatal y la correcta aplicación de un decreto de Cristina Kirchner de 2010, que es cuando la inflación empezó a escalar dramáticamente.
En la paritaria no estuvieron Yasin ni representantes suyos, sino un delegado del ministro de Economía, Luis Caputo. A la firma del Presidente no la cuida el secretario de Trabajo, sino el secretario legal y técnico de la Presidencia. Ningún presidente firma nunca nada si antes no pasó por ese funcionario clave de la Presidencia. Según decían Raúl Alfonsín y Carlos Menem, el secretario legal y técnico es el funcionario más importante de la Presidencia; es el que debe señalarle al presidente qué puede firmar, qué debe analizar detenidamente y qué debe devolver sin su firma. Menem tuvo como secretario legal y técnico a Carlos Corach, antes de que este se convirtiera en un célebre del Interior. Milei nombró en ese cargo a Javier Herrera Bravo, un abogado especialista en derecho público que trabajó al lado de quien se hizo cargo de esas tareas durante el mandato de Macri, Pablo Clusellas. Néstor y Cristina Kirchner le entregaron esas funciones a Carlos Zannini (más de la confianza de ellos no se consigue, como diría Cristina) y Alberto Fernández colocó en ese despacho a Vilma Ibarra, una persona eficiente que pertenece a los ancestrales afectos del expresidente. En síntesis, todos sabían que los presidentes no juegan con ese cargo.
Antes, Milei despidió al exdirector de la Anses Osvaldo Giordano porque la esposa de este votó como diputada de una manera que no le gustó al Presidente. ¿Es Giordano dueño de la opinión de su esposa, que cumplía otras funciones dentro del Estado? Giordano tenía también fama de buen funcionario, que había desempeñado tareas idénticas en Córdoba bajo la gobernación de Juan Schiaretti, pero fue fundamentalmente el funcionario nacional que reveló la trama de presuntos negociados entre organismos del Estado y brokers de seguros durante la gestión de Alberto Fernández. Quien fue presidente de la Nación hasta hace tres meses ya está imputado en una investigación judicial por ese caso, que conduce el juez federal Julián Ercolini. Dicen que hay duras pendencias entre Alberto Fernández y Sergio Massa por quién es más padrino de los brokers de seguros. Tarde para lágrimas.
La arbitrariedad en boga para echar gente del gobierno, a la que se le niega el derecho a la defensa o a la mínima explicación, se corresponde con la información de que Milei conoce a muy pocas personas nombradas en su gabinete. Pero el resultado puede ser desastroso, porque además el Presidente ordenó que ningún aumento de sueldo al gabinete deberá hacerse en adelante sin su explícita autorización. Nunca autorizará ningún aumento, pendiente como está de las encuestas; los salarios de los ministros, y del propio Presidente, se licuarán con la inflación en un par de meses más. El temor, que es fácilmente perceptible en el gabinete nacional, podría desencadenar una marea de renuncias de los pocos funcionarios eficaces que hay, porque preferirán trabajar en la actividad privada, mucho más previsible. Los que se queden estarán paralizados por el terror de perder el trabajo.
Trozos de autoritarismo hubo también en la forma en que se integró el Salón de los Próceres Argentinos en la Casa de Gobierno. La historia, tal como fue, necesitaba la interpretación correcta del Estado (con perdón de Milei) después de las revisiones y las deformaciones que el kirchnerismo hizo del pasado. El increíble manoseo de la figura de Julio Argentino Roca, convertido por los intérpretes del kirchnerismo en un “genocida” cuando fue un actor decisivo de la expansión territorial de la Argentina y el político que más años estuvo en el poder durante las décadas de esplendor nacional, es el mejor ejemplo de las alteraciones de la historia por parte del kirchnerismo. Era hora, por lo tanto, de que volvieran a la Casa de Gobierno los verdaderos padres de la patria. Pero ¿por qué incluir a Carlos Menem en ese salón? ¿Acaso solo porque Milei siente admiración por él? ¿Es esa una razón suficiente? El péndulo se fugó otra vez hacia el otro extremo. Menem se fue del poder hace solo poco más de veinte años y su figura sigue siendo motivo de polémica en la política argentina. Si bien implementó políticas novedosas para un país acostumbrado a aferrarse a los paradigmas del pasado, también es cierto que fue investigado por varios presuntos hechos de corrupción. Murió poco después de que fuera sobreseído en la causa del contrabando de armas a Ecuador y Croacia porque los jueces llegaron a la conclusión de que había “pasado el tiempo razonable” de hacer justicia. Habían transcurrido 25 años desde la primera denuncia hecha por el abogado Ricardo Monner Sans, recientemente fallecido. Menem estuvo varias semanas en prisión domiciliaria por ese caso. Pero fue condenado a cuatro años de prisión por la Cámara de Casación por el pago de sobresueldos a los funcionarios de su gobierno. La condena no se cumplió porque Menem tenía fueros de senador.
Embajadas extranjeras denunciaron extraoficialmente que durante su gobierno hubo pago de sobornos a funcionarios en el proceso de privatización de empresas públicas. Uno de los más convencidos de que esa trama corrupta existió fue el entonces embajador norteamericano Terence Todman, porque resultaron perjudicadas varias empresas de su país en beneficio de compañías europeas. Solo el paso del tiempo dibuja los contornos de un prócer. Un siglo es un buen período como para que una figura sea consensualmente admirada por sus coterráneos. Menos tiempo es, en cambio, una conclusión arbitraria y solitaria del que manda
Si Milei lograra dinamitar el Estado, ¿quién mandaría tropas a Rosario?

Hubo trozos de autoritarismo en la integración del Salón de los Próceres

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Narcos, políticos y jueces: la larga lista de clientes de Cúneo Libarona
El ministro de Justicia negó haber sido defensor del traficante Mameluco Villalba, pero admitió que lo representó el estudio familiar que encabezó hasta diciembre

Paz Rodríguez Niell

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona
“Se informa que el Dr. Mariano Cúneo Libarona, por haber asumido como ministro de Justicia de la Nación, actualmente no forma parte del estudio jurídico Cúneo Libarona. Estamos trabajando en la actualización de la página web”, dice la página del estudio familiar que el actual ministro compartía hasta diciembre con sus tres hermanos: Rafael, Matías y Cristian. Solo ese mensaje, con la foto de los cuatro –más el teléfono, la dirección y el mail del estudio–, aparece en el sitio web.
Como abogado, Mariano Cúneo Libarona intervino en causas penales de trascendencia pública: defendió a empresarios acusados de pagar sobornos –como Sergio Taselli y Hugo Eurnekian (sobrino de Eduardo), a quienes representó en la causa de los cuadernos–, a políticos –como el exgobernador de Tucumán José Alperovich en el caso por el presunto abuso de su sobrina– y a jueces. Fue abogado también de condenados por narcotráfico, como Mario Segovia, “el rey de la efedrina”, hombre fuerte del negocio de la droga en Rosario antes de la irrupción de Los Monos, y el exintendente de Paraná Sergio Varisco, sentenciado a seis años y medio de prisión por comercialización de estupefacientes.
El ministro negó, en cambio, haber defendido a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, como dijo Carlos Pagni. En su cuenta de X, Mariano Cúneo Libarona publicó: “IMPORTANTE: Jamás fui abogado, no lo conozco, ni lo vi en mi vida a ‘Mameluco’ Villalba. Me informan ahora que quien ejerció su defensa hace muchísimos años atrás (en legítimo ejercicio del derecho a contar con un abogado defensor) fue mi hermano Matías y somos independientes”. Matías Cúneo Libarona lo defendió desde el estudio familiar.
En diálogo el ministro dijo: “El estudio es así: yo soy el dueño por escritura, pero hay compartimientos distintos. Mis hermanos, otros abogados, gente que le prestó un lugar. A Mameluco, Matías, que está en otro piso, lo habrá atendido”. Matías Cúneo Libarona fue abogado de Villalba, que está condenado a 23 años de cárcel y está siendo juzgado como presunto autor intelectual del homicidio de Candela Sol Rodríguez, de 11 años.
Matías Cúneo Libarona también defendió en 2015 al hijo de Mameluco, apodado Salvaje, en una causa en la que fue condenado por narcotráfico. En una salida transitoria, después de esa condena, Salvaje mató a un adolescente y al chofer de un móvil de Protección Ciudadana de San Martín. Hoy carga con tres condenas en su contra y es considerado uno de los narcos más sanguinarios de San Martín.
En cuanto a Segovia, Mariano Cúneo Libarona no solo hizo una defensa técnica: en 2012 dijo que su cliente era “perseguido” por la policía y los jueces. “Desde el inicio de este y otros juicios en los que está acusado Mario Segovia –dijo– se persiguió e instigó a mi cliente, violando los derechos humanos y el principio de inocencia”.
El también condenado por narcotráfico Varisco –fallecido– era intendente de Paraná y en la causa en la que lo defendió Mariano Cúneo Libarona lo condenaron, a finales de 2019, a seis años y medio de cárcel. Esa pena fue confirmada por la Cámara de Casación. Hoy, Cúneo Libarona reclama que la Justicia actúe contra la violencia narco. “A las porquerías asesinas les tiene que caer todo el peso de la ley cuanto antes”, tuiteó. Sobre su defensa del “rey de la efedrina”, dijo ayer: “Fue en un juicio y después nos cambió”. En cuanto a Varisco, sostuvo que su trabajo duró solo unos meses y que él no participó del juicio oral. “Cuando yo era joven, cualquier asunto era importante. A medida que fui creciendo, fui seleccionando los casos”, dijo. Consultado sobre si defendería a narcotraficantes como Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, respondió: “Con Los Monos estaba en la profesión. Hubo una consulta y decidí que no me quería meter”.
En el caso cuadernos, Mariano Cúneo Libarona cuestionó cómo se llevó la causa en el juzgado de Claudio Bonadio. Cuando el caso estaba en instrucción, dijo que su cliente Taselli fue involucrado por error. “Tenés que arrepentirte, confesar algo, e involucrar gente (...). Si decís que sos inocente quedás preso”, dijo. En esta causa podría darse la inédita situación de que quien actuó como abogado defensor ahora vuelva a quedar relacionado con el caso si finalmente la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, o la Unidad de Información Financiera (UIF), que funciona dentro de su órbita, vuelve a intervenir en el caso como querellante; es decir, como acusador.
En un primer momento se había anunciado que el Gobierno desistiría de querellar en las causas de corrupción, pero después el ministro dijo que sí querellaría. “La causa pasó a tribunal oral. Mis clientes ya no están –dijo el ministro a la nacion–. La UIF y la OA harán lo que tengan que hacer”.
El estudio de Cúneo Libarona también intervino en la ruta del dinero K, en la que defendió a directivos de Provalor, la financiera de la City de donde habría salido el dinero que se lavaba al extranjero, según la investigación del juez Sebastián Casanello, que procesó a los directivos de Provalor y los envió a juicio, pero por decisión de la Cámara de Casación nunca se sentaron en el banquillo. Cúneo Libarona fue abogado también de Roberto Erusalimsky, procesado por Casanello cinco veces por la compra de un campo en Mendoza a Lázaro Báez. Las cinco veces su procesamiento fue revocado.
El actual ministro de Justicia defendió también a jueces como Walter Bento, que fue destituido por mal desempeño y en Mendoza lo procesaron por graves delitos: sobornos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito (cuando lo removieron, ya había cambiado de defensor). Y al juez en lo penal económico Pablo Yadarola en la causa que investigaba un viaje de jueces, exfuncionarios y empresarios a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. Esa causa se inició en Bariloche, donde la fiscal imputó a los involucrados, pero a pedido de Yadarola, el año pasado el expediente pasó a Comodoro Py y la semana de Navidad, el juez Sebastián Ramos cerró la causa.
Cúneo Libarona también fue abogado de Juan Horacio Homs, señalado como presunto testaferro de Juan Pablo “Pata” Medina. Lo defendió y además lo patrocinó en la querella en la que pidió avanzar contra una serie de personas, incluidos exfuncionarios macristas, apuntados el caso de la llamada “Gestapo” antisindical. “Yo tengo derecho, como abogado, a defender y a querellar –dijo Cúneo Libarona a la nacion–. Es mi trabajo. Estudié para eso y en la facultad se enseña eso. He dejado a más de 40 abogados formados a lo largo de mi vida. Y alumnos tuve más de 1000”. La larga listas de famosos defendidos por el actual ministro de Justicia incluyó al exjefe de la barra de Boca Rafael Di Zeo y al abogado y empresario Víctor Stinfale. Mucho antes, a Guillermo Cóppola, Amira Yoma y, en la causa AMIA, a Juan José Ribelli.

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