Los referentes del radicalismo se diferencian de Lousteau
Cuatro gobernadores y los titulares de ambas cámaras cuestionaron el rechazo del presidente del partido al decreto
Luego de que el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, votara en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, que se trató anteayer en el Senado y fue rechazado por 42 votos contra 25, un grupo de líderes del partido, entre ellos cuatro gobernadores y los titulares de bloque del espacio en ambas cámaras, firmaron un comunicado aparte en el que tomaron distancia de la decisión del jefe partidario. Se diferenciaron al afirmar que apoyan la idea de impulsar nuevas reformas en el Gobierno, aunque repararon en que la gestión de Javier Milei debe llamar al consenso y abandonar el tono de la campaña electoral.
La carta, que también lleva el sello partidario, está firmada por cuatro de los cinco gobernadores radicales: Gustavo Valdés, de Corrientes; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Sadir, de Jujuy, y Leandro Zdero, de Chaco. No la rubricó el santafesino Maximiliano Pullaro, alineado con Lousteau. Sí se sumaron los presidentes de bloque en el Senado y Diputados, Eduardo Vischi y Rodrigo de Loredo, que ayer estuvo en la Casa Rosada y estaría dispuesto a avalar el DNU (ver aparte).
Bajo el título “Queremos un cambio en el país y una UCR moderna”, los dirigentes introdujeron que la Argentina necesita “acuerdos y consensos” que permitan sacar al país del “estancamiento y la decadencia”, en alusión a la gestión kirchnerista. “Respetamos el camino que eligieron los argentinos en las elecciones del año pasado con un claro mandato de cambio y vamos a contribuir con las herramientas justas y necesarias que el Gobierno necesita para avanzar en su plan de gestión”, sentenciaron, luego de que el presidente del partido considerara que el megadecreto de la gestión mileísta era “inconstitucional” y votara en contra.
“Queremos un cambio en el país y trabajamos para construir un partido moderno, que acompañe las reformas estructurales que necesita hoy la Argentina. Apoyamos el orden de las cuentas públicas para salir de esta debacle y avalamos que esté en el orden de prioridades del Estado nacional la discusión de avanzar para que haya equilibrio fiscal y no vivir con déficit fiscal como ha pasado en los últimos 65 años, lo que achata cada vez más nuestras posibilidades de crecimiento”, indicaron, además, los popes radicales que se diferenciaron del senador por la ciudad de Buenos Aires.
“Apoyamos la discusión y el impulso de reformas necesarias en el gobierno nacional para sacar a flote a nuestra sociedad, ahogada con la inflación, la presión impositiva y la pobreza a la que nos fue sometiendo el kirchnerismo con un modelo negacionista, discriminador y corrupto”, señalaron los referentes radicales dispuestos a cooperar con la gestión de La Libertad Avanza. No obstante, señalaron que esas reformas deben ser “fruto del consenso” y que por ese motivo “el Ejecutivo no debe tentarse con prolongar la narrativa electoral”.
Convencidos de que se precisan “cambios profundos”, los cuatro gobernadores y los dos legisladores se comprometieron a “contribuir con acciones conducentes” para lograr acuerdos y cerraron: “Queremos un cambio cultural, que promueva un Estado inteligente, eficaz y simplificado, que se enfoque en las principales tareas como seguridad, educación, salud, defensa y justicia”.
Se sumaron a esta iniciativa otros cuatro diputados radicales: Luis Picat (Córdoba), Martín Arjol (Misiones), Mariano Campero (Tucumán) y Alfredo Vallejos (Corrientes). “Es tiempo de reafirmar el cambio para el que fuimos votados. Cambio que no implica un cheque en blanco y donde importa la discusión de fondo y no de la forma”, expresaron los cuatro legisladores en un comunicado conjunto, que advierte las diferencias y el juego propio que domina hoy al radicalismo. Los cuatro dirigentes expresaron: “Es necesario aprobar el DNU del gobierno nacional y profundizar aún más la modernización laboral y sindical de nuestro país”.
En la sesión del jueves, a Lousteau se sumó Pablo Blanco. Ellos fueron los únicos dos senadores de la UCR que rechazaron el megadecreto. Maximiliano Abad se abstuvo. Asimismo votó contra la iniciativa Edith Terenzi, de Chubut, que pese a ser radical integra otro bloque: Cambio Federal.
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El diálogo con la Casa Rosada abrió una guerra entre radicales
Después de que los gobernadores salieron a desmarcarse del rechazo de Lousteau al DNU, se consolidó una grieta en el interior del partido, entre un ala dialoguista y otra más confrontativa
Matías Moreno
E. El titular de la UCR dijo que el DNU es “inconstitucional”
La decisión de Martín Lousteau de rechazar el megadecreto que firmó Javier Milei para reformar el Estado y desregular la economía abrió una grave crisis en la UCR y, sobre todo, provocó un profundo malestar entre los gobernadores que negocian con la Casa Rosada para reflotar la ley ómnibus y morigerar el impacto del ajuste en sus provincias.
Pendientes del rumbo de esas conversaciones y el termómetro social en sus distritos, los caciques radicales salieron a desmarcarse de la táctica de Lousteau, presidente de la UCR, para enviarle un mensaje a la Casa Rosada: están dispuestos a apoyar las “profundas” reformas que requiere el país para sortear la crisis, pero reclaman que Milei abandone su diatriba proselitista y priorice el consenso para darle sustentabilidad a su programa de gobierno. “Queremos un cambio en el país y trabajamos para construir un partido moderno”, remarcaron en un comunicado firmado por Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). A ese grupo de mandatarios radicales se sumaron los jefes de las bancadas en Diputados y el Senado: Rodrigo de Loredo, exsocio de Lousteau, y Eduardo Vischi.
El único de los cinco gobernadores que optó por no rubricar el pronunciamiento fue Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien interpretó que el movimiento era un ataque directo a Lousteau, uno de sus promotores en la campaña electoral de 2023. Un gesto de fidelidad.
La jugada impulsada por Cornejo y Valdés para tomar distancia de Lousteau provocó una fuerte tensión en el corazón del radicalismo, donde conviven grupos de dirigentes con distintas recetas sobre cómo debe pararse el partido frente al gobierno de Milei. Un rama interna apuesta a dialogar y cooperar con el Presidente para darle herramientas en el arranque de la gestión. Y otro grupo considera que, para ser una alternativa en el futuro, el radicalismo debe ser una oposición firme al experimento liberal de Milei y fijar límites desde el Congreso para contener los efectos del ajuste fiscal en la clase media o evitar eventuales atropellos a la Constitución.
Frente a esa disyuntiva, Lousteau salió a confrontar a cielo abierto con Milei. A la hora de explicar su postura, argumentó que el DNU era “inconstitucional” y que “afecta negativamente la vida cotidiana de los argentinos”, por los aumentos en prepagas, medicamentos y las cuotas de colegios privados. Además, afirmó que votaba de acuerdo a su “convicciones”, sin temor a pagar costos políticos. A Lousteau lo respaldan la Juventud Radical, la UCR porteña y los referentes de la vieja guardia que orbitan cerca de Gerardo Morales, el socio que le permitió quedarse con las llaves del partido.
Incómodos con la actitud combativa que adoptó Lousteau desde que asumió como jefe de la UCR, los gobernadores Cornejo y Valdés empujaron un comunicado para ratificar su compromiso con lograr un “cambio” en el país. En rigor, el texto ya estaba escrito desde hace cuatro días, pero su publicación se había dilatado por la coyuntura.
El lunes último, Cornejo y Valdés, que sumaron el apoyo de Zdero y Sadir, se enfurecieron cuando el Comité Nacional y la Convención de la UCR, los dos órganos más importantes, emitieron un comunicado en el que exhortaban a los legisladores del radicalismo a “promover y defender los principios históricos” de la fuerza. A su vez, los instaban a promover y votar iniciativas que “generen una recomposición de las jubilaciones y pensiones” o defiendan la educación pública.
Esos órganos son controlados por Lousteau, quien conserva la mayoría de voluntades por la sociedad que forjó con el grupo de Morales y su control de la UCR porteña gracias a la alianza con Daniel Angelici. Con esos apoyos, apeló a dar un golpe de efecto. Es que el documento se conoció en la antesala del intento de la oposición para discutir la nueva fórmula de movilidad.
El tenor del texto provocó un malestar interno que se ramificó entre los gobernadores radicales -con excepción de Pullaro, aliado de Lousteau en Evolución- y distintos referentes parlamentarios de la UCR. Consideraron que el líder de Evolución se había extralimitado al impulsar esa declaración, ya que no contemplaba la mirada de los mandatarios, quienes tienen un posición más concesiva con Milei porque negocian con la Casa Rosada para reflotar la ley ómnibus y acordar un nuevo paquete fiscal. El nudo de esa discusión es el reparto de fondos y la eventual reinstauración de Ganancias. Con 13 senadores y 34 diputados, la UCR es uno de los árbitros en el Congreso. Es decir, para sacar leyes, Milei depende de un pacto con los radicales.
Frustrada la sesión para discutir una nueva fórmula de movilidad -solo Facundo Manes y otros cuatro radicales dieron quórum, ya que De Loredo presionó a Martín Menem para que constituya la comisión de previsión y seguridad social a cambio de no bajar al recinto-, los gobernadores de la UCR aceptaron desactivar la difusión del comunicado para no escalar el conflicto.
Sin embargo, la decisión del líder de Evolución Radical de rechazar el DNU -solo lo acompañó el fueguino Pablo Daniel Blanco- provocó una fuerte convulsión interna. Apenas terminó la votación en el Senado, Cornejo y Valdés reflotaron el comunicado y decidieron publicarlo a primera hora del viernes. De Loredo, que busca hacer equilibrio para preservar la cohesión interna del bloque en Diputados en medio del fuego cruzado, intentó calmar los ánimos. Pero los gobernadores decidieron salir a marcarle la cancha al jefe del partido por haber actuado de manera inconsulta y no haber respetado la institucionalidad. “Es grave lo que hizo. Apuesta a que le vaya mal a Milei. Esa es su estrategia para poder ser una alternativa”, dice uno los máximos referentes de la UCR. En cambio, los leales a Lousteau en el radicalismo consideran que los gobernadores no quieren romper los puentes con la Casa Rosada porque temen “no poder pagar los sueldos”. Aseguran que Lousteau actuó de forma orgánica y votó de acuerdo a los lineamientos que fijaron el Comité Nacional y la Convención Nacional.
Milei y Patricia Bullrich atribuyeron el rechazo de Lousteau al DNU a que el Gobierno puso la mira en la “caja” de las universidades. “Bullrich pasó por todos los gobiernos de la democracia en la Argentina. Entonces ¿qué voy a contestar?”, dijo Lousteau en Radio Mitre
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Congelan el envío de fondos discrecionales a las universidades
El Gobierno no derivó ni un peso más por fuera de lo establecido; es otro capítulo de la confrontación con la UCR y Lousteau
La decisión de Martín Lousteau de rechazar el megadecreto que firmó Javier Milei para reformar el Estado y desregular la economía abrió una grave crisis en la UCR y, sobre todo, provocó un profundo malestar entre los gobernadores que negocian con la Casa Rosada para reflotar la ley ómnibus y morigerar el impacto del ajuste en sus provincias.
Pendientes del rumbo de esas conversaciones y el termómetro social en sus distritos, los caciques radicales salieron a desmarcarse de la táctica de Lousteau, presidente de la UCR, para enviarle un mensaje a la Casa Rosada: están dispuestos a apoyar las “profundas” reformas que requiere el país para sortear la crisis, pero reclaman que Milei abandone su diatriba proselitista y priorice el consenso para darle sustentabilidad a su programa de gobierno. “Queremos un cambio en el país y trabajamos para construir un partido moderno”, remarcaron en un comunicado firmado por Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). A ese grupo de mandatarios radicales se sumaron los jefes de las bancadas en Diputados y el Senado: Rodrigo de Loredo, exsocio de Lousteau, y Eduardo Vischi.
El único de los cinco gobernadores que optó por no rubricar el pronunciamiento fue Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien interpretó que el movimiento era un ataque directo a Lousteau, uno de sus promotores en la campaña electoral de 2023. Un gesto de fidelidad.
La jugada impulsada por Cornejo y Valdés para tomar distancia de Lousteau provocó una fuerte tensión en el corazón del radicalismo, donde conviven grupos de dirigentes con distintas recetas sobre cómo debe pararse el partido frente al gobierno de Milei. Un rama interna apuesta a dialogar y cooperar con el Presidente para darle herramientas en el arranque de la gestión. Y otro grupo considera que, para ser una alternativa en el futuro, el radicalismo debe ser una oposición firme al experimento liberal de Milei y fijar límites desde el Congreso para contener los efectos del ajuste fiscal en la clase media o evitar eventuales atropellos a la Constitución.
Frente a esa disyuntiva, Lousteau salió a confrontar a cielo abierto con Milei. A la hora de explicar su postura, argumentó que el DNU era “inconstitucional” y que “afecta negativamente la vida cotidiana de los argentinos”, por los aumentos en prepagas, medicamentos y las cuotas de colegios privados. Además, afirmó que votaba de acuerdo a su “convicciones”, sin temor a pagar costos políticos. A Lousteau lo respaldan la Juventud Radical, la UCR porteña y los referentes de la vieja guardia que orbitan cerca de Gerardo Morales, el socio que le permitió quedarse con las llaves del partido.
Incómodos con la actitud combativa que adoptó Lousteau desde que asumió como jefe de la UCR, los gobernadores Cornejo y Valdés empujaron un comunicado para ratificar su compromiso con lograr un “cambio” en el país. En rigor, el texto ya estaba escrito desde hace cuatro días, pero su publicación se había dilatado por la coyuntura.
El lunes último, Cornejo y Valdés, que sumaron el apoyo de Zdero y Sadir, se enfurecieron cuando el Comité Nacional y la Convención de la UCR, los dos órganos más importantes, emitieron un comunicado en el que exhortaban a los legisladores del radicalismo a “promover y defender los principios históricos” de la fuerza. A su vez, los instaban a promover y votar iniciativas que “generen una recomposición de las jubilaciones y pensiones” o defiendan la educación pública.
Esos órganos son controlados por Lousteau, quien conserva la mayoría de voluntades por la sociedad que forjó con el grupo de Morales y su control de la UCR porteña gracias a la alianza con Daniel Angelici. Con esos apoyos, apeló a dar un golpe de efecto. Es que el documento se conoció en la antesala del intento de la oposición para discutir la nueva fórmula de movilidad.
El tenor del texto provocó un malestar interno que se ramificó entre los gobernadores radicales -con excepción de Pullaro, aliado de Lousteau en Evolución- y distintos referentes parlamentarios de la UCR. Consideraron que el líder de Evolución se había extralimitado al impulsar esa declaración, ya que no contemplaba la mirada de los mandatarios, quienes tienen un posición más concesiva con Milei porque negocian con la Casa Rosada para reflotar la ley ómnibus y acordar un nuevo paquete fiscal. El nudo de esa discusión es el reparto de fondos y la eventual reinstauración de Ganancias. Con 13 senadores y 34 diputados, la UCR es uno de los árbitros en el Congreso. Es decir, para sacar leyes, Milei depende de un pacto con los radicales.
Frustrada la sesión para discutir una nueva fórmula de movilidad -solo Facundo Manes y otros cuatro radicales dieron quórum, ya que De Loredo presionó a Martín Menem para que constituya la comisión de previsión y seguridad social a cambio de no bajar al recinto-, los gobernadores de la UCR aceptaron desactivar la difusión del comunicado para no escalar el conflicto.
Sin embargo, la decisión del líder de Evolución Radical de rechazar el DNU -solo lo acompañó el fueguino Pablo Daniel Blanco- provocó una fuerte convulsión interna. Apenas terminó la votación en el Senado, Cornejo y Valdés reflotaron el comunicado y decidieron publicarlo a primera hora del viernes. De Loredo, que busca hacer equilibrio para preservar la cohesión interna del bloque en Diputados en medio del fuego cruzado, intentó calmar los ánimos. Pero los gobernadores decidieron salir a marcarle la cancha al jefe del partido por haber actuado de manera inconsulta y no haber respetado la institucionalidad. “Es grave lo que hizo. Apuesta a que le vaya mal a Milei. Esa es su estrategia para poder ser una alternativa”, dice uno los máximos referentes de la UCR. En cambio, los leales a Lousteau en el radicalismo consideran que los gobernadores no quieren romper los puentes con la Casa Rosada porque temen “no poder pagar los sueldos”. Aseguran que Lousteau actuó de forma orgánica y votó de acuerdo a los lineamientos que fijaron el Comité Nacional y la Convención Nacional.
Milei y Patricia Bullrich atribuyeron el rechazo de Lousteau al DNU a que el Gobierno puso la mira en la “caja” de las universidades. “Bullrich pasó por todos los gobiernos de la democracia en la Argentina. Entonces ¿qué voy a contestar?”, dijo Lousteau en Radio Mitre
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Congelan el envío de fondos discrecionales a las universidades
El Gobierno no derivó ni un peso más por fuera de lo establecido; es otro capítulo de la confrontación con la UCR y Lousteau
Camila Dolabjian
El oficialismo escoge cuidadosamente a sus enemigos, los que Javier Milei considera ejemplos de los mensajes que quiere contrarrestar y la cultura contra la que quiere ir. Las universidades y sus “cajas negras”, a las que les hicieron un recorte total de transferencias discrecionales, están en la mira de algunos de los funcionarios más importantes de la Casa Rosada, que no descartan realizar intervenciones. En particular, hay diez sedes que están en la mira y a las que amenazaron con analizar su flujo de fondos hacia atrás. No solo revisarán las cuentas por venir, sino que sospechan que hubo inusuales movimientos en los meses antes de asumir el gobierno libertario.
Al mismo tiempo, se libró una guerra por los fondos. El total de presupuesto anual vigente para todas las instituciones individualmente suma $717.018 millones, según la información oficial al 8 de marzo, con una ejecución promedio cercana al 40% a esta altura del año. Estas son las partidas de ejecución establecidas para cada universidad. Pero, por otro lado, el presupuesto sin discriminar para el conjunto de las universidades es de $638.357 millones. La ejecución en este caso es del 0 por ciento. En todo el año no se transfirió ni un peso a las casas de estudio, por fuera de lo establecido.
Como el resto del Estado y sus dependencias, los montos asignados a cada casa de estudios son los prorrogados de 2023. Éstos serán actualizados en un 70%, según confirmó el Gobierno. Sin embargo, en los últimos años no se valieron de esos presupuestos fijos para su funcionamiento corriente, sino que negociaron políticamente con el Frente de Todos para un cuidadoso reparto de fondos sin discriminar, que tiene prácticamente el mismo tamaño que la suma del presupuesto específico a cada universidad.
Las universidades nacionales son, en su alta mayoría, espacios repartidos entre distintos ámbitos partidarios. El radicalismo, con Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti a la cabeza, es uno de los que conquistaron gran cantidad de instituciones. Franja Morada y Nuevo Espacio son algunas de las agrupaciones que reciben fondos para ganar lugares en el claustro estudiantil, mientras que el docente, no docente y los rectorados, también son asientos de control de la UCR a través de aliados.
Es también uno de los principales blancos del Presidente, que ve en el partido centenario una representación de la vieja casta. La última sesión en el Senado, en la que Lousteau fue el único en votar en contra de postergar el debate sobre el decreto, agrava aún más esa tensión. Patricia Bullrich aseguró que el presidente del partido rechazó el DNU justamente por esta cuestión:
“Lo digo yo porque es la verdad. Le tocaron la caja y cuatro universidades que no se formaron y ahora el señor Lousteau te vota en contra”.
Paro universitario
Anteayer hubo un paro nacional en las instituciones de educación superior, que no suelen ponerse de acuerdo. Es llamativo que la Universidad de Buenos Aires haya comunicado la medida desde el Consejo Superior, siendo que cada una de las facultades tiene independencia y, en general, adoptan posturas políticas disimiles. Aseguran que tomaron la decisión por la adhesión masiva de los no docentes, pero eso ocurrió en otras oportunidades sin esta definición por parte de la UBA. Por ejemplo, mientras que las facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía son más proclives a medidas de fuerza, las de Derecho e Ingeniería rara vez toman una decisión conjunta, o la libran a criterio de los titulares de cátedra. Esta vez, todos los edificios estuvieron cerrados.
La medida comenzó como una movida gremial, con el Frente Sindical de las Universidades Nacionales (que contiene a Fedun, Fagdut, Conadu, Conadu Histórica, Ctera, UD y Fatun). A diferencia de los docentes de escuelas públicas, los profesores universitarios tienen paritarias nacionales. Fuentes del sindicato calificaron como insuficiente la propuesta de aumento del Gobierno (16% en febrero) y las autoridades universitarias sólo apuntan al secretario de Educación, Pablo Torrendell, y a Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, como los responsables.
El aumento de presupuesto confirmado en las últimas horas será para todas las instituciones, con excepción de cuatro de las cinco cuestionadas por el Gobierno, que fueron creadas a fines de 2023 en el contexto de la campaña. Las que no recibirán incrementos son las del Delta, Ezeiza, Pilar, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo.
Las universidades se encuentran bajo revisión y distintas fuentes indicaron que las de Hurlingham, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Antonio de Areco y del Noroeste de Buenos Aires son las principales apuntadas. Se les suman las de San Martín, del Litoral, de Chilecito, la Pedagógica y la Patagonia San Juan Don Bosco. Son las que habrían recibido más dinero por fuera de lo presupuestado originalmente.
Todas tienen vínculos políticos muy firmes, algunas con personajes cercanos al peronismo y otras con el “reformismo” radical. En la de Hurlingham, especialmente, hay una atención particular porque fue un ámbito de injerencia directo del exministro de Educación Jaime Perczyk. El exfuncionario está en la mira porque supuestamente derivó fondos sin criterio especifico a la institución en la que era rector en uso de licencia.
El oficialismo escoge cuidadosamente a sus enemigos, los que Javier Milei considera ejemplos de los mensajes que quiere contrarrestar y la cultura contra la que quiere ir. Las universidades y sus “cajas negras”, a las que les hicieron un recorte total de transferencias discrecionales, están en la mira de algunos de los funcionarios más importantes de la Casa Rosada, que no descartan realizar intervenciones. En particular, hay diez sedes que están en la mira y a las que amenazaron con analizar su flujo de fondos hacia atrás. No solo revisarán las cuentas por venir, sino que sospechan que hubo inusuales movimientos en los meses antes de asumir el gobierno libertario.
Al mismo tiempo, se libró una guerra por los fondos. El total de presupuesto anual vigente para todas las instituciones individualmente suma $717.018 millones, según la información oficial al 8 de marzo, con una ejecución promedio cercana al 40% a esta altura del año. Estas son las partidas de ejecución establecidas para cada universidad. Pero, por otro lado, el presupuesto sin discriminar para el conjunto de las universidades es de $638.357 millones. La ejecución en este caso es del 0 por ciento. En todo el año no se transfirió ni un peso a las casas de estudio, por fuera de lo establecido.
Como el resto del Estado y sus dependencias, los montos asignados a cada casa de estudios son los prorrogados de 2023. Éstos serán actualizados en un 70%, según confirmó el Gobierno. Sin embargo, en los últimos años no se valieron de esos presupuestos fijos para su funcionamiento corriente, sino que negociaron políticamente con el Frente de Todos para un cuidadoso reparto de fondos sin discriminar, que tiene prácticamente el mismo tamaño que la suma del presupuesto específico a cada universidad.
Las universidades nacionales son, en su alta mayoría, espacios repartidos entre distintos ámbitos partidarios. El radicalismo, con Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti a la cabeza, es uno de los que conquistaron gran cantidad de instituciones. Franja Morada y Nuevo Espacio son algunas de las agrupaciones que reciben fondos para ganar lugares en el claustro estudiantil, mientras que el docente, no docente y los rectorados, también son asientos de control de la UCR a través de aliados.
Es también uno de los principales blancos del Presidente, que ve en el partido centenario una representación de la vieja casta. La última sesión en el Senado, en la que Lousteau fue el único en votar en contra de postergar el debate sobre el decreto, agrava aún más esa tensión. Patricia Bullrich aseguró que el presidente del partido rechazó el DNU justamente por esta cuestión:
“Lo digo yo porque es la verdad. Le tocaron la caja y cuatro universidades que no se formaron y ahora el señor Lousteau te vota en contra”.
Paro universitario
Anteayer hubo un paro nacional en las instituciones de educación superior, que no suelen ponerse de acuerdo. Es llamativo que la Universidad de Buenos Aires haya comunicado la medida desde el Consejo Superior, siendo que cada una de las facultades tiene independencia y, en general, adoptan posturas políticas disimiles. Aseguran que tomaron la decisión por la adhesión masiva de los no docentes, pero eso ocurrió en otras oportunidades sin esta definición por parte de la UBA. Por ejemplo, mientras que las facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía son más proclives a medidas de fuerza, las de Derecho e Ingeniería rara vez toman una decisión conjunta, o la libran a criterio de los titulares de cátedra. Esta vez, todos los edificios estuvieron cerrados.
La medida comenzó como una movida gremial, con el Frente Sindical de las Universidades Nacionales (que contiene a Fedun, Fagdut, Conadu, Conadu Histórica, Ctera, UD y Fatun). A diferencia de los docentes de escuelas públicas, los profesores universitarios tienen paritarias nacionales. Fuentes del sindicato calificaron como insuficiente la propuesta de aumento del Gobierno (16% en febrero) y las autoridades universitarias sólo apuntan al secretario de Educación, Pablo Torrendell, y a Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, como los responsables.
El aumento de presupuesto confirmado en las últimas horas será para todas las instituciones, con excepción de cuatro de las cinco cuestionadas por el Gobierno, que fueron creadas a fines de 2023 en el contexto de la campaña. Las que no recibirán incrementos son las del Delta, Ezeiza, Pilar, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo.
Las universidades se encuentran bajo revisión y distintas fuentes indicaron que las de Hurlingham, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Antonio de Areco y del Noroeste de Buenos Aires son las principales apuntadas. Se les suman las de San Martín, del Litoral, de Chilecito, la Pedagógica y la Patagonia San Juan Don Bosco. Son las que habrían recibido más dinero por fuera de lo presupuestado originalmente.
Todas tienen vínculos políticos muy firmes, algunas con personajes cercanos al peronismo y otras con el “reformismo” radical. En la de Hurlingham, especialmente, hay una atención particular porque fue un ámbito de injerencia directo del exministro de Educación Jaime Perczyk. El exfuncionario está en la mira porque supuestamente derivó fondos sin criterio especifico a la institución en la que era rector en uso de licencia.
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