VIALIDAD KK ,ESCÁNDALOS E INVESTIGACIÓN

La defensa de Cristina pidió su absolución y citar como testigo al procurador Barra
Su abogado Beraldi solicitó a la Casación que antes de decidir si confirma la condena escuche al actual jefe de los abogados del Estado
El abogado defensor de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, le reclamó ayer a la Cámara Federal de Casación Penal que revoque la condena de la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso Vialidad y le pidió que, antes de resolver, cite a declarar como testigo a un funcionario clave del gobierno de Javier Milei: el “profesor Rodolfo Carlos Barra”.
Barra, exjuez de la Corte y exministro de Justicia durante el menemismo, es un reconocido especialista en derecho administrativo, que volvió a la escena política con un rol clave en diciembre pasado: es el Procurador del Tesoro, jefe de todos los abogados del Estado.
Anteayer, Cristina Kirchner había anunciado en sus redes sociales que le había pedido a Barra su opinión sobre esta causa como “experto legal”. Ayer, Beraldi presentó ese documento (del 2 de septiembre del año pasado) ante la Casación, el tribunal que debe revisar la condena de la expresidenta.
Pero además, después de que terminó su exposición, Beraldi agregó el pedido de que Barra sea citado a declarar. El fiscal Mario Villar se opuso. Argumentó que el hoy procurador no cumple los requisitos para ser testigo y dijo que tampoco hizo un peritaje en la causa, sino un que presentó una opinión a pedido de la defensa. El tribunal, integrado por Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, resolverá ahora si hace lugar al pedido.
La audiencia de ayer comenzó a las 10. Beraldi expuso sus argumentos durante casi dos horas frente a los jueces, en la sala del subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
El abogado alegó que “no existe un solo elemento de prueba incorporado al juicio que permita sostener la imputación” de la expresidenta y dijo que ella “debe ser la persona más denunciada del país”, con “no menos de 80 denuncias hasta 2016”; entre ellas, la de esta causa, que Beraldi definió como un “disparate”.
En cuanto a la condena dictada contra Cristina Kirchner, el defensor alegó que “el propio tribunal dijo que no tienen pruebas directas sino que fundan su sentencia en indicios” y se quejó de que le hubieran rechazado “el 80% de la prueba” que pidió para el juicio.
En cuanto al dictamen solicitado a Barra, Beraldi dijo que lo introducía en el caso porque los jueces que condenaron a Cristina Kirchner hicieron mención a violaciones a normas del derecho administrativo, “terreno fértil” –recordó el abogado que dijo el tribunal– para las maniobras que se cometieron. Beraldi destacó que Barra fue juez, ministro y convencional constituyente, y lo definió como “un experto, pero no un experto cualquiera, alguien que además de sus pergaminos académicos participó en la cosa pública”.
“Sabe bastante más que todos nosotros, por lo menos de esta cuestión”, dijo Beraldi, en alusión a las reglas del derecho administrativo, y afirmó que Barra “leyó todo el expediente”.
Anteayer, cuando dio a conocer el dictamen que le había escrito al actual Procurador del Tesoro, Cristina Kirchner dijo que él había dicho que “el Presidente no tiene responsabilidad administrativa ni penal en el caso” y que “es ajeno a la administración y función, a cargo del Jefe de Gabinete”. Uno de los jefes de Gabinete de Cristina Kirchner fue Alberto Fernández, que tiene sus propios problemas en los tribunales de Comodoro Py: acaba de ser imputado en la causa por una presunta defraudación al Estado con los seguros de organismos públicos durante su gobierno.
“El Presidente está en una distancia normativa enorme de los hechos que se investigaron en este expediente”, dijo Beraldi y se respondió a una lectura que se impone ante su planteo: “Dicen: ‘Ahora le están echando la culpa al jefe de Gabinete’, pero es no es verdad”. Beraldi sostuvo que el jefe de Gabinete decidió tomando lo dispuesto por la ley de presupuesto, “que pasó por el control del Congreso, que también confirmó que no había ningún delito”. El abogado alegó que así lo sostiene Barra en su dictamen.
La de ayer fue una de las cuatro audiencias programadas previas a la decisión de la Casación. Durarán hasta abril y hablarán las defensas de los condenados y de los absueltos, a quienes el fiscal de Casación Mario Villar ya pidió condenar.
Ayer, Beraldi se refirió varias veces al “doctor Villar”, sentado a su izquierda, al otro lado del pasillo. Le habló de lo que Villar enseña en la Facultad de Derecho, cuestiones técnicas que según la defensa, le dan la razón a Cristina Kirchner.
Villar inauguró las audiencias ante Casación el 26 de febrero, cuando pidió agravar la condena de la expresidenta por corrupción a 12 años de cárcel, el mismo monto que había solicitado durante el juicio oral su colega Diego Luciani. Pide que se la condene como jefa de una asociación ilícita.

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Tres aseguradoras aportaron a la campaña de Alberto Fernández
Martínez Sosa, el broker denunciado por sus negocios con el Estado, le cedió el búnker para la campaña electoral en 2019
Camila Dolabjian
El mercado de las empresas de seguros, que está bajo la mirada de la Justicia por los intermediarios vinculados al gobierno de Alberto Fernández, resultó un aportante de peso en la campaña electoral del Frente de Todos en 2019. Según un relevamiento  al menos tres compañías del sector entregaron fondos para la candidatura de Fernández. Se trata de Castello Mercuri, Green Ocean Trust & Insurance y Testimonio Compañía de Seguros. Las empresas registran diferentes negocios con el Estado. Castello Mercuri, a su vez, figura entre las empresas a las que el juez Julián Ercolini les requirió información por las denuncias de negociados en dependencias públicas. A su vez, Héctor Martínez Sosa, el broker denunciado en la Justicia, aportó el búnker de campaña que usó Fernández para la elección.
Corría 2019 y Alberto Fernández, en ese entonces exjefe de Gabinete, exsuperintendente de Seguros y exfuncionario del Banco Provincia, fue ungido candidato presidencial. El peronismo, ahora en formato de Frente de Todos, reorganizaba sus partes para volver al poder y construir una campaña. Quien sería presidente hizo base en un búnker sobre la calle México 337. Un aporte de campaña en especie de uno de sus amigos, Héctor Martínez Sosa, el broker de seguros que luego fue beneficiado con decenas de intermediaciones de contratos entre el Nación Seguros y las distintas áreas del Estado. Si bien no consta en los registros oficiales que él o alguna de sus empresas haya hecho colaboraciones en dinero, por lo menos otras tres lo hicieron.
En los registros de aportes de campaña de 2019 figura un importante monto, a cargo de una sociedad aseguradora. Castello Mercuri realizó, el 26 de septiembre de 2019, un pago de $1.000.000 de ese entonces, destinado a las elecciones generales del orden nacional. A dólar oficial de esa fecha, unos US$16.129. Actualizado a monto de hoy, cerca de unos $20 millones.
Se trata de una de las empresas acusadas en los pasillos de estar “fogoneando” la información que sale a la luz en el escándalo de los seguros. Según documentos de Nación Seguros, intermedió contratos como los de Jefatura de Gabinete (por un tiempo) e Invap, de Río Negro, pero “se quedó fuera del negocio más grueso”. Fuentes presentes en una reunión en 2020 recuerdan las quejas de sus directivos respecto de que Fernández había prometido negocios que no estaban apareciendo. Tienen una mala relación con Héctor Martínez Sosa.
Castello Mercuri es una de las empresas que fue allanada por orden de Julián Ercolini este martes por la noche. Se secuestró información sensible a la causa que tramita en su juzgado y que tiene imputados a Fernández y a otros colega del rubro, Martínez Sosa. Pablo Torres García, un competidor de relaciones fluidas con otros políticos y beneficiario de las comisiones de contratos con la Anses o el de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, fue allanado aunque todavía no imputado por el fiscal Ramiro González. No figuran aportes de campaña a su nombre o el de alguna de sus empresas. Otro de los brokers aportantes a la campaña de 2019 fue Green Ocean Trust & Insurance SA. También para el orden nacional, aunque para las PASO, colaboró con unos $400.000, lo que representaban US$6451 de ese momento. Durante la gestión de Fernández intermedió el seguro de una de las empresas del Banco Nación, Garantizar. Consultados al respecto, desde la compañía dijeron que la última factura fue realizada en octubre de 2020, fecha tras la cual contrataron a AON, otra sociedad.
Esta empresa estuvo involucrada otro escándalo, el de la compra de barbijos durante la pandemia por parte de la Ciudad de Buenos Aires.
Ignacio Sáenz Valiente, dueño de varias firmas que compartían el nombre, le vendió los insumos con sobreprecios al gobierno porteño. La sociedad tuvo como accionista a Rodrigo Miguel, hermano del exjefe de gabinete Felipe Miguel.
Desde ese entonces, Green Ocean Trust & Insurance SA cambió su nombre a Torino Brokers SA y desplazó a Sáenz Valiente. Quedó como presidente, desde diciembre del año pasado,MartínAlbertoBasail.se comunicó con él, quien estaba cion en otro rol en la empresa en ese entonces, y que aclaró que no fue presionado a hacer aportes.
La tercera empresa aportante, aunque esta vez para las legislativas de 2021, fue Testimonio Compañía de Seguros SA. El 14 de septiembre aportó $200.000, unos US$576. Juan Ignacio Alfieri, su presidente, también dirige la Cámara de Aseguradores de Riesgo Ambiental (Caara), un rubro de seguros que se vincula con la gestión pública. Tuvo negocios con el Estado con las empresas Energía Argentina e Impsa.
intentó comunicarse la nacion con las Castello Mercuri y Testimonio SA y sus titulares, pero no recibió respuesta. Todas las empresas de seguros se encuentran bajo alerta. El juez Ercolini libró anteayer 28 órdenes de presentación pidiendo contratos con distintas aseguradoras informadas por Nación Seguros y la investigación corre hacía determinar si hubo retornos del dinero que cobraban en concepto de comisiones. El martes no solamente fueron allanadas empresas locales sino también brokers internacionales que tienen sede en la Argentina. Un caso fue el de AON.
La empresa estatal, a su vez, fue objeto de requisa y consulta el viernes pasado cuando personal del Poder Judicial se acercó a las oficinas a solicitar documentación.
El búnker de la calle México 337, renovado y decorado en 2019 para la campaña, era un espacio de 300 metros cuadrados que durante semanas albergó un desfile inacabable de futuros ministros, empresarios y aspirantes a funcionarios. En el hall, una gigantografía de Alberto y Cristina Kirchner recibía el incesante ir y venir de visitantes. Eran tiempos triunfales en las oficinas aportadas por Martínez Sosa.

“Nunca le pedimos intervención al expresidente”
Martínez Sosa, el productor investigado, buscó desvincular a Alberto Fernández de las gestiones
Hernán Cappiello
El broker Héctor Martínez Sosa, imputado en la causa en que se lo investiga junto con Alberto Fernández por las contrataciones de seguros para la administración pública, reconoció que tiene una relación con el expresidente “desde hace 15 años”, pero aclaró que nunca le pidió “su intervención” en ninguno de sus negocios.
En un comunicado que dirigió al “mercado asegurador, Martínez Sosa negó que tuviera a título personal o a través de su empresa negocios de seguros con la Anses y sostuvo que se hicieron “una serie de especulaciones y afirmaciones incorrectas e inexactas” que causan “grave daño” a su empresa y a su “buen nombre y honor”. La aclaración de Martínez Sosa sobre la Anses es sugestiva: la investigación judicial no apunta al broker por las pólizas de los jubilados, sino por su rol como intermediario en los seguros contratados por Gendarmería, el Servicio Penitenciario Federal, la Cancillería, la Casa de la Moneda y el Ministerio de Seguridad. De hecho, por las pólizas de la Anses es investigado Pablo Torres García, otro empresario al que se lo vincula con Sergio Massa y dirigentes de Pro.
Martínez Sosa es un poderoso productor de seguros que maneja pólizas la administración nacional, provincias y municipios. Es allegado a Alberto Fernández, de que quien es acreedor de un crédito de 20.000 dólares y es el esposo de María Cantero, histórica secretaria del expresidente. Se investiga si la mujer supuestamente intercedió para que las pólizas se contrataran a través de su marido.
A partir de tres denuncias –una del Gobierno, otra de la abogada Silvina Martínez y otra de los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto, de la Coalición CívicaARI–, el juez federal Julián Ercolini allanó su casa y sus oficinas, al igual que las de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, y del broker Torres García.
Martínez Sosa afirmó ahora que se lo incluyó a él en esas contrataciones “erróneamente” y que a partir de allí “se inició una serie de especulaciones y afirmaciones incorrectas e inexactas”, por lo que decidió romper el silencio.
En un papel membretado de su empresa, negó tener o haber tenido negocios con la Anses, mencionó que “es real” su relación “de muchos años con el expresidente y agregó que hace 15 años le hizo “un préstamo (aún impago)”.
“Nunca he ni hemos solicitado como empresa al expresidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”, afirmó y destacó que su firma “fundada hace 52 años cuenta con oficinas en Vicente López, Mar del Plata, Río Gallegos, Tierra del Fuego y en la ciudad de Buenos Aires”.

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La Justicia requirió el desafuero de una senadora bonaerense
Un fiscal reclama indagar a Flavia Delmonte, de la UCR

Hugo Alconada Mon
LA PLATA.– La Justicia de Garantías requirió al Senado bonaerense el desafuero de una de sus miembros, acusada de liderar un entramado de corrupción que habría defraudado al Estado provincial durante los últimos años con “ñoquis”, prestanombres y “chocolates”, según surge del requerimiento que ingresó al Palacio Legislativo.
El pedido de desafuero se centra en la senadora Flavia Delmonte (UCR) y llegó a la Cámara alta días atrás, firmado por el juez de Garantías de Dolores, David Leopoldo Mancinelli, basado en la investigación del fiscal Mario Rafael Flores.
Mancinelli consideró que para avanzar con la investigación criminal resulta necesario que el Senado le retire los fueros a Delmonte, que debería presentarse en los tribunales de Dolores junto a dos de sus máximos colaboradores, quienes también se encuentran bajo sospecha: Kevin Alan Razimoff, quien se desempeñaría como asesor, y Gonzalo Torrijo Fuertes, empleado.
El fiscal Pérez busca indagar a Delmonte, Razimoff y Torrijo Fuertes como presuntos coautores del delito de defraudación contra la administración pública, y requirió citar a declaración informativa a otras cinco personas, para luego determinar si continúan como testigos o si debe, por el contrario, encuadrarlos como miembros del presunto entramado delictivo que desfalcó las arcas públicas.
La investigación se inició en 2021, es decir, antes de que estallara el escándalo protagonizado por Julio “Chocolate” Rigau, aunque registra similitudes notables. Delmonte, a través de sus colaboradores, habría montado una red de prestanombres y “ñoquis” a los que designaba como empleados y accedían a obra social y aportes jubilatorios, pero debían entregarle parte o todo de sus salarios, confirmaron a fuentes del la nacion Ministerio Público bonaerense.
¿Quiénes serían esos presuntos “ñoquis” y prestanombres? Incluiría, en un listado inicial, a un comerciante radicado en Pinamar, a una vecina oriunda de Punta Lara, a un abogado y a un maestro mayor de obras domiciliados en Mar del Tuyú, y a una concejal de Mar del Plata, también por el radicalismo.
Antes de dar a conocer esta información, intentó obtener la nacion una respuesta de la senadora Delmonte. Su versión de los hechos llegó una vez publicada la nota. La senadora dijo que quien denunció el caso ante la fiscalía fue una “excolaboradora” suya, que es “hermana de crianza” de su exesposo y sostuvo que todo obedece a un conflicto relacionado con su divorcio y que el objetivo es perjudicarla políticamente. “Las personas que se encuentran mencionadas y citadas a prestar declaración son personas honestas y de bien, que fueron y algunos aun son parte de mi equipo de trabajo y de militancia, demás está decir que ninguno es ‘ñoqui’. Otros han sido colaboradores técnicos en el rol que me toca desempeñar como autoridad de una Comisión o trabajan en el territorio, y otros ni siquiera formaron parte del despacho”, afirmó Delmonte.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA