Ya no habrá intermediarios entre afiliados y prepagas
Desde el lunes, se harán aportes sin pasar por una obra social.
Ignacio Grimaldi
El próximo lunes se pondrá en marcha el registro de agentes de salud en el que estarán todas las obras sociales y las prepagas que reciben aportes salariales del sistema de seguridad social. Al estar allí inscriptas, sin opción, todas las entidades deberán recibir de manera directa, sin intermediarios, el dinero de los aportes, si el trabajador lo solicita. Así lo confirmaron funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que ganó protagonismo durante la puja con las prepagas por las subas de cuotas, que el propio Gobierno había liberado.
Las autoridades consideran que, con la novedad, en el sector se viene “una motosierra que no corta el árbol, sino que lo deja más lindo”. Pretenden que sea el fin de los contratos de triangulación entre empresas prepagas y obras sociales, vigentes desde hace décadas.
Semanas atrás, el ministro de Salud, Mario Lugones, les había dicho a los dueños de las principales prepagas –hasta ese entonces díscolas para anotarse en el registro para recibir aportes sin el esquema de triangulación–, que sería obligatorio inscribirse si quieren seguir con planes financiados en alguna medida por los aportes de la seguridad social. Y eso fue establecido mediante la resolución 3284 de la Superintendencia de Servicios de Salud, de principios de octubre, que fijó el 1° de diciembre como fecha de su entrada en vigencia. De esta manera, a partir del próximo lunes cualquier afiliado podrá solicitar que sus aportes vayan directamente a las arcas de la empresa de medicina privada.
Según fuentes oficiales, son 4,3 millones las personas que podrían solicitar el fin de la triangulación, a través de un sitio que habilitará Salud. Es decir, los afiliados elegirán si continúan con la derivación de fondos a obras sociales o si piden interrumpir este esquema, al que en el Gobierno catalogan como “el peaje de la salud”. La comisión cobrada por la intermediación representa entre un 3% y 7% del valor del servicio, según el caso, según los funcionarios. Quitar ese costo podría redundar en cuotas más bajas o en menores subas, pero eso dependerá de las decisiones de las prepagas.
En la superintendencia dijeron que se trabaja en una adaptación de la app Mi Argentina para que un usuario pueda ver cuánto de sus aportes va a la prepaga y cuánto a una obra social. Según dijeron, solo en noviembre la triangulación absorbió $41.158 millones.
Los fondos de la triangulación representan un poco más del tercio del monto que va al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), al que se destina el 15% de los aportes.
Entre otras cosas, el FSR y según detallaron en la Superintendencia, debe cubrir los gastos para atención médica de personas con discapacidad. Y en este punto el Gobierno planea abrir un gran debate que puede impactar con fuerza en las cuentas de los gobernadores.
Los números de la Superintendencia muestran que la cantidad de afiliados al sistema de la seguridad social con discapacidad que recibieron ayuda del FSR (alimentado con aportes de los trabajadores) aumentó 13,5% entre noviembre de 2023 y el mismo mes de este año.
A su vez, en la dependencia afirman que el subsidio per cápita aumentó 150,7% para el mismo período; es decir, por debajo de la inflación, que hasta octubre acumuló una variación interanual de 193% . Sin embargo, al tener en cuenta solo lo sucedido durante este año, el subsidio per cápita subió 132,5%, cifra que se ubica por arriba del 108,4%, el nivel en que variaron los precios en la categoría “salud” del índice elaborado por el Indec.
Pero la discusión que plantea el Gobierno y que puede impactar en las cuentas provinciales no es el grado de cobertura que reciben las personas con discapacidad. El debate pasa por quién debería hacerse cargo de los costos de algunos servicios, que hoy se pagan con recursos del mencionado fondo solidario del sistema. En noviembre esas coberturas demandaron $88.225 millones y en lo que va del año, $671.530 millones. De acuerdo con cálculos de funcionarios de Salud, dos tercios de ese dinero se destinó a gastos de educación y transporte.
Más allá de señalar que detectaron facturaciones truchas o con errores humanos, los funcionarios dicen que educación y transporte son funciones que les corresponden a las jurisdicciones. Por lo tanto, proponen que las provincias se hagan cargo de dicha erogación, que en 2024 ronda los $450.000 millones.
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Cuánto aumentarán los impuestos en la provincia durante el año que viene
El gobierno bonaerense dio los detalles de las alzas propuestas en los inmobiliarios urbano y rural y en patentes
Francisco Jueguen
Luego de este año en el que las subas oficiales dispuestas generaron polémica entre los bonaerenses, el gobierno de la provincia de Buenos Aires propuso aumentos para los impuestos patrimoniales –patentes e inmobiliarios urbano y rural, entre otros– de entre 19% (el máximo) y 28%, respectivamente.
Si bien el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, ya había presentado el presupuesto 2025 en la Legislatura, quien dio anteayer los detalles ante ese cuerpo sobre cómo se moverá el año que viene el frente impositivo fue el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard.
Además de los detalles sobre los incrementos, el titular de ARBA adelantó que volverán a implementarse algunas bonificaciones que este año se habían eliminado generando que los contribuyentes pagaran más a fin de cuenta, al tiempo que prometió que no habrá una cuota extra, como tuvieron que abonar aquellos que debieron afrontar el inmobiliario urbano y rural (una sexta y quinta cuota adicional). Por otra parte, también aseguró no habrá que adelantos extraordinarios de ingresos brutos para los grandes contribuyentes (empresas), algo que Axel Kicillof impulsó durante este año.
Según los detalles a los que accedió la nacion, el inmobiliario urbano tendrá un ajuste del coeficiente de cálculo de base imponible y los valores mínimos y máximos de cada tramo, pero se mantendrán las alícuotas. El tope plano para el aumento de este impuesto será de 28%. Se trata del máximo incremento para todos desde la última cuota pagada en 2024 (sin contemplar el adicional que se cobró este año) y la primera a desembolsar durante 2025. Más allá de esta suba máxima impuesta, similar a la inflación prevista por el relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central para el año que viene, ARBA tiene la potestad de retocar las cuotas según el movimiento de los precios (hasta dos veces la tasa de descuento del Banco Provincia a 30 días). De hecho, este año había ajustado la segunda cuota un 20%.
Según los datos oficiales, el 49,6% de las partidas tendrán un aumento anual que no supera los $5000. Esto implica un alza de $1000 en cada una de las cuotas a pagar. Por ejemplo, una casa en Vicente López con 113 metros edificados (y unos 180 metros de terreno) con un valor de mercado de US$122.000 pagaba un impuesto anual de $28.602 el año pasado y pasará a abonar ahora $36.610 (cuota de $7322).
Una casa en San Isidro de 325 metros cuadrados (terreno de 967 metros) con valor de US$845.000 pagaba $1.891.667 al año y pasará ahora a $2.421.334 (cuota de $484.267). Una casa en Tigre de US$901.000 (1029 metros totales) pasará de abonar $2.702.979 en 2024 a $3.459.807 (cuota de $691.961), según el detalle que brindó ARBA en la Legislatura.
Una casa en General Pueyrredón
con 150 metros edificados (180 metros en total) y un valor de mercado de US$195.000 pagó un impuesto anual este año de $74.952. En 2025 sería de $95.934. Con una cuota de $16.188. Una en Quilmes de 248 metros totales (un valor de US$54.900) pagaba $14.265 al año y ahora abonaría $18.259 con una cuota $3652. Otra en Avellaneda, de 239 metros totales y un valor de mercado de US$188.200, pagaba $220.279 anuales y ahora pasará a abonar $281.957 con una cuota que orillará, según ARBA, los $56.391.
El pago anual del impuesto implicará una bonificación, contaron, de alrededor del 13% del urbano. Volverían –se están discutiendo en la Legislatura bonaerense si es por ley o no– los descuentos por buen contribuyente y por adhesión al débito automático (un 10% en total, o sea, 5% cada uno).
El gobierno de Kicillof presentó su proyecto de ley impositiva 2025
Se prevé que la discusión se dé en la Legislatura durante el mes que viene
Para el inmobiliario rural también se ajustan el coeficiente de cálculo de base imponible de tierra y edificios, y los valores mínimos y máximos de cada tramo. Se mantienen las alícuotas. Se fijará un tope plano –o sea, para todos los contribuyentes– de las alzas de hasta un 28% entre la última cuota de 2024 y la primera de 2025. ARBA podrá actualizar en el medio. De hecho, este año lo hizo en la cuota tres. El 74,3% de las partidas tendrá una suba anual de $80.000 ($20.000 en cada cuota). El pago anual tiene una bonificación por 10%. Se puede sumar buen contribuyente y débito automático si tiene partida “cuitificada”. El descuento máximo a dar es del 15%.
En el caso de la patente automotor, ARBA explicó que se actualizan las valuaciones fiscales según información de Acara, y los valores mínimos y máximos de cada tramo “para lograr una distribución homogénea”. Agregaron que no se “descentralizan” (no les darán el cobro a los municipios) de los modelos 2014. Es probable que luego, en las negociaciones, terminen transferidos. Las alícuotas se mantendrán en el mismo nivel. En este impuesto se fija un tope plano de 13,8% para los vehículos de menor valuación y de 19% para los de mayor valuación, en ambos casos respecto de la última cuota de 2024 anualizada. Los porcentajes de alza son menores en este gravamen porque en ARBA consideran que los revalúos de los inmobiliarios –se hacen cada diez años– implican tener esa recaudación impositiva más atrasada frente a la inflación. Caso contrario, con los autos prevalece más que con las casas o campos el valor de mercado.
Un Volkswagen Gol Trend (2015) pasará de pagar un impuesto anual de $73.873 a $84.067 en 2025; un Ford Fiesta 1.6 L S.E. (2017), de $193.947 a $220.711; un Focus 5P 2.0L LMT plus (2017), de $283.029 a $322.087; una Chevrolet S10 CD 2.8 TD 4X4 HC ATPICK-UP cabina doble (2017), de $615.011 a $699.882; y un BMW320 ISEDAN 4 puertas (2018), de $741.206 a $882.035.
“Para casi el 90% de los contribuyentes, el incremento en la patente será del 13,8%, muy por debajo de la inflación proyectada”, dijo Girard días atrás. “Los bonaerenses que están al día con sus impuestos podrán acceder a una reducción adicional del 15% en su pago final. Es decir, no solo evitarán un aumento desmedido, sino que además pagarán menos que este año”, explicó
ARBA administra cerca de 1,9 millones de automotores que tienen menos de 10 años de antigüedad en el parque automotor. “Para incentivar el cumplimiento fiscal, la Agencia implementará nuevas bonificaciones por buen contribuyente: 5% para quienes no acumulen deuda y 10% por pago anual, que se sumarán a los beneficios vigentes”, informó ARBA en un comunicado esta semana.
A modo de un ejemplo, un auto que este año pagó $73.873 de patente, dividido en cinco cuotas, en 2025 pagará $84.067; pero si accede a todos los beneficios y descuentos, se pagarán $71.457.
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