La importancia de un abrazo
Marcela Campagnoli
El conflicto del Canal de Beagle es un episodio histórico que marcó profundamente las relaciones entre la Argentina y Chile. Este conflicto territorial, centrado en la soberanía de las islas ubicadas al sur del Canal de Beagle, al este del meridiano del Cabo de Hornos y sus espacios marítimos adyacentes, se desarrolló durante gran parte del siglo XX. Sus primeros antecedentes datan de 1888, 7 años después de la firma del Tratado de Límites. A pesar del pequeño tamaño de las islas, su valor estratégico entre los océanos Atlántico y Pacífico generó tensiones entre ambos Estados sudamericanos; su ubicación geográfica implicaba una disputa entre los intereses geopolíticos contrapuestos de ambas naciones.
El centro del litigio fue la soberanía de las islas de Lennox, Picton y Nueva, en función de la importancia económica de sus aguas y fondos marinos y de la proyección continental hacia la Antártida. El conflicto escaló en el siglo XX, con la Argentina y Chile disputándose la soberanía de las islas y los derechos oceánicos generados por ellas. El Tratado de Límites de 1881 establecía la frontera entre la Argentina y Chile, pero no especificaba claramente a quién pertenecían las islas ubicadas en el Canal de Beagle. Esto llevó a interpretaciones contradictorias de ambos países, dando origen al conflicto. A pesar de las crecientes tensiones, ambos países intentaron resolver la disputa de manera pacífica. En 1971, los presidentes Salvador Allende, de Chile, y Alejandro Agustín Lanusse, de la Argentina, firmaron un compromiso de arbitraje, sometiéndose al arbitraje de la reina Isabel II de Inglaterra. En 1977 se dio a conocer el laudo arbitral, que otorgó derechos de navegación en el canal a ambos países, quedando Chile con la mayor parte de las islas y los derechos oceánicos. Sin embargo, el gobierno argentino declaró el fallo “insubsanablemente nulo”, y ordenó el movimiento de tropas en la zona en conflicto, a lo que Chile respondió con similares preparativos de guerra; el gobierno argentino reactivó sus reclamaciones hasta el Cabo de Hornos, incluyendo en la disputa a parte de las islas Wollaston y de las islas Hermite. El 22 de diciembre de 1978, la junta militar argentina ordenó la Operación Soberanía: invasión de las islas en disputa. Sin embargo, se retractó de su ejecución cuando el choque de la Escuadra de Chile y la Flota de Mar argentina era inminente. En 1978, el gobierno argentino solicitó la mediación del papa Juan Pablo II, que quedó oficializada por medio del Acta de Montevideo, firmada el 8 de enero de 1979.
El conflicto del Beagle se vio afectado por la Guerra de las Malvinas, en 1982, que implicó a la Argentina y el Reino Unido. Este evento internacional aumentó la tensión en la región y complicó aún más las negociaciones entre la Argentina y Chile. En 1982, durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, la situación se volvió aún más tensa. El régimen de Pinochet se mostró reacio a ceder en las negociaciones y mantuvo una postura beligerante. Como resultado de esta mediación papal, en 1984 ambos países firmaron el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, el cual otorgó derechos de navegación a los dos países, la mayor parte de las islas a Chile y la mayor parte del territorio marítimo a la Argentina.
En 1984, el gobierno del presidente Raúl Alfonsín realizó una consulta popular no vinculante sobre el Tratado de Paz y Amistad. La mayoría de los argentinos apoyaron el tratado, lo que contribuyó a su posterior ratificación. Finalmente, el 29 de noviembre de 1984, la Argentina y Chile firmaron el Tratado de Paz y Amistad en el Vaticano. Este tratado resolvió el conflicto, reconociendo la frontera trazada por el laudo arbitral en el Canal de Beagle otorgando las islas en la mitad norte del canal a la Argentina, y las islas en la mitad sur a Chile. Pero no solo eso, sino que este tratado marcó el comienzo de una nueva era de cooperación y amistad entre ambos países. Con la firma del tratado los Estados se comprometen a respetar la obligación de solucionar siempre todas sus controversias por medios pacíficos y de no recurrir jamás a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones mutuas e intensificar la cooperación económica y la integración física de sus países. Gracias a él ambos países trabajan de manera coordinada y mancomunada ratificando la inquebrantable unión y hermandad que debe prevalecer en la región.
Qué bueno sería que, superando diferencias, los presidentes Gabriel Boric y Javier Milei se reunieran a conmemorarlo, sellando en un abrazo los buenos deseos de los pueblo chileno y argentino.
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la HCDN
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Una transformación cada día más urgente
Roberto García Moritán
LaCarta de las Naciones Unidas cumplirá 80 años en 2025 y el organismo que fue creado para atender las variaciones del orden internacional y actuar en circunstancias de máxima tensión y mínimo acuerdo parece desbordado en la misión primordial de paz y seguridad. Al final del primer cuarto del siglo XXI, los Estados miembros se encuentra ante el dilema de inaugurar una fase transformadora de diplomacia multilateral adoptando las reformas estructurales que permitan afrontar los desafíos económicos y políticos del momento o sufrir los efectos de una institución que ya no representa los equilibrios de poder del mundo actual.
Desde esa perspectiva es hora de debatir la mejor forma de reencauzar a las Naciones Unidas. El tiempo transcurrido muestra que ha cuadruplicado su membrecía (de 51 integrantes originales a 193) y multiplicado por 20 las agencias afiliadas conocidas como programas, fondos y organismos especializados. También ha llegado el momento de ordenar los métodos de trabajo para que las decisiones se reposicionen en un escenario internacional que reclamas cambios profundos. Es urgente aligerar el sistema multilateral, hacerlo más eficaz y sobre todo más relevante.
Es central en ese proceso una revisión del papel y las prioridades de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en particular encarar la reforma el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU), que es el único órgano con la responsabilidad cardinal para adoptar decisiones obligatorias en cuestiones que hacen a la paz y las seguridades internacionales. Desde 1945 el CSNU solo ha experimentado una modificación de las normas de procedimiento y una expansión de su integración pasando de once a quince escaños no permanentes (enmiendas a los artículos 23, 27,61 y 109 de la Carta aprobado por la AGNU en 1963).
La realidad actual muestra que el derecho al veto de los 5 miembros permanentes (Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia) es el factor principal que contribuye a su disfuncionalidad y a la parálisis del CSNU. Tampoco la actual representatividad geográfica no permanente es adecuada y representativa. Es necesario una nueva ampliación en la categoría de miembros no permanentes de hasta un número que le permita asegurar la ejecutividad en el desempeño del CSUN con el correspondiente equilibrio regional. Ya no hay lugar para el privilegio de bancas permanentes y menos aún con derecho a veto.
La inacción diplomática para encarar esa reforma podría seguir debilitando la credibilidad y confianza en el sistema multilateral con el riesgo de acelerar la fragmentación de las diluidas agendas temáticas. El desencanto ha llevado a que otras agrupaciones informales como los grupos “G” hayan ido ocupando espacios cada día más significativos en materia de gobernanza global, como el G 7 (países industrializados occidentales) y el G 20 (países industrializados y emergentes).
Es probable que hasta que Estados Unidos y China decidan asumir mayor centralidad como fenómeno de interdependencia bilateral y multilateral, el sistema de las Naciones Unidas siga atascado en el statu quo. Es de esperar que en algún momento el G 2 reconozca la importancia de encarar el rediseño de una arquitectura multilateral acorde con las transformaciones y los equilibrios de poder que va planteando el siglo XXI.
La próxima elección del secretario general de las Naciones Unidas podría ser la ventana de oportunidad para salir del impasse diplomático e incentivar un proceso que dé vitalidad a la ONU, revise las agendas multilaterales y, a la vez, sea capaz de abordar con determinación los variados desafíos a la paz y a la seguridad internacional. En la transición y para salvaguardar los beneficios del multilateralismo sería recomendable un mayor esfuerzo diplomático colectivo para seguir manteniendo los principios fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas.
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Podría decirse que la reciente media sanción del proyecto de ley contra la ludopatía infantil y juvenil por parte de la Cámara de Diputados de la Nación ha sido un primer paso tendiente a enfrentar un flagelo que afecta a cada vez más familias argentinas. Sin embargo, es preciso avanzar mucho más frente a un problema que ha tenido como cómplices a no pocos representantes de la dirigencia política que han apañado a una nefasta industria del juego, y a algunas figuras de relevancia pública que han contribuido a su crecimiento exponencial.
La Cámara baja aprobó anteanoche un proyecto que, además de prohibir el acceso de menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas, propicia limitar fuertemente la publicidad de esos sitios online en redes sociales y medios de comunicación, como también el esponsoreo a equipos de fútbol por parte de empresas de aquel rubro.
Lamentablemente, no existió la necesaria voluntad política para que todas las principales fuerzas con representación parlamentaria se unieran en pos de un proyecto común. De este modo, la iniciativa, con 139 votos a favor, 36 en contra y 59 abstenciones, solo fue apoyada por los bloques de diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y otras expresiones menores. Tanto La Libertad Avanza como Pro y la UCR defendieron un dictamen minoritario.
El tratamiento de la cuestión en la Cámara de Diputados se produjo luego de que las nuevas autoridades de la Comisión Episcopal de Pastoral Social enviaron al presidente del cuerpo legislativo, Martín Menem, y a los titulares de los bloques una carta para pedir el urgente tratamiento de la cuestión. En julio último, el documento pastoral titulado “Apostar no es un juego” ya recogía esa inquietud. También el papa Francisco abordó el tema en el reciente libro La esperanza no defrauda nunca, donde distingue entre juego y adicción, y plantea que el ciberjuego es una falsa ilusión de salvación individual en medio de contextos de crisis cada vez más extendido.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha informado que al menos el 36% de los 2765 menores de 18 años de 25 escuelas secundarias porteñas encuestados admiten haber apostado en sitios oficiales.
Se trata de un problema transversal a todos los niveles socioeconómicos, con mayor presencia entre varones (71%). Casi el 40% de los chicos consultados no distinguen entre sitios oficiales o ilegales de apuestas, lo que revela un preocupante desconocimiento que se agudiza a edades más tempranas.
Lo cierto es que mientras las plataformas legales de apuestas online aseguran tener rigurosos sistemas de validación de identidad para que no puedan jugar los menores, la realidad confirmaría la ineficiencia de esos procedimientos.
Consultados acerca de las motivaciones a la hora de apostar, la mención de ganar dinero (67%) daría cuenta de la rápida autonomía económica que persiguen. Solo el 25% expresa que lo hace para entretenerse y pasar el tiempo, y habría que ver qué tanto hay de cierto en esas afirmaciones.
Un dato no menor es que uno de cada cuatro jóvenes llega a las apuestas de la mano de algún influencer o de publicidad directa. Se trata de un insumo que nos obliga a reflexionar y a redoblar el compromiso de todos los actores involucrados para combatir de manera integral e interdisciplinaria estos peligrosos consumos digitales, para asegurar un uso mayoritariamente seguro y responsable. Fomentar una comunicación familiar y escolar preventiva más abierta y ahondar en el control parental es asimismo fundamental.
Nuestros representantes políticos no pueden ser cómplices de la instigación a la ludopatía. Lamentablemente, en demasiados casos, no solo son cómplices, sino que han sido y son actores principales y responsables del crecimiento de este flagelo que socava los cimientos de nuestra sociedad y que urge detener.
Frente a un problema cuya gravedad se acrecienta minuto tras minuto, no se puede seguir jugando con la vida de nuestros hijos.
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