El Banco Central avanzó en una nueva flexibilización del cepo
Amplía desde hoy plazos para ingresar divisas por exportaciones u obtenidas por vía financiera
Javier Blanco
Santiago Bausili, presidente del BCRA
El Banco Central (BCRA) avanzó ayer en una nueva flexibilización de las restricciones cambiarias al ampliar de 5 a 20 días hábiles el lapso con que cuentan los exportadores para ingresar y liquidar en el país las divisas cobradas del exterior, siempre que cumplan con los plazos que a su vez correspondan por la posición arancelaria de la mercadería vendida.
También amplió los plazos para el ingreso obligatorio de divisas “financieras”, es decir, que hayan sido captadas mediante la emisión de deuda o la captación de préstamos del exterior.
Hasta ahora era condición que esas divisas se liquidaran antes de que venciera el primer servicio de intereses pactado (normalmente es entre 90 y 180 días), pero desde hoy el plazo mínimo se correrá a 180 días, lo que en la práctica permitirá que se dejen los fondos en el exterior hasta esa fecha.
Con esta adaptación, que busca facilitar a estas empresas y personas exportadoras la administración de sus divisas, y fue dispuesta por la comunicación A 8137, la entidad avanzó en la vigésima octava flexibilización del cepo. Esto implica que removió una traba cambiaria cada 11 días, aunque en los últimos dos meses lo viene haciendo a un ritmo semanal.
En el caso de exportaciones de bienes, existe hoy un plazo para el cumplimiento de la obligación de ingreso de divisas que va entre 15 días (aplica para embarques de soja, maíz y trigo) y 180 días corridos a contar desde la fecha de embarque, que dependen de la posición arancelaria, y se extiende a 365 días corridos para las exportaciones que se concreten en el marco del régimen “Exporta simple”. Con la flexibilización, el plazo más corto, que rige para los granos, se lleva ahora a 30 días corridos.
“Complementariamente, si el exportador cobra su venta al exterior, contaba actualmente con un plazo de 5 días hábiles para su ingreso y liquidación, siempre sujeto al cumplimiento del plazo que corresponda por Posición Arancelaria (PA). Ahora se amplía a 20 días hábiles”, explicaron desde la entidad.
Así, por caso, “alguien que tiene un plazo de 180 días corridos por PA y cobra el día 60 tenía hasta ahora 5 días a partir de la fecha de cobro para liquidar. Ahora tendrá 20 hábiles desde el cobro. Si cobra el día 170, ya que los 20 días hábiles se pasan de los 180, aplica 180”, agregaron.
Las constantes adecuaciones al cepo –que acortaron plazos para hacer pagos por importaciones buscando que las empresas locales puedan normalizar su vínculo financiero con proveedores del exterior y ahora amplían plazos para liquidar divisas para que recuperen autonomía en el manejo de sus flujos– muestran una voluntad de regularizar las relaciones con el resto del mundo. Pero, a la vez, confirman que la administración Milei no está pensando en un desarme del cepo en el corto plazo, algo entendible si se tiene en cuenta que, pese al aumento sostenido en sus reservas brutas, el BCRA mantiene una tenencia muy negativa de reservas netas o propias.
De hecho, cuando el Gobierno transfiera los US$2900 millones comprados el lunes y ayer depositados en sus cuentas para hacer frente al pago a los bonistas el próximo 9 de enero –dado que ha definido honrar ese compromiso de esa manera, sin acudir a financiamiento externo o la posibilidad de un canje–, esa posición podría quedar negativa en entre US$6000 y US$7000 millones.
Es un dato que explica la prudencia oficial con relación a la posibilidad de avanzar en una remoción general de las restricciones cambiarias aún vigentes. Por caso, entre las condiciones generales de acceso al mercado para cualquier concepto de salida de divisas del país, se mantiene el requisito de presentar una declaración jurada respecto de que no se cuenta con fondos de libre disponibilidad en el exterior por más de US$100.000.
A su vez, la Comunicación “A” 8137, al estandarizar los plazos, reduce de 90 a 30 días el plazo para el pago de importaciones de servicios no vinculadas con servicios culturales, personales y recreativos.
Las adaptaciones se conocieron en una jornada en la que el BCRA extendió su racha compradora de reservas, al cerrar sus intervenciones sobre el mercado oficial con un saldo favorable de US$11 millones, en una jornada de menor actividad por un feriado en Estados Unidos.
Así, lleva adquiridos US$1610 millones por esta vía en lo que va del mes en el mercado de cambios y US$3333 millones desde que inició esta seguidilla, 42 ruedas atrás.
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Milei dispara en X, pero también negocia
Florencia Donovan
“Miren lo que yo hago, no lo que yo digo”, solía decir el expresidente Néstor Kirchner a los empresarios con los que se juntaba. En política, el relato oficial suele tener dos caras. El mundo libertario no es la excepción. El Gobierno demostró un pragmatismo del que solo el peronismo más curtido hubiera podido hacer gala.
No solo fue el acting ayer ante la casta política para evitar que se sancionara la ley de ficha limpia, que hubiera dejado a Cristina Kirchner fuera de combate en las próximas elecciones. Con empresarios y con sindicatos, La Libertad Avanza (LLA) trabajó una agenda muy alejada de la que viene construyendo minuciosamente en redes sociales.
En el relato de LLA pareciera no haber consideración por los empresarios prebendarios, que han vivido de la teta del Estado, cobrándoles a los consumidores cualquier dislate por productos en muchos casos hasta de dudosa calidad. Hay un empresariado bueno, el de los unicornios de tecnología, que han sabido surgir a pesar de las trabas de todos los gobiernos –caso de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre–, y uno malo, que siempre supo aprovechar las ventajas de un Estado siempre dispuesto a hacer concesiones. El faltazo de las principales figuras del gabinete a la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) esta semana coincide con esta lógica. Pese a no rechazar casi invitaciones del sector privado, ni el ministro Luis Caputo ni el presidente Javier Milei aceptaron participar del encuentro. “Váyanse a cagar”, les disparó en X el diputado libertario José Luis Espert, por si había necesidad de reafirmar el mensaje.
Pero no todo es confrontación. La semana que viene está previsto que los integrantes del comité ejecutivo de la UIA visiten al ministro Caputo en la sede del Palacio de Hacienda. El próximo jueves, en tanto, confirmó su presencia en un desayuno en la sede de la UIA el ministro desregulador, Federico Sturzenegger. “La política industrial que anuncia todos los días el Gobierno es pésima –se sinceró un industrial fabricante de electrodomésticos –. Pero la que practica no”, admitió. Después del duro discurso del titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), Martín Rapallini, en la Conferencia Anual de la UIA, en la gremial empresaria se decidió también bajar el nivel de confrontación.
La decisión del Gobierno de enviar al Congreso finalmente un proyecto de “mini RIGI” –un régimen de inversiones destinado a pymes– es otra señal de acercamiento a las empresas; se trataba de un reclamo de hace meses. Pero no es la única. Con el argumento de que se trata de un “derecho adquirido”, LLA no ha avanzado tampoco sobre el cuestionado régimen de Tierra del Fuego, criticado abiertamente por libertarios como el propio Espert, ya que beneficia especialmente a dos compañías: Newsan, de Rubén Chernajosky, y Mirgor, de Nicolás “Nicky” Caputo. De hecho, el secretario de Coordinación, Juan Pazo, le encomendó a Ornella Calvete, directora de Análisis de Cadenas de Valor, un seguimiento de los negocios de la isla. Calvete pidió información a los operadores de la isla y se embarcó en la readecuación de los procesos productivos. Ni señales de que vayan a cambiar las reglas del juego.
Es cierto que con el nuevo régimen de courier que entrará en vigor en diciembre –que amplía de US$1000 a US$3000 el monto límite de compra y con el que además se eliminaron aranceles para productos de menos de US$400– muchos industriales se pusieron en alerta. Pero ellos y el Gobierno saben que es difícil competir con una de las cargas impositivas más altas de la región, además de un régimen laboral que –aunque mejoró levemente– sigue siendo un corsé para los empleadores. Solo la litigiosidad laboral es un problema que no encuentra solución: en los primeros 10 meses del año subió 7,6% versus 2023 (año en el que había crecido en un 25%), de acuerdo con un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART).
Tal vez eso explique en parte por qué, según los últimos datos disponibles del Banco Central (BCRA), el número de cuentas sueldo no deja de caer: de diciembre de 2023 a agosto pasado, hay en el sistema financiero 228.460 cuentas menos. Hay varias empresas de consumo masivo que admiten que tienen previsto seguir achicando su plantilla laboral. Eso sí, tanto nacionales como extranjeras saben que no deben confrontar con el relato oficial. En lo posible, el ajuste deberá ser silencioso. En las provincias, hay gobernadores que abiertamente se lo piden a los empresarios. Es justo preguntarse si los recortes obedecen a la nueva política
“El miedo es si se sostiene la política económica”, explica un industrial
La próxima semana, la UIA se reunirá con Luis Caputo en el Palacio de Hacienda
libertaria o a una Argentina que acarrea un problema reputacional que hace que no termine de ser confiable, no importa quién ocupe el sillón de Ri va da vi a .“El miedo que tienen todos no es competir, porque en última instancia uno se prepara para un escenario distinto, de mayor importación. El miedo es si se sostiene la política económica”, explica un industrial.
El ministro Caputo espera seguir haciendo anuncios en los próximos días para darle certeza al mercado de que los pilares del plan económico son innegociables. Dirá que, en noviembre, el Estado obtuvo –una vez más– superávit primario y financiero –esto es, después del pago de intereses de la deuda–. En diciembre, en Hacienda descuentan que será muy difícil que se sostenga el superávit, pero así y todo el año cerrará con un balance positivo. Nadie pensaba que era posible 12 meses atrás. Esta semana, en tanto, el Gobierno compró los US$2800 millones necesarios para el pago de capital de los bonos que vencen en enero. Resta que transfiera al exterior, anticipadamente en custodia del Bank of New York (BoNY), la porción correspondiente a los bonos de legislación internacional, como hizo hace algunas semanas con el dinero correspondiente al pago de intereses. Es posible que, pese a que el anuncio del pago se hizo hace semanas, esa operación demore algunos días más. Nadie quiere ver las reservas del Banco Central cayendo en tal magnitud de un día para el otro.
Pese a reconocer la necesidad de avanzar en una reforma profunda, en el ámbito laboral también hay un gobierno que es pragmático. Ante una debilidad política de origen, LLA optó por ceder –al menos temporariamente– a varias de las exigencias de la casta sindical. Se ocupó esta semana de que no saliera en el Congreso la ley de democracia sindical, que modificaba la financiación de los sindicatos eliminando la obligatoriedad de la cuota solidaria, y además prohibía la reelección indefinida de sus dirigentes. Y no reglamentó nunca el capítulo de la Ley Bases que consideraba “grave injuria laboral” la participación activa de trabajadores en bloqueos o tomas de establecimientos. La decisión de la CGT de desactivar cualquier iniciativa de paro no es altruista.
Los empresarios se aprestan a un escenario mucho más competitivo. No hay hombre de negocios que no reconozca que sus márgenes se achicaron. Ya nadie prevé que la inflación esconda ineficiencias o los “proteja” de eventualidades macroeconómicas. No hay chances de poner cualquier precio. “Es la primera vez en mi vida que planifico tantos meses antes –se sincera un empresario–. Ya estamos negociando con los retailers, que saben que si esperan hasta entrado 2025 ya no manejan precio. Hay que prepararse para competir. No sabíamos lo que era competir”. Entre los hombres de negocios, es cierto, hay gran preocupación por la devaluación que viene sufriendo el real brasileño, que ayer llegó a superar las 6 unidades por dólar. Las devaluaciones en Brasil (21% subió la moneda norteamericana en el año), a diferencia de lo que sucede en la Argentina, no suelen trasladarse rápidamente a los precios. Y hay muchos productos brasileños que pueden entrar al mercado argentino con cero arancel. La reunión de presidentes del Mercosur la semana que viene en Uruguay no viene bien. Hasta ayer, todavía no estaba claro si se iba a poder avanzar en la agenda con la Unión Europea (UE).
En el Gobierno, no obstante, son conscientes de que corren una carrera contra reloj. Es muy finito el equilibrio entre la demanda de pragmatismo de la política y la necesidad de avanzar con reformas que le permitan al empresariado argentino mantener algo de competitividad. Ayer, en una reunión en la Subsecretaría de Puertos, se acordó con los usuarios de la Hidrovía realizar algunas aclaraciones al pliego de concesión que se publicó la semana pasada y que, según denunciaron algunos legisladores de la oposición, como Nicolás Massot, parece “absolutamente direccionado” para la compañía Jan de Nul.
El subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, les aseguró a los presentes en la reunión que tenía la orden directa del Presidente de avanzar cuanto antes en la licitación y de hacerla en un esquema de competencia. Podría dejarse asentado por escrito que, en caso de registrarse un único oferente, se declarará desierta la licitación. Habrá que controlar que no haya vivillos con dragas de juguete con tal de hacer número. El Gobierno tiene la oportunidad de cambiar el país. El riesgo de quedar cooptado por la casta, siempre está.
El Banco Central (BCRA) avanzó ayer en una nueva flexibilización de las restricciones cambiarias al ampliar de 5 a 20 días hábiles el lapso con que cuentan los exportadores para ingresar y liquidar en el país las divisas cobradas del exterior, siempre que cumplan con los plazos que a su vez correspondan por la posición arancelaria de la mercadería vendida.
También amplió los plazos para el ingreso obligatorio de divisas “financieras”, es decir, que hayan sido captadas mediante la emisión de deuda o la captación de préstamos del exterior.
Hasta ahora era condición que esas divisas se liquidaran antes de que venciera el primer servicio de intereses pactado (normalmente es entre 90 y 180 días), pero desde hoy el plazo mínimo se correrá a 180 días, lo que en la práctica permitirá que se dejen los fondos en el exterior hasta esa fecha.
Con esta adaptación, que busca facilitar a estas empresas y personas exportadoras la administración de sus divisas, y fue dispuesta por la comunicación A 8137, la entidad avanzó en la vigésima octava flexibilización del cepo. Esto implica que removió una traba cambiaria cada 11 días, aunque en los últimos dos meses lo viene haciendo a un ritmo semanal.
En el caso de exportaciones de bienes, existe hoy un plazo para el cumplimiento de la obligación de ingreso de divisas que va entre 15 días (aplica para embarques de soja, maíz y trigo) y 180 días corridos a contar desde la fecha de embarque, que dependen de la posición arancelaria, y se extiende a 365 días corridos para las exportaciones que se concreten en el marco del régimen “Exporta simple”. Con la flexibilización, el plazo más corto, que rige para los granos, se lleva ahora a 30 días corridos.
“Complementariamente, si el exportador cobra su venta al exterior, contaba actualmente con un plazo de 5 días hábiles para su ingreso y liquidación, siempre sujeto al cumplimiento del plazo que corresponda por Posición Arancelaria (PA). Ahora se amplía a 20 días hábiles”, explicaron desde la entidad.
Así, por caso, “alguien que tiene un plazo de 180 días corridos por PA y cobra el día 60 tenía hasta ahora 5 días a partir de la fecha de cobro para liquidar. Ahora tendrá 20 hábiles desde el cobro. Si cobra el día 170, ya que los 20 días hábiles se pasan de los 180, aplica 180”, agregaron.
Las constantes adecuaciones al cepo –que acortaron plazos para hacer pagos por importaciones buscando que las empresas locales puedan normalizar su vínculo financiero con proveedores del exterior y ahora amplían plazos para liquidar divisas para que recuperen autonomía en el manejo de sus flujos– muestran una voluntad de regularizar las relaciones con el resto del mundo. Pero, a la vez, confirman que la administración Milei no está pensando en un desarme del cepo en el corto plazo, algo entendible si se tiene en cuenta que, pese al aumento sostenido en sus reservas brutas, el BCRA mantiene una tenencia muy negativa de reservas netas o propias.
De hecho, cuando el Gobierno transfiera los US$2900 millones comprados el lunes y ayer depositados en sus cuentas para hacer frente al pago a los bonistas el próximo 9 de enero –dado que ha definido honrar ese compromiso de esa manera, sin acudir a financiamiento externo o la posibilidad de un canje–, esa posición podría quedar negativa en entre US$6000 y US$7000 millones.
Es un dato que explica la prudencia oficial con relación a la posibilidad de avanzar en una remoción general de las restricciones cambiarias aún vigentes. Por caso, entre las condiciones generales de acceso al mercado para cualquier concepto de salida de divisas del país, se mantiene el requisito de presentar una declaración jurada respecto de que no se cuenta con fondos de libre disponibilidad en el exterior por más de US$100.000.
A su vez, la Comunicación “A” 8137, al estandarizar los plazos, reduce de 90 a 30 días el plazo para el pago de importaciones de servicios no vinculadas con servicios culturales, personales y recreativos.
Las adaptaciones se conocieron en una jornada en la que el BCRA extendió su racha compradora de reservas, al cerrar sus intervenciones sobre el mercado oficial con un saldo favorable de US$11 millones, en una jornada de menor actividad por un feriado en Estados Unidos.
Así, lleva adquiridos US$1610 millones por esta vía en lo que va del mes en el mercado de cambios y US$3333 millones desde que inició esta seguidilla, 42 ruedas atrás.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Milei dispara en X, pero también negocia
Florencia Donovan
“Miren lo que yo hago, no lo que yo digo”, solía decir el expresidente Néstor Kirchner a los empresarios con los que se juntaba. En política, el relato oficial suele tener dos caras. El mundo libertario no es la excepción. El Gobierno demostró un pragmatismo del que solo el peronismo más curtido hubiera podido hacer gala.
No solo fue el acting ayer ante la casta política para evitar que se sancionara la ley de ficha limpia, que hubiera dejado a Cristina Kirchner fuera de combate en las próximas elecciones. Con empresarios y con sindicatos, La Libertad Avanza (LLA) trabajó una agenda muy alejada de la que viene construyendo minuciosamente en redes sociales.
En el relato de LLA pareciera no haber consideración por los empresarios prebendarios, que han vivido de la teta del Estado, cobrándoles a los consumidores cualquier dislate por productos en muchos casos hasta de dudosa calidad. Hay un empresariado bueno, el de los unicornios de tecnología, que han sabido surgir a pesar de las trabas de todos los gobiernos –caso de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre–, y uno malo, que siempre supo aprovechar las ventajas de un Estado siempre dispuesto a hacer concesiones. El faltazo de las principales figuras del gabinete a la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) esta semana coincide con esta lógica. Pese a no rechazar casi invitaciones del sector privado, ni el ministro Luis Caputo ni el presidente Javier Milei aceptaron participar del encuentro. “Váyanse a cagar”, les disparó en X el diputado libertario José Luis Espert, por si había necesidad de reafirmar el mensaje.
Pero no todo es confrontación. La semana que viene está previsto que los integrantes del comité ejecutivo de la UIA visiten al ministro Caputo en la sede del Palacio de Hacienda. El próximo jueves, en tanto, confirmó su presencia en un desayuno en la sede de la UIA el ministro desregulador, Federico Sturzenegger. “La política industrial que anuncia todos los días el Gobierno es pésima –se sinceró un industrial fabricante de electrodomésticos –. Pero la que practica no”, admitió. Después del duro discurso del titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), Martín Rapallini, en la Conferencia Anual de la UIA, en la gremial empresaria se decidió también bajar el nivel de confrontación.
La decisión del Gobierno de enviar al Congreso finalmente un proyecto de “mini RIGI” –un régimen de inversiones destinado a pymes– es otra señal de acercamiento a las empresas; se trataba de un reclamo de hace meses. Pero no es la única. Con el argumento de que se trata de un “derecho adquirido”, LLA no ha avanzado tampoco sobre el cuestionado régimen de Tierra del Fuego, criticado abiertamente por libertarios como el propio Espert, ya que beneficia especialmente a dos compañías: Newsan, de Rubén Chernajosky, y Mirgor, de Nicolás “Nicky” Caputo. De hecho, el secretario de Coordinación, Juan Pazo, le encomendó a Ornella Calvete, directora de Análisis de Cadenas de Valor, un seguimiento de los negocios de la isla. Calvete pidió información a los operadores de la isla y se embarcó en la readecuación de los procesos productivos. Ni señales de que vayan a cambiar las reglas del juego.
Es cierto que con el nuevo régimen de courier que entrará en vigor en diciembre –que amplía de US$1000 a US$3000 el monto límite de compra y con el que además se eliminaron aranceles para productos de menos de US$400– muchos industriales se pusieron en alerta. Pero ellos y el Gobierno saben que es difícil competir con una de las cargas impositivas más altas de la región, además de un régimen laboral que –aunque mejoró levemente– sigue siendo un corsé para los empleadores. Solo la litigiosidad laboral es un problema que no encuentra solución: en los primeros 10 meses del año subió 7,6% versus 2023 (año en el que había crecido en un 25%), de acuerdo con un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART).
Tal vez eso explique en parte por qué, según los últimos datos disponibles del Banco Central (BCRA), el número de cuentas sueldo no deja de caer: de diciembre de 2023 a agosto pasado, hay en el sistema financiero 228.460 cuentas menos. Hay varias empresas de consumo masivo que admiten que tienen previsto seguir achicando su plantilla laboral. Eso sí, tanto nacionales como extranjeras saben que no deben confrontar con el relato oficial. En lo posible, el ajuste deberá ser silencioso. En las provincias, hay gobernadores que abiertamente se lo piden a los empresarios. Es justo preguntarse si los recortes obedecen a la nueva política
“El miedo es si se sostiene la política económica”, explica un industrial
La próxima semana, la UIA se reunirá con Luis Caputo en el Palacio de Hacienda
libertaria o a una Argentina que acarrea un problema reputacional que hace que no termine de ser confiable, no importa quién ocupe el sillón de Ri va da vi a .“El miedo que tienen todos no es competir, porque en última instancia uno se prepara para un escenario distinto, de mayor importación. El miedo es si se sostiene la política económica”, explica un industrial.
El ministro Caputo espera seguir haciendo anuncios en los próximos días para darle certeza al mercado de que los pilares del plan económico son innegociables. Dirá que, en noviembre, el Estado obtuvo –una vez más– superávit primario y financiero –esto es, después del pago de intereses de la deuda–. En diciembre, en Hacienda descuentan que será muy difícil que se sostenga el superávit, pero así y todo el año cerrará con un balance positivo. Nadie pensaba que era posible 12 meses atrás. Esta semana, en tanto, el Gobierno compró los US$2800 millones necesarios para el pago de capital de los bonos que vencen en enero. Resta que transfiera al exterior, anticipadamente en custodia del Bank of New York (BoNY), la porción correspondiente a los bonos de legislación internacional, como hizo hace algunas semanas con el dinero correspondiente al pago de intereses. Es posible que, pese a que el anuncio del pago se hizo hace semanas, esa operación demore algunos días más. Nadie quiere ver las reservas del Banco Central cayendo en tal magnitud de un día para el otro.
Pese a reconocer la necesidad de avanzar en una reforma profunda, en el ámbito laboral también hay un gobierno que es pragmático. Ante una debilidad política de origen, LLA optó por ceder –al menos temporariamente– a varias de las exigencias de la casta sindical. Se ocupó esta semana de que no saliera en el Congreso la ley de democracia sindical, que modificaba la financiación de los sindicatos eliminando la obligatoriedad de la cuota solidaria, y además prohibía la reelección indefinida de sus dirigentes. Y no reglamentó nunca el capítulo de la Ley Bases que consideraba “grave injuria laboral” la participación activa de trabajadores en bloqueos o tomas de establecimientos. La decisión de la CGT de desactivar cualquier iniciativa de paro no es altruista.
Los empresarios se aprestan a un escenario mucho más competitivo. No hay hombre de negocios que no reconozca que sus márgenes se achicaron. Ya nadie prevé que la inflación esconda ineficiencias o los “proteja” de eventualidades macroeconómicas. No hay chances de poner cualquier precio. “Es la primera vez en mi vida que planifico tantos meses antes –se sincera un empresario–. Ya estamos negociando con los retailers, que saben que si esperan hasta entrado 2025 ya no manejan precio. Hay que prepararse para competir. No sabíamos lo que era competir”. Entre los hombres de negocios, es cierto, hay gran preocupación por la devaluación que viene sufriendo el real brasileño, que ayer llegó a superar las 6 unidades por dólar. Las devaluaciones en Brasil (21% subió la moneda norteamericana en el año), a diferencia de lo que sucede en la Argentina, no suelen trasladarse rápidamente a los precios. Y hay muchos productos brasileños que pueden entrar al mercado argentino con cero arancel. La reunión de presidentes del Mercosur la semana que viene en Uruguay no viene bien. Hasta ayer, todavía no estaba claro si se iba a poder avanzar en la agenda con la Unión Europea (UE).
En el Gobierno, no obstante, son conscientes de que corren una carrera contra reloj. Es muy finito el equilibrio entre la demanda de pragmatismo de la política y la necesidad de avanzar con reformas que le permitan al empresariado argentino mantener algo de competitividad. Ayer, en una reunión en la Subsecretaría de Puertos, se acordó con los usuarios de la Hidrovía realizar algunas aclaraciones al pliego de concesión que se publicó la semana pasada y que, según denunciaron algunos legisladores de la oposición, como Nicolás Massot, parece “absolutamente direccionado” para la compañía Jan de Nul.
El subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, les aseguró a los presentes en la reunión que tenía la orden directa del Presidente de avanzar cuanto antes en la licitación y de hacerla en un esquema de competencia. Podría dejarse asentado por escrito que, en caso de registrarse un único oferente, se declarará desierta la licitación. Habrá que controlar que no haya vivillos con dragas de juguete con tal de hacer número. El Gobierno tiene la oportunidad de cambiar el país. El riesgo de quedar cooptado por la casta, siempre está.
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