EL ANÁLISIS Y EL ESCENARIO

La política argentina, un mercado laboral para condenados
Diego Cabot
Finalmente, el Congreso lo hizo un 28 de noviembre: en vez de la “ficha limpia” consagró la “ficha sucia”.
De esta manera, con solo mantenerse parado cuando había que sentarse, el Parlamento argentino consagró una de las mayores paradojas del mercado laboral.
La situación es la siguiente. Cristina Elisabet Fernández, como se la nombra en las carátulas de los expedientes judiciales, tiene una doble condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber direccionado licitaciones de obras en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Esa condición de condenada, con sentencia confirmada y rubricada por dos tribunales conformados por tres miembros cada uno –no por un juez que podría ser más parcial en su apreciación–, es un gran impedimento para postularse a algunos trabajos
Sin embargo, pese a tener semejante renglón en el currículum vitae, no impide la posibilidad de ilusionarse con otros empleos, quizás hasta mejor remunerados
A los ejemplos. Las dos veces presidenta no podría ni siquiera hacer el intento de ser empleada pública. Pero no tendría impedimento para ser la jefa suprema de todos.
Existen diversas condiciones exigidas para el ingreso a la Administración Pública Nacional que están detalladas en la ley 25.164, que establece el marco de regulación de empleo público y el decreto reglamentario.
La norma exige ser argentino nativo, por opción o naturalizado, más allá de que “el jefe de gabinete de ministros podrá exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa”.
Luego, hay que tener “condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública”.
El convenio colectivo de trabajo también dice que se “deberán prever los mecanismos de participación y de control de las asociaciones sindicales en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a fin de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades. Además, debe tener aptitud psicofísica para el cargo”.
Pero, inmediatamente después, habla de los impedimentos. “No podrá ingresar a la administración pública: el que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena”.
Por si alguna duda queda, hay algo más, ya que tampoco podrá el “condenado por delito en perjuicio de la administración pública nacional, provincial o municipal o del gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.
Tampoco podrá ilusionarse con el trabajo en el Estado “el que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos” de administración fraudulenta contra el Estado o por un delito doloso y el que esté “inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos”.
Dicho esto, vale preguntarse: ¿qué burócrata de la administración o qué director de recursos humanos de una empresa pública podría firmar una vinculación bajo relación de dependencia de alguien que tenga dos penas por haber defraudado al contratante y empleador? Posiblemente, ninguno.
Sin embargo, como se dijo, la política decidió que un argentino nativo nacionalizado no pueda ser empleado, pero sí el jefe de todos ellos.
En caso de que la jubilación de privilegio no le sea devuelta y que Cristina Kirchner tenga algún apuro económico, no podría ser policía, ya que para llevar uniforme de la Federal hay que tener la ficha limpia. Es decir, no hay que tener antecedentes penales. Y si en el supuesto caso que la necesidad continúe y pida trabajo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente tampoco podrá pertenecer a la bonaerense.
En la página oficial del gobierno dice que los efectivos “no pueden registrar antecedentes penales”. Tampoco puede ser militar por razones similares.
Eso sí, podrá ser la superior de las fuerzas de seguridad y también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
El sector privado seguramente haría valer esos requisitos que impiden el acceso a un empleo, aunque sí lo debería hacer cuando la condena esté cumplida.
Así las cosas, un condenado tiene pocas opciones de inserción laboral. Pero le queda un incentivo: ir por cargos públicos o incluso pensar en ser presidente de la Nación, donde no hay ningún impedimento. Ahí rige la ficha sucia. La política argentina, un mercado laboral abierto a condenados.

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El Congreso, un espejo que adelanta
Claudio Jacquelin


Fragmentación política, atomización partidaria, intereses particulares cruzados y realidades locales disímiles han hecho del Congreso de la Nación, durante todo 2024, un ámbito de negociación constante, de incertidumbre permanente y de sorpresas reiteradas.
La última semana de sesiones ordinarias del primero año del mandato de Javier Milei, que acaba de finalizar, confirma este mapa de fronteras difusas, donde habitan minorías intensas con liderazgos en crisis o sin terminar de asentarse y se desarrollan (o negocian) acuerdos subterráneos. Salvo excepciones, no hay patrones de conducta estables ni enrolamientos definitivos. Caso por caso, paso a paso y según quiénes es la dinámica que se impone.
Un horizonte similar se proyecta para los procesos, armados y resultados electorales del año próximo. No solo los comicios provinciales y municipales prometen ofrecer una enorme heterogeneidad, potenciada por las construcciones y alianzas políticas locales, por los sistemas electorales diferenciados y por el desdoblamiento o adelantamiento de elecciones en muchos estados subnacionales.
Otro tanto ocurrirá en el plano nacional: la elección de senadores y diputados es muy factible que termine componiendo un patchwork de retazos, aun cuando al final pueda tener un color dominante, que probablemente sea violeta si la foto de hoy lograra transformarse en la película por estrenarse dentro de un año.
Sobre ese escenario opera con herramientas diversas el oficialismo y, a juzgar por los resultados, con más éxitos que los pronosticados o esperados, aunque con bastantes menos éxitos que los deseados, apuntalado por sus logros macroeconómicos y sostenido por un mayoritario apoyo (o tolerancia) social.
A eso se suma como soporte la asistencia invalorable de los demás espacios políticos, que, atravesados por sus propias debilidades, miserias, conveniencias y estado de confusión, pueden pasar de aliados a adversarios, de opositores acérrimos a convenientes compinches (o cómplices) y de colaboradores a traicionados, según el día, el contexto, el proyecto de ley o las promesas que reciban. Pragmatismo sin límites.
El cierre del Senado con una semana de anticipación, impulsado por el Gobierno por desconfianza y para evitar sorpresas propias y ajenas, es el ejemplo más elocuente de un manejo discrecional, en función de preservar (con la asistencia ajena) poder propio y para que a otros no se les termine de licuar el que aún retienen, de no quedar expuestos a más contingencias o de perder soportes clave para seguir. Libertarios, kirchneristas, peronistas no cristinistas, macristas, radicales y provinciales han sido partícipes de ese baile de parejas intercambiables.
El cierre anticipado del Senado podría ser el prolegómeno de una parálisis legislativa mucho más extensa, si el Presidente decide, finalmente, no llamar a sesiones extraordinarias, sobre lo cual prefiere mantener la incógnita, hasta asegurarse que logrará lo que pretende y tener garantías de que no sufrirá contratiempos, aunque en esta circunstancia el Congreso solo podría tratar los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.
“Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el año próximo haya muy poca actividad parlamentaria”, admitió una de las personas que más escucha Milei y suele actuar en su nombre, con su respaldo.
El Senado tiene su réplica, con matices (como siempre) en la Cámara de Diputados, donde ayer quedó sin tratarse el proyecto de “ficha limpia”. Una iniciativa impulsada por la mayoría de la hoy implosionada la alianza cambiemita, con la que se pretendía atenuar el halo de impunidad que rodea a la dirigencia política, al impedir la postulación de un candidato con una condena confirmada en segunda instancia.
Un acuerdo tácito (y no tanto) entre libertarios y kirchneristas terminó por hacer naufragar la iniciativa de los excambiemitas, que, de todas maneras, tampoco tuvieron la dotación completa, ya que hubo varios ausentes (con excusas endebles) que, si bien no hubieran cambiado el resultado final, sí muestran la falta de coincidencias básicas internas, hasta en cuestiones que se suponían o se pretenden presentar como de principios.
El rechazo del kirchnerismo estaba anunciado, porque para este espacio la iniciativa tenía nombre y apellido y no es el de sus autores, sino el de Cristina Kirchner, más aún después de la reciente confirmación de su condena por parte de la Cámara de Casación en la causa por corrupción conocida como Vialidad. A pesar de que algunos juristas cercanos a la expresidenta habían argumentado que no podría aplicarse en su caso. Una cosa es declararse autoproscripta y otra, bastante distinta, es correr el riesgo de ser proscripta legalmente. La victimización siempre es más rentable.
libertarios quedaron expuestos a lo que su líder le gusta llamar el “principio de revelación”. La reticencia a apoyar un proyecto que parecía estar en línea con su declamada misión de depurar la dirigencia política venía siendo anunciada desde la Casa Rosada, como lo explicitó hace unos días en una entrevista el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Sin embargo, la decisión de no dar el apoyo a la iniciativa de “ficha limpia” fue finalmente anticipada en las redes por los principales comunicadores libertarios y publicitada luego (en una notable inversión de roles) por los máximos funcionarios en sus cuentas. Como suele suceder con muchas acciones del Gobierno, entre las que se incluyen despidos de altos funcionarios y anuncios de medidas políticas y económicas.
También, como ya es costumbre, no importó que se usaran argumentos falaces, como el que decía que con “ficha limpia” Donald Trump no podría haber sido elegido presidente hace tres semanas, cuando el magnate amigo de Javier Milei no tenía condenas confirmadas.
Más singular fue la argumentación conjetural y preventiva para no votar el proyecto bajo la hipótesis de Acuerdos particulares y subterráneos pueden repetirse en el proceso electoral
Mileístas, macristas, kirchneristas y radicales, todos divididos y revueltos
Al mileísmo le llegó su “principio de revelación” con la “ficha limpia”
que algún día esa ley podría ser utilizada contra su líder. Esa presunción incluiría una enorme conjura de magistrados, que los antecedentes (cronológicos y factuales) no avalan salvo para los seguidores de Cristina Kirchner, quienes defienden su inocencia y la consideran víctima del “lawfare”. Sin embargo, el propio Presidente y sus seguidores celebraron como un acto de Justicia la ratificación de la condena contra la expresidenta, a la que acaban de ayudar. Divididos y revueltos.
Jaque kirchnerista
Nada es lineal, sino que cada situación suele avanzar por carriles paralelos, que algunas veces convergen, otros terminan en callejones sin salida y otros pasan por cabinas de peaje subterráneas. Es lo que ocurre en el largometraje de los acuerdos inconclusos para que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla integren la Corte Suprema.
Con maestría en el manejo de las piezas negras, el kirchnerismo avanzó un casillero importante en ese ajedrez y le cantó jaque a la estrategia presidencial para que se apruebe a los dos postulantes o a ninguno, al darle el voto que le faltaba en la Comisión de Acuerdos el archicuestionado juez federal, pero sigue dejando lejos al catedrático conservador, al que resiste por declamadas cuestiones de principios (ideológicos, en este caso).
Ni siquiera terminan de desanudar del todo esa madeja los buenos y muy activos oficios de los (ex)socios de la consultora Move (el supergurú Santiago Caputo, el funcionario de YPF Guillermo Garat y el estratega Rodrigo Lugones, hijo del ministro de Salud), que tienen poderosos vínculos en tres de las cuatro principales fuerzas políticas nacionales, a las que asesoraron en la última campaña presidencial.
El perokirchnerismo tiene varios posdoctorados en negociaciones políticas como para entregarse sin garantías y beneficios concretos a una fuerza bisoña, que se ha caracterizado hasta ahora más por su plasLos ticidad que por la consistencia y el cumplimiento de acuerdos. De eso se jactan y lo disfrutan los allegados a “la jefa”. Como lo hizo el titular de la bancada de senadores, José Mayans (el tiburón del Pilcomayo), al entregarle a Francos la carta de rechazo al intento de designar por decreto a Lijo y García-Mansilla. La institucionalidad, primero. Faltaba más.
A su vez, el fracaso del proyecto de “ficha limpia” volvió a abrir otra grieta entre el oficialismo y la cooperativa de dadores voluntarios de gobernabilidad, conocida como Pro, espacio que, al mismo tiempo, sufre por la falta de gratitud que muestra el oficialismo con el proyecto de presupuesto 2025. Un asunto en el que hasta ahora Milei sigue sin atender los reclamos de los gobernadores amarillos y no les da siquiera señales de atenderlos. A pesar de que el tiempo apremia y el presidente de esa organización, Mauricio Macri, ya da muestras de perder la paciencia por no encontrar la salida del laberinto en el que se encuentra (o en el que hizo mucho para que Milei lo metiera).
Ambos hechos propician fuertes discusiones internas en el macrismo, donde conviven cada vez más dificultosamente pragmáticos y principistas, cuyos vínculos han entrado en estado de ebullición. El jefe del bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo, líder de los hiperrealistas, hace equilibrios simultáneos para que no se le rompa la bancada, para mantener la relación privilegiada que ató con Caputo (el asesor) y contener la ansiedad de Macri.
El malestar que había ayer en el bloque, tanto por la “traición” mileísta como por las ausencias propias, hacía irrespirable el espacio. Solo el miedo concreto a un desastre mayor frenó las presiones para expulsar a los diputados ausentes. Operó el terror al inicio (muy probable) de una sangría en la que se fuera un tercio de los actuales miembros de la bancada. Mientras tanto, algunos diputados más comprometidos con los principios, aunque no por ello menos pragmáticos (como Silvia Lospennato, reclutadora profesional de voluntades legislativas) trataban de procesar el fracaso en el recinto, así como de comprender la muy poco exitosa estrategia de relacionamiento del macrismo con el mileísmo. Si es que existe, de lo cual ya muchos (no solo ellos) dudan.
Uno de los últimos capítulos de ese complicado vínculo tuvo su momento crítico, según diversas fuentes, en la bastión macrista porteño, donde el primísimo Jorge Macri tuvo una áspera discusión con la legisladora karinista Pilar Ramírez, en presencia de la hermanísima, quien finalmente se avino a encauzar la reunión. Pero no sin antes dejarle una nueva marca en el orgullo al jefe de gobierno. La ríspida convivencia en la Legislatura, donde los libertarios tienen a maltraer a los macristas, es solo la emergencia de una cuestión más de fondo, que es la aspiración mileísta de desbancar al macrismo después de 17 años de manejar la ciudad.
Como ocurre en el plano nacional, el escenario legislativo es un espejo que adelanta el complicado armado electoral de 2025. Nadie tiene nada asegurado. Y nadie confía en nadie.

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