EDITORIALES,

La vida nos convoca, que no nos divida
El protocolo para la interrupción del embarazo apoyado por la Legislatura porteña atenta contra el derecho a la vida, amparado por la Constitución
La Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, reunida virtualmente a fines de mayo pasado, debió retirar por falta de consenso un polémico párrafo de un documento en relación con el compromiso de los Estados para garantizar el aborto en 2030. Tanto Estados Unidos como el grupo africano hicieron escuchar sus críticas y prosperó la sensatez. Desgraciadamente, las presiones continúan.
Días pasados, sin dar lugar a un debate en el que pudieran expresarse distintos sectores de la sociedad, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires adhirió –con 49 votos positivos, 7 negativos y 3 abstenciones– al Protocolo para la Atención de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) dispuesto por el actual gobierno nacional en diciembre de 2019, ampliando aún más las causales de no punibilidad para quienes pongan fin a la vida del niño por nacer. A pesar de ser claramente anticonstitucional y contrario a lo normado por el Código Civil y Comercial y el Penal, no se han dejado escuchar reproches judiciales.
El protocolo parte del supuesto de que toda persona con capacidad de gestar tiene derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo que cursa cuando este representa un peligro para la vida o para la salud de la persona gestante, o cuando proviene de una violación.
Entre los numerosos aspectos cuestionables del protocolo, se destaca el hecho de que, en los casos de violación, nunca será exigible la denuncia policial o judicial para acceder a una ILE. Bastará con una declaración jurada de que el embarazo es producto de una violación. Esta declaración jurada, según el protocolo, debe ser simple, al tiempo que no se podrá exigir a la persona que profundice en las circunstancias del hecho o que brinde prueba alguna, lo cual abriría la puerta al aborto libre y sin restricciones.
Tampoco ofrece el protocolo otras alternativas a las embarazadas vulnerables, optando por la más sencilla y menos comprometida, soslayando la importancia de brindarles asistencia. Agravia asimismo la objeción de conciencia de los médicos, ya que no podrán invocarla para eludir su participación en un procedimiento de ILE cuando no exista otro profesional que pueda garantizar la práctica. Igualmente, los amordaza para que no puedan ofrecer otras opciones, algo que el protocolo vigente desde 2012 permitía. Del mismo modo, rechaza la objeción de conciencia institucional, por lo que las prácticas abortivas serán obligatorias en la totalidad de los sanatorios privados. Permite también abortos en menores de 13 años sin consentimiento de sus padres.
Vivimos aciagos momentos en los que todos hemos sacrificado derechos y hábitos para priorizar la salud del conjunto de la población. Y asistimos a una titánica tarea de profesionales y trabajadores de la salud consagrados a salvar vidas, poniendo en riesgo las propias, frente a la actual pandemia por el Covid-19.
En un video que se viralizó en estos días, el doctor Pablo de la Torre advertía que no serán cómplices para silenciar las presiones que reciben él y miles de colegas en tantos hospitales y sanatorios donde se los pretende obligar a practicar abortos. Destaca que los médicos tienen una misión, una responsabilidad y una vocación: salvar vidas y combatir la muerte, con la misma vocación con que hoy los vemos dispuestos a exponerse abnegadamente por sus pacientes.
Preocupa el nivel de incoherencia al que hemos llegado. Los médicos enfrentan el coronavirus desde la primera línea de combate, muchas veces sin contar con los necesarios reaseguros para autopreservarse, movidos por su vocación de entrega y defensa de la vida. ¿Puede una sociedad renunciar al bienestar general, a comprometer aún más la ya frágil economía y distanciar a sus miembros en aras de contener el número de muertos, y optar simultánea y livianamente por acabar con vidas inocentes? ¿Qué nivel de preocupante disociación colectiva puede convertir a nuestras instituciones sanitarias, sin siquiera contemplar su misión y origen, en espacios dedicados a reconfortar y cuidar pacientes para evitarles el tránsito hacia la muerte y al mismo tiempo obligarlas a interrumpir tantas vidas por nacer? ¿Por qué los exiguos fondos con los que contamos han de dividirse entre atender y preservar a los enfermos y cercenar vidas de otros inocentes? ¿Con qué derecho puede alguien exigirle a un médico que deja su vida en su cotidiano esfuerzo que pisotee sus más profundas convicciones para acabar con vidas inocentes a mansalva?
El doloroso presente y el amenazante futuro nos convocan a unirnos para salir adelante. Entretanto, esos dirigentes que reiteradamente evidencian no entender por qué carriles circulan las preocupaciones ciudadanas vuelven a instalar un tema que nos divide. Ofrecen el aborto como si fuera una solución y socavan nuestras instituciones cuando pretenden consagrar en la práctica aquello que la Constitución y las leyes prohíben. Desoyen que el tratamiento del tema en el Congreso no alcanzó los votos requeridos para su aprobación hace menos de dos años. Vuelven a equivocar la mirada. Muchos les pedimos que enfrenten los verdaderos problemas y ofrezcan una ayuda integral, de fondo, que brinde contención a las mujeres embarazadas y sus familias; un auxilio que hoy se les está negando, porque solo se les ofrece la opción de eliminar a sus propios hijos, dejándolas solas y con el dolor de una pérdida irrecuperable.
Cabe consignar que, con el protocolo que ya regía en la ciudad de Buenos Aires, se había pasado de 91 abortos no punibles en 2012 a un total de 8388 en 2019, por lo que crecieron alrededor de un 9200% en apenas cinco años, de los cuales solo el 2% fueron por riesgo de vida de la madre o problemas graves del feto y el 8% por violación. El 88% fue por simple demanda. Habituados como estamos en esta pandemia a contabilizar recuperados y fallecidos muchas veces con frialdad, un simple cálculo permite concluir que estamos hablando de casi un aborto por hora, solo en la Capital Federal. Esto es, 24 muertes diarias de bebés. Sin pandemia.
En momentos en que todos estamos particularmente sensibilizados y conscientes del valor y la fragilidad de la vida, ¿quién podría festejar esta adhesión? Ninguna gestión podrá nunca jactarse al disfrazar de “logros” estos dolorosos atropellos. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, se refirió al aborto a simple demanda aprobado días atrás como un mero “trámite”.
Es oportuno recordar que Horacio Rodríguez Larreta se manifestó “provida” en reiteradas ocasiones. Además de ser el primero en arbitrar los medios para que las mujeres puedan recibir ayuda ante un embarazo inesperado, debería defender la autonomía sanitaria de la ciudad y de sus médicos, y vetar la imposición de un protocolo nacional, facultad que le otorga la Constitución de la ciudad.

El aborto encierra un drama existencial, personal y comunitario que, por su hondura y gravedad, merece un tratamiento acorde y en tiempos de calma. Que la vida que hoy defendemos juntos y nos convoca no nos divida.
Rodríguez Larreta se manifestó “provida” en reiteradas ocasiones, por lo cual debería defender la autonomía sanitaria de la ciudad y vetar la imposición de un protocolo nacional
El aborto encierra un drama existencial, personal y comunitario que, por su hondura y gravedad, merece un tratamiento acorde y en tiempos de calma