EL ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ,

Si se llevan la Corte, se llevarán todo
Joaquín Morales Solá
Un bloque cercano y sombrío merodea la política. El país está en los umbrales de una colisión de poderes después de que Cristina Kirchner (y los senadores que la siguen, que son mayoría) decidió indisciplinarse ante la Justicia. La ampliación de la Corte Suprema de Justicia es una decisión tomada. En una nación donde la política resuelve muchos de sus problemas en los tribunales, la coalición peronista gobernante se quedaría literalmente con todo si tomara el control de la Corte.
En este fin de semana, la comisión de juristas que asesora al Presidente (la “comisión de amigos”, como la llaman algunos jueces) comenzó a debatir sobre el futuro del Ministerio Público, que no es otra cosa que sobre el destino de los fiscales y de su jefe, el procurador general. Eduardo Casal, que ocupa interinamente ese cargo, está protegido por los dos tercios de los votos del Congreso que exige la ley para destituir al jefe de los fiscales. Es una ley constitucional, pero ley al fin. La podrían cambiar en medio de un monumental escándalo político.
La Corte es la última palabra de la Justicia aún para el caso de las elecciones de los integrantes de los otros dos poderes del Estado. Instancias inferiores, por ejemplo, podrían declarar fraudulenta una elección, pero la Corte tendrá facultades para darla definitivamente por buena.
La intención de ampliar la Corte va más allá del objetivo de impunidad. Es un proyecto que puede terminar con la colonización kirchnerista de todo el Estado
un procurador general. Esa designación devolverá a Casal a su cargo de subprocurador. ¿Por qué un hombre que hizo una carrera intachable en la Justicia debe pagar por las impotencias de la política? El candidato a procurador, el juez Daniel Rafecas, ya anticipó que no aceptará el cargo si ocurriera en la Procuración un grave escándalo institucional.
La anulación del traslado de Zoni despertó la ira kirchnerista, pero sus senadores quieren anular los traslados de dos jueces que condenaron a Cristina Kirchner. La vara no es la misma para amigos o enemigos. Los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, miembros de la cámara federal que homologó varios procesamientos de Cristina Kirchner por presuntos hechos de corrupción, fueron los que provocaron el alzamiento de la expresidenta contra la Justicia. No hay muchos antecedentes que muestren a una cámara legislativa desobedeciendo abiertamente la orden de una jueza, que había dictado una cautelar reclamada por los dos jueces para que el Senado postergue el tratamiento de sus acuerdos. Ni Trump ni Bolsonaro llegaron a tanto. La Corte Suprema dictaminó en su momento que los traslados dentro del mismo fuero, en la misma jurisdicción y con categorías similares no necesitan del acuerdo del Senado. Son los casos de Bruglia y Bertuzzi. Si el Senado rechazara el acuerdo de esos dos jueces, es probable que la Corte dicte la nulidad de esa decisión. Estallará entonces una explícita colisión de poderes.
El alzamiento contra la Justicia se convirtió en un hecho corriente, aun dentro de la propia Justicia. No se puede interpretar de otra manera lo que hizo la jueza María Servini cuando insistió en el entrecruzamiento de llamadas de Macri durante tres años y medio de los cuatro que fue presidente. La Cámara Federal anuló su decisión, pero una apelación del infaltable Carlos Beraldi le sirvió a la jueza para reponer en el acto la investigación de los teléfonos de Macri. “La defendí otras veces, pero lo que está haciendo ahora es indefendible”, advirtió Carrió, que tiene (o tenía) una buena relación con la jueza. La líder de la Coalición Cívica apoyó al abogado de Macri, Pablo Lanusse, quien intercambió duros escritos judiciales con Servini; esta denunció a Lanusse ante el Colegio de Abogados porque supone que le faltó el respeto.
La causa de Servini contra Macri fue iniciada por otro infaltable: Cristóbal López. Convertido rápidamente de denunciado en denunciador, López no solo ha conseguido la extinción de las causas que lo culpaban por haber hecho fortunas con dinero del Estado. Al mismo tiempo, el gobierno de la Capital le está concediendo la posibilidad de que sus casinos participen en el juego online. La decisión de la administración capitalina, en manos de Cambiemos, provocó una fuerte crítica de Carrió: “Van a fomentar la ludopatía de los jóvenes”, acusó a sus aliados. Cristóbal López practica el mismo juego que su amiga, la vicepresidenta, cuando obliga a que la Justicia le otorgue impunidad y también el derecho a la venganza.
Desobedecer a los jueces no es una práctica nueva de los Kirchner. Ya lo hicieron en Santa Cruz, donde nunca repusieron al procurador general Eduardo Sosa a pesar de las reiteradas órdenes de la Corte Suprema. Se puede, en efecto, indisciplinarse ante la Justicia si quien lo hace es, desde ya, una figura del poder. ¿No hizo eso Cristina el jueves en el Senado cuando mandó que este desobedeciera la orden de una jueza? La diferencia es que ahora no se conforman con desobedecer a los jueces; también quieren controlar las instancias judiciales decisivas en sus horas más oscuras.