ESPAÑA Y EL EXTERMINIO GITANO

Cuando España intentó exterminar al pueblo gitano
La Gran Redada se preparó en secreto por orden del rey Fernando VI. El 30 de julio de 1749 fueron apresadas 9.000 personas. Las autoridades calificaron la operación como "la solución final"
Una apacible brisa recorre las calles de Oiartzun, una zona montañosa de Gipuzkoa a pocos kilómetros del mar, el 30 de julio de 1749 no fue una noche más.
Un oficial del ejército entrega al corregidor local un sobre lacrado procedente de Madrid, en su interior, órdenes concretas del mismísimo Fernando VI para proceder al arresto de los gitanos en esa madrugada.
Hombres, mujeres y niños, son apresados. La escena se repite en toda España mientras los escribanos toman nota de los bienes confiscados a los detenidos. Con su venta se va a sufragar la Gran Redada, una operación que pretendía exterminar al pueblo gitano y a la que las autoridades calificaron como "la solución final".
Las familias son conducidas a la ciudad de Tolosa. Allí esperarían los destinos establecidos por el marqués de Ensenada, la mano derecha del Re, las personas apresadas son enviadas a diferentes puntos del país en función de su edad y su sexo, sin oponer resistencia, pero fueron las mujeres gitanas las que más lucharon por revertir su situación, organizando motines y protestas. El número total de detenidos superó los 9.000. En ese momento, en España residían 12.000 gitanos, según el padrón confeccionado con motivo de la pragmática de 1745, que a la postre se comprobaría incompleto.
Los gitanos llegaron a España en 1425 como peregrinos cristianos gracias a un salvoconducto de Fernando V de Aragón.

Las políticas homogeneizadoras iniciadas tras la Reconquista dirigieron hacia las minorías una batería de disposiciones legales u persecuciones que acabaron con la expulsión de los judíos (Edicto de Granada, 1492) y de los moriscos (1609), pero el pueblo gitano consiguió superar cualquier intento de exclusión y control social. Los primeros en dictar una pragmática contra ellos fueron los Reyes Católicos (1499), pronto llegaron más de 250 leyes que limitaban sus movimientos y asentamientos, pero ninguna fue tan dura como la pragmática de 1749.
La Gran Redada pasó desapercibida durante dos siglos, hasta que el historiador Antonio Gómez Alfaro recuperó el episodio en los años 90. No hay consenso sobre el motivo de este olvido, pero lo más probable fuera que el mismo sea un sub producto de la escasa voz institucional que han tenido hasta ahora los gitanos.
La operación se diseñó en secreto por orden del Monarca, convencido por Gaspar Vázquez Tablada, obispo de Oviedo y gobernador del Consejo de Castilla. El religioso pensaba que habían fracasado en el intento de someter a los gitanos a la uniformidad del reino, por tanto era preciso expulsarlos. Para conseguirlo debían establecer una prisión general, algo que impedía la inmunidad eclesiástica a la que solían acogerse los gitanos.
El escollo se salvó en 1748 con un acuerdo con la Santa Sede. La pérdida de asilo eclesiástico dejó a esta etnia sin sitio donde ocultarse. No obstante, algunos religiosos, les brindaron asilo y los ocultaron e impidieron la entrada de las tropas en los templos.

 El arzobispo de Sevilla incluso protestó enérgicamente y exigió garantías para que los detenidos no fuesen castigados. En cambio, en otras ciudades, se entregaron voluntariamente ante el asombro de los soldados.
La intención inicial del Consejo de Castilla era arrestarlos y enviarlos a las provincias de América, donde trabajarían como mano de obra esclava en fábricas y minas.
El fracaso de Portugal en esta misma empresa un año antes abortó la operación. En su lugar, se acordó el exterminio biológico: si se separaba a hombres y mujeres no podrían reproducirse y se extinguirían. “Ya no existían galeras donde mandarlos, así que se quiso atajar el asunto aplicando métodos ilustrados, que no debe ser confundido con los métodos perpetrados por los nazis en el holocausto.
Las instrucciones estipulaban que las diligencias debían cumplirse a la medianoche del día señalado, ordenaba el arresto sin demora de todos los gitanos y separarlos en dos grupos. Los varones de hasta siete años permanecerían con sus madres para aprender oficios útiles hasta los 15 años, momento en el cual serian destinados a los arsenales de la Marina para cumplir trabajos forzados hasta su muerte, al igual que resto de los hombres. Las mujeres, en cambio, serían obligadas a tejer en fábricas textiles. De esta manera, el Estado absolutista se garantizaba mano de obra barata. La operación sería financiada con los bienes de los detenidos, confiscados y subastados para pagar la manutención de los reos, el alquiler de carretas y barcos para el viaje.

“La envergadura del proyecto estaba muy por encima de los medios de la época. La situación se desbordó. Fue un caos porque las autoridades no sabían dónde meter a los detenidos y su manutención era cara”, afirma Manuel Martínez, autor de Los gitanos y las gitanas de España a mediados del siglo XVIII: el fracaso de un proyecto de exterminio.
Este historiador señala que las autoridades dieron marcha atrás pasados unos meses, el 28 de octubre. “Cuando comprobaron el gran error que habían cometido, liberaron a los gitanos que podían demostrar una buena forma de vida”. La redada, que debía afectar a “vagos y maleantes”, se cebó con los gitanos más integrados y con oficio reconocido. Estos, a diferencia de los nómadas, estaban empadronados y contribuían a las economías locales, que se resintieron, por lo que muchos vecinos y alcaldes exigieron su liberación.
Los más desamparados continuaron en prisión hasta 1765, dos años después de que el nuevo monarca, Carlos III, les concediera el indulto propuesto una década antes por el duque de Caylus, capitán general de Valencia. Habían pasado 16 años detenidos sin juicio alguno.

 La nueva política sobre los gitanos españoles comenzó en 1771 de la mano del conde de Campomanes y culminó en la pragmática de 1783. En ella, el primer ministro, el conde de Floridablanca, afirmó que “los gitanos no provenían de raíz infecta alguna” y daba por concluidas las persecuciones. Hoy, más de un millón de españoles pertenecen a esta etnia. Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, una fundación pública que promociona y difunde su lengua y sus tradiciones, sostiene que la cuestión gitana aún está pendiente.