FRANCISCO OLIVERA OPINA,

Cuarentena con la lente apagada
Francisco Olivera
Hubo un momento en que los intendentes de Juntos por el Cambio decidieron apagar las cámaras. Dejaron solo el audio. Es un gesto de protesta en la era del Zoom. Era la mañana de anteayer y, por teleconferencia y enésima vez en la cuarentena, Axel Kicillof volvía a centrar su análisis epidemiológico en la ciudad de Buenos Aires, a la que le dedicó los primeros 15 minutos. Dijo que la mayor incidencia del Covid estaba todavía en ese distrito e insistió en el contraste: “La cantidad de internados en la ciudad con domicilio en provincia es menor a la histórica”.
Está preocupado. Lo repitió ayer públicamente en Olivos. Cree que, a este ritmo, con 20 pacientes nuevos diarios por terapia intensiva, en 50 días se ocupará la última cama bonaerense. “El día que usaste la última cama de UTI, el tipo que llega no tiene los cuidados que necesita y se muere”, había advertido ante los jefes comunales. Es la imagen que lo espanta. 

La de Guayaquil, con víctimas y cajones en las calles. O Nueva York, el ejemplo que eligió en el encuentro: “Pasó en Manhattan, donde son todas las películas. La gente se moría porque no había camas”. Escenas de terror que lo perturban. “Si alguien tiene una idea mejor, más linda, más simpática, compro”, les dijo, y cuestionó a sus detractores con una metáfora de perspectiva biologicista: “El bullicio anticuarentena genera un efecto que a mí me hincha las pelotas”.
Kicillof está convencido de que su gestión se juega en esos resultados. “Hay que transitar unos meses con responsabilidad y firmeza: nos van a evaluar por eso”, les insistió. Ocupa un cargo explosivo en varios frentes: la fase más crítica del Covid se da justo en el lugar más frágil, la provincia, a la vez bastión del kirchnerismo y donde el proyecto político no puede fallar. No es fácil controlarlo. Esta semana, las autoridades sanitarias admitieron que no estaban en condiciones de saber cuánta gente muere por día: es una información que deben suministrar diariamente los centros de salud, muchos de ellos, privados, y no siempre lo hacen con diligencia. La otra dificultad reside en el mensaje oficial: ¿cómo convencer? Exactamente 9 días después de prohibir por decreto las reuniones sociales, Alberto Fernández sorprendió el miércoles pasado: “Que a mí me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra, porque la gente sale”. Kicillof agregó ayer que el cumplimiento de las restricciones había caído del 72% en marzo al 25% ahora.

Estas urgencias vienen postergando casi todo. No la reforma judicial, obsesión de Cristina Kirchner, según admiten los funcionarios, pero sí, por ejemplo, el plan de 60 medidas con que el Gobierno pretende aliviar la crisis. Dificultades para pensar el día después que preocupan a los empresarios. Principalmente a quienes dependen de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Anteayer, por teleconferencia con Quinquela, una administradora de fondos comunes de inversión, el ministro Matías Kulfas explicó en uno de sus slides que las pymes se estaban llevando “el 70% del gasto en ATP”. Dio un mensaje optimista, dijo que la recuperación ya había empezado de manera heterogénea en varios sectores, pero dejó sobre el final un decálogo de consensos a los que el país debería llegar para crecer. El mayor desafío es su séptimo mandamiento: “No bajaremos la pobreza y la desigualdad sin un Estado que promueva la inversión privada y la suba de la productividad”. En esa meta han fracasado por lo menos las tres últimas administraciones.
En el Gobierno admiten que la Argentina podría terminar el año en condiciones peores que las que dejó Macri. El pos-covid incluirá no solo recesión y desempleo, sino demandas incompatibles unas con otras. Hay, por ejemplo, una pelea entre privados que empieza a despuntar: petroleras versus cerealeras. Las refinerías –YPF, Axion, Raizen, Puma– venden todavía 30% menos que hace un año en las estaciones de servicio y pretenden que se las libere al menos parcialmente de la obligación de incluir 12% de bioetanol en la nafta y 10% de biodiésel en el gasoil.
El plazo de la ley que lo especifica, de 15 años, vence en mayo próximo y le vienen pidiendo a Kulfas no renovarla tal como está. El ministro prometió estudiar el tema, pero recibió en simultáneo a los que reclaman lo contrario, los productores de biocombustibles, que necesitan de la prórroga de ese esquema que incluye exenciones impositivas. En ese grupo están Explora (grupo Endriven), Unitec BIO (Corporación América), Patagonia Bioenergía (Vicentín y otros), Aripar, Biobahia y Bioramallo (Grupo Bojanich), la alemana Cremer y algunas pymes, como BH Biocombustibles y Soy Energy.
La discusión es relevante porque la crisis, que los analistas definieron desde un principio como shock de oferta, requerirá aliviar lo que los empresarios llaman costo argentino. Una convicción que se oyen también en la CGT. El séptimo mandamiento de Kulfas. ¿Es, sin embargo, lo que piensa todo el Gobierno? Algunos indicios permiten sospechar que no. Por ejemplo, las críticas de Máximo Kirchner a la CGT por haber hecho un Zoom con la Asociación Empresaria Argentina. “Eso es ideología”, definió un dirigente sindical. La disidencia se ahondó cinco días después, con la reacción que se filtró desde la sede de Azopardo y publicó Carlos Galván en Clarín: “Este muchacho no laburó en su vida y nos viene a decir cómo tenemos que manejarnos”, dijo ahí Carlos Acuña, uno de los integrantes de la conducción. Tuvo que interceder Sergio Massa. “Acuña me llamó para que le transmitiera sus disculpas a Máximo”, contó el líder del Frente Renovador el sábado en el programa Sobredosis de TV, en C5N.

Es el anticipo de un debate de fondo. Si, por ejemplo, triunfa en el Gobierno la idea de que de la pandemia se sale repartiendo subsidios, empezará a gravitar más la relación con las organizaciones sociales. La pesadilla de muchos sindicalistas. Gerardo Martínez, de la Uocra, parece haberlo intuido: acordó esta semana de palabra con Mario Cafiero, jefe del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y referentes como Juan Grabois y Emilio Pérsico una proporción de antemano para la obra pública. Será 70% por licitación y 30% a movimientos sociales.
La pandemia expone este choque de cosmovisiones. No bien terminó el encuentro de Kicillof con intendentes, los oficialistas Lucas Ghi, de Morón; Juan Zabaleta, de Hurlingham, y Mayra Mendoza, de Quilmes, respaldaron al gobernador con mensajes en Twitter sobre la necesidad de extender la cuarentena. Pero Gustavo Posse, de San Isidro, publicó enseguida las condiciones de su programa Take Away Plus, que permite a los bares y restaurantes abrir con mesas afuera. Y eso que Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense, había intentado convencerlos en el final: “Les pido que hablen con criterio epidemiológico y científico, no por lo que desean”.
Será difícil que se entiendan. E imposible en las mismas condiciones del Zoom: reproches de un lado y del otro cámaras apagadas.