HERNAN CAPIELLO; SU ANÁLISIS

En el tribunal ven una maniobra de la expresidenta
Hernán Cappiello
En la Corte Suprema de Justicia priman la preocupación y la sorpresa por la decisión del presidente Alberto Fernández de convocar una comisión de notables para analizar el funcionamiento del máximo tribunal, eventualmente proponer su ampliación, ahondar en reformas sobre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.
Sorpresa, porque Fernández no cree que haya que reformar la Corte. Al menos eso les comentó a sus allegados cuando asumió, en diciembre pasado, y repitió semanas atrás ante un reducido grupo de interlocutores. Con esta información de primera mano, los jueces abrigan entonces la sospecha de que es Cristina Kirchner quien está llevando adelante esta propuesta.
Por si quedaran dudas, su abogado, Carlos Beraldi, sobresale en la lista de los integrantes de la comisión de notables que propondrán reformas. Lo acompaña otro peronista, su exsocio y exministro León Carlos Arslanian. Ambos están destinados a orientar el cuerpo donde predominan los peronistas y los penalistas. Las cuentas que se hacen en la Corte señalan que a Beraldi y Arslanian se suma como especialista en derecho penal el catedrático Enrique Bacigalupo, una eminencia que prestigia el cuerpo, pero que vive en España. Y el cuarto penalista es Omar Palermo, juez de la Corte mendocina y defensor del kirchnerismo en cualquier debate en que participe.
¿Por qué tantos penalistas? ¿Por qué tantos peronistas? Son preguntas que se hacen en la Corte y se responden pensando en las causas que tienen Cristina Kirchner y exfuncionarios del kirchnerismo en el máximo tribunal.
De los 11 elegidos, la mayoría simpatizan con el Gobierno, incluida la abogada especialista en derecho familiar, defensora de las posturas del kirchnerismo, Marisa Herrera.
Otra de las sorpresas en el seno de la Corte es la experiencia de los elegidos para encarar reformas institucionales. Arslanian y Beraldi idearon y pusieron en marcha reformas judiciales, pero no hay nadie más entre los nombrados que haya escrito sobre el recurso extraordinario o pensado el funcionamiento de la Corte o en la arquitectura del Poder Judicial o el Ministerio Público.
También llamó la atención que entre los convocados no esté ningún exministro de la Corte, alguien que haya tenido experiencia en el funcionamiento del cuerpo como para hacer aportes a partir de los vivido. Podrían haber sido Gustavo Bossert, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano o el propio Eugenio Zaffaroni, que inspira las ideas de alguno de los convocados, pero están ausentes. Y la lista que hacen en algunos despachos de la Corte entre los que podrían haber estado en la comisión y quedaron afuera es larga y variopinta, con personalidades del derecho argentino, de todos los colores políticos, que no fueron convocados.
Entre los integrantes no allegados al Gobierno sobresalen Inés Weinberg de Roca, elegida por Mauricio Macri como candidata a procuradora general de la Nación, pero que no llegó porque Cambiemos no consiguió los votos peronistas del Senado; Hilda Kogan, bien conceptuada en la Corte bonaerense; Andrés Gil Domínguez, o Bacigalupo.
Los jueces de la Corte están a la expectativa, pero se preguntan por las razones de ejecutar ahora esta movida que implica cambios en la estructura institucional de todo el Poder Judicial. Analizan que el Gobierno puede cambiar la ley para ampliar la Corte o realizar otras reformas, pero hoy por hoy no cuenta con los votos para elegir nuevos jueces. Excepto que, si se amplía el número de jueces, tienten al radicalismo con ocupar alguna vacante a cambio de sus votos.
Por eso se preguntan cuál es la verdadera razón de plantear el cambio. En la Corte no hay interés en que existan modificaciones. Aunque entre los elegidos para integrar la comisión hay algunos que tienen llegada a los jueces del máximo tribunal como para tenerlos al tanto de por dónde va la discusión.
Por ahora, sin embargo, todo es incertidumbre. Más allá de las proclamadas buenas intenciones que hay detrás de la iniciativa, se hacen elucubraciones para intentar adivinar las razones políticas de esta decisión oficial, en la que se distingue la mano de la vicepresidenta Cristina Kirchner buscando ejercer presión sobre la Justicia para buscar una reforma, que la propia Corte ya le frenó en 2013, cuando era presidenta.