El bombardeo de cocaína expande la frontera narco
Los investigadores analizan los movimientos de traficantes que usan cortos vuelos ilegales para superar la primera barrera de controles
Gustavo Carabajal
Para evitar robos y traiciones, los narcotraficantes marcan todo, desde los paquetes de cocaína hasta los billetes. Para diferenciar al propietario de los ladrillos de droga recurren a toda clase de figuras, de animales o de íconos populares. Mientras que a los dólares les colocan algún sello o tilde. En el ambiente de los narcos, además de la droga y el dinero, abundan la desconfianza y las traiciones. Los robos y los informantes de la Justicia se cobran con balas y sangre.
Por este motivo fue que marcar los paquetes con droga para evitar imprevistos se convirtió en una necesidad, más que una costumbre entre los narcos. Las figuras con las que las bandas señalan los paquetes con cocaína indican un perfil de la organización delictiva que deja su impronta en un cargamento . En algunos casos, esas imágenes revelan la identidad del dueño del alijo del estupefaciente. En otros, indican al comprador que recibirá la droga en el destino final.
En los últimos sesenta días, las bases de datos de las fiscalías federales argentinas que se dedican a la lucha contra las organizaciones narcocriminales transnacionales sumaron dos nuevas figuras con las que los traficantes marcaron los paquetes con droga. Se trata de un tigre chino y de una tortuga marina.
Ambas figuras fueron halladas en los 400 paquetes secuestrados en un camión cisterna en la ruta provincial 29, cerca de la ciudad de Joaquín V. González, en el departamento Anta, al sur de Salta y cerca del límite con Santiago del Estero. No fue casual el hallazgo de la droga en ese camino de tierra aislado de cualquier lugar poblado.
Según fuentes judiciales y de la Gendarmería, se trata de una nueva ruta usada por los narcotraficantes que recurren a avionetas para que realicen un bombardeo de cocaína en establecimientos rurales en medio de la nada. Allí la droga se enfría y se estiba en camiones con los que se traslada a Buenos Aires y de allí, a Europa, donde un cargamento como el de 425 kilogramos hallados el 27 de julio pasado, está valuado en más de US$ 12.000.000.
Se trató del mayor cargamento de cocaína secuestrado durante este año y uno de los más importantes en esa zona desde que, en octubre de 2011, fueron secuestrados 356 kilogramos de cocaína, ocultos en bolsa de carbón vegetal que estaba guardado en el comercio del edil por el Frente para la Victoria, Luis Cifre, quien en el momento de la detención se desempeñaba como presidente del Concejo Deliberante de Joaquín V. González.
“En los últimos meses hemos advertido que toda la provincia de Salta se ha transformado en una zona de frontera. No se trata solamente de los límites con Bolivia, en el norte, en Salvador Mazza donde hay fincas que tienen la puerta de entrada en la Argentina y el fondo en territorio boliviano. También el sur de Salta se convirtió en una zona caliente. Las bandas usan avionetas con tres horas de autonomía de vuelo, cruzan la frontera desde los lugares de producción de la cocaína, en Bolivia y mediante el método de bombardeo de droga, llegan hasta el límite con Santiago del Estero. Así, logran eludir los controles instalados en las rutas 34 o 9. Desde esos lugares tienen el camino libre hasta Buenos Aires”, indicó uno de los investigadores judiciales.
Los ladrillos de cocaína se presentan en cantidades de aproximadamente un kilogramo, habitualmente llevan logotipos en el bloque físico y el embalaje exterior. El uso de logotipos puede atribuirse a la marca o “branding” para ciertos grupos del crimen organizado. También se usan con el objetivo de identificación o comunicación en cualquier etapa de la cadena de suministro.
Cuando la droga es de alta pureza, los narcos usan logotipos de marcas de lujo para identificar los paquetes de cocaína.
La pista de los símbolos
Al principio de la pesquisa, los investigadores abonaron la presunción de que la droga pertenecía a un cartel colombiano conocido como “El Golfo” o “Los Urabeños”. Dicha presunción se fundó en la comparación de las figuras con las que se habían marcado los paquetes de la droga secuestrada en Joaquín V. González, y la base de datos con las imágenes de los logotipos usados por la organización colombiana. Aunque, después se descartó dicha posibilidad.
La investigación que terminó con el secuestro de los 425 kilogramos de cocaína comenzó dos años antes, cuando los investigadores judiciales y los efectivos de la Gendarmería hallaron bolsas de polietileno abandonadas en medio del monte, en un área inhabitada del departamento Anta, en Salta.
En el informe que remitió a la fiscalía federal de Salta, los efectivos de la Gendarmería describieron que “presumiblemente eran usadas para arrojar droga desde el aire, en la modalidad conocida como bombardeo”.
Con este dato, los fiscales de la Procuraduría contra el Narcotráfico del Noroeste Argentino (Procunar) iniciaron un sumario que incluyó tareas de campo e inteligencia a cargo de la Unidad de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería. A partir de la vigilancia en la zona del hallazgo de las bolsas, los efectivos de la fuerza federal de seguridad identificaron a algunos sospechosos que, llamativamente, concurrían con vehículos a un lugar en medio de la nada, sin ninguna actividad productiva.
Uno de los primeros sospechosos habría sido identificado como Juan Leopoldo Noria, señalado después de la investigación, como el presunto cabecilla de la organización. Con la identificación de Noria, comenzaron las intervenciones telefónicas. Así, los investigadores establecieron que vivía en un complejo de departamentos de alta gama en la capital salteña.
“Hemos sacado, seguimos sacando”, dijo el imputado en una de las conversaciones telefónicas que fueron interceptadas por los investigadores de la Gendarmería. En la charla, el acusado se refería a los paquetes de droga, y a la llegada de un camión. Noria había coordinado la utilización de un camión cisterna, marca Fiat iveco donde otros dos presuntos integrantes de la banda que habrían sido identificados como Alfredo Medina y Facundo Díaz, fueron designados como chofer y acompañante del vehículo con la droga.
A otros dos acusados, que habrían sido identificados como Miguel Albornoz y Luis Palacios, los representantes del Ministerio Público les adjudicaron haber actuado como “los brazos operativos” de Noria, debido a que su función consistía en cargar los paquetes con la cocaína lanzados desde la avioneta y estibarlos en el camión cisterna, que según los remitos falsos, llevaba combustible, con destino a Santiago del Estero.
Cuando los dos narcos salieron con el camión a la ruta provincial N° 29 en dirección a Santiago del Estero, fueron interceptados por los efectivos de la Gendarmería.
Alto grado de pureza
Luego del secuestro del camión cisterna, el personal de la fuerza de seguridad federal apresó al conductor y al acompañante y se trasladó el vehículo a la base operativa de Joaquín V. González.
Allí, al abrir la cisterna los uniformados hallaron 400 paquetes con 423,700 kilogramos de cocaína. Según fuentes de la investigación, los peritajes realizados con los reactivos químicos concluyeron que la cocaína tenía 79,882% de pureza. Si se tiene en cuenta que la cocaína más cara en el mercado narco, se conoce como “alita de mosca”, tiene 90% de pureza, a los investigadores les llamó la atención la alta concentración de estupefaciente de la droga que había en los paquetes con las figuras del tigre chino y la tortuga marina.
Esa cocaína con semejante nivel de pureza se paga US$ 25.000 por kilogramo, en Europa. Hasta que la droga llega a las bochitas o papeles en los que se venden a través del narcomenudeo, los narcos rebajan la cocaína hasta que cada dosis tiene 10% de concentración del estupefaciente.
Así, ocurre que, en los últimos eslabones de la cadena de comercialización de cocaína se invierten las proporciones de sustancias de corte que tienen los paquetes con droga que trasladan las grandes bandas, como el cargamento secuestrado en Joaquín V. González.
La investigación que terminó con las capturas de los cinco integrantes de la organización dedicada al traslado de la droga desde la frontera hasta Buenos Aires, estuvo a cargo de fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba y sus colegas de la Procunar NOA, Jorge Viltes Monier y Mariana Gamba Cremaschi.
A fines de julio pasado, la jueza federal de Salta, Mariela Giménez aceptó los pedidos de los representantes del Ministerio Público y dictó las prisiones preventivas para los acusados Medina, Díaz, Noria, Albornoz y Palacios. La magistrada consideró que había elementos que avalaban la presunción de que los cinco sospechosos habrían sido coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes en la maniobra delictiva.
Durante la exposición ante la magistrada, los fiscales indicaron que el cargamento de droga secuestrado no habría sido el único que llevaron los acusados. A partir del análisis de las escuchas telefónicas se estableció que ya hubo otras operaciones similares. Por este motivo, los investigadores judiciales no descartaron la participación de otros cómplices.
Las avionetas utilizadas por los contrabandistas pueden arrojar en cada viaje entre 400 y 500 kilos de drogas, marcados con logos que indican su origen y destino
La Gendarmería pudo desarticular una organización delictiva que coordinaba la lluvia de paquetes con estupefacientes sobre campos salteños, alejados de los centros urbanos
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Treinta mil pesos es el precio que se paga en Rosario por asesinatos de inocentes
La fiscalía acusó al narco René Ungaro por ordenar desde el penal de Rawson homicidios para provocar conmoción social; las víctimas fueron una bailarina y su madre
Germán de los Santos
Virginia Ferreyra y su madre, Claudia Deldebbio
ROSARIO.– Por 30.000 pesos los Cortez, padre e hijo, asesinaron a dos mujeres que esperaban el colectivo el 23 de julio del año pasado. La hipótesis del fiscal es que la orden que había dado René Ungaro, un narco que estaba preso en ese momento en el penal de Ezeiza era que debían disparar contra “cualquiera”, no importaba quién era el blanco. La obsesión de El Brujo, como apodan a Ungaro, era exponer su bronca porque la justicia federal ordenó su traslado a la cárcel de Rawson, en Chubut.
Por 37,5 dólares al valor del fluctuante mercado blue, Fernando Cortez, de 45, y su hijo Lautaro, de 20, cumplieron con la orden de matar a cualquier persona que se atravesara en su camino, sin importar quiénes eran. El 23 de julio de 2022 Claudia Deldebbio y su hija Virginia Ferreyra, profesora de danzas árabes, esperaban el colectivo en la plaza Rodolfo Walsh, en el barrio Municipal, en el sur de Rosario. Claudia, de 58 años, había preferido acompañar a su hija a la parada por temor a la inseguridad. Ambas estaban paradas cuando un auto paró a unos metros de donde se encontraban. Lautaro Cortez se bajó del vehículo que conducía su padre y comenzó a disparar contra la torre Nº11, donde viven varios tranzas que venden droga en la zona. El joven de 19 años preguntó a las dos mujeres: “Y ustedes qué miran”. Y comenzó a dispararles para cumplir la orden que les había dado Ungaro.
Claudia falleció en el acto, a causa de las heridas de bala, y su hija agonizó casi dos meses, y murió el 24 de septiembre del año pasado.
En el inicio del juicio, los fiscales Franco Carbone y Patricio Saldutti imputaron a Ungaro, que ya fue condenado por narcotráfico, como instigador del crimen de esas dos mujeres. También acusaron a otro preso alojado en el penal de Coronda, Nicolás Martínez, por haber contactado a los Cortez para que ejecutaran el doble asesinato.
El padre e hijo que actuaron de sicarios fueron acusados no sólo por el doble homicidio, sino también por balear el Centro Municipal de Distrito Sur el 4 de septiembre de 2022. Ese atentado también fue instigado, según la acusación, por Ungaro, que proviene de una familia de mafiosos y narcos de la zona sur de Rosario. El Brujo fue condenado por narcotráfico y por asesinar en 2010 al jefe de la barra de Newell’s Roberto Pimpi Camino. Se alió luego con otra familia de narcos de la zona, el clan Funes. Y desde la cárcel, donde estuvo gran parte de su vida, continuó con la administración de la violencia y de sus negocios.
Ungaro está sospechado, además, de ordenar un atentado contra los tribunales federales de Rosario desde el penal de Rawson el 28 de septiembre de 2022. Por ese caso, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo pidió que se eleve a juicio la causa que como imputado a Guillermo Camarasa, el autor material. El ataque se produjo en una fecha cercana al doble asesinato de Claudia y Virginia y al atentado a la sede municipal, que ejecutaron los Cortez por 30.000 pesos.
La jueza María Trinidad Chiabrera dispuso la prisión preventiva de Martínez, que ya está preso, y la semana que viene se expedirá sobre la situación de Ungaro, que también está detenido. La condena más reciente contra Ungaro fue dictada en diciembre pasado, cuando se le impuso una pena de 12 años como jefe de una red de narco.
Según los fiscales Saldutti y Carbone, Ungaro fue situado como el “primer instigador” del doble crimen; desde la cárcel federal de Rawson ordenó por teléfono a Martínez, preso en Coronda, la ejecución del ataque. Una orden que este tramitó como parte de la cadena de instigación, dado que “al estar preso en la provincia de Santa Fe disponía del acceso y tenía disponibilidad de las personas que estaban en la calle y cometían los hechos”.
Según la imputación, la orden fue matar a cualquier persona que se encontrara en inmediaciones de la Torre 11, ubicada en el cruce de Maestros Santafesinos e Isola del barrio Parque del Mercado. Esto debía hacerse “a cambio de una promesa remuneratoria de 30 mil pesos por cada persona fallecida” y sin importar quién recibiera las balas. Cortez y su hijo, en el esquema imputativo, serían quienes concretaron el ataque junto a otros tres hombres aún no identificados.
“Todos actuaron motivados por una promesa remuneratoria luego pagada por Martínez, mediando un acuerdo entre todos para realizar el acto del modo en que lo hicieron, distribuyendo los roles en forma previa y valiéndose de la utilización de un vehículo y armas de fuego que Ungaro y Martínez pusieron a disposición para comer el hecho”, señala la imputación.
Esta trama exhibe con nitidez la naturalidad con la que se usa una violencia extrema en Rosario, que utiliza como mano de obra a personas que nacieron y se criaron fuera del sistema. Es un sicariato prácticamente de subsistencia. Por eso cuesta tan poco dinero matar en Rosario, donde este año se produjeron 205 homicidios. Anteayer fue asesinado en la zona sur Leandro Lanieri, de 17 años. Lo ejecutaron a balazos en la esquina de Chacabuco y Biedma, un lugar donde la muerte está siempre cerca.
Tiradores descartables
El negocio de la violencia, por el que fluye el aceitado mercado de la venta de drogas, se retroalimenta de perfiles como el de los Cortez. O la historia de Lautaro Arenas, acusado de ejecutar al “arrepentido” Carlos Argüelles. Ese joven de 19 años nunca tuvo un empleo ni educación: es analfabeto. Pertenece a esa flota de jóvenes que solo son integrados por los narcos en el negocio criminal.
“No sé leer ni escribir”, respondió Arenas, que no tiene antecedentes penales, cuando el juez Gustavo Pérez de Urrechu le preguntó si tenía estudios. Está sospechado de gatillar dos disparos en la cabeza de su víctima con extrema precisión. Los otros tres detenidos –Aldana Peralta, Rodrigo Varela y Maximiliano Morel–, que habrían cobrado 180.000 pesos por matar a ese hombre, cuyo testimonio iba a ser clave en el juicio contra su exjefe narco Esteban Alvarado, no terminaron la escuela primaria y nunca tuvieron un empleo formal.
Dos de ellos poseen la tarjeta Alimentar y cobran planes sociales. La familia de Aldana Peralta, quien sería la jefa de este grupo, maneja un comedor comunitario que se llama Corazoncitos Felices en La Tablada. Su pareja Dardo Basualdo está preso en el pabellón Nº4 de la cárcel de Piñero.
Este tipo de sicarios prestan ese servicio de matar, pero muchas veces no pertenecen a una banda determinada. Es un trabajo tercerizado en un universo en el que otras personas cumplen funciones paralelas, como hacer tareas de inteligencia previa al crimen, como ocurrió con Argüelles en enero pasado, cuando el taxista Jorge Ojeda se encargaba de estudiar los movimientos de la víctima.
La hipótesis que en su momento esgrimieron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra es que el crimen de Argüelles se tramó desde las cárceles de Marcos Paz, donde está preso Alvarado, y en Piñero.
ROSARIO.– Por 30.000 pesos los Cortez, padre e hijo, asesinaron a dos mujeres que esperaban el colectivo el 23 de julio del año pasado. La hipótesis del fiscal es que la orden que había dado René Ungaro, un narco que estaba preso en ese momento en el penal de Ezeiza era que debían disparar contra “cualquiera”, no importaba quién era el blanco. La obsesión de El Brujo, como apodan a Ungaro, era exponer su bronca porque la justicia federal ordenó su traslado a la cárcel de Rawson, en Chubut.
Por 37,5 dólares al valor del fluctuante mercado blue, Fernando Cortez, de 45, y su hijo Lautaro, de 20, cumplieron con la orden de matar a cualquier persona que se atravesara en su camino, sin importar quiénes eran. El 23 de julio de 2022 Claudia Deldebbio y su hija Virginia Ferreyra, profesora de danzas árabes, esperaban el colectivo en la plaza Rodolfo Walsh, en el barrio Municipal, en el sur de Rosario. Claudia, de 58 años, había preferido acompañar a su hija a la parada por temor a la inseguridad. Ambas estaban paradas cuando un auto paró a unos metros de donde se encontraban. Lautaro Cortez se bajó del vehículo que conducía su padre y comenzó a disparar contra la torre Nº11, donde viven varios tranzas que venden droga en la zona. El joven de 19 años preguntó a las dos mujeres: “Y ustedes qué miran”. Y comenzó a dispararles para cumplir la orden que les había dado Ungaro.
Claudia falleció en el acto, a causa de las heridas de bala, y su hija agonizó casi dos meses, y murió el 24 de septiembre del año pasado.
En el inicio del juicio, los fiscales Franco Carbone y Patricio Saldutti imputaron a Ungaro, que ya fue condenado por narcotráfico, como instigador del crimen de esas dos mujeres. También acusaron a otro preso alojado en el penal de Coronda, Nicolás Martínez, por haber contactado a los Cortez para que ejecutaran el doble asesinato.
El padre e hijo que actuaron de sicarios fueron acusados no sólo por el doble homicidio, sino también por balear el Centro Municipal de Distrito Sur el 4 de septiembre de 2022. Ese atentado también fue instigado, según la acusación, por Ungaro, que proviene de una familia de mafiosos y narcos de la zona sur de Rosario. El Brujo fue condenado por narcotráfico y por asesinar en 2010 al jefe de la barra de Newell’s Roberto Pimpi Camino. Se alió luego con otra familia de narcos de la zona, el clan Funes. Y desde la cárcel, donde estuvo gran parte de su vida, continuó con la administración de la violencia y de sus negocios.
Ungaro está sospechado, además, de ordenar un atentado contra los tribunales federales de Rosario desde el penal de Rawson el 28 de septiembre de 2022. Por ese caso, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo pidió que se eleve a juicio la causa que como imputado a Guillermo Camarasa, el autor material. El ataque se produjo en una fecha cercana al doble asesinato de Claudia y Virginia y al atentado a la sede municipal, que ejecutaron los Cortez por 30.000 pesos.
La jueza María Trinidad Chiabrera dispuso la prisión preventiva de Martínez, que ya está preso, y la semana que viene se expedirá sobre la situación de Ungaro, que también está detenido. La condena más reciente contra Ungaro fue dictada en diciembre pasado, cuando se le impuso una pena de 12 años como jefe de una red de narco.
Según los fiscales Saldutti y Carbone, Ungaro fue situado como el “primer instigador” del doble crimen; desde la cárcel federal de Rawson ordenó por teléfono a Martínez, preso en Coronda, la ejecución del ataque. Una orden que este tramitó como parte de la cadena de instigación, dado que “al estar preso en la provincia de Santa Fe disponía del acceso y tenía disponibilidad de las personas que estaban en la calle y cometían los hechos”.
Según la imputación, la orden fue matar a cualquier persona que se encontrara en inmediaciones de la Torre 11, ubicada en el cruce de Maestros Santafesinos e Isola del barrio Parque del Mercado. Esto debía hacerse “a cambio de una promesa remuneratoria de 30 mil pesos por cada persona fallecida” y sin importar quién recibiera las balas. Cortez y su hijo, en el esquema imputativo, serían quienes concretaron el ataque junto a otros tres hombres aún no identificados.
“Todos actuaron motivados por una promesa remuneratoria luego pagada por Martínez, mediando un acuerdo entre todos para realizar el acto del modo en que lo hicieron, distribuyendo los roles en forma previa y valiéndose de la utilización de un vehículo y armas de fuego que Ungaro y Martínez pusieron a disposición para comer el hecho”, señala la imputación.
Esta trama exhibe con nitidez la naturalidad con la que se usa una violencia extrema en Rosario, que utiliza como mano de obra a personas que nacieron y se criaron fuera del sistema. Es un sicariato prácticamente de subsistencia. Por eso cuesta tan poco dinero matar en Rosario, donde este año se produjeron 205 homicidios. Anteayer fue asesinado en la zona sur Leandro Lanieri, de 17 años. Lo ejecutaron a balazos en la esquina de Chacabuco y Biedma, un lugar donde la muerte está siempre cerca.
Tiradores descartables
El negocio de la violencia, por el que fluye el aceitado mercado de la venta de drogas, se retroalimenta de perfiles como el de los Cortez. O la historia de Lautaro Arenas, acusado de ejecutar al “arrepentido” Carlos Argüelles. Ese joven de 19 años nunca tuvo un empleo ni educación: es analfabeto. Pertenece a esa flota de jóvenes que solo son integrados por los narcos en el negocio criminal.
“No sé leer ni escribir”, respondió Arenas, que no tiene antecedentes penales, cuando el juez Gustavo Pérez de Urrechu le preguntó si tenía estudios. Está sospechado de gatillar dos disparos en la cabeza de su víctima con extrema precisión. Los otros tres detenidos –Aldana Peralta, Rodrigo Varela y Maximiliano Morel–, que habrían cobrado 180.000 pesos por matar a ese hombre, cuyo testimonio iba a ser clave en el juicio contra su exjefe narco Esteban Alvarado, no terminaron la escuela primaria y nunca tuvieron un empleo formal.
Dos de ellos poseen la tarjeta Alimentar y cobran planes sociales. La familia de Aldana Peralta, quien sería la jefa de este grupo, maneja un comedor comunitario que se llama Corazoncitos Felices en La Tablada. Su pareja Dardo Basualdo está preso en el pabellón Nº4 de la cárcel de Piñero.
Este tipo de sicarios prestan ese servicio de matar, pero muchas veces no pertenecen a una banda determinada. Es un trabajo tercerizado en un universo en el que otras personas cumplen funciones paralelas, como hacer tareas de inteligencia previa al crimen, como ocurrió con Argüelles en enero pasado, cuando el taxista Jorge Ojeda se encargaba de estudiar los movimientos de la víctima.
La hipótesis que en su momento esgrimieron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra es que el crimen de Argüelles se tramó desde las cárceles de Marcos Paz, donde está preso Alvarado, y en Piñero.
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