La lista de Rigau: militantes, empleados poco calificados y sueldos de $580.000
Así surge de las declaraciones que los propios titulares de las tarjetas hicieron ante la Justicia; muchos plantearon que le daban sus tarjetas al puntero del PJ porque les simplificaba el trámite; hay varios familiares suyos en la nómina
Hernán Cappiello
La lista de empleados de la Cámara de Diputados provincial a los que Julio “Chocolate” Rigau les sacaba dinero de sus cuentas está integrada por trabajadores poco calificados. Muchos de ellos no prestaban servicios en la Legislatura, sino que eran militantes políticos, con escasa formación y un sueldo de entre 570.000 y 580.000 pesos de bolsillo.
La excepción es Ezequiel Tocci, un floricultor de Abasto con estudios de derecho y contabilidad, que declaró que no sabía que lo habían nombrado como asesor en la Cámara y que Rigau estaba sacando plata con su tarjeta de su cuenta sueldo, de más de medio millón de pesos, sin que él lo supiera. A pesar de que Tocci dice que nunca trabajó en la Cámara de Diputados la justicia secuestró su legajo –al que accedió la nacion– donde dice que ingresó en 2016 y su contrato fue renovado año a año en el bloque político. Aparece firmado supuestamente por él.
Así surge de sus declaraciones testimoniales y los legajos de personal de la Cámara de Diputados provincial a las que accedió la nación. Julio Rigau, un militante del PJ, que oficiaba como electricista de la Legislatura fue detenido cuando sacaba plata de cajeros automáticos con 48 tarjetas de débito y tenía 1.257.000 pesos en su poder.
Rigau sacó dinero durante cinco días consecutivos entre el martes 5 de septiembre y el sábado 9 de septiembre cuando un guardia urbano platense lo vio y lo denunció. En cada ocasión operó con entre 42 y 45 tarjetas de débito con las que retiró plata.
Se sospecha que la de Chocolate, un militante con antecedentes policiales por hurto, era una maniobra de financiamiento de la política, con empleados contratados tanto en el bloque del Frente de Todos, del Frente Renovador como de Cambiemos, donde parte del dinero del sueldo se destinaba al partido. Así surge de los legajos personales de los dueños de las tarjetas de débito. Tras ingresar por algún partido, (los hay de todos) terminan contratados, con contratos que se renuevan año a año por más de 20 años, incluso, bajo la denominación “bloque político”, es decir afectados a una bancada sin identificar en el legajo.
Tras las primeras averiguaciones de la fiscal Betina Lacki, una rauda decisión de dos jueces de la Cámara de La Plata, Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, cortó la investigación y anuló la causa al considerar injustificada la intervención policial.
Según surge del sumario, esa intervención estuvo motivada en la denuncia de particulares que vieron cómo sacaba dinero durante media hora del cajero con diversas tarjetas, en la cantidad de tarjetas que le fueron secuestradas, cada una con un sobre plastificado y un papelito con la clave de cada una, y los tickets de retiros. La causa puede resucitar ya que el fiscal Héctor
Vogliolo apeló la nulidad del caso.
La justicia, antes de que se frenara el caso, empezó a escuchar las declaraciones de los dueños de las tarjetas de debido: como calcado, todos –menos uno– dijeron que le daban voluntariamente ese plástico a Rigau para que les cobrara la plata del cajero en su nombre. Alegaron en algunos casos “comodidad”, en otros “un problema de ignorancia”, en otros “que no podían estar mucho tiempo parados”. Dijeron que Rigau después le devolvía la tarjeta y ellos, colaboraban con algo de dinero para su merendero.
Así en la causa aparecen los relatos de Graciela Anivarro, empleada desde 2008, que trabaja en Prensa y le daba su tarjeta a “Julito” para que le cobrara “por una cuestión de seguridad”. No se acordaba la clave de su tarjeta, pero sí el sueldo de 580.000 pesos. En el caso de Marisol Correa, su suegro es Julio Rigau. Su suegro la hizo entrar en el trabajo.
Lourdes Degollada trabaja con su hermana María Cristina en un depósito, donde hay muebles y lavan los autos. No tiene que ir todos los días. Con tal de cumplir 30 horas semanales cobra 588.000 pesos mensuales de bolsillo y colabora con el merendero de Rigau. La hizo entrar su marido Luis. Si ella no va un día, Rigau en lugar de darle los 30.000 pesos diarios, le da 90.000 dijo.
Su hermana María Cristina –que no recordaba las letras de su clave– explicó la modalidad: al comienzo de mes le daban la tarjeta a Rigau, él sacaba 30.000 pesos y ellos colaboraban con plata, ropa o víveres con el merendero. “Confiábamos en él”, dijo.
Cecilia D’ovidio, trabaja para Tomasina Papaleo, directora de Servicios Auxiliares de la cámara y dijo que su tarea es hacer trámites en IOMA, Anses, ARBA, personal, compras, y que termina su día de trabajo cuando termina los trámites. Cobra 550.000 pesos al mes y Rigau saca a la plata. “Quiero aclarar que él me cobre o tenga mi tarjeta es en retribución a que colaboro con el merendero que tiene en su casa”, declaró la mujer.
Raúl Folone es chofer de la Cámara desde hace 14 años y le da su tarjeta a Rigau, dijo, porque como viaja con su auto a su trabajo, el electricista le saca la plata del banco. Cobra 560.000 pesos y Rigau sacaba unos 120.000, dijo.
Diego Koster, de 68 años, es empleado de la Cámara, pero no trabaja allí, a pesar de cobrar 580.000 pesos de bolsillo. Cuando le instructor judicial le preguntó si prestaba servicios en la Cámara contestó: “Sí, en servicios auxiliares, trabajo en la construcción, en clubes de barrio y doy una mano”. Rigau lo hizo entrar en la Legislatura con un sueldo de 560.000 pesos y “cada dos por tres” le daba la tarjeta para que le saque plata.
Sheila Maroni trabaja desde hace 10 años en la oficina de personal. Declaró “generalmente trabajo desde mi casa, voy a la oficina, pero no tengo un horario”. Julio Rigau es su vecino que vive a dos cuadras de la casa. “Le daba mi tarjeta a Julio porque yo soy un desastre y no tengo tiempo. Básicamente yo no voy al cajero, él sacaba plata y después me devolvía la tarjeta”, le dijo a la Justicia.
Daniel Mederos trabaja desde hace 20 años como empleado de la Cámara de diputados, pero su trabajo es “barrial”, dijo. Consiste en retirar con su camioneta mercadería de un galpón y llevarla al merendero de Rigau y a otro de una mujer de nombre Julia. Cobra $540.000. “Yo opero en efectivo más que nada por un problema de ignorancia” dijo y Rigau le saca la plata del cajero. “A veces trabajo 12 horas, otros días 2 y otros nada. Voy y me dicen lo que tengo que hacer”, declaró.
Mario Sánchez también tiene una tarea particular. Es consuegro de Julio Rigau. “Trabajo en la Cámara de Diputados, militante barrial. Trabajo para Koster [el que trabajaba en construcción], que me manda a una salita, a un jardín donde necesitan algo”. Cobra por la Cámara, pero no se desempeña allí. El abuelo de su hijo es Julio Rigau a quien conoce desde hace 20 años y le consiguió un sueldo de entre 560.000 y 580.000 pesos. “Cuando me dieron el plan”, dijo que fue a buscar la tarjeta al Banco. Sánchez, que se define como militante barrial, en apariencia cree que su trabajo es una suerte de plan social. También la nieta de Rigau, Paula Valdate, de 30 años, trabaja en la Cámara y su abuelo le cobra el sueldo de 580.000 pesos, porque ella vive más lejos, donde no hay cajeros a mano.
La única excepción es el floricultor Ezequiel Tocci, que cuando le mostraron la tarjeta de débito con la que Rigau sacaba plata de su cuenta, no la reconoció como propia. Incluso su nombre estaba mal escrito en la tarjeta, le habían puesto Exequiel. Declaró además que nunca vio en su vida a Rigau, que sacaba plata con su tarjeta. Explicó que hace un año fue a retirar una tarjeta de débito de la Cámara de Diputados porque “estaba esperando que me nombren asesor”, aunque no supo de quién.
Entonces retiró esa tarjeta, pero dijo nunca la usó y que al poco tiempo lo llamaron de nuevo para que la devolviera. “Yo no sabía cómo se manejan estaba esperando que me salga el contrato y la esperanza mía era tener trabajo. Un día me la dieron y al otro día me la pidieron no la tuve casi en mi poder”, dijo.
La entregó en la Cámara de Diputados. El hombre dijo que no trabaja allí, a pesar de que le hicieron un contrato del que nunca se enteró y alguien está cobrando el sueldo por él. Con estudios secundarios y terciarios incompletos de abogacía y ciencias económicas, Tocci dijo que nunca se dedicó a la política y que es productor agropecuario.
Rigau sacó dinero durante cinco días consecutivos entre el 5 y el 9 de septiembre
La Justicia empezó a escuchar ahora a los “dueños” de las tarjetas de débito
Un floricultor que nunca se dedicó a la política tenía a su nombre un plástico
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Trampas y secretos de la histórica caja negra de la política bonaerense
Cómo operan los distintos circuitos y negocios que en la Legislatura permiten obtener millonarios ingresos a los políticos
Hugo Alconada Mon
LA PLATA.– Se entra a la Legislatura bonaerense por el portón doble de calle 8. Se camina derecho hacia el corazón del Palacio. Se baja un puñado de escalones hasta el subsuelo. Y se dobla en la primera puerta que surge a la izquierda. Otro par de metros y¡voilá! Allí funciona uno de los cajeros automáticos que instalaron hace años en la Legislatura. Lo saben los miles de empleados y contratados que trabajan allí. Lo sabe Julio “Chocolate” Rigau. Y lo saben todos los demás “chocolatitos” del poder. Porque los pusieron para ellos.
El cajero es chiquito, pero rendidor. Es del Banco Provincia y tiene dinero, entre publicidades del Bapro y carteles que convocan a un acto en apoyo a Sergio Massa y Axel Kicillof. Y guarda un secreto que conocen los veteranos de la Legislatura: lo instalaron en los días que siguieron a otros escándalos similares, como fue el caso “Azul Marino”, que generó mucho ruido inicial, pedidos de desafueros de varios legisladores… y la impunidad final.
“Lo siento, pero Chocolate no va a hablar; él está devastado, al igual que su familia”, indicaron a su lado ante la consulta de la nacion. Tanto él como sus íntimos consideran “injusto” que la prensa se centre “tanto” en él. Pero evitaron precisar quién lo nombró o quién lo apadrina en la Legislatura, para quién trabaja o milita o para quién era ese dinero que sacó con 48 tarjetas de débito de cajeros cercanos a la Legislatura. Ante la Justicia, la versión coincidente –¿acordada?– fue que todos –menos uno– querían colaborar con un merendero.
En la práctica, la Legislatura bonaerense es una caja negra. Tanto, que ni siquiera todos los diputados accedieron a los números, la letra chica y el anexo de la ley 15.392 que fijó el presupuesto de la propia Cámara baja. Sí, muchos de los legisladores ignoraban qué votaron o cuánto dinero se otorgaron a ellos mismos. Mucho menos supieron cuánto aprobaron para los senadores con la ley hermana, la 15.393, y su anexo.
la nacion procuró acceder a esos anexos y a otros datos públicos como las partidas para subsidios, becas y viáticos, entre otros rubros que manejan los legisladores. Lo pidió l al presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín. También, al área de Prensa de la Legislatura. Al cierre de esta edición, no había accedido a esos datos. Pero unos pocos diputados y senadores provinciales, al igual que empleados de la Legislatura, guiaron a la nacion bajo estricta reserva de sus nombres.
Primero, ¿cuánto gana un legislador? La dieta bruta de un diputado asciende a $1.350.000, lo que se reduce a poco menos de $840.000 netos por mes -aunque puede variar por antigüedad-, valores inferiores a los de un senador. A modo de comparación: un médico que ingresa al Hospital de Niños de La Plata cobra $210.000.
En el Senado, los números son más opacos aún. Se estima que los 1032 empleados de planta permanente ganan un salario bruto promedio de $652.000, en tanto que los 308 empleados de planta permanente y el personal político de bloque más importantes llegan, en promedio, a cobrar algo más de $2 millones, bruto. Equivale al sueldo básico de diez docentes bonaerenses.
Segundo, ¿a cuánto asciende el presupuesto del Poder Legislativo bonaerense? En la Cámara de Diputados, a $36.550 millones anuales, de los que $25.200 millones se destinan al pago del personal, otros $800 millones a bienes de consumo; $8500 millones a “servicios no personales” y $1800 millones a “transferencias”. Y en el Senado -que tiene la mitad de bancas que Diputados-, el presupuesto es de $25.652 millones, de los que al menos $18.290 millones se destinan a salarios.
Tercero, ¿cuántas personas trabajan en la Cámara de Diputados? Figuran 92 legisladores, 8 funcionarios, 985 empleados de planta permanente con estabilidad y otros 131 sin estabilidad, más otros 294 empleados en planta transitoria. Total: 1510. Pero la cifra es incompleta. ¿Por qué? Porque hay que sumar todos los monotributistas que emiten facturas -trabajen o no- y a los que se les paga con los $8500 millones asignados al rubro “servicios no personales”. Es decir, una partida más grande que todo el presupuesto asignado al Consejo de la Magistratura, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Investigaciones Científicas juntos.
¿Allí se acaba toda la cuenta? No. Otra forma de abordar lo que ocurre en la Legislatura es que a cada diputado se le asignan 3000 “módulos” por mes para contratar personal, en tanto que cada bloque partidario recibe otros 1500 “módulos” por legislador y por mes, siendo que el bloque puede disponer de esos “módulos” de manera discrecional -puede, por ejemplo, contratar asesores que trabajen para el bloque en sí- o repartir esos “módulos” como desee –por ejemplo, dándole más “módulos” al jefe de bancada y a los legisladores más veteranos– o prorratearlo de forma equitativa entre sus legisladores. De ser así, cada legislador dispondría de 4500 módulos mensuales. Y como cada uno equivale a $1476 pesos, cada diputado contaría con más de $6,6 millones por mes para contratar personal.
Ese monto cobra otra dimensión al multiplicarlo por la cantidad de diputados
–92–, arrojando una partida mensual que asciende a $611 millones en la Cámara, lo que equivale a once ambulancias de alta complejidad por mes para pacientes críticos con equipamiento completo como las que el gobernador Axel Kicillof entregó esta semana en 13 municipios bonaerenses. En el Senado bonaerense trepan los montos. El valor del “módulo” es más elevado. Ronda los 2200 pesos. Y este año aprobaron repartir más de 630.000 “módulos” entre los 46 senadores provinciales –que se reparten en mitades entre el oficialismo y Juntos por el Cambio-, por un total anual de $1387 millones.
La trampa comienza con los módulos, pero no se agota allí, aclaran seis legisladores y empleados consultados por la nacion. ¿Por qué? Porque también pueden abarcar mordidas en el reparto de subsidios, becas –de montos exiguos–, viáticos –de $65.000 por mes y solo para aquellos legisladores que cumplan con ciertos requisitos– y otros beneficios –auto, chofer y teléfono, entre otros, que tampoco corren para todos–.
También está el negocio de los prestanombres. ¿Cómo es la trampa con esos fondos? La más generalizada es muy conocida: se contrata a una persona que acepta ceder todo o parte de su salario a cambio de la obra social -IOMA- y los aportes jubilatorios, que son más elevados que la media, y que al cumplir cuatro años de antigüedad reportarán un beneficio sustancial e inamovible al llegar a la edad de retiro. Es decir que el desfalco para las cuentas públicas es actual y futuro. Así ocurrió, por ejemplo, con el escándalo que sacudió a la Legislatura cuando despuntaba el nuevo milenio. Conocido como el caso “Azul Marino”, provocó el pedido de desafuero de cuatro senadores del radicalismo y empleados legislativos, entre otros acusados de desviar fondos públicos destinados a seguros de desempleo y subsidios tras la crisis de 2001.
Veinte años después, coinciden las fuentes consultadas, el desvío de fondos no solo continúa, sino que se acrecentó. Se desvían fortunas a los bolsillos de legisladores –aunque no todos– y de sus principales colaboradores, a solventar militantes que recorren distritos o a financiar campañas electorales, entre otras opciones. Tanto es así, que hasta impera una suerte de regla tácita: “En los subsidios se acordó que el que pone la cara se lleva el 8% y que el resto vuelve al legislador, aunque los más precavidos lo llevan al 12 %”, detalló un veterano con cuatro décadas en las lides palaciegas bonaerenses a la nacion que lamentó que la prensa se quede en estas prácticas “anecdóticas”, como las calificó. “La guita grande está en las votaciones para algunas leyes y acuerdos de funcionarios”, argumentó.
LA PLATA.– Se entra a la Legislatura bonaerense por el portón doble de calle 8. Se camina derecho hacia el corazón del Palacio. Se baja un puñado de escalones hasta el subsuelo. Y se dobla en la primera puerta que surge a la izquierda. Otro par de metros y¡voilá! Allí funciona uno de los cajeros automáticos que instalaron hace años en la Legislatura. Lo saben los miles de empleados y contratados que trabajan allí. Lo sabe Julio “Chocolate” Rigau. Y lo saben todos los demás “chocolatitos” del poder. Porque los pusieron para ellos.
El cajero es chiquito, pero rendidor. Es del Banco Provincia y tiene dinero, entre publicidades del Bapro y carteles que convocan a un acto en apoyo a Sergio Massa y Axel Kicillof. Y guarda un secreto que conocen los veteranos de la Legislatura: lo instalaron en los días que siguieron a otros escándalos similares, como fue el caso “Azul Marino”, que generó mucho ruido inicial, pedidos de desafueros de varios legisladores… y la impunidad final.
“Lo siento, pero Chocolate no va a hablar; él está devastado, al igual que su familia”, indicaron a su lado ante la consulta de la nacion. Tanto él como sus íntimos consideran “injusto” que la prensa se centre “tanto” en él. Pero evitaron precisar quién lo nombró o quién lo apadrina en la Legislatura, para quién trabaja o milita o para quién era ese dinero que sacó con 48 tarjetas de débito de cajeros cercanos a la Legislatura. Ante la Justicia, la versión coincidente –¿acordada?– fue que todos –menos uno– querían colaborar con un merendero.
En la práctica, la Legislatura bonaerense es una caja negra. Tanto, que ni siquiera todos los diputados accedieron a los números, la letra chica y el anexo de la ley 15.392 que fijó el presupuesto de la propia Cámara baja. Sí, muchos de los legisladores ignoraban qué votaron o cuánto dinero se otorgaron a ellos mismos. Mucho menos supieron cuánto aprobaron para los senadores con la ley hermana, la 15.393, y su anexo.
la nacion procuró acceder a esos anexos y a otros datos públicos como las partidas para subsidios, becas y viáticos, entre otros rubros que manejan los legisladores. Lo pidió l al presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín. También, al área de Prensa de la Legislatura. Al cierre de esta edición, no había accedido a esos datos. Pero unos pocos diputados y senadores provinciales, al igual que empleados de la Legislatura, guiaron a la nacion bajo estricta reserva de sus nombres.
Primero, ¿cuánto gana un legislador? La dieta bruta de un diputado asciende a $1.350.000, lo que se reduce a poco menos de $840.000 netos por mes -aunque puede variar por antigüedad-, valores inferiores a los de un senador. A modo de comparación: un médico que ingresa al Hospital de Niños de La Plata cobra $210.000.
En el Senado, los números son más opacos aún. Se estima que los 1032 empleados de planta permanente ganan un salario bruto promedio de $652.000, en tanto que los 308 empleados de planta permanente y el personal político de bloque más importantes llegan, en promedio, a cobrar algo más de $2 millones, bruto. Equivale al sueldo básico de diez docentes bonaerenses.
Segundo, ¿a cuánto asciende el presupuesto del Poder Legislativo bonaerense? En la Cámara de Diputados, a $36.550 millones anuales, de los que $25.200 millones se destinan al pago del personal, otros $800 millones a bienes de consumo; $8500 millones a “servicios no personales” y $1800 millones a “transferencias”. Y en el Senado -que tiene la mitad de bancas que Diputados-, el presupuesto es de $25.652 millones, de los que al menos $18.290 millones se destinan a salarios.
Tercero, ¿cuántas personas trabajan en la Cámara de Diputados? Figuran 92 legisladores, 8 funcionarios, 985 empleados de planta permanente con estabilidad y otros 131 sin estabilidad, más otros 294 empleados en planta transitoria. Total: 1510. Pero la cifra es incompleta. ¿Por qué? Porque hay que sumar todos los monotributistas que emiten facturas -trabajen o no- y a los que se les paga con los $8500 millones asignados al rubro “servicios no personales”. Es decir, una partida más grande que todo el presupuesto asignado al Consejo de la Magistratura, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Investigaciones Científicas juntos.
¿Allí se acaba toda la cuenta? No. Otra forma de abordar lo que ocurre en la Legislatura es que a cada diputado se le asignan 3000 “módulos” por mes para contratar personal, en tanto que cada bloque partidario recibe otros 1500 “módulos” por legislador y por mes, siendo que el bloque puede disponer de esos “módulos” de manera discrecional -puede, por ejemplo, contratar asesores que trabajen para el bloque en sí- o repartir esos “módulos” como desee –por ejemplo, dándole más “módulos” al jefe de bancada y a los legisladores más veteranos– o prorratearlo de forma equitativa entre sus legisladores. De ser así, cada legislador dispondría de 4500 módulos mensuales. Y como cada uno equivale a $1476 pesos, cada diputado contaría con más de $6,6 millones por mes para contratar personal.
Ese monto cobra otra dimensión al multiplicarlo por la cantidad de diputados
–92–, arrojando una partida mensual que asciende a $611 millones en la Cámara, lo que equivale a once ambulancias de alta complejidad por mes para pacientes críticos con equipamiento completo como las que el gobernador Axel Kicillof entregó esta semana en 13 municipios bonaerenses. En el Senado bonaerense trepan los montos. El valor del “módulo” es más elevado. Ronda los 2200 pesos. Y este año aprobaron repartir más de 630.000 “módulos” entre los 46 senadores provinciales –que se reparten en mitades entre el oficialismo y Juntos por el Cambio-, por un total anual de $1387 millones.
La trampa comienza con los módulos, pero no se agota allí, aclaran seis legisladores y empleados consultados por la nacion. ¿Por qué? Porque también pueden abarcar mordidas en el reparto de subsidios, becas –de montos exiguos–, viáticos –de $65.000 por mes y solo para aquellos legisladores que cumplan con ciertos requisitos– y otros beneficios –auto, chofer y teléfono, entre otros, que tampoco corren para todos–.
También está el negocio de los prestanombres. ¿Cómo es la trampa con esos fondos? La más generalizada es muy conocida: se contrata a una persona que acepta ceder todo o parte de su salario a cambio de la obra social -IOMA- y los aportes jubilatorios, que son más elevados que la media, y que al cumplir cuatro años de antigüedad reportarán un beneficio sustancial e inamovible al llegar a la edad de retiro. Es decir que el desfalco para las cuentas públicas es actual y futuro. Así ocurrió, por ejemplo, con el escándalo que sacudió a la Legislatura cuando despuntaba el nuevo milenio. Conocido como el caso “Azul Marino”, provocó el pedido de desafuero de cuatro senadores del radicalismo y empleados legislativos, entre otros acusados de desviar fondos públicos destinados a seguros de desempleo y subsidios tras la crisis de 2001.
Veinte años después, coinciden las fuentes consultadas, el desvío de fondos no solo continúa, sino que se acrecentó. Se desvían fortunas a los bolsillos de legisladores –aunque no todos– y de sus principales colaboradores, a solventar militantes que recorren distritos o a financiar campañas electorales, entre otras opciones. Tanto es así, que hasta impera una suerte de regla tácita: “En los subsidios se acordó que el que pone la cara se lleva el 8% y que el resto vuelve al legislador, aunque los más precavidos lo llevan al 12 %”, detalló un veterano con cuatro décadas en las lides palaciegas bonaerenses a la nacion que lamentó que la prensa se quede en estas prácticas “anecdóticas”, como las calificó. “La guita grande está en las votaciones para algunas leyes y acuerdos de funcionarios”, argumentó.
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