Juego, narco y tierras, la trilogía peronista en Lomas de Zamora
Una continuidad histórica de vínculos entre la política y los negocios caracteriza a quienes manejaron las riendas del poder a partir de 1983; desde Eduardo Duhalde hasta Martín Insaurralde
Daniel Bilotta
El vínculo atribuido al peronismo del conurbano con el negocio del juego, el narcotráfico y la venta de grandes extensiones de tierras fiscales, pero también de aquellas entrampadas en complejos trámites sucesorios, son puntos nítidos sobre los que puede trazarse una línea en el tiempo para establecer una continuidad entre el único gobierno municipal de Eduardo Duhalde y la gestión iniciada por Martín Insaurralde en 2009. Pero tal vez sea necesario remontarse bastante más atrás para comprender el protagonismo determinante adquirido por Lomas de Zamora en la política argentina.
Tomás Grigera inauguró esa era en 1811 con el “movimiento de los orilleros” del 5 y 6 de abril. Alcalde de las quintas del sur y muy popular entre el campesinado pobre, Grigera se instaló con 200 jinetes frente al Cabildo para garantizar que Cornelio Saavedra concretara en la Junta Grande la purga de los miembros que todavía se identificaban con el desaparecido Mariano Moreno. Ubicada frente al Palacio Municipal de Manuel Castro al 220, la plaza principal de Lomas de Zamora se denomina Tomás Grigera en su memoria.
Pero más significativo que ese homenaje es el que le rindió uno de sus descendientes directos. Duhalde se reivindica como tal. Llamó Don Tomás a la quinta que durante su esplendor político ocupó en San Vicente. Un partido de la tercera sección electoral que recrea el ambiente rural de hace dos siglos en el Gran Buenos Aires. Pero también uno de los que subdividieron para mediar en el conflicto entre las familias que formaron parte de su círculo de poder.
Duhalde creó el partido de Presidente Perón para ponerle fin al enfrentamiento entre el matrimonio de Mabel Müller y Oscar rodríguez con el de Brígida Malacrida y Antonio Arcuri. rodríguez fue intendente de Presidente Perón y el jefe de la SIDE cuando Duhalde ocupó la presidencia en forma provisional. Müller tuvo cuatro mandatos como diputada nacional. Brígida Malacrida fue intendenta de San Vicente durante 12 años.
Arcuri digitó durante más de una década la designación de jueces y fiscales desde el Senado bonaerense e incidió en ascensos y traslados de comisarios en la policía. Pero, además, fue el subsecretario legal y técnico en la presidencia de Duhalde. El cierre de un ciclo iniciado en los años 70 como candidato a concejal de la Democracia Cristiana en las listas del Frente Justicialista de Liberación. Primer hito de una carrera iniciada gracias a Hugo Toledo. El escribano con el que entró en contacto como abogado a cargo de trámites para la transferencia que realizaba para una agencia de autos usados.
Un escribano en expansión
Toledo auspició su ingreso al municipio de Lomas de Zamora, donde se transformó en asesor legal del Sindicato de Empleados Municipales. Ese fue su trampolín para saltar a la lista de concejales con el padrinazgo de Alejandro Schell, segundo obispo en la historia de la diócesis de Lomas de Zamora. Toledo sucedería a Duhalde como intendente en 1987.
Antes había sido su secretario de Obras Públicas en el mismo gabinete en el que Osvaldo Mércuri fue secretario de Salud. Los tres compartían un antecedente común: el pasado reciente de agentes inmobiliarios. A diferencia de los intendentes que lo secundaron en la Liga Federal, Duhalde evitó perpetuarse en el cargo que alcanzó no sin dificultades en 1983, en una elección disputada con el radical Horacio Devoy que resolvió la Junta Electoral bonaerense.
Devoy fue elegido concejal en 1985 y defendió a Duhalde de las acusaciones por sobreprecio en los víveres que distribuía para competir con el Plan Alimentario Nacional (PAN) del presidente raúl Alfonsín. Tal vez la primera experiencia piloto para un sistema de solidaridades disimulado con el bipartidismo que promovió con la UCR como gobernador a partir de 1991. Un acuerdo que también supuso que la oposición aceptara la tutela del peronismo en su misión esencial: ser el contrapeso del oficialismo.
Esa mecánica ofrece síntomas notables de supervivencia. El candidato a intendente por La Libertad Avanza, Antonio Volponi, participa desde 2018 en Feanpa. Una sociedad de responsabilidad limitada designada así por la primera sílaba de su nombre y el de sus otros dos miembros: Pablo Portell y Fernando Choren. Su hermano, Martín Choren, es el jefe de Gabinete del municipio de Lomas de Zamora. Portell es el secretario de Desarrollo Social e hijo de Carlos, por quien Insaurralde controló el Club Atlético Banfield.
La clausura de cualquier debate por la cooptación de todo el arco político es uno de los motivos que promueven fracturas dentro del oficialismo, en busca de una salida de ese laberinto. Guillermo Viñuales protagonizó la más reciente. Jefe de Gabinete de Insaurralde durante diez años, rompió en 2020 con el peronismo para sumarse a Juntos y ser su candidato oficial a intendente.
La tradición acuerdista
Julio “Chocolate” rigau recoge el legado de esa tradición acuerdista replicada por Mércuri, presidente de la Cámara de Diputados durante una década. Pero ni aun cuando tuvo que cederla en 1999 al representante de la Alianza, Alejandro Mosqueda, perdió el control de su presupuesto. Quizás ese momento haya sido el punto de inflexión para el financiamiento opaco y discrecional de la política a través de la Legislatura. Una sospecha que pesa sobre ese cuerpo desde la recuperación de la democracia.
La ruptura de Jorge rossi con Mércuri marcó un cambio de época en el juego. Duhalde quebró la alianza que mantenían ofreciéndole rossi asumir la presidencia de Lotería y declinar el cargo de senador provincial para el que había sido elegido. La profesionalización de las apuestas con la aparición de agencias y bingos hizo del juego clandestino una expresión marginal del negocio. Lo que probablemente haya vencido cualquier reticencia a reconvertir a los levantadores de apuestas y sus circuitos de recorridos en los primeros canales de distribución para el narcotráfico.
Ese aporte al primer mapeo del conurbano cuando el GPS no era una herramienta de uso cotidiano fue completado por mayoristas frutihortícolas que se aventuraban a la compra directa en quintas de zonas rurales. Esa expansión coincidió con la usurpación de tierras fiscales y con problemas de regularización dominial que alentó el peronismo sacando provecho del aluvión migratorio de países limítrofes en la década del 90. Un fenómeno con rasgos muy particulares en Lomas de Zamora que detalla con precisión Jorge Ossona en el libro Punteros, malandras y porongas.
Cambios en el territorio
Esa expansión modificó la demografía de sus bordes.
Villa Fiorito pasó a ser el centro urbano de la nueva periferia que creció a su alrededor, dedicada especialmente a la actividad del cartoneo y con una fuerte presencia de la comunidad paraguaya. Ingeniero Budge se transformó en una meca textil en manos de emigrantes bolivianos. Primero como actividad familiar.
Pero pronto convertida en un polo de explotación de mano esclava cuya producción capitalizaron Jorge Castillo y Enrique “Quique” Antequera, propietarios de La Salada y Urkupiña.
Dos ferias cuya puja por la ocupación de espacios habilitó el ingreso de la barra de Boca comandada por Marcelo “el Manco” Aravena y, con él, el ingreso de rafael “rafa” Di Zeo a Lomas de Zamora, a través del club Los Andes. Aunque a costa de un conflicto con Aravena, que sigue sin saldarse. Curiosamente, Castillo y Antequera no pertenecen al peronismo. De hecho, le atribuyen a Insaurralde su caída en desgracia. Los dos fueron condenados por asociación ilícita en juicios abreviados.
La sospecha generalizada es que las ferias eran pantallas de la actividad narco. Suena lógico. Los talleres clandestinos del Olimpo, barrio cercano a Ingeniero Budge, cobijarían cocinas de cocaína en sus sótanos.
Martín Insaurralde llegó al negocio del juego mucho antes de eso. Se inició como asistente de rossi cuando dirigió la Lotería Nacional en la presidencia de Duhalde. Luego lo acompañó como secretario de Gobierno en su gestión como intendente en 2003. Pese a ser reelegido en 2007, rossi renunció en 2009. Lo sustituyó el primer concejal: Insaurralde.
Antes atravesó un conflicto inesperado. Fernando “el Chino” Navarro intervino decisivamente en la toma de Campo Tongui. El dirigente del Movimiento Evita ya había abandonado a Duhalde para sumarse a la ola de seguidores de Néstor Kirchner. La usurpación de esas 90 hectáreas fue la última importante en Lomas de Zamora y tuvo un alto valor simbólico. Enredado en una compleja y sinuosa trama sucesoria, el predio era reclamado por herederos de Grigera.
Duhalde le habría ordenado a rossi resistir la ocupación. En apariencias, ordenada a Navarro por Kirchner, rápidamente consustanciado de los códigos con los que se disputa el poder en el conurbano. Navarro fue el encargado de presentar a Insaurralde con el expresidente, a quien habría fascinado la apariencia física del joven funcionario. Campo Tongui es una de las concentraciones de hacinamiento y pobreza más significativas. Su nombre derivaría de uno de quienes reclaman su propiedad. Otros insisten en que es una derivación del sustantivo tongo. Es decir, una trampa o engaño. En el conurbano todo es posible.
Duhalde se considera heredero de Tomás Grigera, el “prócer de los orilleros”
Arcuri, hombre de Duhalde, digitó la designación de jueces y fiscales
Insaurralde llegó al negocio del juego como asistente de Rossi en Lotería
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Chocolate Rigau colocó a decenas de familiares y amigos en la Legislatura
Allí trabajan su esposa, sus hijos, su nuera, dos nietas, un consuegro y seis vecinos del barrio, entre otros; quiénes son los protectores del puntero
Hugo Alconada Mon
LA PLATA.– Julio Segundo “Chocolate” Rigau colocó a su esposa dentro de la Legislatura bonaerense. Y a tres hijos. Y también a una nuera. Y a dos nietas. Y a un consuegro. Y a seis vecinos de su barrio. Y a varios militantes. Y la lista sigue. Porque también ubicó a otros familiares en la municipalidad de La Plata. A los 65 años, el electricista que solo terminó la escuela primaria puede sentirse orgulloso. Su militancia se tradujo en empleo público para una veintena de familiares y amigos, y protección política para él y los suyos ante su detención y los prontuarios de dos hijos, según reconstruyó la nacion sobre la base de documentos oficiales y fuentes nacionales, provinciales y comunales al tanto de lo ocurrido.
La lista es elocuente. Su esposa, Élida Cecilia Palacio (70), trabaja en la Cámara de Diputados provincial. También sus hijos Cristian Osvaldo (44), Gerardo Román (42) y Maximiliano Gastón (36). Y también la pareja de este último, Marisol Correa (45). Y sus nietas Micaela Soledad (32) y Paula Alejandra (30) Valdata. Y su consuegro, Ricardo Mario Sánchez (61). Y Lidia Malmaceda, Sheila Maroni, Diego Koster, Ramón Sosa y el matrimonio Daniel Mederos y Mabel Alvear, todos vecinos del humilde barrio de La Granja, en las afueras de la capital.
Varios de esos familiares y vecinos figuran entre aquellos que le entregaron sus tarjetas de débito a Rigau. Son empleados que trabajan para varios bloques: Frente de Todos y Frente Renovador, en su mayoría, pero también Juntos por el Cambio. Y todos declararon en tribunales que lo hicieron voluntariamente porque Chocolate les hacía el favor de retirarles dinero, fines de semana incluidos, como el sábado 9 de septiembre, cuando lo detuvieron, aunque la Fiscalía sospechaba que varios eran “ñoquis” que prestaban su nombre a cambio de obra social y aportes jubilatorios, quedando sus salarios para engordar una “caja” para enriquecimiento de políticos o financiamiento electoral.
Pero la lista es mayor. Rigau colocó dentro del sector público a varios militantes del peronismo bonaerense. Y también ubicó a los suyos dentro de la municipalidad de La Plata. Entre ellos, a sus hijos Cristian –que además de trabajar, en teoría, en la comuna y en la Legislatura,Rigau tenía una auténtica agencia de colocación laboral en la Legislatura
También figura como empleado en Supermercados Nini– y Maximiliano –que junto a sus empleos públicos aparece en simultáneo trabajando para la firma Pestarino SA–, del mismo modo que Lorena Valdata también se desempeña en la municipalidad, donde también trabajó Cecilia Valdata hasta que falleció en 2020 en un incidente vial.
El logro de los Rigau resulta notable. Entre otros motivos, porque Cristian y Maximiliano arrastran problemas penales. El primero afrontó en 2002 una causa por tenencia de armas y munición de guerra ante la UFI 13 de La Plata, según reconstruyó la nacion, en tanto que la señal de noticias TN detalló que también afrontó cargos por robo calificado, abuso de armas y violación de domicilio. Fue condenado y en 2007 accedió a la libertad condicional. Pero eso no le impidió acceder a empleos públicos. Y algo más: en el legajo laboral que recibió la Justicia consta que ingresó el 3 de enero de 2014 a la Legislatura bonaerense y ocho meses después firmó un formulario en el que, bajo juramento, afirmó no ocupar otro cargo, ni tener otro empleo, público o privado.
Su hermano Maximiliano también arrastra una causa penal. En 2017 fue denunciado por lesiones agravadas por el vínculo, en el contexto de violencia de género, por lo que podía afrontar una pena de entre 6 meses y dos años de prisión, según indicaron fuentes judiciales a la nacion, mientras que TN indicó que el juicio no se concretó porque el acusado no se habría presentado a la audiencia. Y en el legajo laboral que recibió la Justicia consta que ingresó en mayo de 2020 a la Legislatura, aunque firmó el formulario y juró que no ocupaba otro cargo, ni tener otro empleo, público o privado, en enero de 2022.
El dato no es menor. Para ingresar a un empleo en la Legislatura, por ejemplo, se exige –en teoría– cumplir con algunos requisitos y presentar –en teoría– múltiples documentos; entre ellos, un certificado de antecedentes penales que debieron gestionar muchísimos empleados. Debieron acudir, ellos mismos, a una delegación del Ministerio de Justicia de la Avenida 13 entre 34 y 35 de La Plata, al igual que todos los contratados, que debían gestionarlo y presentarlo cada año. Eso cambió tras la pandemia, cuando la Legislatura se encargó de requerir esos certificados por sí misma.
¿Presentaron alguna vez los Rigau algún certificado de antecedentes penales? Ese dato no consta en las copias de sus legajos de Personal que la Legislatura remitió a la Justicia, según cotejó la nacion, aunque cabe aclarar que tampoco consta dato alguno al respecto en las copias de los legajos de los otros empleados.
Desde la municipalidad de La Plata, en tanto, buscaron desligarse de Chocolate Rigau y sus familiares. Ante la consulta de la nacion, junto al intendente Julio Garro (Juntos por el Cambio) indicaron que los hijos Cristian y Maximiliano Rigau ingresaron en 2020, pero para revistar en el Concejo Deliberante, como personal del bloque de Unión por la Patria.
¿Quiénes protegen a los Rigau?
La pregunta es quién o quiénes cobijan y protegen a Rigau, y al mismo tiempo se benefician con sus servicios. ¿Quién intercedió por él mientras estuvo detenido? ¿Quién le franqueó el ingreso a la Legislatura y a la municipalidad de todos sus familiares, amigos, vecinos y compañeros de militancia? Porque por cada nombramiento, un legislador o un bloque debe enviar una nota al área administrativa precisando qué persona quiere contratar, por cuántos “módulos” y en qué condiciones. Y por encima de eso, ¿quién lo protege y potencia?
Empleados memoriosos de la Legislatura recuerdan, por lo pronto, que Chocolate era un rostro asiduo en el despacho del entonces diputado provincial y actual concejal platense Guillermo Escudero (Unión por la Patria), como también lo era Gabriel Bruera, hermano del otro intendente Pablo Bruera. De hecho, Rigau figuró como tercer suplente a concejal en la lista con que Escudero se precandidateó a intendente en 2019.
Otros, sin embargo, insisten con que el verdadero referente político de Rigau es Claudio Albini (67 años), un veterano de la política bonaerense que durante años fue director del área de Personal de la Legislatura bonaerense, donde tejió una relación estrecha y fluida con el entonces legislador y actual candidato a presidente, Sergio Massa.
Padre de Facundo Albini, exdirector de Control y Gestión de Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados bonaerense y actual concejal platense por el Frente Renovador que aspira este año a la reelección en la lista de Julio Alak, los memoriosos de la Legislatura cuentan que Claudio Albini comenzó a fatigar los pasillos legislativos en tiempos de Osvaldo Mércuri, que tiene vínculos sólidos con la barra del club Estudiantes y que se erigió en un todoterreno para Massa con dos contralores: Rubén Eslaiman en Diputados, donde hoy es vicepresidente segundo de la Cámara por el Frente Renovador, y Jorge D’onofrio en el Senado bonaerense, también por el Frente Renovador, y hoy ministro de Transporte bonaerense.
Esa trama de conexiones, cabe aclarar, es distinta a la de Raúl “Cabezón” Pérez, otra referencia histórica del massismo en la Legislatura bonaerense, devenido hoy uno de los máximos operadores de Massa en su sueño presidencial. “Pérez es más prolijo para esas lides que Albini. Para eso lo tiene a su primo, Néstor ‘Pochi’ Méndez”, indicó a la nacion una fuente que hace décadas fatiga la Legislatura y conoce a todos los mencionados. Con una salvedad: todos lo señalan al Cabezón Pérez como factor insoslayable para entender el fallo de la Cámara Penal que anuló la investigación y liberó a Chocolate Rigau.
Pero la lista de dueños de tarjetas de débito que Chocolate tenía en sus manos al ser detenido ahonda en la conexión Albini. Entre otros motivos, porque en esa lista también figura Ágata Plana, pareja de Facundo Muñoz (de la Asociación Mutual de Trabajadores del Estado –AMTE– e hijo del fallecido Juan José “Tuerto” Muñoz), quien sumó porotos políticos en el massismo con Suma, una agrupación en la que también participó Facundo Albini.
Otro de los que aparecen en esa lista es Daniel Mederos. A los 63 años y habiendo ingresado a La Legislatura en 2004, no logró dar el nombre de un solo empleado con quien trabaja allí o de un jefe cuando debió declarar ante la Justicia. Pero sí confirmó que conoce a Rigau, a quien le entregó su tarjeta de débito. Con un salario neto de $540.000 le preguntaron cómo era su jornada laboral. ¿Respuesta? “No tengo horarios. He tenido días que trabajo 12 horas, otros días 2 horas y algunos que no trabajo”, pero luego tampoco logró mencionar por su nombre a ningún interlocutor en la Cámara, con la excepción de uno. “He oído hablar de Claudio Albini”, dijo. “Sé que existe ahí como directivo, pero no tengo trato; no lo conozco”.
En ese contexto, los diputados provinciales por el Frente de Izquierda, Guillermo Kane y Laura Cano, reclamaron a las autoridades de la Cámara –tanto de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio– que se haga un balance y memoria contable de la ejecución presupuestaria de este año. También reclamaron se informe al público cuántos nombramientos de personal se registraron durante 2022 y 2023, dónde cumplen funciones, a pedido de quiénes y cuánto ganan, entre otros datos. Cosecharon silencio.
LA PLATA.– Julio Segundo “Chocolate” Rigau colocó a su esposa dentro de la Legislatura bonaerense. Y a tres hijos. Y también a una nuera. Y a dos nietas. Y a un consuegro. Y a seis vecinos de su barrio. Y a varios militantes. Y la lista sigue. Porque también ubicó a otros familiares en la municipalidad de La Plata. A los 65 años, el electricista que solo terminó la escuela primaria puede sentirse orgulloso. Su militancia se tradujo en empleo público para una veintena de familiares y amigos, y protección política para él y los suyos ante su detención y los prontuarios de dos hijos, según reconstruyó la nacion sobre la base de documentos oficiales y fuentes nacionales, provinciales y comunales al tanto de lo ocurrido.
La lista es elocuente. Su esposa, Élida Cecilia Palacio (70), trabaja en la Cámara de Diputados provincial. También sus hijos Cristian Osvaldo (44), Gerardo Román (42) y Maximiliano Gastón (36). Y también la pareja de este último, Marisol Correa (45). Y sus nietas Micaela Soledad (32) y Paula Alejandra (30) Valdata. Y su consuegro, Ricardo Mario Sánchez (61). Y Lidia Malmaceda, Sheila Maroni, Diego Koster, Ramón Sosa y el matrimonio Daniel Mederos y Mabel Alvear, todos vecinos del humilde barrio de La Granja, en las afueras de la capital.
Varios de esos familiares y vecinos figuran entre aquellos que le entregaron sus tarjetas de débito a Rigau. Son empleados que trabajan para varios bloques: Frente de Todos y Frente Renovador, en su mayoría, pero también Juntos por el Cambio. Y todos declararon en tribunales que lo hicieron voluntariamente porque Chocolate les hacía el favor de retirarles dinero, fines de semana incluidos, como el sábado 9 de septiembre, cuando lo detuvieron, aunque la Fiscalía sospechaba que varios eran “ñoquis” que prestaban su nombre a cambio de obra social y aportes jubilatorios, quedando sus salarios para engordar una “caja” para enriquecimiento de políticos o financiamiento electoral.
Pero la lista es mayor. Rigau colocó dentro del sector público a varios militantes del peronismo bonaerense. Y también ubicó a los suyos dentro de la municipalidad de La Plata. Entre ellos, a sus hijos Cristian –que además de trabajar, en teoría, en la comuna y en la Legislatura,Rigau tenía una auténtica agencia de colocación laboral en la Legislatura
También figura como empleado en Supermercados Nini– y Maximiliano –que junto a sus empleos públicos aparece en simultáneo trabajando para la firma Pestarino SA–, del mismo modo que Lorena Valdata también se desempeña en la municipalidad, donde también trabajó Cecilia Valdata hasta que falleció en 2020 en un incidente vial.
El logro de los Rigau resulta notable. Entre otros motivos, porque Cristian y Maximiliano arrastran problemas penales. El primero afrontó en 2002 una causa por tenencia de armas y munición de guerra ante la UFI 13 de La Plata, según reconstruyó la nacion, en tanto que la señal de noticias TN detalló que también afrontó cargos por robo calificado, abuso de armas y violación de domicilio. Fue condenado y en 2007 accedió a la libertad condicional. Pero eso no le impidió acceder a empleos públicos. Y algo más: en el legajo laboral que recibió la Justicia consta que ingresó el 3 de enero de 2014 a la Legislatura bonaerense y ocho meses después firmó un formulario en el que, bajo juramento, afirmó no ocupar otro cargo, ni tener otro empleo, público o privado.
Su hermano Maximiliano también arrastra una causa penal. En 2017 fue denunciado por lesiones agravadas por el vínculo, en el contexto de violencia de género, por lo que podía afrontar una pena de entre 6 meses y dos años de prisión, según indicaron fuentes judiciales a la nacion, mientras que TN indicó que el juicio no se concretó porque el acusado no se habría presentado a la audiencia. Y en el legajo laboral que recibió la Justicia consta que ingresó en mayo de 2020 a la Legislatura, aunque firmó el formulario y juró que no ocupaba otro cargo, ni tener otro empleo, público o privado, en enero de 2022.
El dato no es menor. Para ingresar a un empleo en la Legislatura, por ejemplo, se exige –en teoría– cumplir con algunos requisitos y presentar –en teoría– múltiples documentos; entre ellos, un certificado de antecedentes penales que debieron gestionar muchísimos empleados. Debieron acudir, ellos mismos, a una delegación del Ministerio de Justicia de la Avenida 13 entre 34 y 35 de La Plata, al igual que todos los contratados, que debían gestionarlo y presentarlo cada año. Eso cambió tras la pandemia, cuando la Legislatura se encargó de requerir esos certificados por sí misma.
¿Presentaron alguna vez los Rigau algún certificado de antecedentes penales? Ese dato no consta en las copias de sus legajos de Personal que la Legislatura remitió a la Justicia, según cotejó la nacion, aunque cabe aclarar que tampoco consta dato alguno al respecto en las copias de los legajos de los otros empleados.
Desde la municipalidad de La Plata, en tanto, buscaron desligarse de Chocolate Rigau y sus familiares. Ante la consulta de la nacion, junto al intendente Julio Garro (Juntos por el Cambio) indicaron que los hijos Cristian y Maximiliano Rigau ingresaron en 2020, pero para revistar en el Concejo Deliberante, como personal del bloque de Unión por la Patria.
¿Quiénes protegen a los Rigau?
La pregunta es quién o quiénes cobijan y protegen a Rigau, y al mismo tiempo se benefician con sus servicios. ¿Quién intercedió por él mientras estuvo detenido? ¿Quién le franqueó el ingreso a la Legislatura y a la municipalidad de todos sus familiares, amigos, vecinos y compañeros de militancia? Porque por cada nombramiento, un legislador o un bloque debe enviar una nota al área administrativa precisando qué persona quiere contratar, por cuántos “módulos” y en qué condiciones. Y por encima de eso, ¿quién lo protege y potencia?
Empleados memoriosos de la Legislatura recuerdan, por lo pronto, que Chocolate era un rostro asiduo en el despacho del entonces diputado provincial y actual concejal platense Guillermo Escudero (Unión por la Patria), como también lo era Gabriel Bruera, hermano del otro intendente Pablo Bruera. De hecho, Rigau figuró como tercer suplente a concejal en la lista con que Escudero se precandidateó a intendente en 2019.
Otros, sin embargo, insisten con que el verdadero referente político de Rigau es Claudio Albini (67 años), un veterano de la política bonaerense que durante años fue director del área de Personal de la Legislatura bonaerense, donde tejió una relación estrecha y fluida con el entonces legislador y actual candidato a presidente, Sergio Massa.
Padre de Facundo Albini, exdirector de Control y Gestión de Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados bonaerense y actual concejal platense por el Frente Renovador que aspira este año a la reelección en la lista de Julio Alak, los memoriosos de la Legislatura cuentan que Claudio Albini comenzó a fatigar los pasillos legislativos en tiempos de Osvaldo Mércuri, que tiene vínculos sólidos con la barra del club Estudiantes y que se erigió en un todoterreno para Massa con dos contralores: Rubén Eslaiman en Diputados, donde hoy es vicepresidente segundo de la Cámara por el Frente Renovador, y Jorge D’onofrio en el Senado bonaerense, también por el Frente Renovador, y hoy ministro de Transporte bonaerense.
Esa trama de conexiones, cabe aclarar, es distinta a la de Raúl “Cabezón” Pérez, otra referencia histórica del massismo en la Legislatura bonaerense, devenido hoy uno de los máximos operadores de Massa en su sueño presidencial. “Pérez es más prolijo para esas lides que Albini. Para eso lo tiene a su primo, Néstor ‘Pochi’ Méndez”, indicó a la nacion una fuente que hace décadas fatiga la Legislatura y conoce a todos los mencionados. Con una salvedad: todos lo señalan al Cabezón Pérez como factor insoslayable para entender el fallo de la Cámara Penal que anuló la investigación y liberó a Chocolate Rigau.
Pero la lista de dueños de tarjetas de débito que Chocolate tenía en sus manos al ser detenido ahonda en la conexión Albini. Entre otros motivos, porque en esa lista también figura Ágata Plana, pareja de Facundo Muñoz (de la Asociación Mutual de Trabajadores del Estado –AMTE– e hijo del fallecido Juan José “Tuerto” Muñoz), quien sumó porotos políticos en el massismo con Suma, una agrupación en la que también participó Facundo Albini.
Otro de los que aparecen en esa lista es Daniel Mederos. A los 63 años y habiendo ingresado a La Legislatura en 2004, no logró dar el nombre de un solo empleado con quien trabaja allí o de un jefe cuando debió declarar ante la Justicia. Pero sí confirmó que conoce a Rigau, a quien le entregó su tarjeta de débito. Con un salario neto de $540.000 le preguntaron cómo era su jornada laboral. ¿Respuesta? “No tengo horarios. He tenido días que trabajo 12 horas, otros días 2 horas y algunos que no trabajo”, pero luego tampoco logró mencionar por su nombre a ningún interlocutor en la Cámara, con la excepción de uno. “He oído hablar de Claudio Albini”, dijo. “Sé que existe ahí como directivo, pero no tengo trato; no lo conozco”.
En ese contexto, los diputados provinciales por el Frente de Izquierda, Guillermo Kane y Laura Cano, reclamaron a las autoridades de la Cámara –tanto de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio– que se haga un balance y memoria contable de la ejecución presupuestaria de este año. También reclamaron se informe al público cuántos nombramientos de personal se registraron durante 2022 y 2023, dónde cumplen funciones, a pedido de quiénes y cuánto ganan, entre otros datos. Cosecharon silencio.
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