MASSA, LLARYORA Y BENTOS

Juicio Político a la Corte: el doble juego de Massa y las razones por las que patea una definición para después del balotaje
Con dos diputados propios en la Comisión de Juicio Político, el candidato oficialista tiene la llave para el dictamen acusatorio; la eventual presión del kirchnerismo y la posibilidad de una tregua con el máximo tribunal
Laura Serra
Sergio Massa, no hizo nada para frenar el juicio a la Corte Suprema
La definición sobre el juicio político a la Corte Suprema que impulsa el oficialismo en la Cámara de Diputados quedará en suspenso hasta después del balotaje. A instancias de Sergio Massa, el oficialismo frenó la embestida a la espera del resultado electoral: de ganar el rival libertario Javier Milei, firmarían los dictámenes acusatorios antes de que la renovación parlamentaria modifique la composición de la comisión, donde hoy es mayoría. En cambio, si Massa es electo presidente, la cruzada contra la Corte podría terminar en una jugada testimonial.
La prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 9 de diciembre que dispuso el Poder Ejecutivo fue una señal de tregua de Massa hacia la Corte. Lo hizo solo por conveniencia política: sin esa prórroga, la Comisión de Juicio Político estaba obligada a emitir dictamen el 17 de este mes, es decir, dos días antes del balotaje. Massa no le iba a entregar a la oposición el escenario en el Congreso para que estrecharan filas en su contra y lo responsabilizaran de ser cómplice del ataque al máximo tribunal. De inmediato, los pocos o muchos “votos blandos” de Juntos por el Cambio a los que él intenta denodadamente seducir para sacarle ventaja a Milei habrían huido en estampida.
El candidato oficialista pateó para adelante la definición a la espera del resultado de la segunda vuelta. Massa mantuvo hasta ahora una posición dual respecto del juicio político a la Corte: si bien evitó quedar pegado a la jugada pergeñada por el presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo sin pronunciarse al respecto, en los hechos prestó su aval al permitir que dos diputados de su tropa –Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán- no solo dieran quorum en todas las reuniones de la Comisión de Juicio Político, sino que también tuvieran un rol activo en la investigación y suscribieran todas las medidas de prueba solicitadas por los diputados kirchneristas.
Con estos dos diputados –Gutiérrez y Morán-, Massa tiene la llave para activar o desactivar el juicio político a la Corte. Sin ellos, el oficialismo perdería la mayoría en la Comisión.
¿Qué hará con la Corte si la noche del balotaje es coronado presidente electo? Podría acordar una relación de “mutua conveniencia” con los magistrados y que su tropa de legisladores desista de avanzar en la acusación. El máximo tribunal tiene en su seno causas sensibles que conciernen al Gobierno, entre ellas la que inició Horacio Rodríguez Larreta por fondos coparticipables a la ciudad; los jueces dictaron a fines del año pasado una medida cautelar favorable al alcalde porteño –que el Gobierno no cumple-, pero tienen pendiente una resolución sobre el fondo de la cuestión. Hay recursos multimillonarios en juego que podrían terminar ahora en manos de Jorge Macri y del bastión político de su primo Mauricio si los magistrados así lo resuelven. Sería la peor pesadilla para Massa.
Ahora bien, desistir sin más del juicio político y no emitir dictamen alguno podría ser interpretado como todo un desaire de Massa hacia sus socios del kirchnerismo, que hicieron de este proceso una cruzada política en defensa de su jefa. Un dato que no debe pasarse por alto es que en la composición del nuevo bloque oficialista la mayoría responde a Cristina Kirchner. Fue el recaudo que tomó la vicepresidenta para marcarle la cancha si el jefe del Frente Renovador lograba la hazaña del triunfo. Massa podrá alardear de que un eventual gobierno suyo no llevará a Cristina como copiloto –a diferencia de Alberto Fernández- pero en el Congreso el terreno será compartido y no le será fácil arrear a la tropa kirchnerista a gusto y piacere.
Si el kirchnerismo se resistiese a claudicar en el juicio político a la Corte, Massa podría dejar que la investigación culmine y se emitan los dictámenes correspondientes. El kirchnerismo habrá consumado su jugada, aunque testimonial: con 108 diputados el oficialismo seguirá muy lejos de alcanzar en el recinto los dos tercios que se requieren para acusar a los jueces. Sin embargo, esos dictámenes penderán como una ominosa espada de Damocles sobre la cabeza de los cuatro jueces durante al menos un año más, cuando perderán su vigencia. Massa, si es electo, podrá acelerar su rechazo en el recinto -la oposición se encargará de la tarea- o bien prolongar el estado latente de amenaza. Todo dependerá de la voluntad de ambas partes de alcanzar una tregua.

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Llaryora criticó el embate al tribunal y cortó en seco el coqueteo massista
El gobernador electo de Córdoba cuestionó el proceso contra la Corte Suprema

Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, eligió no responderle el guiño que le hizo el ministro y candidato Sergio Massa en el acto que realizó en Córdoba. El postulante kirchnerista lo convocó a terminar con los “desencuentros”. Ayer, desde el exterior, el cordobés respondió con un posteo para criticar el pedido kirchnerista de juicio a la Corte Suprema de Justicia, replicando lo que hizo el viernes Juan Schiaretti.
“Ratifico la defensa absoluta del federalismo y la institucionalidad en nuestro país, rechazando el proceso de #JuicioPolítico a la Corte Suprema, en consonancia con @JSchiaretti”, escribió en sus redes Llaryora, quien se encuentra en Abu Dhabi con agenda oficial.
El gobernador electo no nombró a Massa, pero no hay dudas de que se trata de una respuesta a la frase de anoche del candidato en el club Juniors: “Desde el 10 de diciembre voy a juntar mi gabinete, voy a llamar al gobernador Llaryora y le voy a decir ‘gobernador, armemos la agenda, Córdoba es el corazón del país. Armemos el trabajo juntos’”, dijo.
Esta es la segunda vez que Massa apela a “puentear” a Schiaretti y apuntar a Llaryora para plantear que cambiará la relación con Córdoba si llega a la Casa Rosada.
En el debate presidencial, le dijo al cordobés que ya había acordado con el gobernador electo un mecanismo de actualización automática de los giros a las Cajas de Jubilaciones de Córdoba.
En ese segundo debate, Llaryora estaba acompañando a Schiaretti en la Facultad de Derecho de la UBA.
Desde el círculo del electo mandatario subrayaron que “no hay nada que conversar, porque lo que se debe hacer es cumplir la ley de presupuesto”.
Córdoba fue a la Corte Suprema de Justicia por un desfase en los giros a la Caja de Jubilaciones, sostiene que la Nación le gira $1070 millones mensuales, seis veces menos de lo que debería según los cálculos provinciales.
Las autoridades provinciales aseguran que Sergio Massa sostiene que lo fijado en el presupuesto no se cumple por decisión de Fernanda Raverta, titular de la Anses.
Aunque en el massismo están convencidos de que si llegan al poder la relación con Llaryora se reencauzará, en Córdoba argumentan que “vínculo institucional” habrá porque es ineludible, pero que ya no confían en promesas y esperan hechos concretos.
Antes de viajar a Córdoba, Massa intentó construir vínculos con dirigentes peronistas cordobeses de Schiaretti y Llaryora y apuntó a meterse en la grieta que empieza a dibujarse entre el mandatario saliente y quien lo sucede .
No logró ese objetivo, aunque sí avanzó en lograr el apoyo de otros, quienes lo acompañaron en sus distintas actividades. En eso trabajó Juanjo Álvarez, su armador, durante varias semanas.
El lunes, Schiaretti volvió a apuntar a Massa usando la frase “el gobierno kirchnerista de...”; lo hizo para hablar de la inflación y la suba de los combustibles.

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La Magistratura define hoy si destituye al juez Bento, acusado de cobrar sobornos
También está apuntado por mal desempeño; enfrenta otro proceso en Mendoza

Pablo ManninoEl juez Walter Bento
El Consejo de la Magistratura decidirá hoy si destituye al suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento, sometido a juicio político por mal desempeño acusado de liderar una banda que cobraba millonarias coimas a cambio de favores a detenidos. Al mismo tiempo, el magistrado enfrenta un juicio penal en esa provincia, por otros delitos graves, que incluyen el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por lo que podría terminar preso.
En el Jury de Enjuiciamiento constituido en el Consejo, la parte acusadora pidió la remoción del magistrado y, finalizadas las audiencias de defensa y alegatos, el veredicto será definido por el tribunal que integran su presidente, Javier Esteban de la Fuente, y sus miembros, el camarista Javier Leal de Ibarra; los senadores Pablo Bensusán y José María Torello; las diputadas Anahí Costa y Ana Clara Romero, y el abogado Alfredo Enrique Barrau. El pedido de remoción fue firmado por unanimidad.
A la espera de la resolución del proceso en el Consejo, se estima que unos 500 testigos desfilarán en el proceso iniciado en Mendoza, a cargo de los jueces tribunal, compuesto por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá y que se presume seguirá hasta fines de 2024.
Los abogados Sergio Salinas y Lucas Lecour, que pertenecen a la organización defensora de derechos Xumek, revelaron que a uno de sus clientes le ofrecieron favores judiciales a cambio de millonarios pagos en procesos en los que intervenía el juez Bento. Dijeron que los “insistentes” pedidos de sobornos llegaban hasta los 500.000 dólares y que el monto iba bajando a medida que se rechazaba. Mencionaron un caso concreto, el de Sebastián Palumbo, condenado por contrabando en la llamada “causa del Chino”, cuya sentencia está siendo revisada.
“Era evidente que le habían armado la causa para sacarle plata”, señaló Lecour frente a las magistradas, en referencia a que su defendido fue contactado por una persona con vínculos con uno de los supuestos integrantes de la banda de Bento, el abogado Luciano Ortego, quien se encuentra detenido.
“Él tiene una solución para vos”, le dijeron. Según el testimonio, los montos por los cuales iba a obtener su libertad comenzaron en 500.000 dólares, pero mientras más duro se iba poniendo, iban mejorando la oferta ay al final pidieron 50.000 dólares”, reveló el letrado.
“Lo estaban extorsionando. Él dijo que no ponía un peso por su libertad y que confiaba y se quedaba con nosotros”, completó Lecour, tras lo cual recordó que su cliente se hartó de la extorsión y decidió denunciarla, incluso en un momento en que no existía ninguna investigación contra Bento.
En tanto, Salinas contó en el juicio, a partir de lo relatado por Palumbo, que se ofrecían “soluciones
mágicas” por 300.000 dólares. Contó algunos de los “aprietes” que dijo haber sufrido su cliente. “Vas a quedar preso por gordo botón”, fue una de las frases que citó. “No voy a poner ni un dólar para demostrar mi inocencia, porque yo soy inocente”, aportó Salinas, en base a lo que Palumbo le decía a su entorno.
La defensa de Bento buscó desacreditar los dichos de los letrados, haciendo foco en algunas de las frases de Lecour frente a las magistradas. “Soy testigo de oídas”, “no tengo pruebas” y “no me consta que el juez estuviera al tanto de pedidos de dinero”. Según pudo saber la nacion, tras la extensa declaración de los abogados, se dejó en claro que existe un acta notarial extraprotocolar interpuesta por Palumbo en 2021.
En relación con la estrategia defensiva, esta semana se centró en intentar desestimar la confesión clave que otro acusado hizo en mayo de 2021. Se trata de Javier Santos Ortega, un contrabandista que admitió haber pagado más de 700.000 dólares de coimas para el magistrado con el fin de ser liberado.
Así, el equipo que trabaja para Bento puso en valor la declaración de testigos que se refirieron a la situación psiquiátrica del denunciante cuando fue detenido.
Los abogados defensores entienden que es “grave y polémico” que se haya tomado esa denuncia cuando el hombre atravesaba un severo cuadro depresivo, bajo potente medicación. Por eso, ponderaron la versión dada en el juicio por un médico del Hospital Central que asistió a Santos Ortega.
Una declaración relevante fue la de la testigo María Belén Velasco, quien fue novia de Diego Aliaga, el agente de Aduanas asesinado en 2020 y señalado como mano derecha de Bento para el presunto cobro de sobornos.
La mujer indicó que Aliaga era “aduanero y prestamista” y que “no compraba ni vendía vehículos”. En tanto, al inicio del juicio, Bento había dicho que solía ver a Aliaga en los tribunales por su rol en causas de contrabando, pero que mantuvo un vínculo ocasional, sobre todo para la comercialización de una camioneta, ya que alcanzó a vivir en el mismo country que el juez.
Además de Bento, el juicio en Mendoza también es enfrentado por su esposa, Marta Isabel Boiza (58 años) y sus hijos, Nahuel (31) y Luciano (28), todos acusados por el delito de lavado de activos.

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