Rumbo al balotaje. La Argentina en el espejo de la región
Aunque se trata de una elección inusual, el análisis de las segundas vueltas en América Latina ofrece pistas sobre cómo podrían votar los argentinos el 19/11
Daniel Zovatto....Nicolás Liendo
Sergio Massa en su bunker, tras las elecciones del 22 de octubreLa sorpresiva primera vuelta del domingo 22 de octubre no logró definir al próximo presidente de la Argentina y obligó a ir a un balotaje el 19 de noviembre. Aunque no es habitual en nuestro país recurrir a una segunda vuelta para elegir al presidente, tampoco es algo novedoso. Desde el retorno de la democracia en 1983, de las diez elecciones celebradas, en ocho se contempló la posibilidad de un balotaje (tras la reforma de 1994). De hecho, en tres ocasiones, incluyendo este año, fue necesario recurrir a este mecanismo.
"En esta elección llegamos a una segunda vuelta inédita entre un candidato oficialista, el ministro de Economía Sergio Massa, responsable de una gestión económica desastrosa, y el líder opositor de La Libertad Avanza, Javier Milei, un outsider con poca experiencia política y un fuerte discurso disruptivo"
En la primera ocasión, en 2003, fue una suerte de interna peronista. Carlos Menem intentaba regresar al poder en busca de un tercer período, y a pesar de haber liderado la primera vuelta, desistió de presentarse ante una inminente derrota frente a Néstor Kirchner. La corta ventaja (24,45% a 22,25%) y el alto nivel de adhesión de los demás dirigentes políticos a Kirchner convencieron al ex mandatario de bajarse.
La segunda oportunidad fue en 2015. Daniel Scioli, candidato del oficialismo, había obtenido en primera vuelta 37,08% y el líder de la oposición, Mauricio Macri, 34,15%. En el balotaje, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires terminó imponiéndose por un estrecho margen de 2,7% (51,3% vs. 48,6%) al candidato kirchnerista.
Javier Milei en los estudios de LN+, el domingo pasadoEn esta elección llegamos a una segunda vuelta inédita entre un candidato oficialista, el ministro de Economía Sergio Massa, responsable de una gestión económica desastrosa, y el líder opositor de La Libertad Avanza, Javier Milei, un outsider con poca experiencia política y un fuerte discurso disruptivo. El primero obtuvo una clara y sorpresiva ventaja respecto al segundo de 6,7% (36,68% vs 29,98%), superior a la distancia que se registró en las dos primeras vueltas anteriores.
Massa y Milei acapararon dos tercios de los votos en la primera vuelta. Ahora, su desafío es mantener a sus votantes, motivar a quienes se abstuvieron en la primera instancia (un 22,35%) y ganar el respaldo del tercio restante que, en la primera vuelta, no optaron por ellos y que están indecisos, consideran votar en blanco o anular su voto.
La segunda vuelta o balotaje es un sistema electoral de origen francés que puede ser usado tanto para elecciones presidenciales como parlamentarias. Uno de los principales objetivos buscados al momento de su regulación en América Latina (década de 1980-1990) fue contrarrestar las frecuentes crisis de gobernabilidad producto de presidentes débiles que eran elegidos con bajos niveles de apoyo popular y colisionaban contra congresos fragmentados, lo que con frecuencia se traducía en salidas anticipada de los presidentes o con el quiebre de las democracias. Además, la introducción del balotaje permitiría en la primera vuelta elegir al que más próximo está a los ideales del elector (voto con el corazón), mientras en la segunda se vota “por el menos malo” (voto con la razón). La doctrina también señala que con el balotaje se procura prevenir la llegada a la presidencia de candidatos extremistas con bajos porcentaje de apoyo.
En nuestra región, por la particularidad con que el balotaje fue regulado, en muchos casos estos objetivos solo se han cumplido en parte, e incluso, más recientemente, hemos visto la manifestación de varios efectos no deseados; entre ellos, una excesiva fragmentación.
Pecado original
El pecado original de la segunda vuelta latinoamericana radica en que, mientras en Francia también van a segunda vuelta las legislativas y estas tienen lugar unas semanas después de las ejecutivas, en nuestra región se aplica solo a las elecciones presidenciales y los comicios para el Congreso son concurrentes con la primera vuelta presidencial. En sistemas presidenciales como los latinoamericanos esto produce, especialmente cuando hay reversión del resultado, un desfasaje que hace que el presidente llegue con una minoría legislativa propia y una férrea oposición del bloque partidario de quién ganó la primera vuelta (y frecuentemente fue también la primera fuerza en el Congreso).
Otro problema de percepción se debe a que la legitimidad que se obtiene en segunda vuelta es fabricada y sobredimensionada por las características de las dos opciones a elegir. El ganador suele hacerlo con un alto volumen de votos “prestados” cuyo objetivo es impedir que el otro candidato llegue al gobierno; apoyo que al poco tiempo le es retirado.
En América Latina
Actualmente, 12 de los 18 países de la región contemplan en sus constituciones la segunda vuelta, de los cuales 8 (Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay) contemplan el balotaje para elegir sus presidentes si uno de los candidatos no obtiene una mayoría absoluta (50% + un voto) en primera vuelta. Además, hay otros países que introdujeron la opción del umbral reducido, es decir, poseen criterios inferiores al 50% más uno para que un candidato que recogió amplio apoyo en primera vuelta no deba revalidar el resultado en una segunda contienda (Argentina, Bolivia, Costa Rica y Ecuador). En este grupo, Ecuador y Bolivia estipulan que para no ir a segunda vuelta se requiere un 40% de los votos válidos y una diferencia de 10% respecto al segundo. Costa Rica solo demanda que el primero supere el 40% de los votos. Mientras que en Argentina hay dos opciones, o el 45% más uno, o bien, el 40% y una diferencia de 10% respecto al segundo.
Un análisis comparado muestra que desde 1978 (inicio de la tercera ola democrática en nuestra región), el balotaje ha sido utilizado en 60 ocasiones (descontando las resoluciones de segunda vuelta del Congreso en Bolivia en las dos primeras décadas democráticas, y dos instancias de renuncia: Danilo Medina en 2000 en la República Dominicana y Carlos Menem en 2003 en Argentina) sobre un total de 98 elecciones que contemplaban la segunda vuelta, o sea se las utilizó un 61,2% de las veces. El país que más ha empleado la segunda vuelta es Ecuador en 11 oportunidades, seguido por Guatemala en 10, y Brasil y Perú con 7. República Dominicana y la Argentina son los país que menos la han utilizado, con una.
De estas 60 elecciones, en 20 casos (33,3%) el resultado de la primera vuelta se revirtió en la segunda. La diferencia promedio de votación entre primero y segundo en esos 60 balotajes fue de 9,7%. De los 28 casos en que se superó la media, solo seis veces (21%) hubo reversión. La más destacada por la amplitud del margen de distancia fue en 2016 en Perú, cuando Pedro P. Kuczynski dio vuelta una diferencia inicial de Keiko Fujimori de 18,8% para llegar a la presidencia.
En relación al próximo balotaje argentino, cabe tener en cuenta que en solo 21 de estos 60 casos (35%), la diferencia fue inferior al 6,7% que obtuvo Massa sobre Milei, y de estos 21 casos en 12 balotajes (57,1%) hubo reversión del resultado. En cambio, cuando el margen de victoria fue superior a 6,7% solo se produjo reversión en 8 de los 39 balotajes (20,5%). En otras palabras, a menor diferencia, mayor posibilidad de revertir el resultado y viceversa.
Dar vuelta la elección
El balotaje se está usando cada vez más, y la reversión del resultado es una de las principales tendencias del actual super ciclo electoral 2021-2024. Todas las elecciones celebradas entre 2021 y 2023 (8) que contemplaban el balotaje, necesitaron de la segunda vuelta para definir al presidente. En 5 de estas 8 elecciones (62,5%) hubo reversión del resultado: Ecuador 2021, Chile 2021, Costa Rica 2022, Guatemala 2023 y Ecuador 2023. Las tres excepciones fueron Perú (2021), Colombia (2022) y Brasil (2022). Y en 6 de estos 8 balotajes aumentó la participación electoral en segunda vuelta.
Uno de los factores clave a considerar es la variación en los niveles de participación electoral entre la primera y segunda vuelta. De las 60 elecciones con balotaje, el promedio regional en primera vuelta ha sido de 70,3%, y en segunda desciende a 68,6%. En 25/60 comicios la asistencia se incrementó en segunda vuelta, pero 10 de ellos ocurrieron en Ecuador. En la mayoría de las reversiones de resultado se observa un aumento de la votación en segunda vuelta, impulsadas principalmente por el temor que generó el candidato que lideró la primera vuelta.
La incertidumbre argentina
La Argentina se acerca a una segunda vuelta marcada por una profunda incertidumbre, polarización extrema y un aluvión de acusaciones, ataques y noticias falsas. El análisis de experiencias similares en otros países latinoamericanos ofrece perspectivas sobre lo que podría suceder en este decisivo balotaje.
Primero, de triunfar Massa sería la segunda excepción en las últimas 17 elecciones democráticas en Latinoamérica (la primera fue Paraguay en abril de este año), ya que en todas las demás viene ganando el voto castigo a los candidatos oficialistas.
Segundo, los datos muestran que quienes han liderado en primera vuelta con una votación similar a la de Sergio Massa (36%), solo en un 17,2% experimentaron la derrota en segunda vuelta.
Tercero, en términos de diferencia, la distancia que Massa consiguió sobre Milei (6,7%), está lejos de ser definitiva, ya que un 57,1% de las veces se revirtió el resultado.
"De cara al balotaje del 19 de noviembre, el panorama electoral sigue siendo incierto"
Cuarto, 25 balotajes combinan una distancia entre primero y segundo (6,7% o más) y un porcentaje de votos similar al que obtuvo Massa en la primera vuelta (36%), y de estos solo en cuatro balotajes (16%) el que quedó segundo en la primera vuelta logró revertir el resultado (Perú 2016, República Dominicana 1996, Uruguay 1999 y 2019).
Sin embargo, más allá de las estadísticas y probabilidades, en términos cualitativos hemos advertido que un factor clave en las segundas vueltas con características similares a las que se celebrará este 19 de noviembre viene dado por la capacidad de los candidatos para conformar coaliciones, de manera que les permita presentar al otro como “el mal mayor” a evitar.
Así, en las segundas vueltas el efecto psicológico del voto estratégico se activa, y quien represente “el menor riesgo” puede correr con ventaja. El problema es que en la Argentina ambos candidatos tienen mayor imagen negativa que positiva y, como señala Martín Caparrós, “el menos malo es malísimo” y “el karma es que debemos escoger entre cosas espantosas”.
El clivaje central del próximo balotaje está centrado en “continuidad o cambio”, pero el tipo de continuidad o cambio que ofrecen ambos candidatos será decisivo para el resultado final. Si bien en las PASO el voto bronca se impuso, en la primera vuelta el voto miedo resultó vencedor. Ahora, en el balotaje existe un doble miedo: a perpetuar el desastre económico-social con el ministro-candidato o a dar un “salto al vacío” con el disruptivo outsider Milei.
En resumen: de cara al balotaje del 19 de noviembre, el panorama electoral sigue siendo incierto. Aunque las encuestas, que han perdido considerable credibilidad, presentan resultados variados, Massa parece conservar la delantera obtenida en la primera vuelta, aunque con un margen decreciente. Según nuestra evaluación de experiencias electorales en otros países latinoamericanos, el margen de ventaja obtenido por Massa en la primera vuelta no es decisivo y se puede revertir en el balotaje. Pero estas reversiones, como vimos, dependen de varios factores y son más probables cuando hay un aumento en la participación electoral. Por eso, la decisión que adopte el Gobierno respecto al feriado del lunes 20 de noviembre será una variable clave.
Más allá del balotaje, el panorama político que surge de este proceso, complejo y polarizado, con un gobierno de coalición, un Congreso dividido y una mayor pluralidad en los gobiernos provinciales, anticipa desafíos significativos en términos de gobernabilidad para el presidente electo.
Zovatto es director regional para América Latina y el Caribe IDEA Internacional; Liendo es consultor regional de IDEA
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Por el voto, hay que correr el feriado del 19/11
El poder Ejecutivo está obligado a facilitar la participación en las elecciones; si no lo hace, la Cámara Electoral podría actuar
Alejandro Fargosi Abogado, ex consejero de la Magistratura
La Argentina enfrenta una situación casi única, agravada por la crisis que arrastra desde hace décadas y la recuperada competitividad del peronismo, esta vez en versión Kirchner/massa, que el 22 de octubre pasado demostró ser casi inmune al desastre económico cometido estos años.
El gobierno de Sergio Massa, ministro y candidato, se negó al razonable requerimiento de la Cámara nacional Electoral para correr el feriado del 20 de noviembre, que no es inamovible sino trasladable. Así, convierte la elección presidencial del domingo 19 en el jamón de sandwich dentro de un feriado largo.
La alta abstención, que se dio en las PASO y en la primera vuelta, ahora se fomenta a través de esta “elección sandwich” que presumiblemente definirá los próximos 20 años, porque, de resultar ganador Massa, todo indica que repetirá la rotación matrimonial en el poder que empezaron a implementar los Kirchner.
La solución pacífica y civilizada que intentó la muy respetable Cámara nacional Electoral fue requerir al Ejecutivo el dictado de un DNU que traslade el feriado del 20 de noviembre a otro día.
Cristina Kirchner hizo esto mismo en las elecciones de 2015, con un DNU en el que dijo que era “de suma importancia la participación masiva de la ciudadanía en tal relevante evento (el balotaje entre Macri y Scioli), para reafirmar nuestro sistema electoral y la solidez del funcionamiento de las instituciones democráticas”. Y abundaba: “Que si bien la finalidad del traslado del feriado es fomentar el turismo interno, con la importancia que ello genera como motor de la economía, de mantenerse el mismo… podría perjudicarse la concurrencia de muchos ciudadanos al acto eleccionario”.
Pero Massa –el presidente de hecho, podríamos decir– se niega a hacerlo ahora. Especula con que la oposición pierda votos.
Salvo que el Gobierno cambie de postura, hoy la única salida es que la Justicia Electoral, ante la negativa al pedido de traslado, el hecho público y notorio de la baja participación del electorado en las votaciones de 2023 y dado el valor esencial de la participación ciudadana, ordene el traslado del 20 a otro día de noviembre.
Ese feriado contraría la facilitación del voto, que la Justicia debe proteger, tal como manda el artículo 7 del Código Electoral, que dice que “ninguna autoridad obstaculizará … la emisión regular del voto”, obligación que el artículo 8 extiende incluso a los simples empleadores.
La decisión judicial puede ser espontánea, por las facultades ordenatorias que la ley concede a la Cámara Electoral, o motivada en una presentación de alguno de los partidos que competirán el 19 de noviembre.
Debe imponerse la tutela, garantía y obligatoriedad del voto, establecidas en los artículos 9, 10, 12 y 13 del Código Electoral.
Recordemos que entre las muy amplias facultades de la Justicia Electoral figura incluso la de arrestar a quienes obstruyan el normal ejercicio de sus funciones. Y agrega el artículo 44 que “conocerán” (es decir, decidirán) a pedido de parte o de oficio (por propia y espontánea decisión) sobre la aplicación de la Ley Electoral y normas conexas en materia de la elección, escrutinio y proclamación de los electos.
Podría debatirse si la decisión de suspender el feriado compete a alguno de los jueces electorales, a alguna Junta Electoral nacional o a la autoridad máxima de las elecciones, que es la Cámara nacional Electoral. Dada la gravedad institucional de esa decisión, su urgencia e inapelabilidad y habiendo sido la Cámara la que requirió el traslado del feriado, por eficacia y economía procesal convendría que sea ella la que adopte la decisión de oficio trasladar el feriado.
“A casos excepcionales, remedios excepcionales”. El paradigma de esta regla fue la valiente actuación del juez de la Corte Suprema Julio Oyhanarte cuando, de oficio, se apersonó ante el vicepresidente José María Guido y le tomó juramento como presidente de la nación ante el derrocamiento de Frondizi. Si se pudo hacer eso… ¿cómo no se va a poder trasladar un feriado conmemorativo?
La Justicia puede desplazar al Poder Ejecutivo en el tema de la fecha del feriado vs. la elección. Como lo reconoció Cristina Kirchner, el conflicto de valores entre una elección presidencial y un feriado es de fácil definición. Es más, el Poder Ejecutivo, en materia electoral, es un actor secundario que solo debe convocar a elecciones, fijar sus fechas y otras acciones menores.
Esa decisión y su entorno está sometida a la Cámara nacional Electoral, como el resto de los actos electorales. Además, como todos los actos humanos, que están sujetos a la Justicia salvo los previstos en el artículo 19 de la Constitución. Si un feriado atenta contra la concurrencia a votar, debe ser cambiado.
Votar es un derecho humano medular dentro del régimen republicano y representativo. Tan importante es el derecho a votar que por el artículo 147 las acciones de amparo deben ser resueltas por la Justicia Electoral de inmediato y en forma verbal.
Facilitar el voto es una obligación que tienen hasta los encargados y dueños de los inmuebles donde se vota (art. 77, inc. 2). Con mucha mas razón, el Poder Ejecutivo debe agotar las medidas a su alcance para facilitar el ejercicio del voto. Y si no lo hace, deberá hacerlo el Poder Judicial. En este caso, como se dijo, es la Cámara nacional Electoral, sea a pedido de algún partido político o de oficio, la que debería corregir la omisión del Ejecutivo y suspender el feriado para la fecha futura que decida el Ejecutivo.
Estamos ante un tema de inmensa trascendencia, donde el poder político de hecho tiene un peso enorme. Precisamente por eso, todos los ciudadanos y partidos debemos respaldar a las instituciones electorales para que impongan el máximo respeto a voto, al votante y a las facilidades que deben darse para votar.
El poder de la Justicia Electoral es casi absoluto y solo tiene las limitaciones explícitamente fijadas por la ley.
Si no se impone la Justicia Electoral, aunque se genere un conflicto de poderes lamentable, las elecciones serían una mera herramienta del Poder Ejecutivo para eternizarse en el poder
Si el Gobierno no recapacita, la salida es que actúe la Justicia Electoral
La alta abstención se fomenta a través de una “elección sandwich”
La Argentina enfrenta una situación casi única, agravada por la crisis que arrastra desde hace décadas y la recuperada competitividad del peronismo, esta vez en versión Kirchner/massa, que el 22 de octubre pasado demostró ser casi inmune al desastre económico cometido estos años.
El gobierno de Sergio Massa, ministro y candidato, se negó al razonable requerimiento de la Cámara nacional Electoral para correr el feriado del 20 de noviembre, que no es inamovible sino trasladable. Así, convierte la elección presidencial del domingo 19 en el jamón de sandwich dentro de un feriado largo.
La alta abstención, que se dio en las PASO y en la primera vuelta, ahora se fomenta a través de esta “elección sandwich” que presumiblemente definirá los próximos 20 años, porque, de resultar ganador Massa, todo indica que repetirá la rotación matrimonial en el poder que empezaron a implementar los Kirchner.
La solución pacífica y civilizada que intentó la muy respetable Cámara nacional Electoral fue requerir al Ejecutivo el dictado de un DNU que traslade el feriado del 20 de noviembre a otro día.
Cristina Kirchner hizo esto mismo en las elecciones de 2015, con un DNU en el que dijo que era “de suma importancia la participación masiva de la ciudadanía en tal relevante evento (el balotaje entre Macri y Scioli), para reafirmar nuestro sistema electoral y la solidez del funcionamiento de las instituciones democráticas”. Y abundaba: “Que si bien la finalidad del traslado del feriado es fomentar el turismo interno, con la importancia que ello genera como motor de la economía, de mantenerse el mismo… podría perjudicarse la concurrencia de muchos ciudadanos al acto eleccionario”.
Pero Massa –el presidente de hecho, podríamos decir– se niega a hacerlo ahora. Especula con que la oposición pierda votos.
Salvo que el Gobierno cambie de postura, hoy la única salida es que la Justicia Electoral, ante la negativa al pedido de traslado, el hecho público y notorio de la baja participación del electorado en las votaciones de 2023 y dado el valor esencial de la participación ciudadana, ordene el traslado del 20 a otro día de noviembre.
Ese feriado contraría la facilitación del voto, que la Justicia debe proteger, tal como manda el artículo 7 del Código Electoral, que dice que “ninguna autoridad obstaculizará … la emisión regular del voto”, obligación que el artículo 8 extiende incluso a los simples empleadores.
La decisión judicial puede ser espontánea, por las facultades ordenatorias que la ley concede a la Cámara Electoral, o motivada en una presentación de alguno de los partidos que competirán el 19 de noviembre.
Debe imponerse la tutela, garantía y obligatoriedad del voto, establecidas en los artículos 9, 10, 12 y 13 del Código Electoral.
Recordemos que entre las muy amplias facultades de la Justicia Electoral figura incluso la de arrestar a quienes obstruyan el normal ejercicio de sus funciones. Y agrega el artículo 44 que “conocerán” (es decir, decidirán) a pedido de parte o de oficio (por propia y espontánea decisión) sobre la aplicación de la Ley Electoral y normas conexas en materia de la elección, escrutinio y proclamación de los electos.
Podría debatirse si la decisión de suspender el feriado compete a alguno de los jueces electorales, a alguna Junta Electoral nacional o a la autoridad máxima de las elecciones, que es la Cámara nacional Electoral. Dada la gravedad institucional de esa decisión, su urgencia e inapelabilidad y habiendo sido la Cámara la que requirió el traslado del feriado, por eficacia y economía procesal convendría que sea ella la que adopte la decisión de oficio trasladar el feriado.
“A casos excepcionales, remedios excepcionales”. El paradigma de esta regla fue la valiente actuación del juez de la Corte Suprema Julio Oyhanarte cuando, de oficio, se apersonó ante el vicepresidente José María Guido y le tomó juramento como presidente de la nación ante el derrocamiento de Frondizi. Si se pudo hacer eso… ¿cómo no se va a poder trasladar un feriado conmemorativo?
La Justicia puede desplazar al Poder Ejecutivo en el tema de la fecha del feriado vs. la elección. Como lo reconoció Cristina Kirchner, el conflicto de valores entre una elección presidencial y un feriado es de fácil definición. Es más, el Poder Ejecutivo, en materia electoral, es un actor secundario que solo debe convocar a elecciones, fijar sus fechas y otras acciones menores.
Esa decisión y su entorno está sometida a la Cámara nacional Electoral, como el resto de los actos electorales. Además, como todos los actos humanos, que están sujetos a la Justicia salvo los previstos en el artículo 19 de la Constitución. Si un feriado atenta contra la concurrencia a votar, debe ser cambiado.
Votar es un derecho humano medular dentro del régimen republicano y representativo. Tan importante es el derecho a votar que por el artículo 147 las acciones de amparo deben ser resueltas por la Justicia Electoral de inmediato y en forma verbal.
Facilitar el voto es una obligación que tienen hasta los encargados y dueños de los inmuebles donde se vota (art. 77, inc. 2). Con mucha mas razón, el Poder Ejecutivo debe agotar las medidas a su alcance para facilitar el ejercicio del voto. Y si no lo hace, deberá hacerlo el Poder Judicial. En este caso, como se dijo, es la Cámara nacional Electoral, sea a pedido de algún partido político o de oficio, la que debería corregir la omisión del Ejecutivo y suspender el feriado para la fecha futura que decida el Ejecutivo.
Estamos ante un tema de inmensa trascendencia, donde el poder político de hecho tiene un peso enorme. Precisamente por eso, todos los ciudadanos y partidos debemos respaldar a las instituciones electorales para que impongan el máximo respeto a voto, al votante y a las facilidades que deben darse para votar.
El poder de la Justicia Electoral es casi absoluto y solo tiene las limitaciones explícitamente fijadas por la ley.
Si no se impone la Justicia Electoral, aunque se genere un conflicto de poderes lamentable, las elecciones serían una mera herramienta del Poder Ejecutivo para eternizarse en el poder
Si el Gobierno no recapacita, la salida es que actúe la Justicia Electoral
La alta abstención se fomenta a través de una “elección sandwich”
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