AySA pidió un aumento del 209% en la tarifa de agua a partir de abril
De cara a la audiencia pública que se hará el 27 de este mes, la empresa además propuso otra suba en julio y una fórmula de ajuste automático todos los meses
Sofía Diamante
La compañía mantendrá la tarifa social
Con algunas semanas de demora, finalmente la Secretaría de Obras Públicas convocó a una audiencia pública para tratar los aumentos en la tarifa de agua de AySA para el miércoles 27 de marzo. La empresa estatal hizo una solicitud de actualización tarifaria del 209% a partir de abril, con una fórmula de ajuste mensual y una nueva revisión al alza en julio, para llegar al “equilibrio económico entre los meses de septiembre y octubre” próximos.
Se trata de la segunda propuesta de aumento tarifario que realiza AySA, luego de que la primera fue rechazada. Según dice la nota enviada por la empresa a Walter Méndez, titular del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), esta “nueva propuesta es superadora de recomposición tarifaria y mejora de la eficiencia”.
En este sentido, AySA dijo que este año reducirá en términos reales el gasto operativo en el orden del 20%. Sin embargo, para llegar al equilibrio económico solicitó dos aumentos tarifarios, a realizarse en abril y julio. En los otros meses se aplicará una fórmula de ajuste automático que tendrá en cuenta la inflación minorista (IPC), la inflación mayorista (IPIM) de los productos manufacturados y la variación salarial.
“Atento a lo ambicioso del proceso de eficiencia iniciado, la elevada volatilidad macroeconómica y los cambios de precios relativos en curso, se propone fijar una revisión tarifaria complementaria obligatoria para el mes de julio”, dijo la empresa.
AySA espera ahorrar de esta forma $440.000 millones, entre la mejora de eficiencia adicional y el incremento tarifario.
“No obstante, a pesar de estos esfuerzos y teniendo en cuenta la pauta definida por esa autoridad de aplicación para el programa tarifario, se recuerda que para lograr el equilibrio financiero de la concesión continuará siendo necesario que el Tesoro nacional complete con transferencias el déficit no cubierto tanto para los meses en que aún no se alcanza el equilibrio en términos de gastos operativos e inversiones en mejora y mantenimiento, como para el financiamiento de obras básicas y de expansión y servicio de deuda”, dijo la empresa.
Al igual que ocurrió con todas las empresas estatales, AySA tampoco recibió fondos del Tesoro durante enero y febrero, lo que generó una situación de tensión con sus proveedores.
En lo que se refiere a tarifa social, la empresa mantendrá el esquema actual de segmentación de subsidios, focalizado en la geolocalización de los usuarios, que implementó la gestión anterior de Malena Galmarini. “En materia de tarifa social se propone una ampliación del presupuesto junto con una mayor difusión del programa y mayores facilidades para que los usuarios accedan al mismo”, dijeron.
Por lo tanto, se mantendrá el subsidio del 15% para los usuarios residenciales y baldíos cuyos inmuebles se localizan en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos.
Por otro lado, según dijeron, también se mantiene para todos los usuarios en régimen no medido la gratuidad del pasaje a régimen medido en caso de que lo soliciten. “Esta posibilidad les permite controlar sus consumos y por ende los montos finales facturados, mejorando la eficiencia asignativa”, explicaron.
La semana pasada, la Jefatura de Gabinete, el área de la cual depende AySA en la práctica, decidió el despido de Marcelo Papandrea, que era un empresario sin conocimiento del sector, cercano al exministro de Economía Sergio Massa.
En su cargo asumirá Oscar Ferrari, que había sido propuesto por el exministro de Infraestructura Guillermo Ferraro y actualmente se desempeña como vicepresidente de AySA.
Sin embargo, quien lleva la auditoría del día a día de la empresa es Eduardo Endeiza, director general administrativo y operativo de AySA, quien responde de manera directa a la Jefatura de Gabinete, comandada por Nicolás Posse.
Endeiza también era un hombre cercano a Massa, ya que trabajó en los primeros años del gobierno de Alberto Fernández en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y, cuando Massa asumió en Economía, pasó al área de Secretaría de Finanzas, junto con su exjefe del FGS Eduardo Setti.
Dentro del directorio de AySA también se encuentran observando la operación de la empresa Mauricio González Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete, y Patricio Jaccoud, subsecretario de esa misma dependencia
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Esperan una inflación del 15% para marzo
Para las consultoras, el índice de precios de este mes se asemejará al de febrero
Luján Berardi
Cuando falta una semana para que se conozca el dato oficial de inflación de febrero, y con las estimaciones de las consultoras privadas ubicándola en torno al 15%, marzo marcará otro momento clave en los intentos del Gobierno de corregir el índice de precios al consumidor.
Según los especialistas, se trata de un mes complicado caracterizado por la estacionalidad de los precios y los próximos ajustes en los servicios regulados, que podrían poner un freno a la desaceleración de la inflación núcleo. Esta presión extra mantendría el IPC en los niveles de febrero.
“Marzo es complicado. Hay un tema de estacionalidad muy marcada por los colegios, que van a llegar con aumentos de 40 o 50%, al menos en la zona de Capital y GBA. Eso plantea un desafío”, comentó Camilo Tiscornia, de la consultora C&T, en diálogo con
Además, agregó que también llegarán más ajustes de regulados, aunque consideró que podrían no tener la misma intensidad de los registrados en febrero. Todo esto justifica que la dinámica inflacionaria de marzo se mantenga en línea con las proyecciones del mes pasado.
“Hay sectores que están frenándose bastante y es probable que sigan así durante marzo. Los alimentos venían más tranquilos en febrero, cuando registramos un aumento de 11%, menos que los meses previos. Entonces, puede ser que, en algunos sectores, sobre todo los más ligados al tipo de cambio, se siga moderando la inflación”, explicó.
A pesar de esto, resulta imprescindible la actuación del Banco Central (BCRA) respecto del tipo de cambio, que actualmente se basa en ajustes graduales del 2%. “Creo que varios precios van a tener que acercarse cada vez más al movimiento del dólar. Eso favorecería que baje la inflación porque estamos hablando de tasas mucho menores al 15% por mes”, sostuvo.
También desde Analytica sostuvieron la posibilidad de que la tasa de marzo mantenga los valores de febrero. Al igual que Tiscornia, Claudio Caprarulo enfatizó que la inflación núcleo seguiría desacelerándose, aunque los regulados tomarían el camino contrario. Así, el segmento de alimentos y bebidas, un rubro clave para estas mediciones, mantendría la tendencia a la baja.
“Nuestra proyección sigue sienen do que, sin un nuevo evento de shock, la inflación puede bajar a un dígito mensual a partir de la segunda mitad del año”, agregó respecto de la dinámica anual de los precios.
El dólar será clave
A su vez, resaltó que será determinante lo que suceda con el dólar: “El interrogante más grande respecto de la evolución futura está determinado por la apreciación del tipo de cambio. Un nuevo salto que busque incentivar las exportaciones de la cosecha gruesa volvería a acelerar el aumento de precios”, sostuvo.
Alejandro Giacoia, de Econviews, también planteó que marzo acarrea ciertas dificultades en los intentos de atemperar la aceleración de los precios, pese a que en su consultora prevén una baja que la colocaría alrededor del 12% para el mes en curso.
“Tenés varias cuestiones. Va a seguir habiendo aumento de precios regulados. Prepagas va a tener aumento. Probablemente suba el gas, aunque no se vea en la factura de marzo. Si el cuadro tarifario se actualiza este mes, el Indec ya lo registra, como pasó en febrero con la luz”, detalló al referirse al ajuste las tarifas de electricidad, con aumentos de hasta el 150%, que el Gobierno anunció en enero para aplicarse a partir del 1º de febrero.
Al igual que Tiscornia, remarcó que la estacionalidad de marzo se basa, sobre todo, en los aumentos de los colegios, a lo que se agregan otros rubros con incrementos. “Tuvimos suba de combustible el fin de semana que pasó. Todo esto va a sumar. Por otro lado, si se mantiene el crawling peg al 2%, puede ayudar a anclar los precios, sobre todo en alimentos. Si el BCRA elige acelerar un poco, capaz puede haber un punto más por ese lado, pero no mucho”, concluyó.
Tanto las previsiones de LCG como las de Eco Go ven un camino similar y sostienen que la inflación de marzo se mantendrá en línea con el posible 15% de febrero, y presentará, a su vez, una desaceleración de la núcleo, pero con el freno que implicarían los ajustes de gas, prepagas, educación y otros precios regulados.
“Ya desde el año pasado esperábamos la suba en regulados para estos meses. Nosotros estimamos que se pueda ver un número por debajo del 10% a partir de junio o julio”, comentó Rocío Bisang, de Eco Go
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Juicio por YPF: respaldo de varios países a la Argentina
Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile pidieron que se revierta el fallo
Con algunas semanas de demora, finalmente la Secretaría de Obras Públicas convocó a una audiencia pública para tratar los aumentos en la tarifa de agua de AySA para el miércoles 27 de marzo. La empresa estatal hizo una solicitud de actualización tarifaria del 209% a partir de abril, con una fórmula de ajuste mensual y una nueva revisión al alza en julio, para llegar al “equilibrio económico entre los meses de septiembre y octubre” próximos.
Se trata de la segunda propuesta de aumento tarifario que realiza AySA, luego de que la primera fue rechazada. Según dice la nota enviada por la empresa a Walter Méndez, titular del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), esta “nueva propuesta es superadora de recomposición tarifaria y mejora de la eficiencia”.
En este sentido, AySA dijo que este año reducirá en términos reales el gasto operativo en el orden del 20%. Sin embargo, para llegar al equilibrio económico solicitó dos aumentos tarifarios, a realizarse en abril y julio. En los otros meses se aplicará una fórmula de ajuste automático que tendrá en cuenta la inflación minorista (IPC), la inflación mayorista (IPIM) de los productos manufacturados y la variación salarial.
“Atento a lo ambicioso del proceso de eficiencia iniciado, la elevada volatilidad macroeconómica y los cambios de precios relativos en curso, se propone fijar una revisión tarifaria complementaria obligatoria para el mes de julio”, dijo la empresa.
AySA espera ahorrar de esta forma $440.000 millones, entre la mejora de eficiencia adicional y el incremento tarifario.
“No obstante, a pesar de estos esfuerzos y teniendo en cuenta la pauta definida por esa autoridad de aplicación para el programa tarifario, se recuerda que para lograr el equilibrio financiero de la concesión continuará siendo necesario que el Tesoro nacional complete con transferencias el déficit no cubierto tanto para los meses en que aún no se alcanza el equilibrio en términos de gastos operativos e inversiones en mejora y mantenimiento, como para el financiamiento de obras básicas y de expansión y servicio de deuda”, dijo la empresa.
Al igual que ocurrió con todas las empresas estatales, AySA tampoco recibió fondos del Tesoro durante enero y febrero, lo que generó una situación de tensión con sus proveedores.
En lo que se refiere a tarifa social, la empresa mantendrá el esquema actual de segmentación de subsidios, focalizado en la geolocalización de los usuarios, que implementó la gestión anterior de Malena Galmarini. “En materia de tarifa social se propone una ampliación del presupuesto junto con una mayor difusión del programa y mayores facilidades para que los usuarios accedan al mismo”, dijeron.
Por lo tanto, se mantendrá el subsidio del 15% para los usuarios residenciales y baldíos cuyos inmuebles se localizan en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos.
Por otro lado, según dijeron, también se mantiene para todos los usuarios en régimen no medido la gratuidad del pasaje a régimen medido en caso de que lo soliciten. “Esta posibilidad les permite controlar sus consumos y por ende los montos finales facturados, mejorando la eficiencia asignativa”, explicaron.
La semana pasada, la Jefatura de Gabinete, el área de la cual depende AySA en la práctica, decidió el despido de Marcelo Papandrea, que era un empresario sin conocimiento del sector, cercano al exministro de Economía Sergio Massa.
En su cargo asumirá Oscar Ferrari, que había sido propuesto por el exministro de Infraestructura Guillermo Ferraro y actualmente se desempeña como vicepresidente de AySA.
Sin embargo, quien lleva la auditoría del día a día de la empresa es Eduardo Endeiza, director general administrativo y operativo de AySA, quien responde de manera directa a la Jefatura de Gabinete, comandada por Nicolás Posse.
Endeiza también era un hombre cercano a Massa, ya que trabajó en los primeros años del gobierno de Alberto Fernández en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y, cuando Massa asumió en Economía, pasó al área de Secretaría de Finanzas, junto con su exjefe del FGS Eduardo Setti.
Dentro del directorio de AySA también se encuentran observando la operación de la empresa Mauricio González Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete, y Patricio Jaccoud, subsecretario de esa misma dependencia
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Esperan una inflación del 15% para marzo
Para las consultoras, el índice de precios de este mes se asemejará al de febrero
Luján Berardi
Cuando falta una semana para que se conozca el dato oficial de inflación de febrero, y con las estimaciones de las consultoras privadas ubicándola en torno al 15%, marzo marcará otro momento clave en los intentos del Gobierno de corregir el índice de precios al consumidor.
Según los especialistas, se trata de un mes complicado caracterizado por la estacionalidad de los precios y los próximos ajustes en los servicios regulados, que podrían poner un freno a la desaceleración de la inflación núcleo. Esta presión extra mantendría el IPC en los niveles de febrero.
“Marzo es complicado. Hay un tema de estacionalidad muy marcada por los colegios, que van a llegar con aumentos de 40 o 50%, al menos en la zona de Capital y GBA. Eso plantea un desafío”, comentó Camilo Tiscornia, de la consultora C&T, en diálogo con
Además, agregó que también llegarán más ajustes de regulados, aunque consideró que podrían no tener la misma intensidad de los registrados en febrero. Todo esto justifica que la dinámica inflacionaria de marzo se mantenga en línea con las proyecciones del mes pasado.
“Hay sectores que están frenándose bastante y es probable que sigan así durante marzo. Los alimentos venían más tranquilos en febrero, cuando registramos un aumento de 11%, menos que los meses previos. Entonces, puede ser que, en algunos sectores, sobre todo los más ligados al tipo de cambio, se siga moderando la inflación”, explicó.
A pesar de esto, resulta imprescindible la actuación del Banco Central (BCRA) respecto del tipo de cambio, que actualmente se basa en ajustes graduales del 2%. “Creo que varios precios van a tener que acercarse cada vez más al movimiento del dólar. Eso favorecería que baje la inflación porque estamos hablando de tasas mucho menores al 15% por mes”, sostuvo.
También desde Analytica sostuvieron la posibilidad de que la tasa de marzo mantenga los valores de febrero. Al igual que Tiscornia, Claudio Caprarulo enfatizó que la inflación núcleo seguiría desacelerándose, aunque los regulados tomarían el camino contrario. Así, el segmento de alimentos y bebidas, un rubro clave para estas mediciones, mantendría la tendencia a la baja.
“Nuestra proyección sigue sienen do que, sin un nuevo evento de shock, la inflación puede bajar a un dígito mensual a partir de la segunda mitad del año”, agregó respecto de la dinámica anual de los precios.
El dólar será clave
A su vez, resaltó que será determinante lo que suceda con el dólar: “El interrogante más grande respecto de la evolución futura está determinado por la apreciación del tipo de cambio. Un nuevo salto que busque incentivar las exportaciones de la cosecha gruesa volvería a acelerar el aumento de precios”, sostuvo.
Alejandro Giacoia, de Econviews, también planteó que marzo acarrea ciertas dificultades en los intentos de atemperar la aceleración de los precios, pese a que en su consultora prevén una baja que la colocaría alrededor del 12% para el mes en curso.
“Tenés varias cuestiones. Va a seguir habiendo aumento de precios regulados. Prepagas va a tener aumento. Probablemente suba el gas, aunque no se vea en la factura de marzo. Si el cuadro tarifario se actualiza este mes, el Indec ya lo registra, como pasó en febrero con la luz”, detalló al referirse al ajuste las tarifas de electricidad, con aumentos de hasta el 150%, que el Gobierno anunció en enero para aplicarse a partir del 1º de febrero.
Al igual que Tiscornia, remarcó que la estacionalidad de marzo se basa, sobre todo, en los aumentos de los colegios, a lo que se agregan otros rubros con incrementos. “Tuvimos suba de combustible el fin de semana que pasó. Todo esto va a sumar. Por otro lado, si se mantiene el crawling peg al 2%, puede ayudar a anclar los precios, sobre todo en alimentos. Si el BCRA elige acelerar un poco, capaz puede haber un punto más por ese lado, pero no mucho”, concluyó.
Tanto las previsiones de LCG como las de Eco Go ven un camino similar y sostienen que la inflación de marzo se mantendrá en línea con el posible 15% de febrero, y presentará, a su vez, una desaceleración de la núcleo, pero con el freno que implicarían los ajustes de gas, prepagas, educación y otros precios regulados.
“Ya desde el año pasado esperábamos la suba en regulados para estos meses. Nosotros estimamos que se pueda ver un número por debajo del 10% a partir de junio o julio”, comentó Rocío Bisang, de Eco Go
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Juicio por YPF: respaldo de varios países a la Argentina
Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile pidieron que se revierta el fallo
Rafael Mathus Ruiz
WASHINGTON.– Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile presentaron escritos ante la Justicia de Estados Unidos para respaldar a la Argentina en su apelación por la estatización de YPF y pedirle a un tribunal de apelaciones que se revierta el fallo de la jueza Loretta Preska que ordenó al país a pagarle US$16.000 millones al fondo Burford.
Los cuatro países presentaron dos documentos “amicus” ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el tribunal de segunda instancia que tiene en sus manos la apelación argentina de la sentencia de Preska por el juicio por la estatización de la petrolera, originalmente presentado por Eton Park y el Grupo Petersen y luego adquirido por Burford. Los dos documentos, uno en nombre de Brasil y Uruguay, y otro de Ecuador y Chile, representan el primer apoyo internacional en la causa por parte de otras naciones soberanas en respaldo del planteo del gobierno argentino.
Las naciones criticaron el fallo de Preska y se mostraron “profundamente preocupadas”y“alarmadas” por la decisión de la jueza.
“Brasil y Uruguay están profundamente preocupados porque el tribunal de distrito aplicó mal doctrinas cruciales diseñadas para garantizar el respeto de las prerrogativas de los soberanos extranjeros y sus tribunales, proteger a los litigantes extranjeros de las cargas de litigar en los Estados Unidos y salvaguardar contra la aplicación incorrecta del derecho extranjero”, indica uno de los documentos. “Cada una de estas protecciones, importantes bajo cualquier circunstancia, es esencial cuando se presentan reclamaciones contra soberanos extranjeros”, agrega.
Ecuador y Chile
El escrito presentado por Chile y Ecuador ofrece una mirada similar en respaldo de los argumentos esgrimidos por los abogados de la Argentina para revertir el fallo de Preska, y, al igual que Brasil y Uruguay, dijeron que tienen un interés concreto en el caso, y que están “alarmadas”.
Ambos países dijeron en su escrito que tienen un interés en este caso porque el fallo de Preska, si se mantiene, “interferirá con las expectativas de larga data de las naciones soberanas de que sus propios juzgados o tribunales serán el árbitro de las disputas corporativas que surjan bajo sus propias leyes”, en línea con los argumentos de la Argentina. Además, si no se modifica, “el fallo del tribunal de distrito amenaza con perturbar las relaciones comerciales de larga data entre las naciones soberanas y sus residentes corporativos y los EE.UU.”, agregaron.
El escrito de Ecuador y Chile remarca que la Corte Suprema ha sostenido que “un tribunal federal debe considerar cuidadosamente las opiniones de un Estado extranjero sobre el significado de sus propias leyes”, y que la opinión expresada por un gobierno sobre su propia ley normalmente suele tener derecho a una consideración sustancial.
WASHINGTON.– Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile presentaron escritos ante la Justicia de Estados Unidos para respaldar a la Argentina en su apelación por la estatización de YPF y pedirle a un tribunal de apelaciones que se revierta el fallo de la jueza Loretta Preska que ordenó al país a pagarle US$16.000 millones al fondo Burford.
Los cuatro países presentaron dos documentos “amicus” ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el tribunal de segunda instancia que tiene en sus manos la apelación argentina de la sentencia de Preska por el juicio por la estatización de la petrolera, originalmente presentado por Eton Park y el Grupo Petersen y luego adquirido por Burford. Los dos documentos, uno en nombre de Brasil y Uruguay, y otro de Ecuador y Chile, representan el primer apoyo internacional en la causa por parte de otras naciones soberanas en respaldo del planteo del gobierno argentino.
Las naciones criticaron el fallo de Preska y se mostraron “profundamente preocupadas”y“alarmadas” por la decisión de la jueza.
“Brasil y Uruguay están profundamente preocupados porque el tribunal de distrito aplicó mal doctrinas cruciales diseñadas para garantizar el respeto de las prerrogativas de los soberanos extranjeros y sus tribunales, proteger a los litigantes extranjeros de las cargas de litigar en los Estados Unidos y salvaguardar contra la aplicación incorrecta del derecho extranjero”, indica uno de los documentos. “Cada una de estas protecciones, importantes bajo cualquier circunstancia, es esencial cuando se presentan reclamaciones contra soberanos extranjeros”, agrega.
Ecuador y Chile
El escrito presentado por Chile y Ecuador ofrece una mirada similar en respaldo de los argumentos esgrimidos por los abogados de la Argentina para revertir el fallo de Preska, y, al igual que Brasil y Uruguay, dijeron que tienen un interés concreto en el caso, y que están “alarmadas”.
Ambos países dijeron en su escrito que tienen un interés en este caso porque el fallo de Preska, si se mantiene, “interferirá con las expectativas de larga data de las naciones soberanas de que sus propios juzgados o tribunales serán el árbitro de las disputas corporativas que surjan bajo sus propias leyes”, en línea con los argumentos de la Argentina. Además, si no se modifica, “el fallo del tribunal de distrito amenaza con perturbar las relaciones comerciales de larga data entre las naciones soberanas y sus residentes corporativos y los EE.UU.”, agregaron.
El escrito de Ecuador y Chile remarca que la Corte Suprema ha sostenido que “un tribunal federal debe considerar cuidadosamente las opiniones de un Estado extranjero sobre el significado de sus propias leyes”, y que la opinión expresada por un gobierno sobre su propia ley normalmente suele tener derecho a una consideración sustancial.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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