AUDITORÍAS Y DEFRAUDACIÓN EN "ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR EMBARAZO "

El Gobierno cede fondos a las universidades, pero no afloja con las auditorías
Acepta ampliar las partidas previstas en el presupuesto; fuerte tensión con la UBA
El Gobierno admite que, para descomprimir el conflicto con las universidades, está dispuesto a ampliar las partidas previstas en el proyecto de presupuesto que envió al Congreso. No llegará a los 7,2 billones de pesos que pidieron los rectores, pero superará los 3,8 billones que contempla la versión original del presupuesto en el capítulo destinado al sistema universitario nacional. Sin embargo, aunque está dispuesto a ceder en esa negociación, el Gobierno reforzará la ofensiva por las auditorías que impulsa, por parte de la Sigen, para verificar el uso de fondos públicos que hacen las casas de altos estudios.
Después de que las autoridades de la UBA anunciaran que van a impugnar en la Justicia el contralor de la Sigen, el presidente Javier Milei reiteró que “eso demuestra que están sucios, incluso más de lo que suponíamos”.
En medio del conflicto que mantiene el Gobierno con las universidades nacionales por el veto presidencial contra su financiamiento, el presidente Javier Milei volvió a cuestionar ayer con dureza la decisión de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de iniciar acciones legales ante la intervención de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). “Los vamos a auditar. Los chorros no van a tener paz en la Argentina, porque el que las hace las paga”, arremetió el mandatario, en diálogo con Radio Mitre.
“Voy a buscar a los chorros hasta el último rincón de la Argentina y los voy a meter presos. Se acabó el curro en la Argentina, se acabaron las castas”, insistió Milei.
El descargo presidencial se dio al ser consultado por la presentación judicial que hará la UBA, según informó la universidad en un comunicado que hizo circular este viernes, en el que aseguraba encontrarse bajo distintas modalidades de control y rechazaba la posibilidad de ser auditada por la Sigen, que depende del Ejecutivo.
“La Universidad –se lee en el anuncio de la UBA– ha decidido llevar la controversia respecto de quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos”.
En el documento, que lleva por título “Sí a las auditorías, no a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”, la casa de estudios afirmó también que la Sigen no tiene competencias para auditarla, destacó que las universidades son “autónomas” y advirtió que “detrás de la falsa discusión sobre la rendición de cuentas hay un verdadero ataque ideológico a la idea misma de la universidad pública libre, gratuita, y masiva”.
A lo largo de la entrevista, Milei destacó que el Gobierno “nunca quiso privatizar” las universidades públicas, ni tampoco se puso en consideración su arancelamiento. Calificó de “vaca sagrada” a la cuestión universitaria y cargó contra quienes, según sostuvo, utilizaron el reclamo por el financiamiento en pos de su propio beneficio. “Políticos miserables, que se escudaban detrás de esas banderas nobles para esconder sus curros y choreos”, denunció.
“Solo pedimos lo mismo que antes: auditar. El problema es que inventaron que las queríamos privatizar, arancelar. ¿No se dan cuenta de que son una manga de mentirosos que inventa mentiras para seguir protegiendo a los chorros?”, cuestionó el mandatario.
“Nosotros no queremos intervenir a las universidades, queremos tener un control del dinero que pagan los pagadores de impuestos. En la Argentina siete de cada 10 niños son pobres. Esos chicos están recibiendo menos asistencia por las universidades. Entonces, queremos saber qué están haciendo con esa plata las universidades”, planteó Milei.
En otro tramo de la entrevista, el Presidente trazó una distinción entre la concurrencia de la primera marcha federal en defensa del financiamiento universitario y la última medida de fuerza. “Voy a dar los números oficiales de la cantidad de gente, después se pueden poner las mentiras de Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti y esa banda. La primera manifestación contó con 230.000 personas y la segunda con 60.000. No solo cayó el 75%, sino que 60.000 personas, en una marcha bajo el aparato de kirchneristas, sindicalistas, radicales y la izquierda, es un número fácil que no necesita ni un solo estudiante para hacerlo”, manifestó el mandatario.
“Quiere decir que los jóvenes tomaron conciencia de que estaban siendo usados de escudo humano para defender el choreo de un conjunto de delincuentes. Cuando se miran hoy las encuestas se ve que hay 50% a favor de la posición de las universidades y un 40% que apoya la posición del Gobierno”, precisó Milei.
También aprovechó para recordar el traspié del rector de la universidad, Ricardo Gelpi, cuando en una entrevista radial no pudo precisar los números del presupuesto universitario. “De hecho, al rector [por Gelpi] en un momento se le pregunta sobre la cantidad de dinero, no tenía idea, pero quería duplicar el presupuesto. Si no sabés de cuánta plata hablamos, ¿cómo querés que se duplique?”, machacó el Presidente.
En medio de la escalada, el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, respaldó al Presidente y apuntó contra la universidad. “Otra vez el Presidente tenía razón, después de un año donde los voceros de la UBA afirmaban con seguridad que ellos no tenían ningún problema en ser auditados, resulta ahora que van a la Justicia para que nadie pueda ver en qué gastan la de todos”, escribió en su cuenta de X.

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Capital Humano denunció defraudación a la Anses por 283 casos de irregularidades con la Asignación Universal por Embarazo
La presentación fue hecha en los tribunales de Comodoro Py a partir de detectar que hubo documentación falsa y certificados médicos apócrifos
Cecilia Devanna
Sandra Pettovello al salir da la reunión de gabinete en Casa Rosada
Tras una investigación realizada por la ANSES, el Ministerio de Capital Humano, formalizó en las últimas horas una denuncia penal ante la justicia federal para que se investiguen presuntas irregularidades en la tramitación de la Asignación Universal por Embarazo (AUE). De acuerdo a la presentación, esas irregularidades detectadas en al menos 283 casos en distintos puntos del país, “exponen una práctica sistemática de presentación de documentación falsa y certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de atención de ANSES, con el fin de percibir fraudulentamente la asignación”.
Los casos detectados se registraron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en Río Gallegos (Santa Cruz), como así también en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, y tienen en la mira a decenas de médicos por diferentes inconsistencias en sus certificados, que van desde especialidades que no son la obstetricia y aún así certificaron supuestos embarazos, hasta matrículas inválidas o inexistentes, entre otras.
Por el caso, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, evalúa dos escenarios de perjuicio económico: el de máxima, estimado en $165.959.199, y el de mínima, en $58.862.376. Ambos a valores de noviembre de 2024. Entre las irregularidades detectadas hay de distintos años.
La investigación en el organismo fue realizada, verificada y documentada por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumario, que a lo largo del proceso interno “identificó varios tipos de irregularidades recurrentes en los formularios PS 2.67, requisito para acceder a la asignación”, según explicaron fuentes oficiales.
La AUE es un beneficio para mujeres en situación de vulnerabilidad que, a partir de la decimosegunda semana del embarazo, pueden acceder a la asistencia del Estado tras la presentación de un certificado y por los siguientes 9 meses. Los montos percibidos varían de acuerdo a los meses de gestación.
Entre esas irregularidades, según fuentes al tanto de lo investigado, hay certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento, es decir que se detectaron solicitudes de Asignación por Embarazo con certificados médicos falsos en las cuales, tras la fecha de parto declarada, no se registró ningún nacimiento ni interrupción del embarazo, presumiendo embarazos inexistentes.
También mencionan simulación de interrupciones de embarazo, en los que hubo casos en los que se presentaron solicitudes de AUE acompañadas de certificados apócrifos que incluían documentación falsa de interrupción del embarazo, permitiendo a las beneficiarias seguir percibiendo el beneficio hasta la presunta interrupción.
Otras de las irregularidades mencionadas es la de certificados con fechas de parto futuras, en las que “se detectaron certificados médicos falsos con fechas de parto futuras, que ya estaban siendo utilizados para cobrar los pagos prenatales, sugiriendo embarazos falsos”. Y también el uso de certificaciones inválidas y retenidas, que fueron detectadas “en numerosos casos, ANSES rechazó formularios PS 2.67 por inconsistencias notables, tales como matrículas médicas inválidas, sellos o CUIL erróneos, y certificaciones realizadas por profesionales sin habilitación en obstetricia”. Por lo que, explican, “estos formularios fueron retenidos preventivamente al considerarse un intento de defraudación”.
La denuncia quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, donde por sorteo recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Ramos y en la fiscalía de Ramiro González. La presentación fue acompañada de la documentación recopilada y menciona como posibles delitos cometidos los de defraudación a la Administración Pública; Falsificación de Documentos y Uso de Documento Falso o Adulterado, entre otros delitos cometidos en perjuicio de la ANSES.
Los alcances del perjuicio económico a ANSES
Desde Capital Humano consideran que el fraude descubierto podría haberle costado a ANSES una suma considerable. Allí abren los dos escenarios de cálculo sobre el perjuicio económico: el escenario de máxima, en el que consideran que si los 283 casos fraudulentos hubieran cobrado el 100 por ciento de la prestación durante los 9 meses correspondientes, el perjuicio ascendería a $165.959.199 pesos a valores de noviembre de 2024.
En tanto que el segundo, de mínima, evalúa si los dos Grupos I (certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento) y III (certificados con fechas de parto futuras), estimados en unos 80 casos cobraron el 80 por ciento de la prestación durante 9 meses; el II (simulación de interrupciones de embarazo), de 12 casos, cobró el 100 por ciento durante 6 meses y el IV (certificaciones inválidas y retenidas), de 111 casos, no llegó a percibir ninguna prestación, el perjuicio estimado es de 58.862.376 de pesos a valores de noviembre de 2024

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