OPINIÓN Y CORRUPCIÓN

Uno por uno, el mapa de los sectores más y menos protegidos por el Estado
Con el paso de los gobiernos, no sólo cuesta eliminar privilegios, sino que se acumulan capas geológicas de nuevas exenciones, regímenes especiales y subsidios
Daiana Fernández Molero
La industria de los electrónicos ensamblados en Tierra del Fuego
En las reuniones entre el Gobierno y los empresarios en la Argentina suele repetirse un patrón que Mauricio Macri mencionó varias veces. En general, los empresarios apoyaban las reformas, pero al entrar en los detalles surgía siempre la misma pregunta: “¿La mía está, no?”. Los cambios siempre tenían que arrancar por otro lado.
Es entendible. Ser empresario en la Argentina es una verdadera osadía. Enfrentan una presión tributaria y burocrática excesiva, regulaciones enredadas y arbitrarias, infraestructura obsoleta y, sobre todo, una macroeconomía fuera de control. No sorprende, entonces, que con el paso de distintos gobiernos no sólo cueste eliminar privilegios, sino que se acumulen capas geológicas de nuevas exenciones, regímenes especiales y subsidios.
La ayuda del Estado sector por sector
En porcentaje del valor agregado. Año 2023

Créditos: OPC
Esto genera un círculo vicioso difícil de romper. Como los impuestos son altísimos, quienes los pagan buscan alivio, y entonces, en lugar de reducir la carga para todos, se abren excepciones dentro del sistema. Estas excepciones fiscales fuerzan subas de impuestos para quienes siguen cumpliendo, lo que lleva a que más empresarios pidan alivios o directamente opten por la informalidad. Así, seguimos cavando cada vez más hondo en lugar de salir del pozo.
Habiendo sido funcionaria durante la gestión de Macri pude ver de cerca otros problemas que genera una economía llena de parches: la enorme asimetría de información entre el sector público y el privado y la falta de una cuantificación integral sobre los beneficios que recibe cada sector productivo en relación a los demás.
Para reducir esta brecha, elaboramos la Tasa de Asistencia Efectiva (TAE). La TAE calcula los beneficios que cada sector económico recibe del Estado —aranceles, exenciones y subsidios—, cuantificando cómo esa asistencia impacta en el valor agregado que producen.
Inicialmente la TAE se utilizó para fines internos, pero en diciembre de 2019, casi con un pie afuera, fue publicada en la página del Ministerio de Economía. El objetivo era que tanto los funcionarios como los sectores productivos, los periodistas y la sociedad en general tuvieran acceso a la información completa y contextualizada sobre los beneficios que recibe cada sector.
Nos inspiramos en modelos internacionales, como el de Australia, que publica estos datos periódicamente. En 2023, la Oficina de Presupuesto del Congreso replicó y actualizó los resultados, comprometiéndose a mantener su publicación anual.
Ahora que la información está disponible, consultar la TAE debería ser un paso obligado para cualquier legislador o funcionario antes de reunirse con empresarios, proponer la creación de programas productivos o discutir la suba o baja de aranceles. También es una herramienta esencial para periodistas que escriben sobre sectores de la economía.
En mi despacho, al lado de la foto de mis hijos, tengo enmarcado un gráfico con los resultados de la TAE. Siempre que alguien lo ve, no falla: preguntan de qué se trata. Y casi con la misma pasión con la que hablo de mis hijos, les explico qué significan esas barras.
¿Qué nos muestran los últimos resultados? Primero, la mayor parte de la ayuda del Estado a los sectores productivos viene de la política comercial, es decir, a través de aranceles que protegen o no a ciertos productos del comercio exterior. En el gráfico, las barras azules reflejan la protección comercial y las grises, la asistencia fiscal mediante subsidios o exenciones impositivas.
Segundo, los servicios no tienen estimada esta protección (barra azul), porque los aranceles del Mercosur sólo se computan para bienes físicos, como productos industriales o agrícolas. Por último, el gráfico permite identificar tres grandes grupos. Están los sectores muy asistidos, donde la ayuda estatal aumenta el valor agregado que generan en más de 50%; los de asistencia media, donde la ayuda aporta entre 1% y 50%; y los desprotegidos, donde la intervención del Estado directamente reduce el valor agregado de la actividad.
Los sectores más asistidos incluyen electrónicos como celulares y computadoras, seguidos por autos, tabaco, calzado y ropa. No es casualidad que estos productos sean los que muchos argentinos prefieren comprar afuera, ya que en el país resultan más caros.
Claro que traer un auto en avión no es igual que traer una remera, pero estoy segura de que si fuera fácil, así como hasta hace poco veíamos a argentinos cruzar a Chile para cambiar neumáticos (caucho, también muy asistido), los veríamos cruzar para comprar autos.
El punto es que la protección limita la competencia y encarece lo que consumimos. En cambio, sectores como alimentos, bebidas, agricultura, ganadería, la extracción de gas y petróleo reciben poca o ninguna protección. En el caso del campo, el problema es doble: no sólo no tiene aranceles para proteger sus productos, sino que paga retenciones para exportar lo que producen. Además, necesita comprar maquinarias e insumos del exterior que tienen altos aranceles, lo que encarece sus costos. Así, la protección no sólo afecta a los consumidores, sino que también reduce la competitividad de quienes intentan producir y exportar.
Algo que no se desprende directamente del gráfico pero que podemos inferir es que este esquema de protección lleva muchísimos años. Dijimos que la asistencia se da principalmente por la vía arancelaria y los aranceles se determinan a partir del Arancel Externo Común (AEC) que define el Mercosur.
El AEC no ha sufrido grandes cambios, y salvo excepciones, los países tienen poco margen para modificar derechos de importación. Es interesante que en un país en donde decimos que hacen falta políticas de Estado, la estructura proteccionista sea una de las pocas cosas que se mantiene constante.
Hoy, en la Argentina, estamos dando debates que hasta hace poco parecían impensados. Es momento de poner toda la información sobre la mesa y preguntarnos si la política de asistencia productiva que definimos hace casi treinta años sigue siendo la adecuada.
La información está disponible: además de la TAE, el Gobierno incluyó en el proyecto de presupuesto 2025 un relevamiento detallado de las exenciones fiscales vigentes. Ahora es imprescindible evaluar el costo-beneficio de mantener la estructura de protección que refleja el gráfico.
¿Esta estructura fomenta las exportaciones? ¿Genera empleo? ¿Son los sectores más protegidos los que ofrecerán trabajos bien remunerados para nuestros hijos? ¿Y cuál es el costo real para la sociedad? No basta con saber cuánto le cuesta al Estado; necesitamos entender si el sacrificio de los consumidores, al pagar productos más caros, y la pérdida de competitividad de los productores, que compran insumos más costosos que sus competidores extranjeros, realmente valen la pena. Más aún, ¿están estas políticas ahuyentando inversiones y frenando la creación de empleo?
Dar esta discusión y modificar una estructura tan arraigada no es sencillo. El costo de eliminar privilegios suele concentrarse en grupos específicos, mientras que los beneficios se diluyen en toda la sociedad, lo que facilita la resistencia bien organizada al cambio.
Aun así, el Gobierno ya dio algunos pasos. Por ejemplo, desmanteló el sistema de Licencias No Automáticas, el paco del proteccionismo. Estas licencias actúan como aranceles encubiertos, pero al no ser cuantificables, quedan fuera de las estimaciones de la TAE. Sin embargo, funcionaban como barreras discrecionales y opacas a las importaciones, abriendo la puerta a la corrupción. El Gobierno también comenzó un proceso de “acupuntura arancelaria”, ajustando lo que está bajo control del Ejecutivo y no requiere consenso del Mercosur.
Es crucial, sin embargo, definir cómo seguir. Necesitamos una hoja de ruta que establezca prioridades claras y oriente los próximos pasos. ¿Por qué se decidió bajar los aranceles a los lentes de sol o al café, y no a las computadoras o celulares, insumos esenciales para la producción en el siglo XXI?
Además, ¿se discutirán las exenciones fiscales dentro de una reforma tributaria integral que contemple la reducción de impuestos y acuerdos con las provincias? ¿O se seguirá con cambios aislados y arbitrarios, como el reciente anuncio del vocero presidencial sobre la eliminación de la exención del IVA a la venta de diarios? ¿Se priorizará reducir los precios que pagamos o terminarán encareciéndolos aún más?
En definitiva, existe la información, existen las razones y existe la ventana oportunidad para replantearnos si queremos seguir con este esquema de protección o si es momento de cambiar. La TEA hoy no sólo echa luz sobre la oscuridad en que transcurrieron décadas de proteccionismo en Argentina, sino que además, ilumina cuáles son las prioridades del gobierno y qué privilegios estará dispuesto a desarmar. Es hora de que podamos decir, de una vez por todas, que “la que está” es la de los argentinos, y no la de unos pocos privilegiados.

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Allanan una obra social por presunto lavado de dinero
Se trata de Osprera, del gremio de los peones rurales

Ignacio Grimaldi
La Justicia decidió allanar a Osprera, la obra social de la Unión de Trabajadores rurales y Estibadores (Uatre), en medio de una denuncia por presunto lavado de activos contra el jefe del sindicato, José Voytenco.
Según la denuncia realizada por el secretario general de Uatre filial La Plata, el dirigente del gremio a nivel nacional lleva una vida con “lujos que no condecirían con la actividad sindical”, tales como una mansión en Cañuelas, una colección de relojes exclusivos y vuelos en aviones privados.
En consecuencia, La Justicia ordenó el allanamiento y la inhibición de los bienes de Voytenco. llamó y escribió la nacion varias veces al sindicalista y sus representantes, pero no contestaron.
La denuncia por supuesto lavado de dinero pide investigar tres posibles entradas de recursos a Uatre: su obra social, Osprera, los fondos por desempleo y los seguros por sepelio.
Hasta el momento, la Justicia tomó determinaciones sobre Osprera ya que no solamente autorizó el allanamiento, sino que también dispuso que la Superintendencia de Servicios de Salud administre la obra social y elabore un informe sobre sus estados contables.
De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud podrá volver a ingresar a Osprera, luego de la corta intervención de agosto, que duró hasta un fallo judicial que la dejó sin efecto, dos semanas después. Esto había sido celebrado por Voytenco.
En la resolución con la que la Superintendencia había dispuesto la intervención, dio cuenta de $26 mil millones de pesos que Osprera recibió de parte del Estado en los últimos cuatro años. Pese a eso, según cifras oficiales, no logró reducir su deuda sino que creció y en agosto alcanzó los $43 mil millones. Es por ello que en el Gobierno hablan de “serias dudas” sobre el manejo de esos fondos millonarios.
En paralelo, la Superintendencia informó que Osprera registraba 172 acciones judiciales en su contra por amparos que reclamaban entrega de medicamentos y prácticas médicas profesionales como cirugías, entre otros servicios de salud.
“La Justicia empezó por la obra social porque es lo más visible, los afiliados no podían atenderse”, analizó uno de los representantes de quien impulsa la denuncia.
A modo de contexto, un diputado libertario, Pablo Ansaloni, fue vicepresidente de Osprera durante parte del período en el que la obra social absorbió los $26 mil millones. En diálogo negó estar al tanto de la nacion presuntas irregularidades.
Por lo tanto, se trata de una investigación judicial que hasta incluye ribetes políticos, para muchos, inesperados. Para otros, no.

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