miércoles, 2 de octubre de 2024

DISEÑO Y EDITORIAL


El mundo económico está girando en dirección a Asia
Una eficaz política internacional requiere tener presente cuáles son las tendencias globales del crecimiento de las naciones y cómo evolucionan los grandes mercados internacionales
Alieto Aldo Guadagni

El diseño de una eficaz política internacional requiere tener presente cuáles son las tendencias globales del crecimiento económico de las naciones y también cómo están evolucionando los grandes mercados internacionales. Desde la Revolución Industrial viene cambiando el mapa económico mundial; desde fines del siglo XVIII, el liderazgo le correspondió al Reino Unido, pero después de la Guerra de Secesión de Estados Unidos este liderazgo se mudó desde Europa a América del Norte, donde se mantuvo durante todo el siglo XX. Pero el escenario mundial cambió en este siglo por el liderazgo de China, la gran potencia asiática.
En 1980, Estados Unidos registraba un PBI que era casi diez veces mayor que el de China, que comenzaba a abandonar el colectivismo. El PBI de los Estados Unidos era entonces holgadamente la primera economía mundial. Hoy, China es la primera economía mundial; cuando Biden finalice su presidencia, a fines de este año, la economía china será, según el FMI, 25% mayor que la de Estados Unidos.
Es probable que el PBI chino siga creciendo en los próximos años más que el de Estados Unidos, ampliando así su actual diferencia favorable. Esto se fundamenta en el hecho de que los niveles de ahorro e inversión de China son mayores que los de Estados Unidos. Por eso, el avance económico chino es más veloz que el norteamericano, una consecuencia lógica de un hecho elemental y decisivo, vinculado al proceso de acumulación de capital financiado esencialmente por el ahorro interno.
Este avance desigual de la producción de bienes y servicios viene cambiando el mapa mundial de las actividades económicas, que está girando desde Europa y América del Norte hacia el Asia-Pacífico. Este hecho debe ser tenido en cuenta en el diseño de nuestra política exterior para una mejor inserción económica de nuestro país en este mundo globalizado.
Asia oriental y el Pacífico crecen económicamente en este siglo más rápido que el resto del mundo; las economías asiáticas emergentes, lideradas por la India y China, vienen incrementando año tras año su importancia económica, a un ritmo más acelerado que el de las naciones desarrolladas agrupadas en el G-7 (Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Italia y Canadá). Este liderazgo de las naciones emergentes asiáticas se acentuará en el futuro. En 1980 el PBI del G-7 equivalía a 6 veces el PBI de las naciones asiáticas emergentes, pero hoy las cosas son distintas, ya que el PBI de estas naciones asiáticas emergentes es mayor que el del G-7. Esta diferencia se consolidará aún más en el próximo quinquenio,
Las estimaciones para este año son coherentes con lo que ha venido ocurriendo en el mundo a partir de la década del 80 del siglo pasado. Las economías emergentes, que en 1980 representaban menos del 40% del PBI mundial, ahora representan casi el 60%. Pero las diferencias en el PBI por habitante, si bien vienen disminuyendo año tras año, siguen siendo considerables, ya que estas naciones representan nada menos que el 86% de la población mundial.
Tengamos en cuenta que China y Estados Unidos, que hoy lideran el aporte al PBI mundial, representan actualmente un tercio de este PBI, cuando en 1980 representaban mucho menos.
Es importante destacar que la acumulación de capital humano será relevante en la evolución futura de la geografía económica mundial. Por eso debemos considerar los últimos resultados de la prueba PISA, importante examen internacional llevado a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde hace más de veinte años, que mide el nivel de conocimientos de los alumnos de 15 años de edad en las áreas de lectura, matemática y ciencias. De la última edición de la prueba PISA participaron 81 países. Los países y las regiones asiáticas lograron los mayores puntajes en las tres asignaturas evaluadas; se destaca el caso de Singapur, que alcanzó el primer puesto en todas las áreas, seguido por Japón, China –Macao y Taipéi–. Esta mayor acumulación asiática de capital humano, pero también de capital físico, fortalecerá año tras año aún más el avance de las economías asiáticas en comparación con el mundo occidental.
El avance de las economías asiáticas, particularmente de China y la India, donde habita nada menos que la tercera parte de la humanidad, se afianza todos los años. Esto influye en el comercio internacional, actividad donde es posible que en un futuro cercano China desplace a Estados Unidos como el primer importador mundial. Las importaciones chinas vienen aumentando año tras año a un ritmo superior al de los Estados Unidos, país que desde hace muchos años es el primer importador mundial de bienes y servicios. Los cambios son notables: a principios de este siglo, las importaciones de Estados Unidos eran 6 veces superiores a las de China, pero esta gran diferencia viene disminuyendo año tras año por el mayor crecimiento de las importaciones chinas, y se ha reducido a apenas 20%.
Así las cosas, Asia está consolidando su liderazgo económico, impulsado por el gran crecimiento de la economía de China y la India. Los altos niveles de ahorro e inversión en los países asiáticos explican no solo estas altas tasas de crecimiento económico, sino también la acelerada disminución de la pobreza. Es cierto que la producción total de bienes y servicios es ya en China superior a la de Estados Unidos, pero esta nación aún continúa manteniendo su liderazgo militar, además del científico y tecnológico, que es la base de las mejoras en productividad.
Reiteramos que este importante crecimiento económico y de las importaciones de las grandes naciones asiáticas debe ser tenido en cuenta por nuestra política exterior, apuntando al aumento de nuestras exportaciones. Esta información es relevante para la orientación de nuestra política comercial externa, que debe potenciar y estimular nuestras exportaciones en los crecientes mercados asiáticos y expandir así nuestra producción de bienes y servicios, lo que impulsará genuinas oportunidades laborales. Este es el siglo de la primacía económica de Asia, y este es un hecho que no debe ser ignorado por la política exterior de nuestro país.
En el actual escenario internacional, caracterizado por el mayor crecimiento económico y comercial de las naciones asiáticas emergentes, nuestra política exterior no debe tener vaivenes motivados por la superficialidad discursiva de algunas de nuestras posiciones internacionales. Es hora de incrementar nuestras exportaciones, afectadas por enormes derechos de exportación que desalientan el pleno aprovechamiento de nuestros recursos y deben ser eliminados. El crecimiento económico de la Argentina impulsado por la expansión de las exportaciones, facilitará el abatimiento de la pobreza, fortalecerá la inclusión social y promoverá el desarrollo del interior del país.
En la última edición de la prueba PISA, los países y las regiones de Asia lograron los mayores puntajes en las tres asignaturas evaluadas; Singapur alcanzó el primer puesto en todas las áreas

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Alternativas para el financiamiento universitario
El debate sobre el sostenimiento de las universidades públicas debería avanzar hacia fórmulas que contemplen el arancelamiento para quienes pueden pagar
La discusión abierta por la reciente sanción de la ley de financiamiento universitario y su anunciado veto presidencial debería ser una oportunidad para debatir seriamente alternativas dirigidas a blindar el presupuesto de las universidades públicas mediante fórmulas más sustentables que fortalezcan la autonomía y la autarquía de las instituciones de enseñanza superior.
Hoy la realidad muestra que muchas casas de altos estudios públicas no son sustentables, al tiempo que el elevado número de estudiantes que tienen no se condice con el de sus graduados.
Particularmente grave es el dato aportado horas atrás por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien indicó que hay unos 600.000 alumnos de universidades estatales de quienes el Gobierno desconoce si están inscriptos en alguna materia. No se trata de una cuestión menor, si se tiene en cuenta que los fondos del Estado nacional para las universidades son distribuidos en función de la cantidad de estudiantes que ellas poseen, al tiempo que el funcionario acusó a los diferentes estamentos educativos de “inventar alumnos” para no ver recortados sus recursos.
Al margen de esas controvertidas declaraciones que merecen un pormenorizado estudio por parte de las autoridades educativas y de las universidades, hay otro dato de la realidad que resulta concluyente. Es aquel que nos señala que, a pesar de la gratuidad, apenas se gradúa uno de cada cien estudiantes provenientes del quintil más pobre de la población argentina. También cabe preguntarse por qué se sigue financiando a estudiantes extranjeros, que conforman el 4,25% del total.
La Constitución de 1994 señala en su artículo 75, inciso 19, que entre las atribuciones del Congreso figura la de sancionar leyes que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Con frecuencia, en la discusión pública, se plantea la importancia de la gratuidad –un falso debate, en rigor, cuando siempre hay alguien que termina haciéndose cargo de los costos, ya que los fondos públicos provienen de los impuestos que paga la ciudadanía–, pero no se enfatiza sobre la cuestión de la equidad y sus alcances. Al respecto, podemos preguntarnos por qué todos los contribuyentes deberían financiar a estudiantes que se encuentran en condiciones de pagar una cuota razonable por su educación superior y, del mismo modo, para qué sirve ese financiamiento público si ni siquiera permite alcanzar tasas de graduación satisfactorias entre los estudiantes de más baja condición socioeconómica.
De allí que sea necesario enfrentar, de una vez por todas, la discusión acerca del arancelamiento universitario, teniendo en cuenta las particulares características de la sociedad argentina y el hecho de que tengamos niveles de pobreza que hoy superan el 50% de la población.
Partiendo de la premisa de que el arancelamiento para aquellos estudiantes que pueden pagar por sus estudios no choca con la esencia de la educación gratuita para quien la necesite, la prestigiosa Fundación Libertad y Progreso elaboró un informe que contempla una serie de propuestas para el financiamiento de la universidad pública basadas en la búsqueda de equidad.
El trabajo expone que el sistema de financiamiento actual incumple con el criterio básico de equidad, ya que establece un subsidio cruzado de aquellos que no utilizan el sistema universitario estatal hacia aquellos que sí lo hacen. Al mismo tiempo, al disponerse que las universidades dependan de transferencias del Estado nacional, se torna prácticamente imposible la real autonomía universitaria.
Según el informe de la citada fundación, el presupuesto universitario para 2024 es de 1,95 billones de pesos, lo que para una cantidad total de 2.030.633 alumnos arroja un presupuesto de 961.660 pesos por alumno por año y de 80.183 pesos por alumno por mes. Utilizando un trabajo de investigación de la Universidad Nacional de Hurlingham, según el cual el porcentaje de estudiantes de universidades públicas que pertenecen a un nivel socioecónomico de los dos quintiles más altos y estarían en condiciones de pagar un arancel completo alcanza al 37,3%, la Fundación Libertad y Progreso diseñó una propuesta de arancelamiento universitario segmentado. En función de este modelo, se lograría el autofinanciamiento si aquel 37,3% de estudiantes de mayores ingresos abonaran una cuota mensual de 168.000 pesos y otro 20,4% de los estudiantes pertenecientes al tercer quintil, con ingresos medios, pagaran una cuota de 84.000 pesos, lo que permitiría que el 41,9% de los alumnos que integran los dos quintiles más bajos por ingresos no tuvieran que abonar nada.
Un segundo modelo propuesto por el mencionado trabajo plantea la posibilidad de un subsidio estatal directo no reembolsable para solventar el costo del segmento estudiantil que no paga o no cubre su costo completo. Empleando iguales supuestos que en la propuesta anterior, el esquema plantea una disminución del arancel universitario que pagarían los estudiantes de mayores ingresos, que quedaría en unos 80.000 pesos por mes, y también del que abonarían los de ingresos medios, que se vería reducido a unos 40.000 pesos. En tanto, el subsidio anual a cargo del Tesoro nacional sería de 818.000 pesos anuales. De este modo, el 60% del presupuesto universitario sería solventado por los propios alumnos, pero el 40% no.
Una tercera alternativa pasaría por el financiamiento mediante préstamos con tasa subsidiada y garantías del Estado a quienes no puedan cubrir parcial o totalmente su costo. Bajo este esquema, los alumnos de ingresos medios y bajos podrían acceder a un crédito para financiar su educación superior; el estudiante asumiría, así, una deuda que se iría acumulando mes a mes y que comenzaría a devolver luego de su graduación.
Una cuarta opción consistiría en un fondo de becas financiado con aportes de los graduados de la universidad estatal. En este caso, se propone un esquema donde los graduados que recibieron algún tipo de asistencia en forma de beca total o parcial tengan la obligación de aportar a un fondo de solidaridad universitaria que sea administrado por la propia casa de estudios y que se utilice para otorgar nuevas becas.
En cualquiera de los casos, los esquemas de arancelamiento propuestos se aplicarían únicamente a los nuevos ingresantes, sin alterar las reglas que hasta el momento llevaron a los actuales estudiantes a elegir la universidad estatal.
Lo cierto es que para considerar la implementación de nuevos mecanismos de financiamiento que contribuyan a mejorar la equidad del sistema universitario y su autonomía financiera se deberían modificar varios artículos de la ley de educación superior. El debate que tiene lugar en estos días, con la marcha convocada por organizaciones de docentes, estudiantes y personal universitario, debería derivar en la búsqueda de alternativas superadoras que planteen algo más que meras soluciones voluntaristas basadas en la inyección de recursos de un Estado que debe dejar atrás el crónico desequilibrio fiscal.
A pesar de la gratuidad, apenas se gradúa uno de cada cien estudiantes provenientes del quintil más pobre de la población argentina
Es necesario enfrentar, de una vez por todas, la discusión acerca del arancelamiento universitario, teniendo en cuenta las particulares características de la sociedad y el hecho de que tengamos niveles de pobreza que superan el 50%

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