TENSIÓN, CLAVES AMERICANAS Y A CONTRAMANO DEL MUNDO

Conflicto universitario: cuántos estudiantes tienen las universidades públicas nacionales y cuál es la más concurrida
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, dijo ayer que las casas de altas estudios inventan alumnos; críticas de sectores educativos y la opinión de expertos
Luján Berardi
La facultad de Derecho de la UBA, una de las carreras con más alumnos
A dos días de la marcha federal en defensa de la educación pública, la puja entre el Gobierno y los claustros universitarios públicos sigue tomando impulso. En medio de este contexto, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, avivó el fuego ayer, cuando en diálogo con Radio Rivadavia dijo que las universidades “inventan alumnos”, lo que fue cuestionado desde algunos sectores educativos.
“Hay aproximadamente 600.000 alumnos en universidades nacionales —incluida la Universidad de Buenos Aires (UBA)— que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no”, dijo, y remarcó, con base en eso, que “los fondos se reparten de acuerdo a la cantidad de estudiantes”. Con esta acusación buscó hacer foco en que, para el Gobierno, las universidades no quieren recortar gastos, por lo que “inventan alumnos”. Además, precisó que se trataría del 38% de los estudiantes.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, aseguró que las universidades inventan alumnos para calcular el presupuesto
Para abordar la situación deben observarse los siguientes números: hoy existen 65 centros universitarios que forman parte de la gestión estatal y que acaparan a la mayoría del estudiantado. Hasta 2022 —último año al que llega la información disponible—, de 2.540.673 alumnos universitarios, considerando grado y pregrado, 2.030.463 pertenecen a universidades e institutos públicos. Estos representan el 79,9%, de acuerdo a datos que surgen de un pedido de Acceso a la Información Pública realizado por LN Data.
Total de alumnos en universidades públicas nacionales



Las universidades públicas con más alumnos de grado y pregrado en 2022


Sin embargo, fuentes de la secretaría de Educación dijeron que el dato al que hizo referencia Torrendell fue obtenido a través del sistema SIU Guaraní, administrado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y comentaron: “Del total de alumnos registrados en sistema para 2022 (1.749.136), solo el 40,6% era alumno regular (710.466), el 20% tenía una materia aprobada o menos (367.299) y un hay llamativo 38,4% de alumnos sobre los que no se tiene información (671.372). No sabemos si van a tomar clases o qué hacen dentro de la Universidad”.
De estos valores surge una diferencia con el número anterior que supera los dos millones. Desde la cartera explicaron que esto se debe a “cómo se toma el universo”, es decir, si se contabilizan alumnos de pregrado [carreras que duran hasta dos años, como las tecnicaturas] o de extensión [especializaciones]. Según explicaron, entonces, el dato inferior que manejan en la secretaría responde a que se refieren exclusivamente a quienes están anotados en carreras de grado de universidades nacionales. Esto significa que en la cuenta “no entran ni universidades provinciales, ni institutos, ni pregrado”.
Por otro lado, el pedido de acceso a la información mostró que dentro del sector público la UBA se posiciona como la más concurrida: hasta el mismo año del último relevamiento hubo un total de 347.280 alumnos inscriptos. En el ranking la siguen la Universidad Nacional de Córdoba (con 169.374) y la Universidad Nacional de La Plata (con 112.996).
Ranking de facultades de la Universidad de Buenos Aires con más alumnos de grado y pregrado 2022

Fuente: Pedidos de acceso a la información pública al ex Ministerio de Educación y Ministerio de Capital Humano (2023)
Por la controversia que generaron los comentarios del secretario, Danya Tavela, diputada nacional por la UCR, se expresó en respuesta a las afirmaciones de Torrendell. Tavela, quien también se desempeñó como secretaria de Políticas Universitarias de la Nación entre 2017 y 2018, durante el mandato presidencial de Mauricio Macri, señaló a través de sus redes sociales que la información concerniente a los alumnos universitarios se encuentra producida por el mismo sistema web al que hizo referencia la secretaría de Educación, el SIU Guaraní.
De hecho, también fuentes de la UBA respondieron, al ser consultadas, que los datos están en el sistema, y que “hay mucha ‘cooperación’ entre el ministerio y las universidades nacionales para intercambiar datos”.
Por su lado, la diputada sostuvo, en diálogoque la información que dio el funcionario responde a una falta de conocimiento total. “Se ve que no tiene acceso a la información. Desde los 90, con la Ley de Educación Superior, se creó el Sistema de Información Universitaria [SIU], que tiene diferentes métodos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Lo más importante es el de alumnos”. Este sistema releva y procesa datos y estadísticas del sistema universitario, como se explica en la página oficial.
Los estudiantes deben anotarse, cargar su DNI, que pasa a ser su número identificador dentro de la universidad. “Entonces, imaginate 600.000 personas organizadas para ‘truchar’ eso. No existe. Los dos millones y pico de alumnos que tiene el sistema universitario nacional están inscriptos en el SIU Guaraní, y esa información la tienen las autoridad públicas. En la página argentina.gob.ar se levanta el anual estadístico donde se publica esa información. Lo que están diciendo no existe”, agregó.
Marcelo Rabossi, especialista en educación superior, docente de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) e investigador visitante en la Universidad de Nueva York, opinó: “Yo creo que lo que Torrendell está tomando, y estoy especulando porque ellos lo han dicho de manera potencial, es la cantidad de alumnos que se reinscriben al año siguiente sin haber aprobado ninguna materia”.
De esta manera, consideró: “Tal vez ellos estén proyectando ese número diciendo que son alumnos que no existen. Y ahí tenés un problema, porque es cierto que hay muchos alumnos que van a la universidad porque el ingreso es irrestricto, y por ahí pasan, se anotan y no van nunca. O algún otro porcentaje de alumnos que va, cursa, pero después no da el final. No necesariamente quiere decir que esa cantidad de alumnos no está o no existe, sino que por ahí simplemente se anotó y no fue nunca. Pero no creo que siga esas cifras de 600.000 alumnos o el 38%. Ahí me parece que está la cuestión”.
También recalcó que el problema surge porque la universidad no lleva un registro demasiado claro de sus alumnos. Según el especialista, esto abre a especulaciones de todo tipo, que generan un “cuestionamiento atendible” por el cual el Gobierno acusó a las universidades de evadir la información y no rendir cuentas: “Cuando vos ingresás a los datos de la universidad, inclusive los de la subsecretaría, la información es bastante escasa. Yo creo que eso abre las puertas para sospechar, o sea, el Gobierno sospecha de las universidades, las universidades sospechan del Gobierno”.
Y agregó: “Entonces, esta declaración de que casi 4 de cada 10 alumnos no existirían, me parece que es muy fuerte, pero las universidades no llevan un registro demasiado ordenado, y si lo llevan, no lo dan a conocer públicamente. Hay un gran desorden de la información”. Y aunque puede haber una sobrerepresentación de alumnos con esta base de análisis, enfatizó que el número que arrojó Torrendell le parece “demasiado exagerado”.
Disputa por el presupuesto
Siguiendo con la disputa, Tavela se refirió al cálculo polinómico con el cual se establecería el presupuesto según el secretario de Educación, y aclaró que hoy no se utiliza ese método: “No se hace ninguna polinómica para calcular el presupuesto. El cálculo presupuestario que se hace es: al del año anterior, se le suman las paritarias y algún tipo de actualización que se haya dispuesta para gastos. Nosotros quisimos que se utilizaran por ley estas otras fórmulas y lo propusimos en la Ley de Financiamiento Universitario, pero La Libertad Avanza y el kirchnerismo votaron en contra”. Según ese modelo polinómico, que se utilizó en otras ocasiones, se consideran variables para el cómputo presupuestario, como la cantidad de alumnos, hospitales, tipo de materia, tipo de carrera, los metros cuadrados del establecimiento, laboratorios y más. A los alumnos que no rindieron materias, aseguró, se los “expulsa del cálculo”, porque no están activos. “No se los toma para ver la cantidad de alumnos que están realmente activos”, remarcó.
Esa “expulsión” se realiza sacando un promedio de deserción estimada, que luego se resta al número total de ingresantes. “Si la UBA tiene 80 millones de ingresantes, y el promedio es cerca del 40% de deserción, ese número se limpia del primero”, ejemplificó.
A su vez, se explayó sobre el financiamiento, y resaltó que este no va destinado solamente a las altas casas de estudio, sino a todo el sistema, que incluye las escuelas secundarias que dependen directamente de las universidades nacionales. Casos conocidos son el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la UBA, pero existen más de 63 establecimientos en las mismas condiciones.
Facultad de Economía de la UBAUBA
En medio del tire y afloje, el claustro de docentes y no docentes públicos universitarios se prepara para la marcha federal del miércoles 2 de octubre, luego de que el ministerio de Capital Humano intentara intermediar en la disputa ofreciendo un aumento salarial del 6,8%, pese a que desde los gremios aducen un atraso del 50% sobre la base de la inflación acumulada en lo que va del año.
Pero además de las paritarias, la movilización apunta a pedir la recomposición del financiamiento para que las universidades, especialmente la UBA, puedan seguir funcionando con normalidad después de fin de año. Como afirmó Ricardo Gelpi, rector de la institución, en una entrevista que brindó a este medio la semana pasada, esto corre peligro si no se acomodan los números: “Lo que yo avizoro es que va a haber un decaimiento gradual de todas las actividades de la UBA, que son docencia, investigación, extensión, los hospitales. Eso va a pasar en varios meses, no vamos a caer la semana que viene. Ahí se verá si el Gobierno reacciona y cambia de posición”.

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Señales preocupantes en México
Andrés Oppenheimer


La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha enviado señales preocupantes días antes de asumir su cargo: asustó a los inversionistas apoyando una controvertida reforma judicial, respaldó una innecesaria disputa con España e invitó a los dictadores de Cuba y Venezuela a la toma de posesión, que se hará hoy. Sheinbaum, quien fue la candidata del actual presidente populista Andrés Manuel López Obrador, difícilmente puede darse el lujo de pelearse con los inversores o con los principales socios comerciales de México.
En parte por la ineptitud del presidente saliente, el crecimiento económico de México ha sido recientemente rebajado por el banco central del país a un magro 1,5% en 2024 y un 1,2% en 2025. Más importante aún, México deberá empezar negociaciones el año próximo para actualizar su tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que vence en 2026. Más del 80% de las exportaciones de México van al mercado estadounidense.
Sheinbaum debería por lo menos haber guardado silencio sobre la reforma judicial de López Obrador. La reforma le dará de hecho al gobierno el control del Poder Judicial, lo que ha provocado temores de los inversionistas de que no tendrán protección legal contra posibles expropiaciones u otras medidas que consideren injustas.
En lugar de mantenerse callada al respecto, Sheinbaum apoyó con entusiasmo la reforma judicial, incluso después de que la agencia de riesgo crediticio Moody’s y grandes bancos como Morgan Stanley advirtieran que podría ahuyentar las inversiones. El embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, ha dicho que la reforma judicial “amenaza la histórica relación comercial” entre México y EE.UU. En una entrevista la semana pasada, el presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, de la izquierda radical del partido gobernante Morena, me dijo que “los inversionistas no tienen nada que temer” sobre la reforma judicial.
Pero el hecho es que, independientemente de lo que digan las autoridades mexicanas, los inversionistas creen mucho más en lo que les dicen las agencias crediticias y los medios financieros. The Wall Street Journal reportó que la reforma judicial podría hacer que las multinacionales congelen unos 35.000 millones de dólares en inversiones planeadas en México. En cuanto a las invitaciones de Sheinbaum a varios dictadores, son difíciles de explicar: la presidenta electa invitó a los autócratas de Cuba, Venezuela y Rusia, pero no extendió invitaciones al rey de España ni a los presidentes constitucionales de Ecuador y Perú.
El presidente ruso, Vladímir Putin, ya ha dicho que no podrá asistir, y enviará a un alto funcionario en su lugar. El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aceptó la invitación, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, al momento de escribir estas líneas aún no ha confirmado su asistencia. Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI de España porque no respondió a una carta de López Obrador de 2019 en la que el presidente mexicano exigía que España pidiera una disculpa por los crímenes cometidos durante la Conquista. El gobierno español respondió que la exclusión del rey es “absolutamente inaceptable” y que no enviará ninguna delegación oficial a la investidura de Sheinbaum.
¿Tiene sentido que Sheinbaum excluya al rey español por agravios de hace 500 años y, al mismo tiempo, les dé una bienvenida de alfombra roja a los dictadores de Cuba y Venezuela, que están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en la actualidad? Por supuesto que no. Sin embargo, Sheinbaum asumió como propia la absurda pelea de López Obrador con España, afirmando que la negativa española a pedir perdón por sus abusos durante la Conquista es una ofensa al pueblo mexicano.
Igual de inconsistente, si no más, es el hecho de que Sheinbaum no haya invitado a los presidentes elegidos constitucionalmente de Ecuador y Perú. López Obrador ha afirmado falsamente que no son legítimos, y Sheinbaum ha respaldado esa narrativa. Sorprendentemente, la lista de invitados a la inauguración de Sheinbaum sugiere que la nueva presidenta considera a los dictadores de Cuba y Venezuela más legítimos que los presidentes de Ecuador y Perú. Eso es ridículo. Por más difícil que sea políticamente para ella, debería tomar cierta distancia de su predecesor y centrarse en atraer inversiones y reducir la pobreza.

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Los costos de disociarse en política exterior
Julio Cobos
En el siglo XVII se libró en Europa la Guerra de los 30 Años, que enfrentó a protestantes (reformistas) y católicos (contrarreformistas). Francia, que se había mantenido neutral, apoyó a los reformistas no por convicción religiosa, sino por razones de Estado. El hombre detrás de esta maniobra no fue otro que el cardenal Richelieu, quien promovió esto para priorizar los intereses nacionales. Esta guerra general por toda Europa concluyó con la Paz de Westfalia, en 1648, y surgieron los Estados nacionales tal como los conocemos hoy.
Este ejemplo y la historia en general nos enseñan que los países, en materia de política exterior, se deben guiar por intereses nacionales y no por ideologías personales. Esto es fundamental, máxime teniendo en cuenta que las decisiones que adopta y las palabras que pronuncia una gestión de gobierno generan consecuencias que muchas veces la trascienden, por eso es tan importante la visión a largo plazo.
Lamentablemente, el domingo 22 de septiembre, durante el 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno nacional se ausentó de la votación del Pacto para el Futuro, desoyendo uno de los principales ejes rectores de política exterior.
El Pacto para el Futuro es un acuerdo multilateral por el cual un gran número de países se comprometen a llevar a cabo acciones que impulsen el desarrollo sostenible, a poner a los jóvenes en el centro del cambio, a priorizar los derechos humanos, la ciencia y sus interrelaciones; expresa una línea de intenciones nobles y marca una hoja de ruta. Las cinco grandes áreas de interés del pacto son desarrollo sostenible; paz y seguridad internacionales; ciencia y tecnología; juventud y generaciones futuras, y transformación de la gobernanza mundial. El Pacto para el Futuro es una buena oportunidad para rediseñar el sistema multilateral y dirigir a la humanidad hacia un nuevo rumbo para cumplir los compromisos existentes y resolver los retos a largo plazo.
143 países votaron a favor, 7 en contra, 15 se abstuvieron y 28 se ausentaron de la votación, se “disociaron”, en palabras de la canciller Diana Mondino. Algunos de los que votaron a favor son Estados Unidos, Brasil, Chile, Alemania, Japón, Italia, Francia, Sudáfrica y el Reino Unido. Entre los 7 que votaron en contra: Rusia, Corea del Norte o Nicaragua. El grupo de los 28, que integra la Argentina, está compuesto, entre otros, por Venezuela y Afganistán.
En un par de ocasiones, el presidente Javier Milei ha dicho que “los países más libres son 12 veces más ricos que los países reprimidos”; veamos entonces cómo votaron los países más libres y cómo los “países reprimidos”, para saber dónde nos colocan este tipo de decisiones.
Si tomamos como base el Índice de Libertad Económica de 2023, los países ubicados en el top 20, en su totalidad aprobaron el Pacto para el Futuro. Hay que ir hasta el puesto 38 para encontrar a Samoa como el primer país en el ranking que no lo aprobó. Esta isla de la Polinesia, cuya población es inferior a la del departamento de Guaymallén o el municipio de Lanús, pareciera compartir los intereses nacionales con nuestro país en lo que respecta a los próximos 21 años. Cabe precaso guntarle al Presidente o a la canciller cuáles son exactamente los beneficios para la Argentina de “disociarse” del mundo libre.
Nuestra política exterior debe alinearse de tal manera que podamos ingresar a organismos como la OCDE, y a su vez incorporar este tipo de acuerdos, que reafirman las mejoras en la gobernanza global. Podemos disentir en las formas y criticar aspectos, pero lo que no podemos es ir a contramano de nuestra propia historia y de lo que representa la inserción de la Argentina en el mundo.
En un mundo que se debate entre más nacionalismo o más cooperación internacional, creemos firmemente que estos esfuerzos de diversas naciones ayudan a sacar del estancamiento y del abismo al multilateralismo, en un momento crucial de la humanidad.
La decisión del Gobierno ha colocado a la Argentina del lado de gobiernos autocráticos que poca relación tienen con nuestro interés nacional y nuestra larga tradición en política exterior. Ojalá que no sea tarde para revertir los costos de disociarse.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA